Especialistas cuestionaron en las audiencias públicas la equivalencia entre la Evaluación Ambiental Estratégica y la Manifestación de Impacto Ambiental, la regularización de obras ya iniciadas y la cláusula de “cero erogación”. Legisladores de la mayoría defendieron el proyecto como un paso hacia la restauración activa. / En audiencias públicas, cuestionan Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental
En audiencias públicas, cuestionan Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental
Por: en15dias.com /
Las audiencias públicas del Parlamento Abierto sobre la iniciativa de Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental (LGPEJA) dejaron un consenso entre investigadores, organizaciones civiles y parte de la oposición: el texto enviado por el Ejecutivo necesita cambios de fondo antes de llegar al pleno.
La propuesta abrogaría la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988.
La presidenta Claudia Sheinbaum envió la iniciativa al Congreso el 26 de agosto de 2026. Aumenta el articulado de 269 a 331 artículos e incorpora principios como el indubio pro natura y el interés superior del ambiente. También crea seis nuevos instrumentos de planeación, entre ellos los de calidad del aire, biodiversidad y restauración ambiental. La LGEEPA acumula 52 reformas en casi cuatro décadas.
En la apertura, autoridades y legisladores expusieron el diagnóstico que justifica el cambio. Según los datos presentados, 2024 fue el año más cálido registrado, y las poblaciones de fauna silvestre monitoreadas cayeron en promedio 73% en cinco décadas.
El INEGI estima el costo del agotamiento y la degradación ambiental en 1.38 billones de pesos en 2024, equivalente a 4.1% del PIB. El gasto público en protección ambiental fue de apenas 0.7%. Más de cuatro de cada diez de los 353 acuíferos del país han perdido disponibilidad de agua.
La titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, sostuvo que la política ambiental debe pasar de la “conservación pasiva” a la “restauración activa” y la justicia social. La procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrel, detalló que la Profepa pasaría a llamarse Procuraduría Federal de Justicia Ambiental.
Su modelo incluiría investigación con imágenes satelitales y drones, medidas anticipadas, reparación del daño conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, mayores multas y un Registro Público de Infractores Ambientales. Además, acreditaría comités comunitarios de observación.
POSTURAS DIVIDIDAS EN EL CONGRESO
La diputada Iraí Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, centró sus críticas en tres puntos. El primero es el artículo 28, que daría a la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) «efectos equivalentes» a una autorización de impacto ambiental.
El segundo es el artículo 53, que mantiene la posibilidad de regularizar obras iniciadas sin permiso mediante un estudio de daño ambiental.
El tercero son las restricciones a la transparencia y la participación, incluidas consultas públicas facultativas y el posible cobro por la búsqueda de información, que consideró incompatibles con el Acuerdo de Escazú. Por el PAN, el diputado Alan Sair Márquez Becerra pidió congruencia legislativa y certeza jurídica tanto para las comunidades como para los sectores productivos.
Desde la mayoría, el morenista Joaquín Zebadúa Alba defendió la EAE por su capacidad de medir impactos acumulativos y regionales, algo que, dijo, las evaluaciones por proyecto no alcanzan a ver.
Los diputados del PVEM Jesús Martín Juanalo Araujo y Gabriela Benavides Escobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de San Lázaro, subrayaron la necesidad de frenar la degradación de cuencas por cambios de uso de suelo sin planeación. El priista Noel Chávez Velázquez advirtió que la ley dependerá de fortalecer las capacidades de los tres órdenes de gobierno, sobre todo en regiones como la Sierra Tarahumara.
LA OBJECIÓN TÉCNICA
La mayor coincidencia se dio entre los académicos. Jesús Enrique Pablo Dorantes, de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental, Daniela Pedrosa Páez, del Instituto de Ecología de la UNAM, y Yarumi Méndez Reyes, de Somos México, explicaron que la EAE es un instrumento de planeación de políticas y planes, mientras que la MIA evalúa un proyecto específico con coordenadas, inventarios bióticos de campo y modelación de descargas. Equipararlas, advirtieron, eximiría de estudios de sitio a obras públicas de gran escala y crearía un trato preferencial frente a los particulares.
También cuestionaron que los artículos 45, 46, 48 y 51 eliminen la afirmativa ficta y exijan monitoreos a diez años, pero reduzcan a 30 días naturales el plazo de evaluación de la autoridad, lo que, dijeron, llevaría al colapso operativo.
Laura Elizabeth García Méndez, de la UAEM, y Pedrosa sostuvieron que regularizar obras ya iniciadas equivale a una amnistía al hecho consumado. A su juicio, procede la clausura y la sanción, no la regularización. María de Lourdes Hernández Mesa, de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, señaló que el concepto de “riesgo flagrante” (artículo 283) es contradictorio, pues el riesgo es una contingencia futura y la flagrancia exige una infracción en curso.
Añadió que las inspecciones sin orden previa en recintos privados (artículo 281) violarían el artículo 16 constitucional. La ONU-DH y la Universidad de Guadalajara pidieron unificar en un solo procedimiento garantista los cuatro que prevé el proyecto.
Otros ponentes señalaron vacíos temáticos. Óscar Olvera Neria, de la UAM-Azcapotzalco, propuso que la Secretaría de Salud participe obligatoriamente en las zonas de restauración, con el caso de la Presa Endho, en Hidalgo, como ejemplo. Quitláhuac Robirosa Madrazo, de la BUAP, presentó evidencia sobre los efectos de la hipercloración en cuencas contaminadas como el Atoyac, el Lerma-Santiago y el Tula.
Otros expositores pidieron reconocer el geopatrimonio, regular la bioprospección, dar valor probatorio al monitoreo satelital e incorporar soluciones basadas en la naturaleza, como el bambú nativo.
PRESUPUESTO Y PROCESO
Méndez Reyes cuestionó además el transitorio 12, que establece que la aplicación de la ley no requerirá recursos adicionales. Recordó que, en el Anexo 16 del Presupuesto de Egresos, la infraestructura ferroviaria recibe 16 veces más recursos que bosques, áreas naturales protegidas y atención a desastres en conjunto.
También criticó que la sociedad civil dispusiera de solo 3.5 días naturales para analizar 331 artículos, sin mesas regionales, de género ni de juventudes.
Con estos planteamientos, las comisiones unidas de Medio Ambiente de ambas cámaras deberán decidir si modifican el texto. Entre los cambios más solicitados están derogar la equivalencia entre EAE y MIA, eliminar la regularización extemporánea, definir un catálogo cerrado de medidas anticipadas, hacer vinculante la consulta pública e indígena, e incorporar la participación de Salud y una partida presupuestal específica. Las voces críticas piden también abrir mesas regionales antes de la votación.
