El (resumen) semanal analiza las disputas por territorio, agua y bienes comunes en Michoacán y México: infraestructura, conservación, política hídrica, turismo cultural y nuevas reglas ambientales, desde una mirada crítica sobre poder y decisiones públicas. / EL (resumen) SEMANAL Semana 40: del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL” es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #40 del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026
Por: en15dias.com
UMÉCUARO: HUERTAS DE AGUACATE Y BERRIES RODEAN LA PRESA QUE ABASTECE A MORELIA
Vista aérea de la presa de Umécuaro, en la tenencia de Santiago Undameo, municipio de Morelia, Michoacán. En las orillas y las partes altas se alternan el bosque de pino-encino, huertas de aguacate y macrotúneles de plástico para el cultivo de berries, algunos a poca distancia del agua. La presa forma parte de una microcuenca de unas 5,731 hectáreas que, a través de la presa de Cointzio, contribuye a abastecer cerca de 30% del agua potable de la capital michoacana.
Según un estudio publicado en 2025 en la revista Sustentabilidades, las primeras huertas de aguacate llegaron a la zona en 1997 y los invernaderos de berries se multiplicaron entre 2013 y 2018. El análisis satelital de los investigadores, que abarca de 1993 a 2021, muestra una degradación progresiva de la cobertura vegetal. Habitantes de las comunidades de la microcuenca reportan pérdida de bosque, escasez de agua y venta de tierras ejidales a inversionistas externos.
Foto: Cristian Corz. / Redes sociodigitales.
NUEVAS REGLAS PARA MOVILIZAR AGUACATE DESTINADO A EXPORTACIÓN
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Agricultura) estableció nuevos requisitos y medidas fitosanitarias para la movilización nacional de fruta fresca de aguacate destinada a la exportación.
El acuerdo, publicado este jueves 1 de octubre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establece que el traslado del aguacate deberá contar con documentación que permita garantizar su trazabilidad desde el huerto hasta la empacadora, además de cumplir con las disposiciones fitosanitarias nacionales y con los requisitos establecidos por los países importadores.
Para los embarques destinados a Estados Unidos, la fruta deberá proceder exclusivamente de huertos certificados, registrados en el Sistema Informático de Trazabilidad de Aguacate de Exportación (SITAEX) y autorizados para exportar. Asimismo, los envíos deberán realizarse directamente del huerto a la empacadora certificada.
El acuerdo señala que no estarán permitidos los envíos a empacadoras de exportación a Estados Unidos mediante acopiadores, comercializadores o maquiladores, por lo que el abastecimiento deberá realizarse directamente desde huertas certificadas.
La movilización deberá estar respaldada, según corresponda, por el Certificado Fitosanitario de Movilización Nacional (CFMN), la Cartilla Fitosanitaria o la Constancia de Origen de Productos Regulados Fitosanitariamente (COPREF). La documentación deberá coincidir con los datos del transporte y con el volumen de fruta movilizado.
También se establecen revisiones en los Puntos de Verificación Interna (PVI). Cada embarque deberá presentar una muestra de 30 frutos para su inspección y, en caso de detectarse alguna plaga cuarentenaria del aguacate, el cargamento podrá ser retornado a su lugar de origen o destruido conforme a las disposiciones legales aplicables.
Entre las plagas consideradas se encuentran los barrenadores del hueso y de ramas, así como la palomilla barrenadora del hueso del aguacate, consideradas de importancia cuarentenaria por el riesgo que representan para las zonas productoras.
El acuerdo contempla además la implementación del SITAEX, sistema que concentrará información sobre los huertos, estimaciones y seguimiento de cosechas, condiciones fitosanitarias y ubicación georreferenciada de las unidades de producción.
De acuerdo con el documento, el SITAEX entrará en funcionamiento el 31 de diciembre de 2026. Hasta entonces continuará operando el Sistema Integral de Cosecha de Aguacate (SICOA), utilizado actualmente por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM).
La organización publicó un mensaje a sus agremiados acerca de la reunión que sostuvieron con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y otros funcionarios.
PRESENTAN AVANCES DEL GUARDIÁN FORESTAL EN SESIÓN AMBIENTAL
La Secretaría del Medio Ambiente realizó la segunda sesión de la Vocalía de Medio Ambiente del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica (CEIEG).
Durante el encuentro se dio seguimiento al Programa de Actividades de Trabajo 2026 y se revisó el anteproyecto correspondiente a 2027.
Uno de los temas centrales fue el Guardián Forestal, cuya capacidad técnica y operativa fue presentada por Heriberto Padilla, director del Sistema de Monitoreo Satelital.
El sistema utiliza tecnología satelital para detectar posibles cambios en la cobertura forestal y generar alertas que pueden servir como apoyo para las autoridades ambientales.
Padilla ha señalado que el Guardián Forestal es “un termómetro, no el paracetamol”, al explicar que la herramienta permite detectar posibles afectaciones, pero las investigaciones y sanciones corresponden a las autoridades.
La presentación ocurre mientras el programa mantiene cuestionamientos por el costo de su operación.
De acuerdo con documentos revisados por en15días, los contratos otorgados a Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica acumularían alrededor de 28.9 millones de pesos desde 2022.
El contrato más reciente, adjudicado en 2026, fue por casi 8.9 millones de pesos. La sesión contó también con vocales suplentes de Cofom, CEAC, PROAM y el Parque Zoológico Benito Juárez.
SEGUNDO PERIFÉRICO: LA OBRA AVANZA, LA INFORMACIÓN SIGUE RESERVADA
El primer tramo del Segundo Anillo Periférico de Morelia ya está en operación. Son 12.5 kilómetros entre la salida a Mil Cumbres y la zona de hospitales de Ciudad Salud, en Charo, con una inversión estatal reportada de 573 millones de pesos.
El gobierno presenta la obra como una solución de conectividad metropolitana y movilidad. Sin embargo, la discusión no termina con la inauguración.
en15días documentó cuestionamientos sobre los contratos, los estudios técnicos, los impactos ambientales, los predios afectados y el derecho de vía. Parte de esta información permanece reservada.
El problema central es la opacidad en las obras y qué tipo de información tiene la población para cuestionar esas decisiones y qué costos territoriales y ambientales quedan fuera de la narrativa oficial de sobre movilidad.
La inauguración convierte una decisión de infraestructura con procedimientos y mecanismos opacos, en un hecho consumado en donde no hay elementos necesarios para revisar cómo se planeó, contrató y ejecutó la obra. El gobierno de Michoacán está obligado a transparentar la información, no administrarla.
MICHOACÁN SUMA 212 MIL HECTÁREAS BAJO CONSERVACIÓN, PERO ¿QUIÉN CONSERVA Y PARA QUÉ?
Michoacán reporta 212 mil 437 hectáreas bajo algún esquema de conservación después de incorporar cuatro hectáreas del predio La Ceferina, en Tancítaro, como Área Voluntaria para la Conservación.
El certificado tendrá una vigencia de 99 años y eleva a 35 las Áreas Voluntarias de Conservación vigentes, de acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente estatal.
El dato permite mostrar una expansión de las superficies formalmente destinadas a conservación, pero también plantea una pregunta que las cifras de hectáreas no responden: ¿qué significa conservar cuando buena parte de las disputas ambientales de Michoacán están relacionadas con las formas de apropiación y uso del territorio?
La conservación voluntaria incorpora propietarios particulares a una política ambiental. Eso puede ampliar las superficies protegidas, pero también desplaza la discusión hacia los mecanismos mediante los cuales se decide qué territorios se conservan, bajo qué reglas, con qué participación comunitaria y frente a qué presiones económicas.
Las cuatro hectáreas de La Ceferina tienen valor ecológico, pero su incorporación no permite por sí sola evaluar la efectividad de la política de conservación. El desafío está en saber si estas figuras modifican las dinámicas territoriales que producen pérdida de biodiversidad o si funcionan principalmente como instrumentos administrativos de protección.
PRESAS AL 77%: ABUNDANCIA DE AGUA, PERO NO NECESARIAMENTE SEGURIDAD HÍDRICA
Las 24 presas que operan en Michoacán registran un almacenamiento promedio de 77.41 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El nivel representa un incremento respecto al 71.10 por ciento reportado en agosto.
El delegado de Conagua en Michoacán, Luis Roberto Arias Reyes, señaló que las reservas favorecen principalmente al sector agrícola, al permitir contar con agua para el riego durante el ciclo productivo. Las presas se encuentran distribuidas en las regiones hidrológicas Lerma-Santiago-Pacífico y Balsas.
De acuerdo con el reporte, 13 presas de la región Lerma presentan un almacenamiento promedio de 73.95 por ciento y benefician a unas 46 mil 500 hectáreas y 19 mil productores. En la región del Balsas, las 11 presas alcanzan un promedio de 81.49 por ciento y abastecen alrededor de 61 mil hectáreas de 11 mil productores.
Cinco embalses se encuentran en niveles de 100 por ciento o superiores a su capacidad reportada: Tercer Mundo, Agostitlán, Sabaneta, Francisco J. Múgica y Pucuato. Conagua indicó que actualmente no existen desfogues programados y mantiene vigilancia sobre estos cuerpos de agua.
El aumento en el almacenamiento también representa una reserva para enfrentar el próximo periodo de estiaje. Conagua señaló que mantener niveles superiores al 70 por ciento puede contribuir a la disponibilidad de agua para actividades productivas y a la recarga de los mantos acuíferos.
La dependencia mantiene un monitoreo permanente de las presas para prevenir desbordamientos y atender posibles variaciones en sus niveles. En agosto, el promedio estatal era de 71.10 por ciento, por lo que el registro actual muestra una recuperación durante la temporada de lluvias.
Aunque el nivel estatal es favorable, el promedio no significa que todos los embalses tengan la misma disponibilidad de agua. Las diferencias entre regiones y presas son relevantes para evaluar tanto la disponibilidad para el campo como los riesgos asociados al manejo de los excedentes.
PRECIOS DE GARANTÍA PARA TRIGO Y ARROZ: EL CAMPO ENTRE EL MERCADO Y EL SUBSIDIO
Productores pequeños y medianos de trigo y arroz en Michoacán podrán acceder a precios de garantía e incentivos federales.
Para el trigo, los apoyos llegan hasta 7 mil 600 pesos por tonelada para pequeños productores; para el arroz, hasta 9 mil 80 pesos. La dependencia estatal sostiene que estos mecanismos buscan dar certidumbre frente a los precios comerciales.
El contraste es significativo: el precio medio rural reportado para el trigo ronda los 4 mil 600 pesos y el del arroz los 5 mil 800.
La política de precios de garantía revela una tensión estructural del campo: la producción agrícola se encuentra sometida a mercados cuyos precios no necesariamente permiten sostener las condiciones de reproducción económica de quienes producen los alimentos.
El subsidio funciona como mecanismo de compensación frente a esa desigualdad, pero no modifica necesariamente las estructuras de comercialización, intermediación y concentración que determinan el precio.
Por eso, la discusión no termina en cuánto recibe el productor por tonelada. También está en juego quién controla las cadenas de comercialización, quién captura el valor generado por el campo y qué tipo de agricultura se busca sostener en Michoacán.
ZOOLÓGICO DE MORELIA BUSCA LIBERAR ESPACIOS POR SATURACIÓN
El Zoológico Benito Juárez de Morelia enfrenta saturación de animales rescatados y asegurados, principalmente grandes felinos, aves y monos, por lo que busca trasladar algunos ejemplares a otros centros especializados.
El director del recinto, Julio César Medina, señaló que necesitan liberar espacios para continuar funcionando como centro de atención de emergencia para fauna silvestre. El problema se relaciona con el flujo constante de animales provenientes de aseguramientos realizados por autoridades ambientales y de seguridad.
Desde octubre de 2021, el zoológico ha recibido 478 ejemplares asegurados o rescatados, de acuerdo con información difundida por el propio recinto. Una parte permanece bajo resguardo debido a que requiere atención veterinaria, rehabilitación o no puede regresar a la vida silvestre.
Entre los casos actuales están cinco monos araña, para los cuales se analizan posibles traslados a centros de Chiapas o Veracruz. La intención es que puedan continuar procesos de rehabilitación y, cuando las condiciones lo permitan, recuperar conductas necesarias para una eventual reintegración.
También permanecen en el zoológico dos tigres de Bengala encontrados en la costa de Michoacán. En este caso no se contempla su liberación y será la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) la que determine su destino.
La saturación no es nueva. En 2024 el zoológico ya reportaba problemas de espacio para aves y reptiles, mientras que en 2025 Profepa reconoció que una parte importante de los ejemplares del recinto provenía de aseguramientos y decomisos.
El caso plantea una presión que va más allá del zoológico: los animales son asegurados o rescatados, pero después necesitan un lugar donde permanecer, atención especializada y un destino definitivo. Si los traslados, rehabilitaciones o reintegraciones no avanzan al mismo ritmo que los rescates, los espacios disponibles terminan por agotarse.
9 MIL MILLONES PARA MOVILIDAD: INFRAESTRUCTURA Y RECONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO
Sedum reportó más de 9 mil millones de pesos destinados a obras de movilidad e infraestructura en Michoacán: 5 mil 159 millones para Morelia, 3 mil 735 millones para Uruapan y 585 millones para otros municipios.
La dependencia afirma que la inversión en obra pública se triplicó durante cuatro años y prevé cerrar la administración con una inversión acumulada de 31 mil millones de pesos.
Teleféricos y Morebús forman parte de los proyectos presentados como transformación de la movilidad estatal.
La cifra de inversión permite observar algo más que el tamaño del gasto público: la movilidad es también una forma de producir territorio.
Cada carretera, teleférico o sistema de transporte modifica accesos, flujos, valores del suelo y posibilidades de expansión urbana. Por ello, una política de movilidad no puede analizarse solamente desde kilómetros construidos o pesos invertidos.
¿Hacia dónde se dirige esa infraestructura, qué territorios conecta, cuáles quedan fuera y quién captura los beneficios derivados de la transformación territorial?
La inversión pública puede generar empleo y actividad económica, como señala la CMIC, pero también redistribuye ventajas territoriales. Esa dimensión permanece ausente del balance oficial.
NOCHE DE MUERTOS: CUANDO UNA TRADICIÓN SE CONVIERTE EN PRODUCTO TURÍSTICO
El gobierno de Michoacán anunció más de 700 actividades para la Noche de Muertos entre el 23 de octubre y el 2 de noviembre.
La celebración será promocionada en 17 aeropuertos nacionales e incluirá velaciones, altares, desfiles, gastronomía, artesanías y espectáculos.
La política turística genera oportunidades económicas para artesanos, comerciantes y prestadores de servicios, pero también transforma el significado de una celebración profundamente vinculada con comunidades y territorios.
El problema no es la existencia del turismo en sí mismo. La tensión aparece cuando una práctica comunitaria comienza a organizarse principalmente desde las necesidades del mercado turístico.
La Noche de Muertos puede seguir siendo una práctica cultural viva y, al mismo tiempo, convertirse en mercancía. El punto crítico es determinar hasta dónde las comunidades mantienen capacidad de decisión sobre sus propios símbolos, rituales y territorios.
La celebración de Noche de Muertos en Michoacán enfrenta cada año una mayor mercantilización de sus símbolos y prácticas comunitarias. La presencia de marcas comerciales, campañas publicitarias y productos alusivos a la tradición convierte elementos culturales como las ofrendas, las flores, las velas y la iconografía purépecha en recursos para vender productos y asociar marcas con una festividad cuyo significado tiene raíces comunitarias y rituales.
El caso de Boing forma parte de esta discusión: cuando una empresa utiliza la estética y los símbolos de la Noche de Muertos para promocionar sus productos, la tradición puede desplazarse del ámbito cultural al comercial.
El debate no está en que existan actividades económicas alrededor de la celebración, sino en quién controla, representa y obtiene beneficios de una expresión cultural colectiva, especialmente cuando las comunidades que mantienen viva la tradición quedan fuera de las decisiones sobre su representación y aprovechamiento comercial.
EN INFORMACIÓN NACIONAL…
MINERÍA: 680 MIL HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS SIGUEN BAJO CONCESIONES
Más de 680 mil 270 hectáreas de Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales en México permanecen vinculadas a más de mil 300 concesiones mineras vigentes, de acuerdo con la Colectiva Cambiémosla Ya. El señalamiento ocurre después de que la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó sobre la recuperación de 272 mil hectáreas de ANP que habían sido concesionadas para explotación minera.
La organización sostiene que la Ley de Minería vigente prohíbe las actividades de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las ANP, por lo que cuestiona que estas concesiones continúen vigentes.
También advierte sobre el contraste entre la superficie que debe ser protegida y los recursos destinados a su conservación: el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027 contempla, según la colectiva, alrededor de 16.2 pesos por hectárea para protección y manejo de las ANP.
El caso expone una contradicción entre el discurso oficial de abandonar el “extractivismo neoliberal” y la permanencia de derechos mineros sobre territorios destinados a la conservación. Para la colectiva, el cambio de modelo anunciado por el gobierno tendría que comenzar por hacer efectiva la reforma minera de 2023 y publicar los reglamentos pendientes.
A más de tres años de esa reforma, señala la organización, permanecen sin publicarse reglamentos relacionados con la Ley de Minería, la LGEEPA, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y la legislación de aguas en materia minera. Esta situación deja pendientes reglas para aplicar disposiciones sobre minería en ANP, cierre y post-cierre de minas y mecanismos para financiar la remediación ambiental.
El problema no se reduce a la existencia de concesiones dentro de zonas protegidas. Se trata de una disputa por el control y aprovechamiento de territorios considerados estratégicos tanto por su biodiversidad y agua como por los minerales que contienen. La conservación y el extractivismo aparecen así como proyectos territoriales que pueden entrar en conflicto.
La Colectiva Cambiémosla Ya también cuestiona que, mientras el gobierno plantea un nuevo modelo ambiental, continúen acuerdos para incrementar la disponibilidad de minerales, como el Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos. La organización señala que no existe información pública suficiente sobre los compromisos adquiridos.
El conflicto adquiere mayor dimensión ante el crecimiento de la demanda de minerales para industrias como la armamentista, la electrificación de vehículos y la transición energética. La colectiva advierte que una transición energética basada en una mayor extracción puede trasladar los costos ambientales y sociales hacia comunidades y territorios productores.
A ello se suma la preocupación por la construcción de una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Estratégicos, cuyo proceso, según la organización, no cuenta hasta ahora con información pública suficiente ni espacios de participación ciudadana.
La disputa, por tanto, no es solamente sobre cuántas hectáreas han sido recuperadas de concesiones mineras. También está en juego qué modelo de relación con el territorio está construyendo el Estado, quién decide sobre los bienes comunes y qué participación tienen las comunidades frente a la expansión de una actividad extractiva presentada como estratégica para la economía y la transición energética.
PROTEGER A DEFENSORES AMBIENTALES: EL RETO ES PASAR DEL PROTOCOLO AL TERRITORIO
Semarnat inició una capacitación para funcionarios sobre protección de personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales, dentro del Acuerdo de Escazú.
El curso contempla ocho sesiones y aborda riesgos para defensores, perspectiva de género y atención a pueblos y comunidades indígenas.
La medida reconoce institucionalmente un problema que durante años ha acompañado los conflictos territoriales: defender agua, bosques, tierra o biodiversidad puede colocar a comunidades y personas defensoras frente a riesgos.
Pero capacitar funcionarios no equivale todavía a modificar las condiciones que producen esos riesgos.
La propia dependencia plantea identificar fallas de coordinación institucional y mejorar los protocolos de prevención y respuesta. Esa admisión es relevante: el problema no está únicamente en la falta de protección individual, sino también en las estructuras institucionales que permiten que los conflictos territoriales escalen.
Escazú establece derechos de acceso a la información, participación y justicia. La prueba estará en que esos derechos operen antes de que los conflictos lleguen a situaciones de violencia, y no únicamente cuando ya existe una persona amenazada.
NUEVA LEY AMBIENTAL: MÁS INSTRUMENTOS, PERO LA DISPUTA SIGUE SIENDO POR EL PODER DE DECIDIR
Las audiencias públicas sobre la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental mostraron cuestionamientos de investigadores, organizaciones civiles y sectores de la oposición que consideran necesario modificar el proyecto antes de su eventual aprobación.
La propuesta busca sustituir la LGEEPA, vigente desde 1988, y ampliar el número de artículos e instrumentos de planeación ambiental.
El diagnóstico que acompaña la iniciativa muestra la dimensión de la crisis: agotamiento y degradación ambiental con un costo estimado de 1.38 billones de pesos en 2024 y pérdida de disponibilidad en más de cuatro de cada diez acuíferos.
La propuesta incorpora principios como el indubio pro natura, instrumentos de restauración, mayores capacidades de vigilancia y mecanismos de reparación del daño.
Una nueva ley no puede evaluarse solamente por el número de instrumentos que incorpora.
La cuestión central es quién tendrá capacidad efectiva para hacerlos cumplir, qué intereses podrán incidir en su aplicación y qué posibilidades tendrán comunidades y ciudadanos de disputar decisiones sobre sus territorios.
Cambiar el marco jurídico puede ampliar las herramientas ambientales. La transformación real dependerá de presupuesto, instituciones, vigilancia, acceso a información, justicia y capacidad social para hacer efectivos esos derechos.
REGISTRO DE INFRACTORES AMBIENTALES: LA VIGILANCIA FRENTE A LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Alicia Bárcena planteó la creación de un registro de personas o empresas sancionadas por daños ambientales y propuso fortalecer las capacidades de vigilancia de Profepa.
La propuesta parte de una debilidad reconocida por la propia autoridad: las empresas pueden realizar evaluaciones ambientales y la autoridad realiza revisiones aleatorias debido a limitaciones de capacidad institucional.
El registro podría aumentar la trazabilidad de quienes han recibido sanciones, pero por sí mismo no resuelve la insuficiencia de inspección.
El punto relevante es que la regulación ambiental enfrenta una relación desigual entre la capacidad económica de los actores regulados y la capacidad del Estado para vigilarlos.
Por eso, la discusión sobre un registro debe acompañarse de preguntas sobre presupuesto, inspección, sanción, reparación del daño y acceso público a la información.
El instrumento puede hacer más visible el historial de infracciones. La pregunta pendiente es si también aumentará la capacidad efectiva del Estado para impedir que las afectaciones ambientales continúen.
“AMBIENTALISMO HUMANISTA”: EL BALANCE DEL GOBIERNO Y LO QUE LAS CIFRAS NO EXPLICAN
La presentación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Palacio Nacional ofreció este miércoles 30 de septiembre un amplio recuento de inversiones, obras y programas bajo una premisa política definida: el gobierno de Claudia Sheinbaum busca sustituir lo que Alicia Bárcena denominó “extractivismo neoliberal” por un modelo de “ambientalismo humanista”.
La presentación sobre agua y medio ambiente forma parte de la serie de exposiciones con las que el gobierno de México está dando cuenta de los resultados de sus secretarías e instituciones. En este formato, las dependencias presentan las principales acciones y cifras de su gestión.
La Semarnat presentó como ejes de esta política la atención al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, el combate a la contaminación y la recuperación del agua como un bien nacional y un derecho humano.
En el caso del sector hídrico, el balance coloca en primer plano la recuperación de agua, las obras de abastecimiento y saneamiento, la modernización de los distritos de riego y los proyectos para reducir riesgos de inundación.
La Comisión Nacional del Agua reportó 24 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento en 2 mil 183 municipios y una inversión de 20 mil millones de pesos para el saneamiento de los ríos Lerma-Santiago, Atoyac y Tula.
Además, la recuperación de más de 5 mil millones de metros cúbicos de agua y la entrega de 12 mil 346 títulos de concesión a comunidades, pequeños y medianos productores. También señaló la asignación directa de agua a municipios que anteriormente, según la presentación, la adquirían de particulares.
El gobierno vinculó estos resultados con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales publicada en diciembre de 2025 y presentó el cambio legal como parte de una nueva política en la que el agua es reconocida como un derecho humano y como un recurso de la nación.
Sin embargo, en el balance de resultados presentado no se distingue entre la reforma legal, las acciones emprendidas y el cumplimiento efectivo del derecho actualmente en los territorios.
Uno de los datos más relevantes de la presentación se encuentra en el campo. El gobierno reportó la modernización y tecnificación de infraestructura para más de 250 mil hectáreas en 18 distritos de riego.
El objetivo señalado es producir más alimentos utilizando menos agua. Se trata de una medida dirigida a mejorar la eficiencia del uso agrícola del recurso y representa uno de los componentes concretos de la política hídrica presentada por la administración.
Sin embargo, esta cifra no puede utilizarse por sí misma como evidencia de que el derecho humano al agua esté garantizado para la población. La tecnificación de los distritos de riego y el acceso de las personas al agua potable responden a problemas distintos, aunque formen parte de una misma política de gestión del recurso.
El balance gubernamental también reportó 23 plantas de tratamiento construidas o rehabilitadas y 282 kilómetros de colectores de aguas residuales.
A ello se suman trabajos de saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, así como acciones en los ríos Tijuana, La Sabana y Nogales.
En materia de abastecimiento, fueron mencionados proyectos como los acueductos de Colima, Guadalupe Victoria II, en Tamaulipas; Coatzacoalcos, en Veracruz; El Peaje-San José, en San Luis Potosí, y el acuaférico de Campeche.
También se informó sobre 200 kilómetros de redes de agua potable concluidos en La Laguna y avances en los planes hidráulicos de las zonas Oriente y Metropolitana del Valle de México.
La administración reportó además 24 mil obras de agua potable y drenaje realizadas en 2 mil 183 municipios, con recursos coordinados entre los tres niveles de gobierno.
La presentación incluyó también obras de almacenamiento y control de inundaciones, entre ellas las presas Tunal II, en Durango; El Novillo, en Baja California Sur, y Mujer Solteca, en Oaxaca.
En Baja California, el gobierno informó del inicio de la construcción de una planta desaladora para atender a Tijuana y Rosarito, a la que calificó como la más grande de Latinoamérica.
Estas cifras constituyen el núcleo más verificable del balance presentado: kilómetros de infraestructura, hectáreas tecnificadas, plantas de tratamiento, obras municipales y proyectos hidráulicos.
Durante la conferencia matutina de este miércoles 30 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que en cinco años son 7 millones de mexicanas y mexicanos más los que cuentan con agua en sus domicilios, lo que representa un incremento de cerca de cinco puntos porcentuales entre 2020 y 2025, de acuerdo con la Encuesta Intercensal (EIC) del INEGI.
“Entre 2020 y 2025, la disponibilidad de agua entubada dentro de la vivienda pasó, en cinco años, de 77.6 por ciento a 82.4 por ciento; no disponían de agua entubada de 3.7 a 2.4. En 5 años la cantidad de mexicanas y mexicanos que tienen agua potable en su domicilio aumentó en 5 por ciento, son 7 millones de mexicanos”, puntualizó la mandataria.
EN LA POLÍTICA…
LA DERECHA LATINOAMERICANA SE REÚNE EN CDMX: OPOSICIÓN, DISCURSO Y RECONFIGURACIÓN POLÍTICA
Dirigentes del PAN y figuras de la derecha latinoamericana se reunieron en Ciudad de México durante el foro “América Libre Unidos por la Democracia”.
Felipe Calderón, Jorge Romero, Luis Almagro y los expresidentes Andrés Pastrana y Miguel Ángel Rodríguez participaron en el encuentro.
Calderón y Romero centraron sus intervenciones en cuestionamientos a Morena y al gobierno federal. Hablaron de concentración de poder, libertad de expresión, división de poderes, reforma judicial y presuntos vínculos entre autoridades y crimen organizado.
Más allá de los discursos, el foro muestra un proceso de articulación política de sectores opositores mexicanos y latinoamericanos que buscan construir un espacio común alrededor de conceptos como democracia, libertad y oposición a gobiernos que sus integrantes consideran autoritarios.
El dato políticamente relevante es, por tanto, la articulación de actores y discursos de oposición en un momento de reacomodo electoral, no la validación de las acusaciones formuladas durante el encuentro.
PROTESTA CONTRA CALDERÓN: LA MEMORIA DEL CONFLICTO LABORAL TAMBIÉN OCUPA EL ESPACIO PÚBLICO
La participación de Felipe Calderón en el foro América Libre estuvo acompañada por una protesta de extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro y del Sindicato Mexicano de Electricistas.
La movilización cuestionó la extinción de la empresa pública decretada durante el gobierno de Calderón en 2009. Posteriormente, en Los Pinos, los manifestantes dañaron una estatua del expresidente y desprendieron su cabeza.
El episodio puede leerse más allá de la confrontación política inmediata.
La protesta recupera un conflicto laboral que permanece abierto para los trabajadores afectados y convierte un espacio simbólico del poder presidencial en escenario de disputa por la memoria.
La estatua, derribada anteriormente y todavía sin reinstalar, terminó convertida nuevamente en objeto de confrontación.
Desde una lectura política del territorio y de la memoria, los espacios públicos no son neutrales: también son lugares donde distintos grupos disputan la interpretación del pasado, la responsabilidad política y el significado de las decisiones de gobierno.
La protesta no invalida ni confirma por sí misma las acusaciones lanzadas contra Calderón. Lo que documenta es que, 17 años después de la extinción de LyFC, el conflicto continúa teniendo una expresión pública y simbólica.
MOVIMIENTOS SOCIALES
EZLN Y BUSCADORAS: DEL ABRAZO A LA BÚSQUEDA EN EL AJUSCO
El encuentro entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y colectivos de personas buscadoras, realizado el 2 de octubre en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, dejó una convocatoria que trasciende el discurso de solidaridad: las buscadoras invitaron a participar en una búsqueda presencial de personas desaparecidas el 17 y 18 de diciembre en el Ajusco, Ciudad de México. La actividad fue organizada en el marco de la “Gira por la Vida, capítulo México”, con acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
El encuentro reunió a integrantes de la Comisión Sexta Zapatista y a colectivos de búsqueda, bajo la coordinación de Dora Roblero, directora del Frayba. El planteamiento puso en el centro a quienes llevan años buscando a sus familiares desaparecidos y que, ante la falta de respuestas suficientes, han convertido la búsqueda en una tarea sostenida por las propias familias. Pedro Faro, del Frayba, señaló que las desapariciones constituyen una crisis nacional que afecta a familias, comunidades y territorios.
La participación zapatista no se limitó a expresar respaldo. El capitán Marcos sostuvo que la búsqueda de verdad y justicia ha sido dejada “irresponsablemente” sobre los hombros de los colectivos y organizaciones que buscan a sus desaparecidos. Para el EZLN, la desaparición no puede tratarse como un problema aislado de quienes la padecen, sino como una situación que compromete al conjunto de la sociedad.
Ahí aparece uno de los puntos centrales del encuentro: quienes deberían garantizar la búsqueda no son necesariamente quienes la encabezan. Las familias continúan recorriendo territorios, documentando indicios y sosteniendo públicamente los nombres de quienes faltan. La convocatoria del 17 y 18 de diciembre lleva esa realidad al terreno: no sólo reunirse para hablar de las desapariciones, sino salir a buscar.
El Subcomandante Moisés confirmó que el EZLN se prepara para viajar a la Ciudad de México durante diciembre y señaló que acudirán al Ajusco. La visita forma parte de una agenda más amplia de encuentros con buscadoras y organizaciones, para la cual se han realizado sesiones de preparación y organización.
La fecha adquiere relevancia porque coloca la búsqueda presencial en el centro de una iniciativa política y social que hasta ahora había sido anunciada principalmente como un encuentro y un acompañamiento. El Frayba planteó que la desaparición rompe el tejido comunitario y que la memoria y la acción colectiva pueden generar mecanismos de protección y organización frente a esa violencia.
El 17 y 18 de diciembre, en el Ajusco, la convocatoria será puesta a prueba en el territorio. El reto no será solamente acompañar a las buscadoras, sino participar de una tarea que durante años han tenido que sostener las propias familias: buscar a quienes faltan. El encuentro del 2 de octubre dejó así una pregunta que rebasa al EZLN y a los colectivos: qué ocurre cuando la búsqueda de una persona desaparecida deja de ser vista como un asunto privado y se convierte en una responsabilidad colectiva.
NUEVO INFORME DE AYOTZINAPA
A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la investigación ha sumado detenciones, cateos y nuevas líneas sobre la colusión de funerarias y autoridades locales, aunque el paradero de los jóvenes sigue sin esclarecerse. En ese tiempo han fallecido dos madres y seis padres sin saber dónde están sus hijos.
Los hechos ocurrieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los estudiantes acudieron a conseguir autobuses para la marcha del 2 de octubre. Durante el operativo se registraron asesinatos, lesionados, ataques armados y retenes policiales.
La llamada «verdad histórica», presentada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sostenía que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Esa versión fue desestimada científicamente por el peritaje de José Torero y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Además, una sentencia de mayo de 2018 liberó a 65 integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales bajo el argumento de presunta tortura. De 142 personas procesadas en esa etapa, 77 recuperaron su libertad, aunque la CNDH determinó después, con el Protocolo de Estambul, que solo siete dieron positivo a tortura.
Para reorientar el caso se creó el 4 de diciembre de 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y, el 26 de junio de 2019, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Esta ha sido encabezada por Omar Gómez Trejo (2019-2022), Rosendo Gómez Piedra (2022-2025) y, actualmente, Mauricio Pasarán Álvarez. La unidad maneja 162 expedientes: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. El expediente, de unos cinco millones de fojas en 3,000 tomos, tiene 90% de avance en su digitalización.
En cuanto a los archivos militares, entre 2019 y 2023 se entregaron a las familias 121,288 hojas de la SEDENA. Tras la solicitud de 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (SURFI), se entregaron 33 folios y 70 documentos relacionados en 2023 y 2024.
2 DE OCTUBRE ¡NO SE OLVIDA!
Esta semana se conmemoró el aniversario de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, una fecha que permanece como uno de los episodios centrales de la represión política en México. A 58 años de los hechos, nuevas investigaciones documentales vuelven a poner bajo escrutinio el papel que tuvieron los servicios de inteligencia de México y Estados Unidos antes y después de aquella noche.
El National Security Archive publicó el 1 de octubre de 2026 una nueva revisión de documentos desclasificados de la CIA relacionados con sus operaciones en México durante la Guerra Fría. La investigación señala que todavía existen partes sustanciales de la historia interna de la estación de la CIA en Ciudad de México que permanecen censuradas, incluidas páginas relacionadas con operaciones contra grupos estudiantiles en los meses previos a Tlatelolco.
Los documentos muestran que la CIA mantuvo durante años operaciones de seguimiento e influencia sobre organizaciones estudiantiles mexicanas y que financió al grupo de derecha Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO). Un documento interno de 1967 incluso advertía sobre los efectos de apoyar a grupos que contribuían a la polarización del movimiento estudiantil.
La nueva revisión también documenta los vínculos de la agencia estadounidense con integrantes de la Dirección Federal de Seguridad, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios y Miguel Nazar Haro. Parte de la información sobre las operaciones de Nazar Haro durante el periodo previo a Tlatelolco continúa tachada en los documentos desclasificados, por lo que su alcance no puede establecerse completamente con los archivos disponibles.
La importancia de estos documentos no está solamente en determinar qué sabía Estados Unidos sobre el movimiento estudiantil. También permiten reconstruir el contexto de vigilancia, infiltración y colaboración entre organismos de inteligencia que rodeó al conflicto de 1968. Investigaciones anteriores ya habían documentado que la CIA mantenía informantes de alto nivel en México y seguía de cerca el movimiento estudiantil.
Sin embargo, los nuevos archivos no permiten afirmar por sí mismos que la CIA haya organizado la matanza de Tlatelolco. Lo que sí muestran es la existencia de operaciones de inteligencia y apoyo a grupos políticos y estudiantiles, además de documentos que permanecen parcialmente ocultos. Por ello, la exigencia del National Security Archive es que la CIA publique sin censura su historia completa de operaciones en México.
A 58 años, el 2 de octubre continúa siendo también una disputa por los archivos y por la memoria. Cada documento desclasificado aporta nuevas piezas para reconstruir lo ocurrido, pero las páginas que permanecen bajo reserva muestran que todavía existen preguntas sobre el papel de los servicios de inteligencia en uno de los episodios más graves de la represión política del México del siglo XX.
NUEVOS LINEAMIENTOS ESTABLECEN CRITERIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL ABORTO SEGURO
La Secretaría de Salud actualizó los criterios técnicos para la atención del aborto seguro en las unidades médicas del país. El documento establece las bases para que mujeres y personas con capacidad de gestar, incluidas niñas y adolescentes, reciban atención oportuna e integral cuando requieran estos servicios.
Los lineamientos señalan que la atención deberá sustentarse en la mejor evidencia científica disponible, además de incorporar una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos.
El documento establece criterios básicos que deberán observar las unidades de salud de la Secretaría de Salud para la prestación de los servicios de aborto seguro dentro del territorio nacional.
La actualización contempla también la atención de niñas y adolescentes, un grupo para el que los servicios de salud deberán considerar sus condiciones particulares y garantizar una atención acorde con sus derechos.
El propósito del documento es establecer criterios comunes para que la atención sea oportuna, resolutiva e integral, independientemente de las circunstancias de las mujeres y personas con capacidad de gestar que soliciten el servicio.
Los lineamientos forman parte del marco técnico mediante el cual la Secretaría de Salud busca homologar la atención del aborto seguro en sus unidades y fortalecer la prestación de servicios con criterios científicos y de derechos humanos.
MUERE GABINO PALOMARES
El cantautor mexicano Gabino Palomares falleció este 30 de septiembre a los 76 años, informó su familia. Su muerte representa la partida de una de las voces vinculadas con la canción social en México.
Originario de Comonfort, Guanajuato, Palomares desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas dedicada a la música y a la composición, con una obra relacionada con temas sociales, políticos y culturales.
Fue uno de los referentes del Canto Nuevo en México, movimiento que encontró en la canción una forma de expresión para acompañar diversas luchas y movimientos sociales de distintas épocas.
Entre sus composiciones más conocidas se encuentra “La maldición de Malinche”, canción escrita en 1978 que posteriormente alcanzó amplia difusión en la voz de la cantante Amparo Ochoa.
A lo largo de su carrera, Palomares compartió escenarios con reconocidos artistas de México y América Latina, entre ellos Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Joan Manuel Serrat.
Además de su actividad musical, mantuvo una participación constante en causas sociales y políticas. Su trabajo dejó una amplia colección de canciones que abordaron la realidad y las desigualdades sociales.
Con la muerte de Gabino Palomares desaparece una figura importante de la canción social mexicana. Su voz y composiciones, particularmente “La maldición de Malinche”, permanecerán como parte de la memoria musical de varias generaciones.