El Segundo Anillo Periférico de Morelia avanza como la obra vial insignia de Michoacán, pero su construcción está rodeada de dudas: estudios cuestionados, contratos con esquemas distintos y documentos técnicos clasificados como reservados. / Segundo Anillo Periférico: la obra que se construye sin estudio, sin contratos claros y sin información pública
Segundo Anillo Periférico: la obra que se construye sin estudio, sin contratos claros y sin información pública
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
15 de septiembre de 2026
El gobierno de Michoacán construye el segundo anillo periférico de Morelia como la obra vial más grande que tiene en marcha: 87.8 kilómetros divididos en siete segmentos, pensados para rodear la capital del estado y conectarla con los municipios de Charo, Tarímbaro y Álvaro Obregón, con una inversión que las propias autoridades han cifrado en más de 2 mil 596 millones de pesos.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla la ha convertido en la obra insignia de su administración, con recorridos de supervisión casi mensuales y boletines que presumen kilómetros construidos, empleos generados y árboles reforestados.
Detrás de esa comunicación constante, sin embargo, esta casa editorial documentó tres problemas que, vistos por separado, ya son preocupantes, y que vistos en conjunto dibujan el retrato de una obra pública decidida primero y justificada después.
El primero es de origen: un estudio académico reciente sostiene que el periférico no responde a ningún plan técnico previo, sino a la misma lógica de mercado que durante tres décadas ha dejado la planeación urbana mexicana en manos de unos cuantos desarrolladores inmobiliarios, entre ellos el que domina el mercado de vivienda popular en Morelia.
El trazo de la obra, según ese análisis, coincide de forma casi exacta con las zonas que ese negocio inmobiliario ya venía expandiendo por su cuenta.
El segundo tiene que ver con el dinero: los tres contratos correspondientes a los tramos actualmente en construcción, los segmentos 1, 4 y 5, responden a esquemas financieros y de adjudicación completamente distintos entre sí, pese a tratarse de la misma obra, el mismo gobierno y prácticamente la misma fecha.
Uno de ellos, además, ni siquiera fue entregado de forma legible por la autoridad en respuesta a una solicitud de transparencia, sino remitido mediante una liga que no conduce a ningún documento.
El tercero tiene que ver con lo que no se sabe: la información técnica de fondo como los planos, estudios de impacto ambiental, predios afectados, costos de financiamiento, ha sido clasificada como reservada por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, en algunos casos hasta por cinco años, incluso cuando esa misma información terminó siendo difundida públicamente por el propio gobierno estatal semanas después, con fines de promoción política.
Leídos por separado, cada reportaje documenta un problema concreto y verificable. Leídos en conjunto, permiten ver algo más grande: cómo una obra de esta escala puede avanzar durante años con relativamente poco escrutinio, no por falta de información disponible en algún archivo, sino porque esa información se administra, se clasifica y se libera según convenga a quien la controla.
