México genera casi 140 mil toneladas de basura al día, pero más de 31 mil ni siquiera son recolectadas. El nuevo diagnóstico nacional revela un sistema colapsado: tiraderos a cielo abierto, camiones obsoletos, falta de rellenos sanitarios y una crisis ambiental sostenida por municipios sin recursos.
México publicó el Programa Nacional Hídrico 2026-2030, una estrategia federal que reconoce sobreexplotación de acuíferos, contaminación de ríos, desigualdad en acceso al agua y vulnerabilidad climática. El plan busca garantizar el derecho humano al agua y modernizar su gestión.
El Gobierno Federal publicó el Programa Nacional Forestal 2026-2030, documento que fija la meta de deforestación neta cero para 2030. El diagnóstico identifica pérdida de bosques, tala ilegal, incendios forestales y expansión agrícola como principales presiones ambientales.
Los Comités de Cuenca Río Sonora denunciaron que el Gobierno Federal y Grupo México buscan cerrar el caso del Fideicomiso Río Sonora mediante acuerdos opacos y sin cumplir la sentencia de la SCJN, mientras persisten la contaminación y las afectaciones a las comunidades.
La Ciudad de México, Jalisco y Estado de México encabezaron el gasto nacional en Protección Ambiental durante 2025, mientras Baja California Sur reportó inversión nula. La base de datos “Radiografía 2025” exhibe contrastes presupuestales entre entidades del país.
Comunidades indígenas y colectivos de todo el país convocaron a la Séptima Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio en Nayarit, mientras denunciaron megaproyectos, contaminación, criminalización y violencia contra pueblos organizados en defensa del agua.
Científicos, toxicólogos y pueblos originarios advirtieron en la UNAM que el fracking representa una amenaza para el agua, la salud y la supervivencia cultural de comunidades indígenas. Denuncian que la llamada “fracturación sustentable” encubre un nuevo ciclo de extracción y despojo territorial.
El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado.
El informe 2025 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental documenta 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente, un alza frente a 2024. Aunque los asesinatos disminuyeron, persiste un contexto de riesgo estructural, con el Estado como principal agresor.
La APEAM, SEMARNAT y PROFEPA formalizaron un Convenio de Cero Deforestación para el aguacate de exportación. El acuerdo busca fortalecer trazabilidad, legalidad y control ambiental en la cadena productiva, bajo un esquema de autorregulación y cumplimiento normativo.
El gobierno federal abrió el análisis sobre la posible explotación de gas no convencional en México, apoyado en un grupo científico interdisciplinario. La discusión ocurre en medio de la alta dependencia energética del exterior, los riesgos ambientales del fracking y la apuesta paralela por energías renovables.
México cuenta con un robusto entramado legal para proteger sus bosques, pero la expansión del aguacate pone en duda su eficacia. Entre normas, permisos y vacíos institucionales, la deforestación avanza en regiones clave como Michoacán, donde la presión económica rebasa la capacidad del Estado.
El fracking requiere millones de litros de agua, contamina acuíferos, provoca sismos y emite metano, agravando el cambio climático. Además, amenaza la salud, la agricultura y la economía local, mientras la industria obtiene ganancias desproporcionadas. Una opción insostenible frente a las renovables.
