El acuerdo del 24 de octubre sobre el aguacate promete sostenibilidad y justicia ambiental, pero al fijar 2019 como punto de partida para medir la deforestación, convierte la devastación previa en legalidad. Es una amnistía ambiental disfrazada de política verde y progreso institucional.
Bernardo Bravo Manríquez denunció lo que muchos callaron: la extorsión que somete al campo limonero de Michoacán. Lo hizo frente al poder, frente al gobernador y frente al miedo. Su voz fue una advertencia ignorada. Hoy, su asesinato revela que la omisión institucional también mata. Esta es la historia completa de cómo el Estado escuchó, pero no actuó.
San Miguel del Monte, en Michoacán, enfrenta una lucha histórica por el agua y el territorio. A pesar de la consulta del 12 de octubre de 2025 sobre autogobierno, la comunidad indígena continúa defendiendo manantiales, bosques y su derecho a decidir sobre su propio territorio.
De Fox a Sheinbaum, la economía circular en México ha pasado de la sustentabilidad genérica a un discurso institucionalizado. Entre leyes, estrategias y proyectos piloto, la circularidad avanza más en el papel que en la práctica, enfrentando contradicciones con megaproyectos extractivos.
La reforma a la Ley de Amparo presentada por Claudia Sheinbaum limita la defensa ambiental en México. Cambios como la redefinición del interés legítimo, restricción de suspensiones y ampliación de demandas afectan la capacidad de comunidades y ONG para proteger ecosistemas y territorios.
El genocidio en Palestina desgarra Gaza con miles de muertos, desplazados y el agua usada como arma de guerra. México condena en foros internacionales, pero mantiene relaciones comerciales y militares con Israel. Una diplomacia tibia que lo coloca entre la denuncia y la complicidad.
¿Derecho humano al agua o negocio de élites? En San Miguel del Monte, Michoacán, comunidades indígenas enfrentan la privatización y el despojo de manantiales mientras el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum al frente, promueve megaproyectos y acuerdos con élites empresariales. Descubre cómo el discurso de “derecho humano al agua” se enfrenta a la realidad de concesiones, pactos y justicia hídrica pendiente.
En Morelia, la híperflexibilización ambiental permite que megaproyectos como Altozano, Bosque Monarca, el Segundo Anillo Periférico y el Polo de Desarrollo Bajío avancen con permisos parciales y trámites fragmentados, priorizando inversiones sobre derechos ambientales y sociales.
El reto del periodismo socioambiental es romper esa desigualdad, dejar de ser caja de resonancia del poder y convertirse en altavoz de quienes, históricamente, han sido silenciados.
