Venezuela vuelve al centro del tablero geopolítico global, no solo como crisis política, sino como territorio estratégico atravesado por extractivismo, sanciones y disputas de poder. Más que gobiernos, lo que está en juego es quién controla los recursos y decide el futuro de la región.
Venezuela: territorio, extractivismo y geopolítica
Uitzume, el perro del lago*
La crisis venezolana volvió a colocar a América Latina en el centro de una disputa que no es nueva, pero sí persistente: la del control territorial bajo el lenguaje de la “democracia”, la “seguridad” o el “orden internacional”.
Más allá de la coyuntura inmediata, Venezuela reaparece como un caso emblemático de cómo el poder global se ejerce sobre territorios ricos en recursos estratégicos, donde la soberanía se vuelve relativa y la intervención, una posibilidad siempre latente.
Desde la ecología política, la socióloga Maristella Svampa ha insistido en que América Latina vive bajo un consenso extractivista que atraviesa gobiernos de distinto signo ideológico. En ese consenso, los territorios no son concebidos como espacios de vida, sino como reservas de valor: petróleo, gas, minerales, agua, biodiversidad.
Venezuela, con una de las mayores reservas petroleras del mundo, encarna de manera cruda esta lógica. Su conflicto no puede leerse únicamente como una disputa entre gobiernos o proyectos políticos, sino como una pugna por el control de un territorio clave dentro del metabolismo energético del capitalismo global.
David Harvey aporta otra clave indispensable: la acumulación por desposesión. En este marco, las crisis —económicas, políticas o humanitarias— no son accidentes, sino oportunidades para reordenar territorios, redefinir soberanías y abrir nuevas fases de apropiación.
La intervención, explícita o indirecta, se presenta entonces como una herramienta para desbloquear territorios considerados “improductivos”, “fallidos” o “mal gestionados”, aun cuando ese juicio provenga de actores externos con intereses materiales claros.
Venezuela no es solo un Estado en disputa; es un territorio estratégico dentro de una geografía del poder que excede sus fronteras. Las sanciones, los bloqueos, la presión diplomática y las amenazas de intervención forman parte de un mismo dispositivo que busca disciplinar no solo a un gobierno, sino a una región completa.
El mensaje es conocido en América Latina: quien se salga del libreto corre el riesgo de ser aislado, intervenido o convertido en ejemplo.
La militarización del conflicto desplaza del centro a las comunidades, invisibiliza los impactos socioambientales y convierte la discusión sobre el futuro del territorio en un asunto de élites políticas y geopolíticas. El petróleo vuelve a ser el eje, pero no como debate sobre transición energética, justicia climática o postextractivismo, sino como botín estratégico en una disputa de poder.
Harvey advierte que el capitalismo contemporáneo no solo necesita expandirse, sino reordenar espacialmente sus crisis. En ese reordenamiento, América Latina aparece una y otra vez como espacio de ajuste: exportadora de naturaleza, receptora de conflictos, laboratorio de políticas de excepción. Venezuela, en este sentido, no es una anomalía, sino una advertencia.
Svampa ha señalado que el problema no es únicamente quién gobierna, sino cómo se gobierna el territorio y para quién. Cuando el debate se reduce a la legitimidad de un líder o a la narrativa de la “restauración democrática”, se pierde de vista la pregunta central: ¿qué modelo de desarrollo se impone tras la crisis? ¿Quién controla los recursos? ¿Quién decide sobre el futuro del territorio y de sus poblaciones?
La historia latinoamericana muestra que las intervenciones rara vez traen estabilidad, y casi nunca traen justicia social o ambiental. Traen, en cambio, nuevos ciclos de despojo, reconfiguración del poder y dependencia. Bajo el lenguaje de la legalidad internacional o los derechos humanos, se reinstala una vieja lógica colonial: territorios “intervenibles” cuando conviene a los intereses del capital global.
Pensar Venezuela no implica defender gobiernos ni justificar autoritarismos. Implica algo más incómodo: reconocer que América Latina sigue siendo tratada como espacio disponible, como reserva estratégica, como zona donde la soberanía es condicional. Y que mientras esa lógica no se cuestione de raíz, el conflicto se repetirá, con distintos países, distintos pretextos y los mismos resultados.
Venezuela no es sólo Venezuela. Es el espejo donde la región vuelve a verse atrapada entre extractivismo, geopolítica y promesas incumplidas de democracia. Y mientras el debate siga secuestrado por los extremos, el territorio —como siempre— seguirá pagando la factura.
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
Editoriales anteriores:
Esto te puede interesar
“No puedes con recursos públicos hacer promoción personalizada”: IEM
El Instituto Electoral de Michoacán reconoce límites para vigilar propaganda digital financiada con recursos públicos. Sin una denuncia formal, la autoridad electoral no puede actuar de oficio, incluso ante anuncios en redes que promueven a funcionarios. El caso abre debate rumbo a las elecciones de 2027.
¿Qué izquierda queremos?
¿Qué izquierda queremos en el México actual? Más allá de discursos y símbolos, la discusión vuelve al centro del debate público: el sentido de la izquierda frente al poder, la justicia social, el territorio y la democracia. Una reflexión necesaria sobre proyecto político, coherencia y responsabilidad histórica.
Crimen organizado y crisis ambiental
El avance del crimen organizado en México también tiene una dimensión ambiental poco visible. Tala ilegal, minería irregular, cambio de uso de suelo y apropiación de agua forman parte de una economía criminal que impacta bosques, ecosistemas y comunidades, particularmente en estados como Michoacán.
