El capitalismo global atraviesa una fase extrema: concentración obscena de riqueza, devastación ambiental y autoritarismo geopolítico. En ese escenario, el regreso de Donald Trump no es un accidente, sino la expresión más cruda de un sistema que amenaza la vida, el clima y la convivencia entre los pueblos.
Y es que, a pesar de todo, el acaparamiento de agua continúa. En Mapimí, Durango, una sola empresa concentra 17 concesiones por más de 4.3 millones de metros cúbicos anuales en una zona árida, sin información pública clara sobre su actividad y con vínculos documentados a esquemas de lavado de dinero.
La iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales presentada por la presidenta mantiene el modelo privatizador creado en 1992, dejando sin tocar a los grandes acaparadores de agua. Aunque propone ajustes menores, conserva el esquema de concesiones, exclusión ciudadana y concentración del recurso hídrico.
La nueva Ley General de Aguas presentada por Claudia Sheinbaum mantiene intacto el modelo neoliberal: conserva las concesiones, la privatización del agua y el control empresarial, sin garantizar el derecho humano al recurso ni recuperar la soberanía hídrica del país.
Tal omisión no es un simple error, sino un acto deliberado que permite al Ayuntamiento autorizar la construcción de infraestructura y asentamientos humanos en zonas de riesgo, beneficiando a los grupos inmobiliarios en perjuicio de las propiedades, integridad y vida de las personas.
Los negocios inmobiliarios y agropecuarios son la causa raíz de los incendios forestales. Analizando la información de los incendios identificados por la NASA en el periodo del 1 de enero de 2020 al 21 de abril de 2025, ocurridas en las inmediaciones de Morelia, se pueden observar patrones que nos muestran que los incendios ocurren con mayor frecuencia en zonas codiciadas por los empresarios inmobiliarios y agropecuarios.
¿Por qué el gobierno morenista se resiste promover la recategorización de la cuenca hidrográfica del río Chiquito como área natural protegida a nivel federal? Para facilitar la expansión urbana en 4,083.5 hectáreas del territorio más codiciado por los grupos inmobiliarios.
El 30 de diciembre el Juez otorgó la medida cautelar consiste en la suspensión definitiva de la autorización de cambio de uso de suelo forestal concedido a la empresa Bosque Monarca, S.A. de C.V.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, tiene proyectado construir el segundo libramiento y dos presas invadiendo el territorio protegido por el decreto de veda forestal de la cuenca hidrográfica del río chiquito, legado de Lázaro Cárdenas del Río referente de la 4T.
