El Diario Oficial de la Federación publicó la solicitud para proteger la Indicación Geográfica “Aguacate Franja Michoacán”, figura que busca reconocer y resguardar la producción de aguacate Hass en 31 municipios del estado, como parte del proceso legal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
La incorporación de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán a nuevas mesas de trabajo con la Fiscalía ambiental se presenta como un avance contra los delitos ecológicos. Sin embargo, sin una reforma estructural, la coordinación interinstitucional corre el riesgo de repetir esquemas ineficaces y criminalizar a defensores del territorio.
El parque industrial Eleva Park, en Tarímbaro, es presentado como motor de empleo y crecimiento regional. Sin embargo, su expansión abre interrogantes sobre concentración de beneficios, presión territorial y costos ambientales que no han sido transparentados por el gobierno estatal.
El Lago de Pátzcuaro recuperó 500 hectáreas de agua tras dos años de intervención ambiental, informó el gobierno de Michoacán. Aunque el dato se presentó como un logro, el lago ha perdido más del 90% de su volumen en décadas.
La Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita advirtió que detrás de estos siniestros operan intereses de especulación inmobiliaria sobre territorios estratégicos.
Comunidades indígenas y afrodescendientes de Michoacán, reunidas en el Consejo Supremo Indígena, denunciaron la falta de maestros rurales, escuelas en condiciones precarias y la ausencia de reconocimiento oficial a los sistemas educativos interculturales en la entidad.
Tras año y medio de lucha contra el despojo de sus manantiales, la comunidad indígena Pirinda de San Miguel del Monte firmó un acuerdo con CONAGUA para iniciar el camino hacia una concesión de agua potable. El compromiso abre una posibilidad, pero la desconfianza persiste.
Elpidio Domínguez Castro fue un líder p’urhépecha cuya vida estuvo marcada por la defensa del territorio, la organización comunal y la lucha por los derechos colectivos. A más de tres décadas de su asesinato, su legado sigue vivo en Santa Fe de la Laguna y en las resistencias indígenas de Michoacán.
A tres años de la desaparición forzada del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder indígena Antonio Díaz Valencia, familias y organizaciones denunciaron la impunidad del caso y exigieron al Estado mexicano verdad, justicia y avances reales en la búsqueda.
