La iniciativa presidencial busca que el agua deje de tratarse como mercancía y establece que el Estado será el único responsable de regular su uso. Se elimina la transmisión de derechos de agua entre particulares.
Diputados analizan reformas a la Ley de Aguas Nacionales y creación de Ley General de Aguas; se remitieron a comisiones legislativas
Por: en15dias.com
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó a comisiones la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de recuperar la rectoría estatal sobre este recurso vital y garantizar una distribución más equitativa.
El documento fue enviado a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión, conforme informó la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán.
Las comisiones dictaminadoras deberán ahora analizar la iniciativa y, eventualmente, presentarla al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De aprobarse, pasaría al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
¿Fin a la mercantilización del agua?
La reforma tiene como propósito fundamental que el agua deje de administrarse como mercancía. Para lograrlo, establece tres medidas centrales: Primero, el Estado mexicano será el único responsable de regular el uso del agua, fortaleciendo la rectoría pública sobre el recurso.
Segundo, desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares, práctica que ha permitido la concentración y acaparamiento del recurso. Y tercero, toda concesión de agua que no se utilice para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento.
La iniciativa establece que se revisará que el agua se destine efectivamente al uso para el que fue solicitada y concesionada, cerrando una brecha que ha facilitado el desvío del recurso hacia usos no autorizados.
Nueva Ley General de Aguas
La propuesta de Ley General de Aguas, que cumple un mandato transitorio constitucional para reglamentar el ejercicio del derecho humano al agua, delinea las acciones que deben asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar el acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico.
Según el documento se sientan las bases para el acceso, uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, reconociendo su interdependencia con otros derechos fundamentales. Además, se plantea las reglas para la distribución de competencias entre autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
Un apartado específico se dedica a fomentar la cultura del agua, la cual busca generar conciencia sobre su importancia para la vida y dignidad de las personas, promover su uso racional y eficaz, fomentar la participación social para su conservación y reconocer los sistemas comunitarios de agua.
Reformas a la Ley de Aguas Nacionales
Las modificaciones a la ley vigente introducen cambios sustanciales en el régimen de concesionescomo la responsabilidad hídrica que se incorpora para reconocer las buenas prácticas de concesionarios y asignatarios, que podrá servir como criterio favorable o atenuante en procesos administrativos.
El actual Registro Público de Derechos de Agua se transforma en un Registro Nacional del Agua, herramienta que favorecerá el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
También se establece las cuotas de garantía. Se modifican las reglas para determinar el pago de estas cuotas, con el objetivo de erradicar prácticas de acaparamiento y garantizar que el agua llegue a quien realmente la necesita y usa.
En el uso agrario se fijan reglas específicas para concesiones de uso agrario, buscando garantizar la soberanía alimentaria, reconocer los derechos de los titulares y evitar prácticas que distorsionen su objeto.
Detección de irregularidades y sanciones
La iniciativa fortalece los procedimientos para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir estas conductas.
Como complemento al esquema sancionador administrativo, incluye un catálogo de delitos hídricos, elevando a rango penal las conductas más graves relacionadas con el mal uso o acaparamiento del recurso.
¿Seguridad jurídica y certeza?
Según el documento presidencial, estas medidas permitirán recobrar la rectoría del Estado en el régimen del agua y lograr una distribución más justa del recurso vital, garantizando a las generaciones presentes y futuras el disfrute del derecho fundamental al agua.
La propuesta busca dar certeza a la actuación de la autoridad y brindar seguridad jurídica a los usuarios, privilegiando el interés general sobre intereses particulares o mercantiles.
Las comisiones dictaminadoras deberán ahora analizar la iniciativa y, eventualmente, presentarla al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y votación. De aprobarse, pasaría al Senado de la República para continuar el proceso legislativo.
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