Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. / EL (resumen) SEMANAL Semana 15: del 6 al 12 de abril de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL Semana 15: del 6 al 12 de abril de 2026
INFRAESTRUCTURA HÍDRICA EN COMUNIDADES INDÍGENA
Vaya, vaya… el agua en Michoacán vuelve a aparecer en el discurso oficial como promesa de justicia para comunidades indígenas, ahora traducida en cifras: “75 millones de pesos invertidos, 25 obras ejecutadas y la atención a más de 80 localidades”.
Dos comunicados, uno de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas y otro de la Comisión Nacional del Agua, delinean una narrativa de cobertura, infraestructura y prioridad social. Pero el territorio, como siempre, plantea otra lectura.
Las acciones anunciadas incluyen pozos profundos, plantas de tratamiento, colectores, redes de drenaje y equipamiento con paneles solares. Sin embargo, el problema es estructural: el acceso al agua en comunidades como Arantepacua, Sevina o Ocumicho no es únicamente una cuestión de infraestructura, sino del tipo de gestión, mantenimiento y control del recurso en el territorio.
Porque construir un pozo no garantiza agua en el mediano plazo. En muchas regiones del estado, la sobreexplotación de acuíferos, la variabilidad climática y la falta de seguimiento técnico terminan por volver obsoletas estas obras en pocos años.
Además, el énfasis en “llevar agua” invisibiliza una dimensión clave: la calidad. Las plantas de tratamiento de aguas residuales, como la anunciada en Sevina, suelen enfrentar problemas de operación por costos energéticos, falta de capacitación o abandono institucional. Sin un esquema sólido de funcionamiento, muchas terminan convertidas en infraestructura subutilizada o inoperante.
El discurso institucional también coloca el tema en clave de cobertura: “atender 80 comunidades”, “llevar el líquido a miles”. Sin embargo, esa lógica cuantitativa no necesariamente se traduce en acceso continuo, suficiente y de calidad, que es lo que define realmente el derecho humano al agua.
Por otro lado, la mención de planes más amplios, como la recuperación de los lagos de Lago de Pátzcuaro, Lago de Zirahuén y Lago de Cuitzeo, conecta estas obras locales con una narrativa estatal y federal más ambiciosa.
Pero ahí también emerge una tensión: mientras se invierte en infraestructura comunitaria, los cuerpos de agua regionales siguen enfrentando procesos de degradación, contaminación y reducción de niveles.
A esto se suma una dimensión que rara vez aparece en los comunicados: la presión de la agroindustria. En distintas regiones de Michoacán, el crecimiento de cultivos de alto consumo hídrico, como berries, aguacate y otros productos de exportación, ha intensificado la extracción de agua subterránea y superficial.
En ese contexto, la expansión de infraestructura hídrica no ocurre en un vacío: puede terminar integrándose a circuitos productivos más amplios donde el uso agrícola intensivo tiene mayor capacidad de captación del recurso que las propias comunidades.
Esto abre una tensión clave: obras pensadas para garantizar el derecho al agua pueden, en la práctica, mejorar la disponibilidad hídrica en territorios donde la agroindustria ya tiene presencia, generando beneficios indirectos para estos sectores.
Sin mecanismos claros de gobernanza comunitaria y control del uso del agua, el riesgo es que la infraestructura pública termine reforzando desigualdades en el acceso al recurso.
¿FRACKING VERDE?
Esta semana, el debate sobre la fracturación hidráulica en México se reconfiguró a partir de una serie de declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien introdujo una distinción clave: la posibilidad de explorar lo que denominó, de facto, formas de “fracking no tradicional”, sujetas a evaluación tecnológica y ambiental.
El punto de partida ocurrió a inicios de la semana, cuando la presidenta reiteró que “el fracking tradicional… ese no”, al referirse a la técnica convencional basada en la inyección de grandes volúmenes de agua y químicos para fracturar roca.
En su explicación técnica, precisó los dos principales problemas: “utiliza mucha agua” y “esa agua se contamina con químicos muy difíciles de limpiar”. Esta definición marcó la línea de continuidad con la política previa de rechazo a esa modalidad.
Sin embargo, en el mismo posicionamiento abrió un nuevo frente al señalar que su gobierno evalúa alternativas tecnológicas. “La idea es que pudiera, en caso de encontrarse la tecnología que no tuviera estos impactos ambientales… que pudiera abrirse”, afirmó, aludiendo a desarrollos que permitirían reciclar el agua, utilizar compuestos biodegradables o incluso emplear agua no dulce.
Este enfoque fue el que detonó la discusión pública, al introducir un matiz respecto a la prohibición general del fracking.
En los días posteriores, la discusión se desplazó hacia el terreno institucional y energético. La presidenta indicó que no existe aún un mecanismo definido —“todavía no tenemos el mecanismo”—, pero adelantó que cualquier posible desarrollo estaría mediado por Petróleos Mexicanos y regulado por la Secretaría de Energía.
También descartó esquemas de concesión, enfatizando que “las concesiones no”, y que cualquier participación privada se daría bajo esquemas donde “el mayor porcentaje de la explotación vaya para Pemex”.
A mitad de la semana, el énfasis se colocó en la dimensión técnica. La presidenta planteó la creación de un grupo de expertos para evaluar estas tecnologías emergentes, apoyándose en instituciones públicas como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
El objetivo, señaló, es determinar “qué tipo de químicos se deberían de usar… que permitan el reciclamiento del agua” y “en dónde sí se podría hacer y en dónde no”.
En paralelo, la mandataria vinculó esta posible apertura con la soberanía energética. Señaló que México importa una parte significativa del gas que consume y que existe una “dependencia tecnológica” en múltiples sectores, por lo que el acceso a nuevas técnicas podría fortalecer capacidades nacionales.
En ese sentido, afirmó que “hay que estar abiertos a estas nuevas tecnologías para fortalecer la soberanía nacional”, aunque descartó que esto implique avanzar “a cualquier costo”.
Hacia el cierre de la semana, la respuesta de organizaciones sociales y ambientales se articuló en un posicionamiento público conjunto encabezado por la Alianza Mexicana contra el Fracking, acompañado por decenas de colectivos, centros de investigación y organizaciones como Greenpeace México y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
En ese documento, las organizaciones interpretaron las declaraciones presidenciales como una apertura efectiva a la explotación de gas no convencional. Señalaron que “explorar una versión ‘sustentable’ del fracking… en los hechos no existe”, argumentando que existe un consenso científico acumulado —con miles de estudios— que documenta impactos en salud pública, agua y clima.
El posicionamiento también cuestionó el enfoque de política energética al señalar que el desarrollo de gas fósil no resolvería la demanda nacional. De acuerdo con sus estimaciones, incluso con un aumento en la producción, el volumen proyectado sería insuficiente frente al consumo actual, lo que mantendría la dependencia energética.
En materia ambiental, las organizaciones pusieron énfasis en el uso del agua. Indicaron que alternativas como el uso de agua residual tratada o agua salina implican costos elevados de tratamiento e infraestructura, lo que complejiza su viabilidad operativa, especialmente para Petróleos Mexicanos en el contexto de sus restricciones financieras.
Asimismo, advirtieron que el impulso a este tipo de proyectos podría reforzar un modelo basado en combustibles fósiles y en la participación de capital privado mediante esquemas contractuales, lo que —desde su perspectiva— tendría implicaciones en términos de desigualdad territorial, impactos ambientales y dependencia tecnológica.
El documento también incorporó una dimensión territorial y social. Organizaciones y comunidades de regiones como la Huasteca, Veracruz o el norte del país reiteraron su rechazo a proyectos extractivos, señalando antecedentes de impactos ambientales y riesgos para la salud asociados a la industria petrolera.
Finalmente, las organizaciones plantearon que el debate debería centrarse en acelerar la transición energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles, en línea con compromisos internacionales en materia climática. En ese sentido, cuestionaron que el grupo de expertos anunciado se enfoque en viabilizar nuevas formas de extracción, en lugar de explorar rutas alternativas de política energética.
En términos generales, la semana no cerró con cambios normativos, pero sí con una redefinición del lenguaje oficial —del rechazo al “fracking tradicional” a la evaluación de alternativas— y una respuesta organizada de la sociedad civil que plantea objeciones técnicas, ambientales y territoriales frente a esa posible apertura.
CAPITAL GLOBAL EN PALACIO NACIONAL: LA REUNIÓN DE SHEINBAUM CON BLACKROCK
Vaya, vaya… BlackRock y la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvieron esta semana una reunión que colocó en el centro la relación entre capital financiero internacional y proyectos estratégicos en México.
El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y formó parte de una serie de acercamientos del gobierno federal con actores económicos globales. Por parte de la firma participaron directivos vinculados a inversión en infraestructura y energía, sectores donde BlackRock mantiene presencia en México a través de fondos y proyectos de largo plazo.
BlackRock es la mayor gestora de activos del mundo, con sede en Estados Unidos y billones de dólares bajo administración. A través de fondos indexados y vehículos de inversión, tiene participaciones en miles de empresas a nivel global, incluyendo sectores estratégicos como energía, banca, tecnología e infraestructura. Este alcance le otorga una capacidad significativa para influir en flujos de capital y en decisiones corporativas a escala internacional.
Este peso global también ha sido objeto de críticas. Por un lado, se señala su alta concentración de poder financiero, al ser accionista relevante en empresas competidoras dentro de un mismo sector, como petroleras o bancos. Por otro, organizaciones ambientales han cuestionado la distancia entre su discurso de sostenibilidad y sus inversiones en combustibles fósiles.
Asimismo, su participación indirecta en proyectos de infraestructura energética y extractiva ha sido señalada en contextos de conflicto socioambiental. A ello se suma su papel como asesor de gobiernos y bancos centrales —como la Reserva Federal de Estados Unidos—, lo que ha abierto debates sobre posibles conflictos de interés en la gestión de políticas económicas.
De acuerdo con la información difundida por el gobierno, la reunión tuvo como eje la presentación de oportunidades de inversión en el país, particularmente en áreas como infraestructura energética, transporte y proyectos asociados a la transición energética.
La administración federal expuso su estrategia de desarrollo, destacando el papel de las empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como los esquemas de participación privada bajo regulación estatal.
Uno de los puntos centrales fue la certidumbre jurídica para la inversión. La presidenta señaló que el marco constitucional vigente garantiza la soberanía sobre los recursos naturales, al tiempo que permite mecanismos de colaboración con el sector privado en proyectos específicos.
En este sentido, se reiteró que no se contemplan concesiones en sectores estratégicos, pero sí contratos y asociaciones bajo condiciones definidas por el Estado.
Asimismo, se abordaron temas relacionados con sostenibilidad y financiamiento climático. BlackRock ha incrementado su participación en instrumentos vinculados a criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), lo que abre espacio para proyectos alineados con transición energética en México.
Aunque no se anunciaron acuerdos concretos ni montos de inversión derivados del encuentro, la reunión se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno federal para atraer capital en sectores prioritarios sin modificar el marco de control estatal sobre recursos energéticos.
En conjunto, el encuentro refleja la convergencia entre un actor financiero global con alta capacidad de incidencia en mercados y un gobierno que busca canalizar inversión hacia sectores estratégicos, manteniendo la rectoría del Estado en áreas clave de la economía.
RESTAURACIÓN INTEGRAL DEL RÍO LERMA SANTIAGO
Vaya, vaya… el río Lerma-Santiago vuelve a ser anunciado como prioridad nacional, ahora bajo el discurso de una “restauración integral” que —según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales— podría incidir en la vida de 21 millones de personas. La cifra es ambiciosa. El problema, como casi siempre en la historia de esta cuenca, es si los resultados lo serán también.
El comunicado encabezado por Alicia Bárcena describe un despliegue institucional amplio: dependencias federales, estados, municipios y organismos técnicos articulados en torno a una de las cuencas más contaminadas del país. Se habla de coordinación, justicia ambiental y soluciones basadas en la naturaleza.
El lenguaje no es nuevo. Lo que sí es relevante es la escala prometida: más de 1,300 kilómetros de intervención en un sistema que arrastra décadas de deterioro industrial, urbano y agrícola.
En el balance de 2025, los datos presentados muestran avances puntuales: retiro de residuos, desazolve, algunas clausuras, construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento, delimitación de zonas federales. Sin embargo, el contraste es inevitable.
Frente a una cuenca que recibe descargas industriales constantes y donde la contaminación ha sido documentada por años —especialmente en zonas como El Salto y Juanacatlán—, las acciones reportadas parecen fragmentarias frente a la magnitud del problema estructural.
Y es que el núcleo del conflicto no está únicamente en la limpieza del río, sino en su modelo de uso. La cuenca Lerma-Santiago ha sido históricamente el eje de desarrollo industrial de regiones clave del país. Ahí operan corredores manufactureros, agroindustriales y urbanos que dependen del agua, pero que también la degradan.
En ese contexto, restaurar el río implica intervenir intereses económicos consolidados, no solo retirar basura o ampliar infraestructura.
Para 2026, el plan plantea nuevas obras: restauración de humedales como las Ciénegas de Lerma y El Ahogado, ampliación de plantas de tratamiento, colectores y monitoreo ambiental. La apuesta técnica está clara. La incógnita es política: ¿hasta dónde se va a regular, sancionar o transformar a los grandes emisores de contaminantes?
El propio comunicado reconoce inspecciones a empresas y algunas clausuras, pero no detalla cambios de fondo en los esquemas de control industrial ni en la vigilancia permanente de descargas. En una cuenca donde históricamente ha prevalecido la impunidad ambiental, la efectividad de cualquier estrategia dependerá menos de la infraestructura y más de la capacidad del Estado para imponer límites.
Además, el discurso de “justicia ambiental” introduce otra capa: la social. Las comunidades que habitan la cuenca —muchas de ellas expuestas a contaminación crónica— han cargado durante décadas con los costos del modelo de desarrollo. Restaurar el río no solo implica sanear agua, sino atender daños acumulados en salud, territorio y economía local.
En ese sentido, la reunión del 9 de abril y el comunicado del 10 funcionan como una señal de intención política más que como evidencia de transformación estructural. La coordinación institucional es un paso necesario, pero no suficiente frente a un problema que es, al mismo tiempo, ecológico, económico y territorial.
Porque en el fondo, el reto del Lerma-Santiago no es técnico. Es político. Y mientras esa dimensión no se traduzca en decisiones que alteren las causas de la contaminación —y no solo sus efectos—, la restauración seguirá siendo una promesa recurrente en el discurso ambiental del Estado mexicano.
CONAFOR Y SEMBRANDO VIDA AMPLÍAN CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE RECURSOS EN TODO EL PAÍS
La política forestal en México fue presentada esta semana a partir de una estrategia nacional de capacitación que involucra a más de 423 mil parcelas y una superficie superior a un millón de hectáreas, bajo la coordinación de la Comisión Nacional Forestal y el programa Sembrando Vida, con respaldo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
De acuerdo con el comunicado del 11 de abril, la estrategia contempla la participación de 423,169 sembradores y 4,636 técnicos, con el objetivo de fortalecer el manejo de recursos naturales mediante acciones como prevención de incendios, sanidad forestal, restauración ecológica y producción de planta.
Las autoridades señalaron que esta iniciativa busca articular la política social con la gestión ambiental, promoviendo prácticas agroforestales y el aprovechamiento sustentable de los recursos en las comunidades rurales. El programa se implementa en distintas regiones del país, con impactos territoriales que abarcan superficies comparables a entidades federativas completas.
En el marco de esta estrategia, se destacó la importancia de la capacitación técnica como herramienta para mejorar las capacidades operativas en campo, especialmente en el manejo de plagas, viveros forestales y control del fuego, en un contexto de incremento de incendios forestales y degradación ambiental.
No obstante, la implementación del programa se desarrolla en un contexto donde se han señalado distintos retos relacionados con el uso del suelo y la conservación de la cobertura forestal. En algunos casos, se ha documentado la transformación de áreas con vegetación existente hacia esquemas agroforestales productivos, lo que plantea desafíos en el equilibrio entre producción y conservación.
Asimismo, la amplitud territorial de la estrategia implica su aplicación en contextos ecológicos y sociales diversos, lo que requiere adaptaciones específicas para cada región. La participación comunitaria es uno de los ejes del programa, tanto en la ejecución de las acciones como en el manejo de las parcelas.
Las autoridades indicaron que la estrategia busca fortalecer el manejo sostenible de los recursos forestales y mejorar las condiciones productivas en el medio rural, en un escenario marcado por el cambio climático y la presión sobre los ecosistemas.
ARANTEPACUA: LA HERIDA QUE CADA ABRIL VUELVE A ARDER
Vaya, vaya… Arantepacua volvió a irrumpir en la escena pública esta semana, pero no como memoria, sino como presión viva sobre un Estado que sigue sin cerrar una herida de nueve años.
El lunes 6 de abril de 2026, comuneros de Arantepacua se movilizaron en Morelia en el marco del aniversario de la represión de 2017. La protesta no fue menor: marcharon hacia la Fiscalía General del Estado para exigir justicia por los cuatro comuneros asesinados, pero la jornada escaló con bloqueos, quema de vehículos y daños a edificios públicos.
Y es que no fue solo una marcha conmemorativa. Fue una movilización que mostró el desgaste acumulado. Durante el recorrido, se registraron pintas, destrozos y acciones directas contra instalaciones, en una lógica de presión que busca romper la inercia institucional.
Como si fuera poco, el contexto judicial reavivó el conflicto: recientemente se giraron órdenes de aprehensión contra exfuncionarios vinculados a los hechos de 2017, incluido el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Esto elevó la tensión, porque la comunidad exige que no haya simulación ni impunidad en el proceso.
Mientras tanto, el gobierno estatal —encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla— ha insistido en que existe diálogo abierto y avances en la reparación del daño, incluyendo obras como un hospital en la comunidad. Pero en la calle, la lectura es otra: la justicia sigue incompleta.
Y es que lo ocurrido esta semana no es un estallido aislado. Es la continuidad de un conflicto que no ha sido resuelto en términos estructurales: justicia plena, castigo a responsables y reparación integral.
Porque en Arantepacua, cada abril no es solo memoria. Es una actualización del conflicto. Y esta semana dejó claro que, mientras la justicia no se materialice, la protesta seguirá siendo el lenguaje político de la comunidad.
DECLARACIONES ACERCA DE DESAPARICIONES EN MÉXICO
Esta semana, las respuestas institucionales al problema de las desapariciones en México se concentraron en tres frentes: el posicionamiento internacional, la postura del gobierno federal y las reacciones de colectivos de búsqueda.
En el plano internacional, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó un mecanismo previsto en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este procedimiento permite escalar la situación de un país ante instancias superiores de Naciones Unidas cuando se considera que las desapariciones pueden constituir un fenómeno generalizado o sistemático. La medida coloca a México bajo mayor escrutinio internacional.
El gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, respondió señalando que el análisis del Comité no refleja adecuadamente el contexto actual. La posición oficial sostiene que las desapariciones están principalmente vinculadas a dinámicas del crimen organizado y que existen avances institucionales en materia de búsqueda, identificación forense y actualización de registros. En este sentido, se reiteró la continuidad de políticas como el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y los trabajos de depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
En paralelo, autoridades federales informaron sobre procesos de revisión y actualización de bases de datos, con el objetivo de mejorar la calidad de la información. Este proceso incluye la verificación de casos, la eliminación de duplicidades y la incorporación de nuevos elementos de identificación. Sin embargo, no se anunciaron cambios estructurales en la estrategia nacional de búsqueda durante esta semana.
Por su parte, colectivos de familiares y organizaciones civiles respaldaron la intervención del organismo internacional. Diversos grupos señalaron que el mecanismo activado por Naciones Unidas puede contribuir a fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. También insistieron en la necesidad de priorizar la búsqueda en campo, el fortalecimiento de capacidades forenses y la coordinación efectiva entre niveles de gobierno.
En términos generales, la semana estuvo marcada por un intercambio de posicionamientos entre instancias internacionales, autoridades nacionales y actores sociales, sin que se presentaran nuevas medidas de política pública de carácter estructural. El eje central fue la interpretación del diagnóstico sobre la magnitud y características del fenómeno de las desapariciones en el país.
UNA VISIÓN DE LA MISIÓN ARTEMIS II
Y mientras tanto… la Luna vuelve a ser escenario de una narrativa de conquista que, más que nueva, parece cuidadosamente reciclada. El éxito de la misión Artemis II ha sido presentado como un hito histórico: humanos orbitando nuevamente el satélite, tecnología de punta, diversidad en la tripulación y un regreso seguro a la Tierra. Todo correcto en el plano técnico. Pero incompleto en el plano político.
La NASA no solo envió astronautas en la cápsula Orion a bordo del Space Launch System. También envió un mensaje: el regreso a la Luna no es únicamente científico, es estratégico. En un contexto de competencia abierta con China, la misión funciona como afirmación de liderazgo tecnológico y geopolítico en el espacio.
El discurso oficial enfatiza logros incuestionables: récords de distancia, observaciones inéditas, validación de sistemas críticos. Pero lo que queda fuera del relato es el costo —económico y político— de este tipo de programas. Artemis es uno de los proyectos más caros en la historia reciente de la exploración espacial, sostenido por presupuestos públicos en un momento donde las desigualdades terrestres siguen sin resolverse.
La inclusión de perfiles diversos en la tripulación, una mujer, un astronauta afroamericano, un canadiense, marca un cambio simbólico respecto al programa Programa Apolo. Sin embargo, esa apertura convive con una estructura profundamente estatal y corporativa, donde actores privados comienzan a jugar un papel creciente en la siguiente fase del programa.
Porque Artemis II es la antesala de Artemis III, que plantea no solo volver a la superficie lunar, sino establecer presencia sostenida. Y ahí es donde la narrativa cambia: de exploración a ocupación.
La Luna deja de ser un destino simbólico para convertirse en un territorio potencial de explotación futura, desde recursos minerales hasta infraestructura estratégica.
El propio diseño del programa incluye alianzas con empresas privadas y la construcción de una economía cislunar. En otras palabras, lo que hoy se presenta como ciencia, mañana puede traducirse en mercado. La historia terrestre ofrece suficientes precedentes sobre cómo estos procesos suelen desarrollarse.
Nada de esto invalida el logro técnico de Artemis II. La misión funcionó. La nave salió, orbitó y regresó y mostró imágenes impresionantes. Pero el éxito técnico no cancela el debate político. Más bien lo abre.
Cada vez que la humanidad “vuelve a mirar al cielo”, también redefine su relación con la Tierra. ¿Qué significa invertir miles de millones en salir del planeta mientras las crisis climáticas, energéticas y sociales se profundizan dentro de él?
CUÁNTO NOS HACES FALTA, DON JULIO SCHERER GARCÍA
Esta semana, el nombre de Julio Scherer García volvió a circular en medios, columnas y conversaciones públicas en México, en el marco de un nuevo aniversario de su fallecimiento. No se trató de un hecho aislado, sino de una reactivación de su figura en un momento donde el debate sobre el periodismo, el poder y la verdad vuelve a tensarse.
Scherer García fue una de las figuras centrales del periodismo mexicano del siglo XX. Su paso por Excélsior marcó una etapa clave de apertura editorial, que terminó abruptamente en 1976 tras un conflicto con el gobierno de Luis Echeverría. Su salida, junto con un grupo de periodistas, es considerada uno de los episodios más representativos de presión política sobre medios de comunicación en el país.
A partir de ese momento, Scherer impulsó la creación de Proceso, un proyecto editorial que se consolidó como referencia del periodismo crítico en México. Desde ahí, construyó un estilo basado en entrevistas directas, investigación y una narrativa que colocaba en el centro la rendición de cuentas del poder.
Las menciones de esta semana recuperaron, sobre todo, ese legado. En un contexto actual marcado por disputas entre medios, gobierno y actores económicos, su figura apareció como punto de comparación: la de un periodismo que confrontaba al poder político de forma frontal, incluso en condiciones adversas.
Más allá de la conmemoración, su nombre sigue funcionando como referencia para entender la relación histórica entre prensa y Estado en México. Su trayectoria, desde Excélsior hasta Proceso, sintetiza tensiones que no han desaparecido: control político, independencia editorial y el papel del periodismo en la vida pública.
