Organizaciones de Morelia rechazan la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas. Acusan que mantiene el acaparamiento por empresas privadas y no garantiza el derecho humano al agua ni el reconocimiento de los sistemas comunitarios que han protegido las fuentes históricas.
Organizaciones de Morelia: la nueva Ley de Aguas no toca el acaparamiento privado
Por: en15dias.com / Con información de la comunidad de San Miguel del Monte y organizaciones ciudadanas
El conflicto por el control del manantial La Mina, en la comunidad indígena pirinda de San Miguel del Monte, al sur de Morelia, se ha convertido en un símbolo de las disputas por el agua en México.
Representantes comunitarios y organizaciones ciudadanas denunciaron que el caso ilustra los vacíos legales y las fallas de la política hídrica nacional, en un contexto en el que el gobierno federal promueve una reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas.
Críticas a la reforma hídrica federal y a la nueva ley
Organizaciones como el Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL), el Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM), la Contraloría Autónoma del Agua Intawi y la Coordinadora de Colectivos Activistas y Organizaciones Sociales (CCAOS) advirtieron que la propuesta de dividir el marco legal en dos leyes —una Ley General de Aguas y reformas a la Ley de Aguas Nacionales— no resuelve el problema estructural ni garantiza el derecho humano al agua.
“Se trata de una trampa: la nueva Ley General de Aguas se limitaría al uso doméstico y particular, pero no tocaría los intereses de los grandes acaparadores ni revertiría concesiones otorgadas irregularmente”, denunciaron los colectivos en un boletín difundido el 8 de octubre en Morelia.
Entre los principales señalamientos, las organizaciones enlistan que:
- No se revierte el acaparamiento existente: Las reformas no contemplan cancelar concesiones otorgadas de manera irregular ni redistribuir el agua concentrada en manos de grandes concesionarios, como los socios de Comercializadora Bicentenario.
- No se combate a los “peces grandes” del agua: Aunque algunas concesiones sean legales, su distribución es desigual y perjudica a pueblos indígenas y zonas urbanas marginadas.
- Se centraliza el control en CONAGUA: En lugar de democratizar la gestión, se fortalece a una institución señalada de corrupción y se limita la autonomía comunitaria.
- Se desconocen derechos de sistemas comunitarios: Funcionarios locales, como el delegado de CONAGUA en Michoacán, han condicionado el reconocimiento de estos sistemas a que las comunidades se sometan a políticas gubernamentales, como el autogobierno.
El despojo del manantial histórico
Para los defensores del agua, el caso de San Miguel del Monte demuestra que, sin la cancelación de concesiones irregulares y el reconocimiento de los sistemas comunitarios, las reformas seguirán favoreciendo la privatización y el lucro sobre un recurso vital.
El manantial La Mina ha abastecido durante siglos a la comunidad pirinda y, desde finales del siglo XIX, a las colonias del sur de Morelia. De hecho, es parte de la cuenca del río Chiquito, que alimentó históricamente al Acueducto de Morelia. Por su importancia, en 1936 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la zona como Área Forestal Vedada, para proteger el bosque y el agua de la ciudad.
Pese a esa protección, en febrero de 2023 la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) otorgó una concesión a la empresa privada Comercializadora Bicentenario, cuyos socios están ligados al sector inmobiliario y al PRI, según organizaciones locales. La concesión afectó el suministro histórico de agua a la comunidad y a varias colonias morelianas.
Desde entonces, los habitantes denuncian el despojo del manantial, la destrucción de infraestructura comunal y la venta de agua en camiones cisterna (pipas) a precios elevados.
De acuerdo con habitantes de San Miguel del Monte y activistas ambientales, la Comercializadora Bicentenario, empresa privada vinculada a actores políticos y al sector inmobiliario, habría rebasado el volumen de agua concesionado —25 mil metros cúbicos al año—.
Entre enero y septiembre de 2025, el precio de cada pipa aumentó de 800 a 1,200 pesos, lo que representa una ganancia estimada de 3.6 millones de pesos en nueve meses, cerca de medio millón mensual.
La concesión autoriza extraer 25,000 m³ de agua, pero los representantes comunitarios aseguran que la empresa ya bombeó 30,000 m³, equivalentes a 500 viajes de pipa (alrededor de 333 al mes), con lo que habría superado el límite legal.
Según la normativa, este exceso ameritaría sanción e incluso la revocación de la concesión. Además, acusan que la compañía habría retirado la tubería comunitaria que abastecía al pueblo y despojó del recurso a ranchos y barrios, mientras que la CONAGUA no ha intervenido para frenar el presunto saqueo.
Una respuesta insuficiente de la autoridad
Aunque las denuncias han sido presentadas ante CONAGUA, el organismo solo ofreció devolver 2 litros por segundo del manantial a la comunidad, condicionando el acuerdo a que San Miguel del Monte adopte el autogobierno indígena, lo que implica ceder parte de sus propios mecanismos comunitarios.
“Se nos despojó de nuestra agua para beneficiar a privados que lucran con la sed de los pueblos y de la ciudad”, señalaron representantes de la comunidad pirinda. “La autoridad no ha hecho cumplir la ley ni ha revocado la concesión”.
La comunidad exige la cancelación inmediata de la concesión a Comercializadora Bicentenario y ha advertido que tomará acciones directas contra CONAGUA si no se resuelve el conflicto. En paralelo, impulsa una consulta interna para decidir si adopta el autogobierno indígena, con el objetivo de administrar de forma autónoma sus recursos hídricos y económicos.
El Ayuntamiento de Morelia, sin embargo, ha cuestionado la viabilidad de ese autogobierno, alertando sobre la posible “pérdida” de servicios públicos municipales.
Una lucha que simboliza el derecho humano al agua
Las organizaciones argumentaron que la comunidad de San Miguel del Monte no solo reclama el agua como recurso básico, sino como parte de su territorio y herencia cultural. Por generaciones, ha mantenido un sistema propio de abastecimiento basado en el cuidado de los bosques y manantiales, elementos claves para la recarga hídrica de Morelia.
Organizaciones civiles sostienen que el conflicto representa “la prueba definitiva” para las reformas federales.
“Una ley que no devuelve el agua a quienes han sido sus guardianes históricos ni revierte el acaparamiento existente no puede considerarse transformadora ni justa”, expresaron en el pronunciamiento.
Esto te puede interesar
Artículo a revisión: Artículo 28, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos
El Artículo 28 de la LGPGIR obliga a productores y grandes generadores a formular planes de manejo para residuos peligrosos y especiales. Sin embargo, su aplicación es débil: la falta de supervisión y sanciones permite que toneladas de residuos terminen en vertederos o en cadenas informales.
La desinformación, un peligro para el periodismo ambiental en México
La desinformación amenaza al periodismo ambiental en México: datos falsos, campañas de desprestigio y rumores que frenan la comprensión de la crisis climática y los conflictos por megaproyectos. Expertos urgen más verificación, rigor narrativo y colaboración entre periodistas.
Apenas el primer año
En su primer año, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró un evento masivo al estilo del viejo PRI, destacando logros pero omitiendo pérdidas. Críticas señalan que su gobierno mantiene una relación tensa con la prensa, limita la libertad de expresión y refuerza el control sobre medios públicos.
0 comments on “Organizaciones de Morelia: la nueva Ley de Aguas no toca el acaparamiento privado”