La tensión marcó la cuarta sesión del Comité de Calidad Ambiental en San Matías, Michoacán. Entre reclamos por la falta de presupuesto gubernamental para estudios del agua y la urgencia de atender un brote de daño renal infantil, la comunidad exigió soluciones científicas concretas ante el desgaste oficial.
Entre mayo de 2017 y mayo de 2024, Michoacán acumula 46 proyectos con conflicto socioambiental, lo que lo coloca en el sexto lugar nacional, según el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México.
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denunció que no ha recibido una respuesta formal sobre el futuro de “Lo Común”, espacio recuperado en Morelia. La organización exige frenar la venta de inmuebles públicos y abrir una mesa de diálogo.
La comunidad nahua de Santa María Ostula denunció ataques con drones explosivos presuntamente perpetrados por el CJNG contra la encargatura de La Cofradía, en Aquila, Michoacán. También acusó hostigamiento de elementos de la Marina durante las agresiones registradas este 27 de mayo.
La Secretaría de Salud federal acordó iniciar una campaña de detección de enfermedad renal crónica en siete municipios del oriente de Michoacán, tras reuniones con comunidades indígenas y el CSIM. También se planteó la instalación de un hospital especializado para atender la crisis sanitaria regional.
El Programa Nacional Forestal 2026-2030 coloca a Michoacán en el centro del debate ambiental nacional. El documento federal identifica la expansión de huertas de aguacate como una de las actividades asociadas al cambio de uso de suelo forestal y a la presión sobre bosques de pino.
Michoacán produce casi 5 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, pero solo recolecta el 77%. Ninguno de los 112 sitios de disposición final cumple con la norma federal de relleno sanitario. El estado también concentra 22% de la capacidad nacional de acopio de residuos peligrosos.
La comunidad indígena de Santa María Ostula denunció un nuevo ataque armado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación. La agresión provocó evacuaciones, suspensión de actividades y nuevas exigencias de seguridad al gobierno.
Michoacán destinó 466 millones de pesos al rubro de Protección Ambiental en 2025, un aumento de 52.8 por ciento respecto al presupuesto aprobado. El incremento ocurre en un contexto marcado por incendios forestales, presión hídrica, degradación de cuencas y cambio de uso de suelo.
Sevina, comunidad purépecha de Nahuatzen, enfrenta una nueva escalada de violencia en medio de disputas territoriales y presencia del crimen organizado en la Meseta Purépecha. La comunidad mantiene procesos de autogobierno, defensa del bosque y vigilancia comunal.
San Francisco Acachuén enfrenta una crisis de seguridad tras el ataque armado que dejó dos comuneros asesinados. Bloqueos, denuncias contra policías municipales y exigencias de protección revelan el deterioro de la vida en la Cañada de los Once Pueblos, en Michoacán.
Michoacán aparece como uno de los epicentros de la crisis nacional de desapariciones documentada por la CIDH. El informe coloca al estado entre los primeros lugares en periodistas desaparecidos, defensores ambientales agredidos y personas buscadoras amenazadas, además de documentar casos de colusión policial.
Brigadistas del Ejido de Jauja denuncian que el ayuntamiento de Queréndaro incumplió el convenio de 2025 y que en 2026 el municipio quedó sin brigada forestal, justo cuando la temporada de incendios entra a su fase más crítica.