Dos años después de iniciar la defensa de sus manantiales, San Miguel del Monte sigue sin concesión comunitaria de agua. Mientras CONAGUA mantiene abierto el conflicto, las pipas de la empresa Bicentenario continúan extrayendo agua del manantial “La Mina” para su comercialización.
La microcuenca de Lagunillas sostiene parte del abastecimiento de agua de Morelia y alimenta la cuenca de Cuitzeo. Estudios advierten que la erosión, el cambio de uso de suelo y la pérdida de cobertura vegetal están debilitando su capacidad de regular el agua y retener suelo.
Colectivos y organizaciones sociales en Morelia tomaron un inmueble público y lo rebautizaron como “Lo Común”, en protesta por la posible venta de bienes estatales. La acción busca visibilizar la exigencia de transparencia, contraloría ciudadana y defensa del patrimonio público.
El sistema de transporte público en Morelia presenta problemas de saturación en zonas céntricas y cobertura limitada en la periferia. Especialistas y organizaciones señalan la falta de planeación integral y cuestionan proyectos recientes por su bajo impacto en la movilidad cotidiana.
Defensores ambientales de Villa Madero lanzaron un ultimátum de 15 días al gobierno estatal y federal tras el asesinato de Roberto Chávez Bedoya. Acusan abandono institucional y advierten que, si no hay respuesta, tomarán la seguridad en sus manos para proteger a sus comunidades.
La microcuenca El Fresnito, en Morelia, es un sistema endorreico que no drena hacia el río Grande ni al Lago de Cuitzeo. Su carácter cerrado la vuelve clave para la recarga local, pero también más vulnerable al deterioro ambiental y a la falta de políticas públicas.
Con casi 9 mil hectáreas y una alberca volcánica única en su territorio, la microcuenca de Teremendo es una de las más extensas del municipio. Su carácter montañoso, su riqueza florística y la presión del cambio de uso de suelo la colocan en una encrucijada entre la conservación y el abandono.
El Centro Cultural Popular Universitario de Morelia denunció que el inmueble que ocupa desde 1991 fue incluido en el decreto de desincorporación de bienes del gobierno de Michoacán sin previo aviso. La organización acusa irregularidades legales, recuerda que existe un convenio firmado en 2025 que reconoce su posesión y advierte que analiza acciones jurídicas y políticas para defender el espacio cultural.
Defensores ambientales y pobladores de la región Villa Madero–Tzitzio denunciaron amenazas de muerte, asesinatos y despojo territorial vinculados a la tala clandestina y al crimen organizado. Exigen protección del Estado ante la violencia contra quienes defienden el bosque y el agua.
