La elección de 2027 enfrenta el riesgo de una mayor intervención del crimen organizado en las candidaturas, las campañas y los gobiernos. Julio Santoyo Guerrero advierte sobre la debilidad institucional, la pérdida de autonomía electoral y la expansión del poder criminal en los territorios.
El humor político desafía al poder, cuestiona la solemnidad de los gobernantes y rompe el miedo mediante la risa. Julio Santoyo Guerrero recorre la historia de la sátira política, desde la antigüedad hasta México, para reflexionar sobre la libertad, la democracia y el autoritarismo.
A seis meses del asesinato del ambientalista Roberto Chávez Bedolla, Julio Santoyo Guerrero denuncia la impunidad del crimen, las amenazas contra los Comités de Defensa Ambiental y la persistencia de la violencia en Madero, Michoacán, pese a las intervenciones de las autoridades.
El acuerdo de Cero Deforestación para el aguacate abre un debate sobre la legalización retrospectiva del cambio de uso de suelo.
México enfrenta una creciente vulnerabilidad ante sequías, calor extremo y otros fenómenos climáticos, pero el proyecto de presupuesto federal 2027 plantea reducir 27.57% los recursos para adaptación y mitigación. La brecha entre los riesgos y el gasto público preocupa.
La desaparición de Iván Pérez Chávez en Madero se suma a una serie de agresiones contra ambientalistas ocurridas desde 2021. Este análisis revisa los antecedentes, las denuncias sobre la operación criminal en la región y las exigencias para esclarecer su paradero.
La izquierda y la derecha pueden cambiar de discurso, pero el poder conserva una lógica propia. Julio Santoyo Guerrero plantea que más que las ideologías, los ciudadanos deben observar cómo se ejerce el poder, a quién beneficia y qué contrapesos existen para impedir el autoritarismo. / El poder, las izquierdas y las derechas
La Parotita, en Tacámbaro, se convirtió en un símbolo del horror y la impunidad en Michoacán. Cientos de restos han sido localizados en esta barranca, donde madres buscadoras enfrentan el silencio institucional y exigen verdad, identificación de las víctimas y justicia.
La nueva Ley General de Protección Ecológica y Justicia Ambiental promete justicia climática, participación social y protección a defensores. Pero llega mientras persisten permisos, acuerdos y omisiones que han permitido la destrucción ambiental. Nueva ley, mismos ecocidas.
