Esta semana en en15dias.com analizamos los temas socioambientales y políticos más relevantes: desde la apertura de Michoacán a empresas israelíes de seguridad y el autogobierno indígena en San Miguel del Monte, hasta la Ley General de Aguas, la crisis de Gaza y la expansión de megaproyectos en México. Un resumen crítico con contexto y datos que muestran la realidad detrás del discurso oficial.
El (resumen) Semanal: Semana #41: del 06 al 12 de octubre 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #41: del 06 al 12 de octubre 2025
El (resumen) Semanal: Semana #41: del 06 al 12 de octubre 2025
Vaya, vaya… esta semana en15dias.com reveló que Michoacán abrió la puerta a empresas israelíes en seguridad pública.
Y es que Compañías como Grupo Kabat, SYM Servicios Integrales y CityShob, lideradas por Niv Moshe Yarimi, instalaron Kabat One: cámaras, inteligencia artificial y apps móviles que prometen “proteger” a la ciudadanía mientras registran cada movimiento.
El gobierno estatal, encabezado por Alfredo Ramírez. Bedolla, niega vínculos, pero los contratos y documentos, ahora públicos, muestran otra realidad.
Colectivos y partidos advierten que estas empresas están asociadas con violaciones a derechos humanos en Gaza. En Michoacán, mientras se instalan las cámaras, la sociedad debate si la seguridad vale más que la ética.
Lo que revelamos desde nuestro reportaje es que la Secretaría de Seguridad Pública firmó contratos con compañías israelíes, contradiciendo versiones oficiales que aseguraban lo contrario. Vaya, vaya…
Esto sigue siendo un genocidio
Vaya, vaya… está bien que los seis activistas de la Global Sumud hayan vuelto. Qué bueno que estén vivos. La llegada merece alivio y —sí— reconocimiento. Pero el alivio no borra la verdad ni disuelve la trama mayor: mientras ellos regresan, Gaza sigue ardiendo; Gaza sigue siendo un Genocidio.
En los últimos días, Estados Unidos impulsó una nueva ronda de negociaciones entre Israel y Hamas. El plan propone tres fases: un alto al fuego temporal, la liberación gradual de prisioneros palestinos e israelíes, el ingreso de ayuda humanitaria y el repliegue parcial de tropas israelíes. Washington lo vende como un acuerdo histórico, pero en el terreno la tregua se cumple a medias.
Israel se niega a liberar a figuras políticas clave como Marwan Barghouti. Hamas rechaza entregar el control total de Gaza o aceptar el desarme. Los camiones de ayuda humanitaria entran con restricciones militares y la reconstrucción avanza entre ruinas, hambre y cuerpos sin identificar. La paz que se firma en los despachos se desmorona bajo los drones que aún sobrevuelan.
Los datos no mienten. Desde octubre de 2023, el Ministerio de Salud de Gaza —citando a la ONU— registra más de 67 mil muertos y 169 mil heridos.
La OMS documenta el colapso casi total del sistema de salud, con hospitales destruidos y miles de muertes por desnutrición y falta de atención médica.
El 80% de la población ha sido desplazada; más del 70 % de la infraestructura civil está destruida. Eso no es un conflicto armado: es genocidio sostenido con lenguaje diplomático.
Celebrar el regreso de los activistas es justo. Pero olvidar lo que pasa en Gaza sería complicidad. La repatriación no puede convertirse en cortina de humo ni en relato de alivio nacional. La dignidad de los ciudadanos —y la coherencia del Estado mexicano— no se miden por conferencias de prensa, sino por la capacidad de llamar las cosas por su nombre. Genocidio. No operación. No guerra. Genocidio. Y mientras el mundo negocia la paz, Gaza sigue en Genocidio
San Miguel del Monte: el agua, el autogobierno y la disputa por el territorio
Vaya, vaya… El 12 de octubre no solo será el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Indígenas. En Michoacán, también será el día en que la comunidad Pirinda de San Miguel del Monte decida ejercer su derecho al autogobierno.
Y es que la consulta, organizada por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y respaldada por la comunidad, se realizará en cuatro sedes — la cabecera, San Miguel del Monte y en sus encargaturas de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, Las Torrecillas y El Páramo.
Según las autoridades electorales la elección se desarrollará con voto libre y secreto. Representantes del gobierno municipal, estatal y del IEM acompañarán el proceso, mientras un operativo de seguridad con unos 35 agentes de la Policía Morelia resguardará la jornada.
Vaya, vaya… El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, admitió que la comunidad “está dividida y que persisten dudas sobre lo que implica regirse por usos y costumbres”. Sin embargo lo que no dice el funcionario es que esta división la han promovido desde las oficinas del Ayuntamiento.
Mientras tanto, el alcalde panista Alfonso Jesús Martínez Alcázar advirtió que, si el resultado favorece el autogobierno, la comunidad “deberá asumir la gestión de todos los servicios públicos: recolección de basura, alumbrado, agua y seguridad”. Lo cual es totalmente falso.
Hay que recordarle al alcalde panista que la autonomía no significa aislamiento ni pérdida de programas sociales o derechos. La autonomía indígena está amparada por la Constitución y permitiría a la comunidad administrar directamente un presupuesto estimado en 4 millones 26 mil pesos anuales.
Y es que hay que decirlo fuerte y claro: la búsqueda por el dichoso autogobierno es de fondo por el conflicto del agua con un particular. Es decir, es por la defensa del territorio y de los recursos ancestrales que han cuidado y conservado, gestionado y administrado.
El proceso hacia el autogobierno no puede entenderse sin mirar el conflicto por el agua. Y eso es lo que no entienden desde las autoridades de los tres niveles de gobierno y el grupo opositor.
En febrero de 2023, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó una concesión del manantial La Mina —históricamente comunitario— a la empresa privada Comercializadora Bicentenario, vinculada al sector inmobiliario y a políticos locales.
Esa concesión afectó el suministro tradicional de agua para San Miguel del Monte y varias colonias del sur de Morelia. A pesar de que el área fue protegida por decreto presidencial desde 1936, los habitantes denuncian que la empresa ha sobreexplotado el acuífero, rebasando los 25 mil metros cúbicos autorizados al año, y ha vendido el agua en pipas de hasta 1,200 pesos cada una, generando ganancias millonarias.
Mientras la comunidad exige la cancelación inmediata de la concesión, CONAGUA ofreció devolver solo 2 litros por segundo del manantial, condicionando el acuerdo a que la comunidad adopte el autogobierno indígena. Para los habitantes, esto representa una forma de presión y una respuesta insuficiente.
“Se nos despojó de nuestra agua para beneficiar a privados que lucran con la sed de los pueblos y de la ciudad”, denunciaron representantes de la comunidad.
A este proceso se le ha añadido un factor que incide en la propia decisión de la comunidad y es la amenaza y desinformación en la que se encuentran.
Se ha denunciado en varias ocasiones, que los promotores del autogobierno han recibido amenazas de muerte presuntamente ligadas al crimen organizado… Vaya, vaya…
Esto es muy peligroso. A este escenario se le suma una campaña de desinformación que busca desalentar el voto a favor de la autonomía mediante rumores sobre la pérdida de servicios o apoyos sociales.
Pese a ello, la consulta sigue en pie. Para las comunidades indígenas, representa un paso histórico: si se aprueba, San Miguel del Monte sería la primera comunidad indígena Pirinda con autogobierno indígena dentro del municipio de Morelia.
Y es que hay que repetirlo: el proceso del autogobierno en San Miguel del Monte no es solo una disputa política o administrativa. Es la respuesta de un pueblo que busca proteger su territorio y sus recursos frente a un modelo que, denuncian, privilegia la privatización y el lucro sobre el derecho humano al agua.
Pero no hay que perderse en el tema. No hay que ser ingenuos ni tampoco ser deshonestos ante lo que se ha evidenciado y documentado, el movimiento en San Miguel del Monte no es por el autogobierno (que por supuesto que les beneficia) es por la lucha por el agua, por su territorio, por la decisiones sobre de él.
San Miguel del Monte decidirá este domingo si le entra al autogobierno. Pero más allá del resultado, el mensaje es claro: el pueblo pirinda de San Miguel del Monte seguirá defendiendo su derecho a decidir, a gestionar sus recursos y a proteger el agua que da vida no solo a sus comunidades, sino también a la ciudad que creció gracias a ella.
En15Días seguirá de cerca la jornada y sus implicaciones para las luchas por la autonomía y la defensa del agua en Michoacán.
Llegó la Ley General de Aguas ¿el principio del fin del agua privatizada?
Vaya, vaya… después de 13 años de espera, el Congreso mexicano finalmente recibió la iniciativa de la Ley General de Aguas (LGA). Llegó con retraso histórico, pero con la promesa de corregir una injusticia estructural: que el agua en México ha sido tratada como mercancía y no como derecho humano.
La propuesta, publicada en la Gaceta Parlamentaria el 9 de octubre de 2025, busca sustituir a la vieja Ley de Aguas Nacionales (LAN) de 1992, creada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari. Aquella ley neoliberal transformó el agua en un bien concesionable, abriendo las puertas a la concentración, el acaparamiento y la especulación.
Y es que hoy, el 1% de los concesionarios concentra el 20% del agua nacional, mientras miles de comunidades sobreviven con tandeos y pozos secos.
La reforma constitucional de 2012 reconoció el derecho humano al agua, pero el Congreso nunca emitió la ley que debía hacerlo efectivo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2022 que había una omisión legislativa, una deuda directa con la población.
Esa deuda es la que intenta saldarse ahora.
Con una crisis hídrica que golpea a todo el país —cuencas sobreexplotadas, sequías extremas, contaminación y desigualdad—, la nueva ley llega en el punto más crítico del ciclo: cuando la gestión del agua se ha convertido en una cuestión de supervivencia nacional.
El proyecto propone reordenar todo el sistema. Plantea que el agua para consumo humano y doméstico será prioridad absoluta; se garantiza un mínimo vital, se prohíbe el corte total del servicio por impago, y se incorpora el principio “in dubio pro aqua”: ante la duda, se favorece el derecho al agua.
También se reconocen los sistemas comunitarios de agua, una exigencia de décadas de pueblos y comunidades que gestionan sus propios recursos sin apoyo estatal. Se establecen lineamientos para captación de agua pluvial, planeación hídrica nacional y se crea un nuevo Registro Nacional del Agua (RENA), que busca transparentar lo que hoy es un terreno de opacidad.
Uno de los puntos más disruptivos es la prohibición de vender, rentar o transferir derechos de agua. Las concesiones inactivas deberán regresar al Estado, y se crean nuevos delitos por transferencias ilegales o manipulación de cauces.
Es, en los hechos, un golpe al corazón del sistema concesionario salinista. Una señal de que la era del agua privatizada podría estar llegando a su fin.
No todo es celebración. La Contraloría Nacional del Agua, investigadores del Congreso RISSA y organizaciones en Michoacán advierten que la ley llega con vacíos técnicos y límites políticos.
El mínimo vital propuesto es de 50 litros por persona al día, la mitad del estándar internacional recomendado. No hay claridad sobre cómo se desmontará el régimen actual de concesiones, ni sobre los mecanismos de transición para los grandes usuarios industriales o agroexportadores.
Y el reto mayor: la capacidad real de los municipios. Sin infraestructura, medición ni presupuesto, los gobiernos locales pueden quedar atrapados entre las nuevas obligaciones y las viejas carencias.
La iniciativa abre una nueva etapa de lucha política. Las comisiones legislativas deberán dictaminarla, debatirla y aprobarla antes de que llegue al pleno. En el camino, los intereses empresariales y agroindustriales presionarán para suavizar sus implicaciones.
Mientras tanto, las comunidades y organizaciones socioambientales se preparan para defender su espíritu original: que el agua deje de ser negocio y vuelva a ser derecho.
La llegada de la Ley General de Aguas no es el final de una lucha, sino su punto de inflexión.
México puede pasar del modelo de concesiones y lucro al de justicia hídrica, pero solo si el Congreso escucha a las comunidades, si la CONAGUA deja de ser un instrumento político, y si la ciudadanía se organiza para vigilar que el derecho al agua se cumpla en los hechos.
FOTO: GOBIERNO DE MICHOACÁN.
Infraestructura hidráulica en Pátzcuaro: ¿rescate real o foto para la historia?
Vaya, vaya… el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla presume una “exitosa gestión” ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la autorización de 146.8 millones de pesos para ampliar y rehabilitar tres plantas tratadoras en Pátzcuaro.
Las cifras son llamativas: casi 100 millones para San Pedrito, 27 para Las Garzas y 20 para Janitzio. La narrativa oficial habla de saneamiento de aguas, eficiencia para consumo humano y recuperación del lago. Todo suena perfecto sobre el papel.
Pero no podemos dejar de preguntarnos si estas obras realmente responden a un plan integral de rescate ambiental o son otra exhibición de gestiones “fotogénicas”.
Y es que esta semana, se sostuvo la reunión interinstitucional de Revisión de Acciones para el Lago de Pátzcuaro 2026. Y mientras se anuncian cifras millonarias y se celebran logros, las comunidades locales y los ecologistas de la región saben que la crisis del lago de Pátzcuaro no se resuelve solo con inversión en infraestructura.
El lago lleva años sufriendo descuido, contaminación por descargas residuales y sobreexplotación de manantiales.
El gobernador promete eficiencia, pero detrás del anuncio queda la duda sobre los tiempos de ejecución y la supervisión real de estas obras. La rehabilitación de plantas no es magia; la transparencia, la calidad de los trabajos y la participación ciudadana serán la prueba de fuego.
El “rescate del lago” suena a campaña ambiental que se suma a la narrativa de la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo, asegurando derechos al agua y cuidado de los recursos naturales. Pero si no se hace un seguimiento riguroso, estas promesas podrían quedar como meros titulares, mientras el lago sigue sufriendo en silencio.
Los 146.8 millones de pesos son una buena noticia… si llegan a convertirse en obras tangibles y efectivas. De lo contrario, se sumarán al historial de “gestiones exitosas” que, en la práctica, no logran rescatar ni un litro de agua del lago de Pátzcuaro.
Toneladas de fruta, toneladas de riesgos: plaguicidas sin control en Michoacán
Vaya, vaya… Mientras el gobernador celebra que Michoacán produce más de 3.8 millones de toneladas al año de aguacate, limón, guayaba, fresa y zarzamora, los riesgos sanitarios crecen en silencio.
Según Alfredo Ramírez Bedolla, la entidad produce más de 2 millones de toneladas de aguacate en alrededor de 182 mil hectáreas, distribuidas en 66 municipios, destacando Uruapan, Tancítaro, Ario, Peribán y Tacámbaro.
La fresa alcanza 411 mil toneladas anuales, destinadas al consumo local, nacional y exportación; la zarzamora produce 242 mil toneladas en más de 9 mil 900 hectáreas, y la guayaba 192 mil toneladas, principalmente en la zona oriente. Michoacán también lidera a nivel nacional en frambuesa y arándano, ocupa el cuarto lugar en agave mezcalero y el sexto en mango y plátano.
Pero mientras las estadísticas brillan, la COFEPRIS lanzó una advertencia que pocos titulares oficiales destacan: el uso de plaguicidas sin registro sanitario pone en riesgo la salud de productores, consumidores y, paradójicamente, de los mismos cultivos que sostienen la economía agrícola del estado.
La alerta es simple y brutal: cualquier agroquímico sin registro es ilegal, y su uso indiscriminado amenaza la seguridad alimentaria. Vaya, vaya…
Y es que el problema es estructural. La falta de supervisión, la presión por maximizar producción y la débil regulación permiten que productos clandestinos circulen libremente.
Miles de campesinos, presionados por la demanda del mercado internacional y la promesa de grandes ganancias, aplican químicos que pueden enfermar a sus familias y consumidores, mientras autoridades locales y estatales se limitan a campañas informativas, sin enfrentar las raíces del problema.
Así, Michoacán produce récords de toneladas y exportaciones, pero también exporta riesgos invisibles: pesticidas ilegales, contaminación de suelos y agua, y amenazas a la salud pública.
Las cifras de producción se celebran, pero lo que no se cuenta es que detrás de cada tonelada hay un agricultor expuesto a químicos sin control y un ecosistema que paga la factura.
Y es que la paradoja es evidente: se presume liderazgo nacional en agricultura mientras se permite que los plaguicidas de dudosa procedencia invadan los campos.
Hay que preguntarnos ¿para quién se produce realmente en Michoacán y a qué costo para quienes trabajan la tierra y consumen sus frutos? El estado sigue brillando en estadísticas, pero en la práctica, la justicia sanitaria y ambiental sigue siendo un lujo inaccesible.
Cinelia: pantalla del capital
Vaya, vaya… el estreno de Cinelia, el nuevo cine de lujo en Paseo Altozano, fue presentado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como una muestra de “diversificación cultural” y “desarrollo económico” para la capital michoacana.
Y es que detrás del discurso del progreso, la inauguración refleja una vieja constante: la cultura entendida como extensión del mercado y no como derecho social.
El complejo —con 10 salas y una inversión privada que generó 35 empleos directos y más de 100 indirectos— se levanta en el corazón comercial más exclusivo de Morelia, un espacio donde los proyectos culturales se confunden con los de consumo.
La imagen del gobernador cortando el listón en un centro comercial sintetiza la lógica del nuevo capitalismo cultural: promover la cultura solo cuando produce rentabilidad, no cuando garantiza acceso.
Mientras tanto, los cines comunitarios y las casas de cultura sobreviven con presupuestos mínimos, los proyectos independientes carecen de apoyo estatal, y el propio Festival Internacional de Cine de Morelia se sostiene más por patrocinios que por políticas públicas.
La apertura de Cinelia, presentada como “impulso al arte”, se traduce en subsidio simbólico al capital privado: el Estado legitima el negocio mientras desatiende la infraestructura cultural de base.
El cine se convierte así en metáfora del país: pantallas brillantes para unos pocos, oscuridad presupuestal para el resto. En Morelia, la “diversificación cultural” tiene precio de entrada, combo y estacionamiento. Vaya, vaya…
“Plan (extractivista) México” en el Foro Económico Mundial
Vaya, vaya… La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ante el Foro Económico Mundial su gran carta de navegación económica: el “Plan (extractivista) México”, como lo hemos llamado en en15dias.com.
Un proyecto que, según el gobierno, promete “fortalecer el mercado interno, elevar salarios, impulsar la inversión pública y privada, y alcanzar la soberanía alimentaria y energética”.
Y es que, en el discurso, el Gobierno de México pinta que se entrará en la era de la “innovación, la conectividad y la inteligencia artificial”, sin embargo, en la realidad, el país profundiza su dependencia del modelo extractivo y corporativo.
El “Plan (extractivista) México” incluye megaproyectos: 26 mil megawatts de energía generados por la CFE y empresas privadas, 158 obras de transmisión eléctrica, la ampliación de infraestructura ferroviaria, carretera, aeroportuaria y portuaria, además de 26 Polos de Desarrollo Económico (PODECOBI) que ofrecerán incentivos fiscales a la inversión nacional y extranjera.
También contempla la expansión de la producción petrolera —1.8 millones de barriles diarios—, el desarrollo del gas natural y la modernización del riego agrícola. Todo envuelto en el lenguaje de la “soberanía energética”, “innovación tecnológica” “sustentabilidad y justicia ambiental”. Vaya, vaya…
Muy bonito todo, pero detrás del discurso de modernización late el mismo corazón de siempre: la acumulación por despojo.
Hay que decirlo, hasta el cansancio, los PODECOBI no son polos de bienestar: son zonas de sacrificio reeditadas. Se instalan donde hay agua, minerales, gas, biodiversidad y comunidades campesinas, para transformarlas en territorio corporativo. El modelo no cambia: el capital extranjero recibe incentivos, las comunidades reciben promesas.
FOTO: GOBIERNO DE MÉXICO.
El programa “México, país de innovación” suena moderno —formación científica, financiamiento a Pymes, inteligencia artificial—, pero es la nueva fachada de un viejo modelo de dependencia tecnológica. La innovación sin soberanía tecnológica es subordinación digital. México se perfila como el laboratorio del “desarrollo verde y digital” del Foro Económico Mundial, donde la sostenibilidad se mide en megawatts y no en justicia territorial.
El “Plan México” no rompe con el pasado; lo perfecciona en clave neoliberal con discurso progresista. Se habla de soberanía, pero el plan se presenta ante el Foro Económico Mundial, el mismo espacio donde se negocia el futuro de los pueblos sin los pueblos. Vaya, vaya…
FOTO:SEMARNAT.
“Restauración” y discursos verdes: cuando la justicia ambiental queda en palabras
Vaya, vaya… Mientras la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, desfila frente a las cámaras y las comisiones de la Cámara de Diputados con cifras y objetivos, en el país real los ríos siguen siendo vertederos, los bosques se talan y las comunidades esperan agua, tierra y aire limpio, además de que los defensoreas y defensores siguen siendo criminalizados y asesinados.
La comparecencia del pasado 6 de octubre fue un recital de metas ambiciosas: saneamiento del Lerma-Santiago, Atoyac y Tula, reforestación de 218 mil hectáreas, transición energética, economía circular y NDC 3.0 rumbo a cero emisiones netas para 2050.
Palabras que suenan bien en la Gaceta Ecológica, pero que chocan con la realidad de los ejidos y pueblos que ven cómo concesiones de agua y megaproyectos industriales siguen priorizando lucro sobre vida…. Vaya, vaya…
Y es que el lenguaje humanista y la retórica de justicia social contrastan con los datos duros de Michoacán y otros territorios, donde el campo se abandona, los manantiales se privatizan y la contaminación industrial sigue sin freno.
Restauración, sí, pero en un país donde el extractivismo define la política ambiental, las palabras verdes a veces se diluyen antes de tocar el suelo.
En agua, Bárcena presume la recuperación de 4,475 millones de metros cúbicos e inversiones por 7,681 millones de pesos, pero la comunidad de San Miguel del Monte y comunidades de la cuenca del Tula denuncian despojo de manantiales y concesiones que benefician a privados.
En energía, México apunta al 38% de generación renovable al 2030; mientras tanto, las zonas de sacrificio industrial siguen acumulando emisiones y enfermedades respiratorias. La justicia ambiental, parece, tiene más audiencia en comisiones que en los territorios.
El discurso de transparencia y supervisión ambiental también se queda corto: “No llegamos a detener obras, sino a regularizarlas”, dice Bárcena. Traducido al lenguaje de la vida real: mientras se publican reportes semanales, las obras extractivas avanzan y las comunidades pagan el precio de los retrasos, omisiones y concesiones.
La NDC 3.0, la economía circular y los polos de reforestación son pasos importantes, pero insuficientes si no van acompañados de mecanismos reales de control, participación comunitaria efectiva y sanción a quienes contaminan.
Y es que la comparecencia muestra la visión oficial: ambiciosa, técnica y humanista en papel, pero la versión en los territorios es otra.
Y es que hay que recordarle, una vez más a la secretaria, la justicia ambiental no puede quedarse en discursos; necesita acción directa, transparencia efectiva y respeto por quienes han cuidado la tierra y el agua durante siglos.
Restaurar ecosistemas sin tocar los intereses de empresas extractivas es como prometer salud mientras se vende veneno: elegante en los informes, mortal en la realidad. Vaya, vaya…
Nobel de la Paz a Machado: ¿celebración democrática o aval a la desestabilización?
La concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a María Corina Machado no solo premia una figura política golpista sino que cuestiona los límites entre lucha democrática y acciones que erosionan la estabilidad regional. Machado ha sido protagonista de episodios polémicos en América Latina.
El Nobel entregado a Machado y dedicado a Donald Trump plantea un dilema: ¿el galardón reconoce genuinos esfuerzos por la democracia o legitima intervenciones extranjeras en Venezuela y la región?
Mientras el Comité Nobel enfatiza sus logros democráticos, su historial sugiere que las fronteras entre activismo, oposición política y desestabilización son difusas.
La decisión del Nobel invita a reflexionar sobre los criterios del Comité y sobre la relación entre premios internacionales y dinámicas políticas locales, recordando que la paz y la democracia no siempre avanzan en línea recta.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #41: del 06 al 12 de octubre 2025
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