Heriberto Padilla, director del sistema de monitoreo satelital, habla sobre denuncias, huertas bloqueadas, lavado de aguacate, huella hídrica y los límites institucionales que frenan la justicia ambiental en el estado. / “Guardián Forestal es un termómetro, no el paracetamol”: Heriberto Padilla
“Guardián Forestal es un termómetro, no el paracetamol”: Heriberto Padilla
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
abril de 2026
Michoacán es hoy el estado con más denuncias ambientales del país. Detrás de ese dato está Guardián Forestal, un sistema de monitoreo satelital impulsado desde la iniciativa privada que detecta pérdida de cobertura forestal mediante imágenes satelitales, genera denuncias automáticas y las canaliza a las autoridades competentes.
Su director, Heriberto Padilla, concedió una entrevista amplia a en15días.com en la que repasó datos, logros, fracasos institucionales y los retos pendientes de un proyecto que, pese a sus alcances técnicos, sigue enfrentando una realidad que la tecnología sola no puede resolver en el territorio.
I. ¿QUÉ ES EL GUARDIÁN FORESTAL?
El Guardián Forestal es un sistema de vigilancia satelital desarrollado para el Gobierno de Michoacán que detecta en tiempo real la deforestación, incendios y cambio ilegal de uso de suelo en el territorio forestal del estado.
Combina imágenes satelitales de alta resolución, radar e inteligencia artificial para emitir denuncias automáticas con coordenadas precisas, sin necesidad de intervención humana, y genera rutas optimizadas para que las autoridades lleguen al sitio afectado.
La plataforma fue desarrollada por la empresa Innovaciones Tecnológicas de Iberoamérica S.C, es una empresa tecnológica privada que opera el software llamado “Guardián Forestal”. Desde 2022, han realizado varios contratos con esta empresa que actúa como proveedor: entrega el software, las licencias y el soporte técnico, se describen en los contratos.
“Guardián Forestal” no surgió de la nada ni en un solo momento. Sus antecedentes pueden rastrearse entre 2019 y 2021, cuando comenzaron a acumularse diagnósticos sobre el cambio de uso de suelo en Michoacán, especialmente en zonas aguacateras.
En esos años, universidades, organizaciones ambientales y medios documentaron el incremento de la deforestación y la incapacidad institucional para frenarla, al tiempo que se popularizaban herramientas de monitoreo satelital para evidenciar el problema casi en tiempo real.
El punto de quiebre llegó en 2023, cuando el gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla anunció formalmente la estrategia del “Guardián Forestal”. Ese año se planteó como un sistema basado en imágenes satelitales para detectar cambios en la cobertura forestal y activar inspecciones.
El programa inició como una política emergente frente a la presión social y mediática por la expansión irregular del aguacate y la tala ilegal.
Durante 2024, “Guardián Forestal” entró en una fase de consolidación operativa. Se fortalecieron los mecanismos de monitoreo, se integraron dependencias estatales —particularmente en materia ambiental y de seguridad— y comenzaron a emitirse reportes periódicos sobre alertas de deforestación.
En esta etapa, el programa dejó de ser solo un anuncio y empezó a operar como herramienta de vigilancia territorial con capacidad de generar inspecciones y procedimientos administrativos.
Para 2024 y 2025, el esquema ya funcionaba como una política pública institucionalizada: con reglas operativas, presupuesto asignado y articulación con la agenda de legalidad ambiental del estado.
Su evolución respondió tanto a la presión por frenar la pérdida de bosques como a la necesidad política de demostrar control territorial, convirtiéndose en uno de los instrumentos centrales del gobierno estatal para atender la crisis forestal en Michoacán y proteger la renegociación del tratado comercial TMEC.
El punto más alto de la política pública se dio el 4 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla presenta la iniciativa de reforma constitucional ambiental. En esa propuesta se plantea explícitamente que el uso de herramientas de monitoreo satelital y geoespacial tengan carácter obligatorio para el Estado.
Ese mismo mes de diciembre de 2025, el Congreso de Michoacán aprobaba la reforma constitucional. Esta modificación eleva a rango constitucional el derecho a un medio ambiente sano y, más importante, incorpora el uso de tecnología para vigilancia territorial y combate al daño ambiental, que es donde se inserta “Guardián Forestal”.
Es decir, Guardián Forestal no aparece como artículo con nombre propio, pero sí queda “constitucionalizado en los hechos”: la Constitución obliga al Estado a usar herramientas de monitoreo, geoprocesamiento y trazabilidad ambiental. En palabras del propio gobierno, esto le da un “nivel superior” al sistema de vigilancia forestal.
Finalmente, el 22 de diciembre de 2025, el Ejecutivo estatal promulga y enmarca la reforma, destacando que instrumentos como “Guardián Forestal” serán pilares del nuevo modelo ambiental constitucional. Desde ese momento, deja de ser solo un programa del gobierno en turno y pasa a formar parte del andamiaje obligatorio del Estado para vigilar el territorio.
Aunque el gobernador de Michoacán menciona a “Guardián Forestal” como parte de la política pública del estado, Heriberto Padilla aclara que el sistema como tal no está nombrado en la Constitución. Lo que quedó plasmado es la obligatoriedad del Estado de implementar sistemas de información geográfica y datos satelitales para el monitoreo forestal.
Para Padilla, eso es una señal importante: un estado sin competencias directas en materia forestal —que es jurisdicción federal— ha tenido que innovar para atender un problema que vive en su territorio.
“En la Constitución no está el guardián forestal como tal. Lo que se establece es la responsabilidad del Estado de implementar sistemas de información geográfica, de datos satelitales”, aclaró el proveedor del gobierno.
“Legalmente no es ni sano ni justo ni correcto que digan ‘esto tiene que ser esto’. Lo que se plantea es la obligatoriedad del estado de implementar este tipo de herramientas.”
El director ve en ello una postura de reclamo político más que un logro administrativo: “Es cómo un estado sin competencias en materia forestal le ha tocado innovar a ver cómo desde su trinchera resuelve. Casi nada de esto es competencia del estado, pero ha habido mucho proceso de innovación para incorporarlo de alguna forma.”
Y fue más lejos al contextualizar el problema estructural: “Al final, quien vive el problema, quien vive la escasez de agua, quien vive la presión en el territorio, quien vive todos estos problemas sociales, es la gente que vive en Michoacán. Michoacán puede ser una de esas oportunidades donde quizá la centralización no sea la solución, porque cada estado vive este tema de forma diferente.”
LOS NÚMEROS: MÁS DE 700 DENUNCIAS Y MIL PREDIOS REPORTADOS
Padilla presentó los datos actuales del sistema con cifras concretas: 330 denuncias presentadas ante la PROFEPA y 381 ante la Fiscalía Ambiental del Estado. Recientemente se reportaron también mil predios en un sólo bloque de denuncias, aunque la diferencia en los números se explica porque la PROFEPA solicitó que, en lugar de hacer una denuncia por predio, se agruparan todos los predios afectados de un ejido en un sólo documento.
“Arrancamos prácticamente con un marco y un cincel, en el sentido de que en la mayoría de las instituciones competentes encontramos puertas cerradas respecto a los datos”, recordó Padilla.
“Pregúntale a la Fiscalía (estatal), a la FGR y a la PROFEPA cómo estamos respecto a denuncias y dónde están. Pregúntale a la SEMARNAT dónde están los aprovechamientos forestales. Literal, entramos a ciegas.”
Esa opacidad inicial generó sus propios errores: “Tenemos denunciado un aprovechamiento forestal que tiene su permiso. Se denunció y al final esa denuncia se archivó. Son de las primeras que empezaron a surgir”.
Con el tiempo, la cooperación fue creciendo. “La PROFEPA nos dijo: no me hagas una denuncia por predio, sino en un ejido dime cuántos predios hay y en una sola denuncia mándame todos. Por eso hay una pequeña disonancia en los datos, pero a nivel predio le hemos mandado más.” Un ejemplo concreto: “Mandamos 41 predios del Ejido Madero en una sola denuncia.”
El sistema monitorea actualmente alrededor de 17 a 20 millones de hectáreas en Michoacán, Jalisco, Colima, Nayarit, Estado de México y Querétaro, con actualizaciones cada cuatro o cinco días. Sólo recibe financiamiento público del Gobierno del Estado de Michoacán, señala.
CÓMO FUNCIONA: DE LA ALERTA SATELITAL A LA DENUNCIA IMPRESA
El sistema analiza imágenes satelitales de forma semanal. Cuando un polígono acumula suficientes píxeles con pérdida de cobertura y supera el umbral mínimo de superficie, genera automáticamente un PDF con la denuncia y lo envía a la autoridad correspondiente: si el predio está en un ejido, va a la PROFEPA; si es pequeña propiedad, a la Fiscalía Ambiental; si está dentro de un área natural protegida federal, puede ir a la FGR.
Padilla explicó la lógica de priorización que tuvieron que construir: “Si hubiésemos mandado todas las denuncias a partir de una hectárea de pérdida detectada, tendríamos dos, tres, cinco mil denuncias. Lo cual hoy ya tiene abarrotadas a las dependencias.”
El proceso de detección es más matizado de lo que parece: “La intención de Guardián Forestal no es medir exactamente el área perdida, sino evaluar dónde hubo una pérdida lo suficientemente grande como para generar una denuncia. Puede ser que se murió el árbol, puede ser un falso positivo, pueden ser muchas cosas. No vamos a denunciar un pixel.”
Y aunque el sistema es digital, la burocracia sigue siendo análoga: “La última vez que llevamos denuncias a la PROFEPA eran, porque se lleva copia y demás, como cinco mil páginas. Es un proceso irónicamente todavía muy burocrático en ese aspecto.”
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la descripción de lo que ocurre con las denuncias una vez que salen del sistema. Padilla fue contundente: ni la PROFEPA ni la Fiscalía les dan seguimiento informado.
“De la fiscalía lo que llegamos a recibir es si su investigación cateó y se inmovilizó el perímetro. Después qué pasó, no sabemos. En Profepa igual, no sabemos. Ahorita, guardián forestal es un termómetro para la fiebre, pero no es el paracetamol.”
El director describió también el rezago que existía antes de que comenzara la coordinación interinstitucional: “El proceso de investigación puede tardar hasta nueve meses para que un juez diga ‘vayan a revisar esa huerta’, porque ya todo el mundo dijo que no había problema. La SEMARNAT recibía mediante oficio una denuncia con coordenadas de dos páginas, tenía que capturar los datos de forma manual, integrar el polígono, verificar en distintos sistemas.”
La solución fue más simple de lo que parece: “Algo que fue loquísimo fue decirle a la SEMARNAT: la fiscalía te va a enviar esta denuncia, este es el número de folio, tú vas a recibir el oficio porque eso marca la ley, pero ya en el Guardián Forestal puedes descargar el polígono, puedes ver las imágenes, puedes hacer una comprobación. Son cosas bien simples que pudieran parecer casi lógicas, pero eso nos ha ahorrado una cantidad enorme de tiempo”.
La apuesta ahora está en el nuevo equipo de la Fiscalía Ambiental: “Ahorita hay un nuevo equipo en la fiscalía, chavas que traen un chip bien distinto. Va a haber un nivel de cooperación bastante bueno. Lo que buscamos es cómo vamos a solucionarlo desde el lado institucional, cómo con los recursos disponibles se va a atender. Porque también hay que decirlo: la PROFEPA tiene muy pocos recursos, la fiscalía tiene muy pocos recursos”.
II. EL PODER DE LA AGROINDUSTRIA EN LA REGULACIÓN
“Guardián Forestal” administra el registro de polígonos de huertas habilitadas para exportar a Estados Unidos bajo el plan de trabajo del T-MEC. El sistema comenzó con 49,000 polígonos y hoy tiene registrados cerca de 55,000, con actualizaciones diarias de entre 100 y 150 polígonos.
Padilla explicó la dinámica constante del registro: “Cuando un productor va con un empaque y el empaque dice ‘yo quiero comprar’, hace la revisión del huerto y si está en amarillo, significa que no lo tenemos registrado y no le podemos dar una opinión. El empaque dice: ‘yo no te voy a comprar, porque si tienes deforestación y el día de mañana alguien te registra, me voy a comer yo el strike’”.
También describió la complejidad técnica del padrón inicial: “Obtuvimos los polígonos de SENASICA registrados para exportación en Michoacán y Jalisco. Eran 80 o 120 carpetas. Había polígonos sin cerrar, en una huerta había 10 empalmados. Hubo un trabajo complejo para estar revisando ese tema”.
Y explicó el mecanismo de bloqueo ante subdivisiones: “Si tú tienes la huerta y quieres dividirla para que una parte exporte y la otra no, para nosotros es una subdivisión que no se puede hacer. Hasta que no se arregle el problema de esa huerta, no se puede dividir. Tiene una historia, y lo que importa es la historia del propio predio.”
La mayor palanca de cambio en la política pública no ha sido judicial sino comercial. Actualmente, entre 2,800 y 3,000 huertas en Michoacán y Jalisco están bloqueadas para exportación porque no superan los criterios técnicos del sistema. Los empaques aplican esta revisión al cien por ciento de la fruta que ingresa a sus instalaciones.
“Hay gente que va con un empaque y dice: oye, quiero comprar esta huerta. ¿Qué color está? Está en rojo. Ni me voy a meter. Si creemos que es multifactorial, tenemos datos de nuestras mediciones que pueden decir que se redujo la deforestación, pero valdría la pena revisarlo con otras mediciones.”
Padilla narró también efectos sociales concretos del bloqueo: “Hay una huerta que se está vendiendo de una hectárea. Normalmente una huerta productiva en buen precio se va muy rápido, no duran en el mercado. Pero como alrededor hay muchas huertas bloqueadas y se hizo un furor por lo del guardián y el gobierno, esa huerta sigue sin venderse.”
El mecanismo no es una certificación fija sino una vigilancia permanente: “Cada que se va a generar una cosecha, un corte de una huerta, se hace la revisión en el sistema. No es un certificado que ya lo hiciste. Es una vigilancia constante. Un empaque puede cortarle una huerta el martes, pero resulta que esta noche la actualizamos porque tiene una denuncia. El corte de hoy está bien, pero para el siguiente corte vuelves a revisar y ahora está en rojo.”
Y el impacto lo resumió con una frase directa: “Hemos hecho más en un año con esto, que en 20 o 25 años de trabajo institucional. No sé cuántas huertas se haya quitado la autoridad con el mecanismo que tienen. Una, la verdad, no sé cuántas.”
COSTCO Y LA PRESIÓN DE LOS GRANDES COMPRADORES
El involucramiento de Costco representó un punto de inflexión. La cadena anunció públicamente que revisará el estado de las huertas de sus proveedores y puede consultar las imágenes satelitales de cada predio en tiempo real.
“Una de las cosas que Costco plantea es: en una certificación, si tú pagas por ella, te la van a dar la mayoría de las veces. Pero para los empaques la certificación es gratuita, entonces no hay un riesgo moral. Y dos, Costco puede revisar en cualquier momento el estado de cualquiera de las huertas, no es que el empaque esté certificado y ya lo crea todo.”
Padilla destacó que la exigencia fue extendida también a los productos procesados: “Costco va a entrar aguacate crudo, guacamole y aceite. Y ya les mandó a todos sus proveedores que tienen que tener esa certificación. Y no sólo el que llega a Estados Unidos, también el que se vende en México y en Canadá.”
LA REUNIÓN CON SEMARNAT: HACIA UN MECANISMO OFICIAL
El Gobierno Federal está desarrollando su propio mecanismo oficial de verificación ambiental para exportaciones. “Guardián Forestal” se reunió con funcionarios de la SEMARNAT para compartir metodología y evitar contradicciones entre ambos sistemas.
“No puede ser que la SEMARNAT en un momento dado diga que esta huerta sí pasa y nosotros digamos que no pasa. Una de las cosas por las cuales nos reunimos fue decir: ya tenemos todo este trabajo hecho, hay que ver cómo homologamos”, explicó Padilla.
Sin embargo, fue claro sobre los límites de su rol: “La responsabilidad ante el T-MEC es del gobierno de México y la solución oficial que se dé la dará la SEMARNAT. Esperemos que sea una solución muy buena. Lo que se planteó fue que va a haber reuniones de trabajo. Hay cosas que la SEMARNAT tiene mucho conocimiento respecto al tema ambiental, de bosques, de ecosistemas, de corredores. Pero quizás también puede conocer un poco de la mecánica de la industria”.
III. VACÍOS PARA LA DEFORESTACIÓN
Heriberto Padilla, director del sistema de monitoreo satelital explica cómo operan, en la práctica, los vacíos que han permitido la deforestación ilegal asociada al cambio de uso de suelo para aguacate.
A partir de ejemplos concretos, se detalla el mecanismo conocido como “blanqueo de predios” y los intentos institucionales por cerrarlo, así como los retos pendientes en la trazabilidad del llamado “lavado de aguacate”.
EL MECANISMO DEL “BLANQUEO DE PREDIOS” Y EL CANDADO CONSTITUCIONAL
Heriberto Padilla realizó la descripción detallada de cómo opera la impunidad en la compraventa de predios deforestados. Padilla lo explicó con precisión:
“Digamos que me robaron la madera. En el mejor de los casos hago una denuncia, quizás no denuncio, y vendo ese predio porque no tiene madera. Lo compra Juanito. Juanito dice: tengo un predio que está limpio, voy a poner una huerta de aguacate. En uno o dos años se la vende a Pedrito. Pedrito es el nuevo dueño, pero él ni deforestó, ni hizo cambio de uso de suelo, tiene una huerta, él compró una huerta.”
Las consecuencias jurídicas son predecibles: “Es cuando al final le llega la denuncia a él y el juez dice: Pedrito no hizo el cambio de uso de suelo, y aquí está la escritura, él no la ha comprado hace mucho. Se cae todo el procedimiento. Se da un absolutorio y tan tan. Eso hace que ni sirva la denuncia, ni sirva el mecanismo.”
Padilla también reconoció que no todos los casos son de mala fe: “Hay muchas personas que lo hacen de forma intencional, pero también hay muchas personas que pues es un empresario que compró una huerta de aguacate, que quería ser aguacatero, que ni por aquí le pasa de dónde venía ese problema. Al final compró un problema y se sacó la rifa del tigre.”
La respuesta legal que se impulsó fue concreta: “Lo que buscamos con este tema en la constitución es que se pida una opinión de cumplimiento ambiental y se anexe en el traslado de dominio. Cuando voy a vender un predio, pido la opinión, se hace el polígono y te dice: este predio tuvo deforestación en esta fecha. El nuevo dueño ya sabe que está comprando. Si en algún punto hubiese un procedimiento, ya no es ajeno.”
EL LAVADO DE AGUACATE: UN RETO PENDIENTE
Padilla describió otra práctica que el sistema está tratando de cerrar: mezclar fruta de una huerta limpia con producción de una parcela deforestada contigua. Para atacarlo, el equipo trabaja en medir la capacidad productiva máxima de cada huerta.
“Yo tengo una huerta y a un lado me amplié, deforesté, pero la que exporta es esta. A lo mejor meto fruta. ¿Cómo le haces para resolver eso? Estamos haciendo mediciones que nos van a permitir pronto decir: esta huerta ya llegó a su tope, ya no puede producir más. Se reconoce el problema. También está calculado cuánto puede ser: tampoco es que sea un 50%, la verdad es que es marginal.”
Y sobre el procesamiento industrial: “Cuando el aguacate se transforma en aceite o en guacamole, se pierde la trazabilidad. Ahí es donde Costco nos está ayudando, porque ya mandó a todos sus proveedores que tienen que tener esa certificación también para esos productos.”
IV. AHORA SE BUSCA MEDIR EL GASTO DE AGUA
Uno de los desarrollos más avanzados que presentó Padilla es la medición satelital de consumo hídrico por huerta, con entre 87 y 93% de certeza respecto a las mediciones en campo.
“Logramos que de los datos censados, varias huertas tipo tienen sensores que están midiendo minuto a minuto el consumo de agua de cada árbol. Se hicieron perfiles de suelo, todo un tema. Y de ahí sacamos cuánta agua está consumiendo esa huerta. Mediante un método satelital nosotros sacamos cuánto estaba consumiendo. Por las resoluciones de los píxeles hay una sobreestimación, pero el método nos permitió generar calibración con los datos de campo.”
El objetivo final es ambicioso: “Un mapa de consumo hídrico por kilo de cada una de las huertas. No es cuánta agua le echaste, es cuánta agua está consumiendo, que te genera una equivalencia teórica de los servicios ambientales que cada una debería aportar. Con esto puedes decir: esta huerta dice que produjo tantos kilos, tiene un tamaño de dosel de este tamaño. Sí es muy posible que haya producido esos kilos, o sabes qué, ya no me dan estos números.”
Sobre los rangos de consumo encontrados: “La promedio métrica de consumo por kilo de las huertas de aguacate está entre 700 y 1,000 litros. Hay huertas en Michoacán que consumen 400 litros. Son huertas excepcionales, hay una dinámica de bosque alrededor y de clima. Pero tenemos huertas que consumen 2,500 litros. Ahí están.”
Y sobre el vínculo entre bosque y productividad: “Hemos demostrado a varios productores: mientras no subamos la temperatura de esta región, de donde te llega el viento, tu huerta jamás va a producir igual. Ya el bosque se ve como con una función agronómica, no como algo que quito para poner más huerta. Un sistema de riego puede costarte entre tres y diez millones de pesos. Si podemos bajar un 30 o 40% el consumo de agua de tu huerta en ocho años con este trabajo, eso es un sistema de riego.”
El sistema monitorea también más de 40,000 cuerpos de agua dispersos en el territorio. Padilla explicó cómo funciona y qué buscan detectar.
“Lo que hace el sistema es medir qué tan lleno está un cuerpo de agua en un momento dado, si baja, si sube. Si aquí vamos a pensar que tiene 3,000 metros cuadrados de espejo de agua y de marzo a mayo no hay lluvia registrada, pero subió medio metro o un metro de agua, y además no tenemos pozos registrados ni ninguna concesión aquí… ¿quién le está sacando el agua?”
Y sobre la complejidad de intervenir legalmente: “Captar agua de lluvia no es ilegal. Hacer cambios de suelo para poner una olla, sí. Pero no todas las ollas están establecidas en zonas que requieren permiso. Tenemos 40,000 puntos regados en lugares a los que no sabes ni cómo llegar. Lo que queremos es integrar expedientes que estén en el interés de los clientes finales: yo no quiero comprarle aguacates que estén generando un desequilibrio hídrico.”
V. ¿GREENWASHING O TRANSPARENCIA REAL? ¿RESTAURACIÓN O REGULACIÓN COMERCIAL?
Ante la crítica de que el mecanismo puede ser una herramienta de imagen sin consecuencias reales, Padilla respondió con contundencia:
“Normalmente en el greenwashing los beneficiados están bien contentos. Acá los que deberían estar contentos no están tan contentos. Están un poquito molestos. A mí me genera más preocupación el criterio de lo que se puede interpretar como legal y como no legal. Si tú deforestaste y vas a poner una huerta y al final por fallas en el proceso el juez dice que quedas absuelto de este delito, eso hace que la huerta sea legal. Eso es más frágil.”
Y fue directo sobre lo que realmente detiene a los actores de la cadena: “Los empaques no te van a comprar. Y listo. Tenemos documentos donde dicen: este delito ya prescribió, ya no lo vamos a perseguir. Está bien. Pero ahí está la deforestación, ahí siguen. Y nosotros tenemos que informar al empaque del estado de esa huerta porque su cliente se lo va a revisar. A mí me parece más greenwashing saltarte el tema institucional y que legalmente el gobierno te diga que estás bien, que no superar el criterio técnico que es más demostrable y auditable.”
Al cierre de la conversación, Padilla no eludió la pregunta de fondo sobre si esto es una respuesta al mercado más que una apuesta real por la restauración de los bosques.
“Mediante los procedimientos administrativos y penales no se ha logrado mucho. Muy poco o nada. ¿Cuál es el incentivo de quitar el bosque? Pues es un incentivo económico. El bosque no genera dinero, tanto que era tangible. Y dos, pues porque dices: si él lo puede hacer y no le pasa nada, pues yo también lo voy a hacer. Es como nuestro problema de drogas en el país: está prohibido por todos lados y si el incentivo económico y la demanda continúan, jamás se va a terminar.”
Reconoció el origen comercial del proceso: “Quejas y reportes del aguacate del extranjero siempre ha habido. Personas luchando en el territorio siempre ha habido. Lo que faltaba era que se alinearan todos los planetas: que hubo bloqueos del T-MEC, que hubo presión con senadores, que hubo evidencia, que hubo datos, que hubo disposición del gobierno del estado. Si le hubiera valido completamente, seguiríamos igual.”
Pero su conclusión fue optimista en el largo plazo: “Si por incentivo económico vamos a mejorar los bosques y en 15 años vamos a poder llegar a un equilibrio de tres a uno entre bosque y aguacate, yo estoy satisfecho. No creo que vayamos a lograr cambiar 30,000 o 50,000 conciencias. Si el dinero lo tiene que hacer, lo va a hacer.”
