México se mantiene entre los países más letales para quienes defienden el territorio y el ambiente. Global Witness documentó 10 asesinatos de personas defensoras en 2025, además de 107 casos de criminalización y cientos de agresiones no letales. / La defensa del territorio se paga con la vida, y México sigue entre los países más peligrosos
Por: en15dias.com /
México aparece este año, una vez más, entre los seis países más letales del mundo para quienes defienden la tierra y el ambiente. Así lo documenta el informe anual “Poder colectivo: la lucha por la protección de las personas defensoras del territorio y el ambiente”, publicado en septiembre de 2026 por la organización internacional Global Witness.
El reporte de Global Witness, dedicado a “todas aquellas personas, comunidades y organizaciones que con valentía alzan la voz o emprenden acciones para defender sus derechos al territorio”, registra que en 2025 al menos 10 personas defensoras fueron asesinadas en territorio mexicano, una cifra que, aunque representa una baja frente a las 19 muertes del año anterior.
Global Witness retoma datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), durante 2025 se documentaron 107 casos de criminalización contra personas defensoras en el país, además de cientos de episodios de estigmatización, intimidación y difamación.
Las desapariciones forzadas, señala el informe, siguen siendo “un problema grave”, hasta el punto de que expertos de las Naciones Unidas han calificado la naturaleza sistemática de estos ataques en México como “crímenes de lesa humanidad”.
El reporte narra, entre los casos más dolorosos del año, el de un defensor asesinado en el estado de Guerrero mientras buscaba a su propio hermano, también defensor ambiental, desaparecido desde 2021; y recuerda el homicidio de Marco Antonio Suástegui Muñoz, histórico vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), quien había pasado 13 meses encarcelado como preso político antes de ser asesinado en 2025.
El informe también da seguimiento al caso de Ricardo Lagunes Gasca, abogado especializado en derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, profesor y líder de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila, desaparecidos desde el 15 de enero de 2023 entre los estados de Michoacán y Colima tras oponerse a un proyecto minero operado por la siderúrgica Ternium-México.
Según el documento, sus familiares siguen sin respuestas: el gobierno mexicano habría rechazado una solicitud de ayuda internacional para la investigación, y Ternium ha sostenido en todo momento que no tiene responsabilidad alguna sobre el conflicto comunitario ligado a sus operaciones, a pesar de que organismos como el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dictado medidas urgentes en el caso.
En 2025 se dio, sin embargo, un paso relevante: se presentó una denuncia contra la empresa ante las instancias que aplican las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, y se creó el Mecanismo Independiente para la Recuperación Humanitaria de Antonio y Ricardo, impulsado por Global Rights Advocacy.
Otro dato que el reporte subraya sobre México tiene que ver con las mujeres defensoras: de las 124 personas asesinadas en el mundo durante 2025, catorce eran mujeres, y dos de esos homicidios ocurrieron en territorio mexicano.
La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, citada en el informe, documentó más de 30,000 agresiones no letales contra mujeres en México y Centroamérica entre 2012 y 2023, entre ellas acoso, campañas de desprestigio, amenazas verbales, vigilancia de sus actividades cotidianas y violencia psicológica.
Global Witness también vincula a México con dos de las dinámicas estructurales que, según el informe, están detrás de buena parte de la violencia en América Latina: el crimen organizado y la explotación de los bosques.
México es uno de los seis países, junto con Colombia, Brasil, Filipinas, Honduras y Guatemala, donde se identificaron presuntos vínculos entre crimen organizado y los homicidios de personas defensoras registrados el año pasado.
Además, dos de los ocho asesinatos vinculados globalmente a la explotación forestal ocurrieron en suelo mexicano.
EL PANORAMA GLOBAL: 124 MUERTES EN UN AÑO, Y MÁS DE 2,300 DESDE 2012
Fuera de México, la fotografía mundial que traza el informe es igualmente sombría. En 2025, Global Witness verificó el asesinato o la desaparición de al menos 124 personas defensoras del ambiente y el territorio en todo el planeta, cifra que, aunque representa un descenso frente a los 142 casos de 2024 y los 196 de 2023, la organización advierte que probablemente subestima la magnitud real del problema, dado que en contextos de conflicto armado, represión estatal o restricción del espacio cívico gran parte de los casos simplemente no llega a documentarse.
Con esta cifra, el número total de asesinatos y desapariciones de personas defensoras que Global Witness ha registrado desde que comenzó a llevar esta contabilidad en 2012 asciende ya a 2,375.
América Latina continúa concentrando la abrumadora mayoría de los casos: el 85% de los homicidios verificados en 2025 ocurrieron en la región, una proporción que se ha mantenido así durante más de una década. Colombia encabeza la lista con 39 asesinatos, seguido por Brasil con 26, Filipinas con 12, Honduras con 12, México con 10, Guatemala con 8, Perú con 4, Nicaragua con 3, Ecuador con 3, Tanzania con 2, y con un caso cada uno Bolivia, República Democrática del Congo, Francia, India e Indonesia.
Fuera de América Latina, Filipinas resultó ser el país más peligroso, con la participación presunta de las fuerzas armadas filipinas en al menos cinco de esos doce homicidios, en el marco de la campaña de contrainsurgencia del gobierno de Marcos Jr.
El informe identifica los conflictos por la tierra como el principal motor de violencia, detrás de más de la mitad de los asesinatos documentados en 2025.
La minería y las industrias extractivas resultaron el sector más peligroso vinculado directamente a homicidios, con once casos, seguidas por la explotación forestal (ocho casos), la agroindustria (seis casos, la mitad de ellos ligados a pueblos indígenas de la costa caribeña de Nicaragua) y la energía hidráulica y los conflictos hídricos, con tres casos cada uno.
El crimen organizado aparece como el actor con mayor frecuencia vinculado a los ataques: Global Witness identificó posibles conexiones con estructuras delictivas y sicarios en más de un tercio de los homicidios registrados en 2025, una dinámica que golpea con particular fuerza a Colombia, México y Honduras, pero que también se está extendiendo a países antes relativamente tranquilos, como Ecuador, donde el auge del narcotráfico ha ido de la mano con leyes que restringen a las organizaciones civiles.
Casi tres cuartas partes de las víctimas de 2025 eran integrantes de pueblos indígenas o comunidades campesinas, atacadas por defender sus territorios y su acceso a la tierra. Siete de las personas indígenas asesinadas formaban parte de guardias indígenas dedicadas a proteger su territorio de las amenazas del crimen organizado.
Del total de víctimas, 109 fueron hombres, 14 mujeres y una persona no binaria.
