Para dar la lucha de la narrativa y de la acción política en el tema del agua se requiere decisión, contundencia y firmeza. Ante el planteamiento del gobierno de México del llamado Plan Hídrico Nacional y la firma de un acuerdo entre las élites empresariales para supuestamente resolver el problema del abastecimiento de agua en comunidades de México, se requiere un posicionamiento firme y claro por parte de quienes han prevalecido con propuestas acerca de lo que debe ser la gestión del agua.
Ante el silencio, complicidad, omisión y corrupción de la Conagua, los colectivos han dado un paso mayor en una lucha y se han organizado en torno a la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, para presionar y vigilar que se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento en los gobiernos de México.
Uitzume, el perro del lago
Contralorías autónomas del agua, oportunidad ciudadana
Parece que el gobierno de Claudia Sheinbaum no quiere realizar una Ley General de Aguas, que implicaría no sólo una reforma algunos artículos sino un cambio de rumbo completo.
Y es que hay que decirlo, el “Acuerdo Hídrico” firmado por el Gobierno de México, es un guiño a las grandes empresas. Es la administración de una crisis hídrica que prioriza el “desarrollo y crecimiento” por el derecho humano al agua de las comunidades y poblaciones de México. Sólo hay que ver la foto de su presentación y los actores principales que participan.
El Gobierno de México decidió dejar de lado 12 años de trabajo de colectivos, académicos independientes y con compromiso social, organizaciones civiles, campesinas, urbanas y comunidades y poblaciones, que han planteado una propuesta de Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas.
Decimos que deja de lado el trabajo de ciudadanos aglutinados en el colectivo “Agua Para Todos”, que ha impulsado la discusión y propuestas de una Ley General de Aguas, porque no ha querido reunirse con ellos oficialmente e incluir las propuestas que desde el trabajo de estos colectivos se han realizado.
El último de este esfuerzo ciudadano y colectivo ha sido la aglutinación de fuerzas (académicas, sociales, urbanas, campesinas y comunales) en la Contraloría Nacional Autónoma del Agua.
Para llegar a este punto no ha sido fácil. Primordialmente ha sido debido al trabajo incansable de la organización “Agua Para Todos”, de organizaciones campesinas, urbanas y comunidades indígenas que desde hace más de una década han propuesto, de manera activa, una nueva Ley General de Aguas, para, con ello, finalizar con el despojo, contaminación y acaparamiento en el país.
El primer paso fue la reforma Constitucional del 8 febrero 2012, que reconoce el derecho humano al agua, donde se determinaba que: “…la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.”
Con ello, se logró consensuar una Ley General de Aguas dentro de los 360 días que la reforma mandató. Se recogieron cientos de miles de firmas oficiales, para poder presentar la propuesta formalmente como Iniciativa Ciudadana a la LXIV Legislatura.
De 2018 a 2021, “Agua Para Todos” y organizaciones que los acompañaron en este proceso, participaron en la realización de 34 foros estatales y regionales para elaborar su propia versión de la Ley General de Aguas, la cual refrendó los mismos consensos plasmados en la Iniciativa Ciudadana.
A pesar de este gran esfuerzo, la nueva ley está congelada en el Congreso.
El gobierno de Claudia Sheinmbaum ha sido clara ante la posibilidad de aprobar la Ley General de Aguas: sólo se reformará. Y comenzó el año 2025, después de cuatro Legislaturas, y aún no se ha legislado para aprobar la consensuada Iniciativa de Ley General de Aguas que México necesita.
En este contexto y frente a la incapacidad de la Comisión Nacional del Agua de prevenir o resolver las enormes crisis del agua en todo el país, “Agua Para Todos” y organizaciones sociales, comunidades y poblaciones afectadas tomaron la decisión de “empezar de una vez a dar cuerpo y estructura a las Contralorías del Agua previstas en las versiones consensadas de la Ley General de Aguas”.
El 12 de octubre de 2024, 84 Contralorías Autónomas del Agua de 28 estados se unieron para formar la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, con el objetivo de enfrentar la crisis hídrica y las violaciones a los derechos humanos colectivos en México.
El 29 de octubre presentaron a la Conagua cinco propuestas para el “Acuerdo Nacional por la Seguridad y Sustentabilidad del Agua” anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Estas propuestas no fueron incluidas en el Plan ni tampoco la Contraloría Nacional fue invitada al acuerdo como parte del sector ciudadano.
Al contrario, el plan se dio ante las élites empresariales, en una especie de acuerdo con los más ricos.
En el caso de Michoacán, también hubo organización y se creó un grupo promotor para la articulación de la Contraloría Autónoma de Morelia; se entregó una carta a quien era en ese momento el director de la Conagua en Michoacán, el impresentable de Jesús Camacho.
Sin embargo, tampoco hubo respuesta.
Las Contralorías Autónomas del Agua son formas organizativas para lograr el buen gobierno del agua. Representan una nueva etapa en los procesos de responsabilización ciudadana y de los pueblos por el agua y el ambiente.
Pero ¿Por qué se necesita Contralorías del Agua?
La razón principal es porque la gestión actual del agua tiende a ser opaca, a espaldas de las comunidades y la ciudadanía y favorable a los grandes intereses. Esto ha dado como resultado mayor acaparamiento, sobreexplotación, contaminación y distribución inequitativa en México.
Por ello, se requieren de estos espacios para servir de contrapeso a la influencia sobre los gobiernos ejercida por las grandes empresas e intereses económicos. Debe quedar claro que su objetivo principal es hacer que se cumplan con los derechos humanos y de los pueblos.
Y es que, es claro que ningún gobierno por sí solo podrá recuperar el agua como bien de la Nación sin contar con una estructura ciudadana y comunitaria, articulada local y nacionalmente, para ayudar a desmontar progresivamente el sobreconcesionamiento, el acaparamiento y la contaminación impune que ha proliferado bajo un marco legal que promueve el interés particular sobre el bien común.
Las contralorías son fundamentales. Ya que para dar la lucha de la narrativa y de la acción política en el tema del agua se requiere decisión, contundencia y firmeza.
Ante el planteamiento del gobierno de México del llamado “Plan Hídrico Nacional” y la firma de un acuerdo entre las élites empresariales para supuestamente resolver el problema del abastecimiento de agua en comunidades de México, se requiere un posicionamiento firme y claro por parte de quienes han prevalecido con propuestas acerca de lo que debe ser la gestión del agua.
¿Las contralorías ciudadanas será el espacio que pueda enarbolar esta bandera? ¿Estarán a la altura del momento que estamos viviendo?
¿Serán las contralorías autónomas del agua, la nueva ruta de lucha ante la injusticia hídrica?
Ya lo veremos.
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
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