Comunidades indígenas y afromexicanas del Oriente de Michoacán pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum intervenir ante las denuncias de presunta contaminación de manantiales y acuíferos relacionada con la Geotermoeléctrica Los Azufres, de la CFE.
El segundo anillo periférico de Morelia, de casi 88 kilómetros, avanza sin que el estudio académico que analiza la planeación urbana estatal encuentre una justificación técnica clara. La obra, sostiene la investigación, refuerza zonas de expansión urbana vinculadas al mercado inmobiliario.
La SCOP mantiene reservada información técnica y ambiental de los segmentos 1 y 5 del Segundo Anillo Periférico de Morelia, incluidos planos, estudios de impacto, predios afectados y derecho de vía, mientras el gobierno difunde públicamente cifras y avances de la obra.
El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza con esquemas de contratación distintos en sus segmentos 1 y 5, mientras el contrato del segmento 4 no es consultable. La autoridad remitió una liga que no conduce al documento, lo que impide verificar monto, contratistas y condiciones de pago.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán construyó e inauguró el helipuerto del C5i en septiembre de 2019, antes de siquiera tramitar su autorización ambiental. Semarnat pidió información adicional en 2020, nunca hubo respuesta del gobierno estatal, y el expediente caducó en 2026 sin que el proyecto fuera evaluado.
Michoacán registra 15 presas de jales vinculadas a actividades mineras, siete de ellas activas. El inventario también identifica instalaciones abandonadas e inactivas, además de depósitos ubicados en zonas ambientalmente sensibles como las reservas Mariposa Monarca y Zicuirán-Infiernillo.
Comunidades purépechas cuestionaron el proceso de consulta impulsado por el INPI para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el mecanismo no garantiza una deliberación desde las asambleas comunitarias.
Las asambleas regionales del INPI para consultar la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos fueron suspendidas en Pátzcuaro y Cheranástico tras movilizaciones del CSIM, que cuestionó el procedimiento y anunció acciones jurídicas.
Representantes de 14 comunidades purépechas de Michoacán cuestionan la consulta de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Denuncian que 38 días son insuficientes para analizar 453 artículos y 11 transitorios, y exigen ampliar el proceso.
Comunidades indígenas del Oriente de Michoacán denunciaron que 35 de las 56 presas de enfriamiento que han identificado en Los Azufres carecerían de protección adecuada. La CFE reporta otra cifra y asegura que la operación cumple la normatividad ambiental vigente.
El Morebús se construye mediante cuatro contratos que suman tres tramos viales, un patio de encierro y la terminal de Villas del Pedregal. Los expedientes revelan montos, empresas, plazos y condiciones, además de la ausencia de documentos ambientales identificados entre sus anexos.
Un testimonio documenta una laguna de enfriamiento de unos 30 metros de diámetro, sin cercado ni medidas de protección, en la zona de Los Azufres. Comuneros denuncian residuos tóxicos, omisiones de autoridades ambientales y riesgos para quienes defienden el territorio.
Michoacán adjudicó un quinto contrato de “Guardián Forestal” a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica, única empresa participante en el proceso. El nuevo acuerdo asciende a 8.88 millones de pesos y eleva a casi 28.9 millones los recursos contratados desde 2022.