Defender los bosques, el agua y los ecosistemas en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo. Mientras el modelo económico avanza sobre los territorios, crecen la criminalización y las amenazas contra quienes denuncian el saqueo ambiental y exigen respeto a la vida.
El artículo “Enfermos por el poder”, de Julio Santoyo Guerrero, reflexiona sobre los riesgos del narcisismo político y la forma en que el ejercicio del poder puede deformar la conducta de gobernantes y líderes. El texto advierte sobre la importancia de que la ciudadanía identifique prácticas autoritarias y discursos basados en la manipulación emocional.
Y mientras tanto, el territorio vuelve al centro de la disputa: agua, movilidad, bienes públicos y derechos colectivos se entrecruzan en un mismo escenario de tensiones. En Michoacán, los conflictos no son aislados, sino síntomas de un modelo que presiona comunidades y redefine el control sobre lo común.
La renegociación del T-MEC reabre el debate sobre los parámetros ambientales del comercio internacional. El caso del aguacate michoacano enfrenta cuestionamientos por deforestación, cambio de uso de suelo y el intento de flexibilizar reglas éticas en favor del negocio exportador.
La polémica sobre Infodemia MX reabre el debate sobre el uso de recursos públicos para sostener narrativas oficiales. Entre errores, desmentidos y omisiones, la crítica apunta a la propaganda institucional, la falta de rendición de cuentas y el desgaste de la credibilidad pública.
En Michoacán, defender el agua, los bosques y el territorio puede costar la vida. La expansión aguacatera, el crimen organizado y la omisión institucional han convertido a los ambientalistas en blancos directos. La violencia ambiental revela una crisis profunda de poder y abandono.
La posible reforma a la ley de protección a periodistas en el Estado de México reabre el debate sobre los límites entre apoyo institucional y control político. Mientras el gobierno anuncia mesas de trabajo, persisten prácticas que restringen el acceso a la información y vulneran el ejercicio periodístico.
El uso del fuego como herramienta de control territorial revela una crisis ambiental y de seguridad en Michoacán. Incendios forestales, tala ilegal y cambio de uso de suelo avanzan ligados al crimen organizado, dejando pérdida ecológica, desplazamiento forzado y debilitamiento institucional.
La crisis del agua avanza hacia una posible “bancarrota hídrica global”, como advierte la Organización de las Naciones Unidas. Deforestación, sobreexplotación y modelos económicos intensivos aceleran el deterioro de los sistemas hídricos y amenazan el acceso al agua en las próximas décadas.
