La incorporación de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán a nuevas mesas de trabajo con la Fiscalía ambiental se presenta como un avance contra los delitos ecológicos. Sin embargo, sin una reforma estructural, la coordinación interinstitucional corre el riesgo de repetir esquemas ineficaces y criminalizar a defensores del territorio.
Fiscalía ambiental convoca a nuevas mesas de trabajo contra delitos ecológicos
Por: en15dias.com / Con información de la dependencias estatales
La la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna convocó a una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales con el objetivo de crear una mesa de seguridad ambiental que fortalezca las carpetas de investigación y judicialice las denuncias ambientales.
La iniciativa se presenta como un paso para combatir la criminalidad ambiental, aunque en los hechos replica esquemas de coordinación interinstitucional que han existido en administraciones anteriores sin traducirse en sanciones efectivas contra los principales responsables de la devastación ecológica.
La propuesta de crear una Mesa de Seguridad Ambiental, con grupos operativos y técnicos para atender denuncias y robustecer pruebas legales, busca acelerar procesos que hoy se encuentran rezagados.
Sin embargo, el anuncio no aborda el problema estructural de fondo: una Fiscalía que históricamente ha mostrado baja capacidad investigativa en delitos ambientales y que, en casos recientes, ha sido señalada por criminalizar a defensores del territorio antes que a quienes operan redes de tala ilegal, cambio de uso de suelo o extracción clandestina de agua.
Hasta este momento la fiscalía se ha concentrado en la persecución del delito de maltrato animal y en tejer alianzas para el tema del cambio de uso de suelo y la tala ilegal.
En los últimos años, activistas y comunidades organizadas, particularmente en regiones como Tancítaro, han documentado redes de protección comunitaria frente a economías ilegales que depredan los bosques. Parte del personal hoy incorporado a instancias ambientales proviene de esos movimientos de defensa territorial, lo que representa una oportunidad de renovación institucional.
Pero la incorporación de perfiles comprometidos no garantiza por sí misma la transformación de una estructura de procuración de justicia señalada por opacidad y discrecionalidad.
