El informe también recuerda a las diez personas defensoras asesinadas en 2025, cuyos casos evidencian el nivel de riesgo que implica proteger el territorio en México. Se trata de líderes comunitarios, ejidatarios, activistas e integrantes de pueblos indígenas que defendían bosques, agua y tierras frente a proyectos extractivos, inmobiliarios o del crimen organizado.
El informe 2025 del Centro Mexicano de Derecho Ambiental documenta 135 eventos de agresión contra personas defensoras del medio ambiente, un alza frente a 2024. Aunque los asesinatos disminuyeron, persiste un contexto de riesgo estructural, con el Estado como principal agresor.
La APEAM, SEMARNAT y PROFEPA formalizaron un Convenio de Cero Deforestación para el aguacate de exportación. El acuerdo busca fortalecer trazabilidad, legalidad y control ambiental en la cadena productiva, bajo un esquema de autorregulación y cumplimiento normativo.
El gobierno federal abrió el análisis sobre la posible explotación de gas no convencional en México, apoyado en un grupo científico interdisciplinario. La discusión ocurre en medio de la alta dependencia energética del exterior, los riesgos ambientales del fracking y la apuesta paralela por energías renovables.
México cuenta con un robusto entramado legal para proteger sus bosques, pero la expansión del aguacate pone en duda su eficacia. Entre normas, permisos y vacíos institucionales, la deforestación avanza en regiones clave como Michoacán, donde la presión económica rebasa la capacidad del Estado.
El fracking requiere millones de litros de agua, contamina acuíferos, provoca sismos y emite metano, agravando el cambio climático. Además, amenaza la salud, la agricultura y la economía local, mientras la industria obtiene ganancias desproporcionadas. Una opción insostenible frente a las renovables.
El Gobierno de México anunció una estrategia energética que contempla el aprovechamiento de yacimientos no convencionales de gas natural, cuya extracción requiere técnicas como la fracturación hidráulica. La propuesta incluye la evaluación de nuevas tecnologías para su explotación, en un contexto de alta dependencia de importaciones y creciente demanda energética en el país.
El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México mantiene investigaciones abiertas y posturas encontradas. Mientras el gobierno federal apunta a emanaciones naturales y reporta avances en contención, organizaciones y comunidades denuncian impactos extendidos, falta de claridad y daños ambientales y sociales.
Lo que el discurso oficial presume como avances ambientales, la ONU lo desmonta con crudeza: México enfrenta una crisis estructural de contaminación que vulnera derechos humanos. “Zonas de sacrificio”, ríos tóxicos y vacíos legales revelan un modelo que enferma territorios y poblaciones.
El gobierno federal confirmó que el hidrocarburo que impacta costas del Golfo de México tiene tres orígenes: un vertimiento ilegal de buque, chapopoteras naturales frente a Coatzacoalcos y un incremento en emanaciones en Cantarell, mientras continúan labores de contención y limpieza.
Un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México alcanzó 50 km² y llegó a costas de Tabasco y Veracruz. Mientras organizaciones denuncian opacidad y respuesta tardía, Pemex reporta el despliegue de más de 2,400 elementos y millones de pesos en labores de contención y limpieza.
Comunidades mayas de Hopelchén entregaron miles de firmas a la SCJN para exigir justicia ambiental y la protección de su territorio frente al avance agroindustrial. Denuncian daños a la apicultura, contaminación y omisiones institucionales que mantienen el conflicto socioambiental en la región.
En el Día Mundial del Agua, pueblos indígenas y colectivos denunciaron en Querétaro una “guerra contra el territorio”, marcada por despojo, violencia y mercantilización del agua. Desde Santiago Mexquititlán, exigieron frenar megaproyectos, restituir fuentes hídricas y garantizar derechos comunitarios.
