Comunidades purépechas cuestionaron el proceso de consulta impulsado por el INPI para la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el mecanismo no garantiza una deliberación desde las asambleas comunitarias. Entre sus principales demandas plantean el reconocimiento de la seguridad comunal, el autogobierno como un cuarto nivel de gobierno, el presupuesto directo, la coordinación entre sistemas de justicia y la defensa del territorio. / Comunidades indígenas rechazan consulta del INPI y exigen ampliar derechos de autogobierno
Comunidades rechazan consulta del INPI y exigen ampliar derechos de autogobierno
Por: en15dias.com / Con información de Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas
El Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas cuestionó el proceso de consulta sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Piden respetar los tiempos de deliberación comunitaria e incorporar temas como seguridad comunal, presupuesto directo, justicia indígena y territorio.
Las autoridades comunales de 12 comunidades purépechas y la Coordinación Comunal de Santa Fe de la Laguna, integrantes del Frente por la Autonomía de Concejos y Comunidades Indígenas, manifestaron su rechazo a la consulta convocada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) sobre la propuesta de iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
En un pronunciamiento dirigido al INPI, al Gobierno de México, a los pueblos y comunidades indígenas y a la opinión pública, las comunidades señalaron que el procedimiento establecido para analizar la iniciativa no garantiza, a su consideración, las condiciones necesarias para una deliberación comunitaria.
El Frente sostuvo que una propuesta legislativa de esta magnitud, que contempla temas relacionados con gobierno, justicia, territorio, presupuesto, educación, salud, consulta y sistemas normativos, requiere ser estudiada previamente por las autoridades y asambleas de cada comunidad.
CUESTIONAN EL FORMATO DE LA CONSULTA
Las comunidades señalaron que una Asamblea Regional no puede sustituir las deliberaciones de las asambleas comunitarias y cuestionaron que el proceso haya sido desarrollado en un periodo que consideran insuficiente.
“Nuestros tiempos comunales no son los tiempos administrativos del gobierno”, señalaron en el documento.
El Frente consideró que, bajo las condiciones actuales, el ejercicio no constituye una consulta indígena real, sino un procedimiento que podría utilizarse para acreditar formalmente el cumplimiento del derecho a la consulta sin garantizar las condiciones para una participación efectiva.
SEGURIDAD COMUNAL, UNA DE LAS PRINCIPALES DEMANDAS
Entre los temas que las comunidades consideran ausentes o insuficientemente desarrollados en la propuesta de ley se encuentra la seguridad comunal.
El Frente pidió que la legislación reconozca expresamente a las guardias, rondas, rondines, Kuaricha o K’uajpiricha como instituciones propias de los gobiernos indígenas.
Para las comunidades, la seguridad forma parte del ejercicio de su autonomía debido a las funciones que desempeñan estos cuerpos en la protección de la población, el territorio y la organización comunitaria.
PIDEN RECONOCER EL AUTOGOBIERNO COMO CUARTO NIVEL DE GOBIERNO
Otro de los planteamientos centrales es que la legislación federal reconozca el autogobierno indígena como un cuarto nivel de gobierno.
El Frente argumentó que la autonomía no se limita a elegir autoridades mediante usos y costumbres, sino que implica ejercer funciones públicas, administrar recursos, realizar obras y prestar servicios, elaborar planes de desarrollo y tomar decisiones a través de las propias asambleas.
Las comunidades plantearon que la experiencia desarrollada en Michoacán debe ser reconocida a nivel nacional y no quedar subordinada a los gobiernos municipales, estatales o federales.
EXIGEN RECONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO DIRECTO
El posicionamiento también reclama incorporar de manera explícita el derecho de las comunidades a la administración directa de los recursos públicos correspondientes a las funciones de gobierno que ejercen.
Las comunidades señalaron que el presupuesto directo no debe limitarse a fondos o programas destinados a pueblos indígenas, sino que debe permitir que las comunidades que ejercen funciones de gobierno administren directamente los recursos que les corresponden, bajo las decisiones de sus asambleas y autoridades.
PLANTEAN UNA COORDINACIÓN DISTINTA ENTRE LAS JUSTICIAS
Respecto a la justicia indígena, el Frente reconoció que la propuesta de ley contempla la jurisdicción indígena, pero consideró insuficientes los mecanismos de coordinación con las instituciones de justicia estatal.
Entre sus propuestas se encuentran establecer mecanismos de coordinación con Fiscalías y Poder Judicial, reglas para resolver conflictos de competencia, comunicación sobre actuaciones estatales dentro de territorios indígenas y mecanismos de colaboración entre ambos sistemas de justicia.
El planteamiento central es que esta coordinación se base en el pluralismo jurídico y la no subordinación de la justicia indígena frente a la justicia estatal.
DEFENSA DEL TERRITORIO Y RECHAZO A LA AUTOPISTA URUAPAN-ZAMORA
El pronunciamiento también incorpora una postura frente al proyecto federal denominado “Autopista de la Agroexportación Uruapan–Zamora”.
El Frente manifestó su rechazo al proyecto debido a la posible afectación de tierras comunales de J. Jesús Díaz Tzirio, y señaló que, a su consideración, no se ha realizado una consulta previa, libre e informada ni se cuenta con el consentimiento de la comunidad.
Las comunidades sostuvieron que el proyecto no debe ser considerado únicamente como una obra de infraestructura, debido a sus posibles efectos sobre tierras, caminos, bosques, parcelas, agua, formas de producción y organización comunitaria.
Por ello, exigieron al Gobierno Federal, a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al Gobierno de Michoacán y a la empresa concesionaria desechar el proyecto y evitar cualquier acto relacionado con la liberación de derecho de vía o disposición de tierras comunales sin la decisión de las asambleas.
ADVIERTEN SOBRE UN POSIBLE RETROCESO EN DERECHOS
El Frente también argumentó que la nueva Ley General debe garantizar un piso mínimo de derechos para los pueblos indígenas del país y no convertirse en un límite para las comunidades que ya han alcanzado mayores niveles de autonomía.
Las comunidades señalaron que en Michoacán derechos como el autogobierno, presupuesto directo, seguridad comunal y sistemas propios de justicia son resultado de años de organización, movilización y procesos jurídicos.
Con base en el principio de progresividad de los derechos humanos, sostuvieron que la legislación federal no debería reducir los niveles de reconocimiento y protección alcanzados previamente.
El Frente pidió que el proceso legislativo se construya con la participación efectiva de los pueblos y comunidades y que se respeten sus propias formas de deliberación.
“La autonomía no se concede desde arriba: se ejerce y se construye desde nuestras comunidades”, concluye el posicionamiento.
