¿Derecho humano al agua o negocio de élites? En San Miguel del Monte, Michoacán, comunidades indígenas enfrentan la privatización y el despojo de manantiales mientras el gobierno federal, con Claudia Sheinbaum al frente, promueve megaproyectos y acuerdos con élites empresariales. Descubre cómo el discurso de “derecho humano al agua” se enfrenta a la realidad de concesiones, pactos y justicia hídrica pendiente.
¿Derecho humano al agua o negocio de élites?
Uitzume, el perro del lago*
¿Por qué el gobierno de México no ha querido resolver el despojo de agua en San Miguel del Monte, en Morelia, Michoacán? Porque nunca se tocó el corazón neoliberal de la política hídrica.
Al inicio de su mandato, en 2024, Claudia Sheinbaum Pardo presentó con bombo y platillo el “Plan Nacional Hídrico 2024–2030” y el “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad”. El mensaje parecía claro: el agua es un derecho humano, un bien de la nación. La narrativa sonó fresca, justa, hasta progresista.
Pero el andamiaje legal que convirtió al agua en mercancía sigue intacto. La Ley de Aguas Nacionales (LAN), diseñada en los años noventa para favorecer al mercado, continúa siendo la columna vertebral de la política hídrica. Esa ley convirtió al agua en un recurso concesionable, concentrado en pocas manos con derechos sobre volúmenes gigantescos, mientras millones de familias carecen del líquido en sus casas.
En lugar de cancelar o sustituir esa norma, la presidenta optó por negociar con las élites: agroexportadores, industriales, grandes distritos de riego, gobernadores. Prefirió el pacto antes que la confrontación. Se envolvió en la retórica de los derechos humanos, pero mantuvo la lógica del despojo.
El resultado es evidente: el agua sigue fluyendo hacia los mismos de siempre. Los que más tienen, más extraen y más lucran. ¿Por qué? Porque la ley neoliberal nunca se fue.
Pactar con los poderosos
El llamado “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad” reunió a 32 gobernadores, distritos de riego y representantes empresariales. La élite hídrica del país.
En la mesa, se firmaron compromisos “voluntarios”: los distritos de riego devolverían 2,800 millones de metros cúbicos; la industria, 126 millones más; se anunciaron inversiones en tecnificación y tratamiento. Pero nada de revocaciones obligatorias. Nada de sanciones a quienes acaparan. Nada de redistribución real.
El rol del Estado fue claro: sentarse a negociar con los grandes usuarios, en vez de recuperar de oficio los volúmenes mal otorgados o sobreexplotados. Se eligió el pacto sobre la justicia.
Mientras tanto, el Plan Nacional Hídrico viene cargado de megaproyectos: presas, acueductos, plantas desaladoras, infraestructura para los llamados “polos de desarrollo”. Obras presentadas como garantía de “seguridad hídrica”, pero que en realidad desplazan comunidades y alteran ecosistemas.
Es el mismo modelo de siempre: cuando falta agua, no se cuestiona el consumo desmedido de las élites, ni se limitan concesiones; se construyen obras gigantes para seguir abasteciendo a los mismos sectores intensivos.
Las comunidades que pagan el costo
En el discurso oficial, el agua es un derecho humano. En la práctica, es un privilegio administrado. En las ciudades y polos industriales se garantiza el suministro; en las comunidades rurales, la historia es distinta: pozos secos, pipas que nunca llegan, ríos contaminados. El derecho humano sigue siendo promesa vacía.
Un caso emblemático es el de San Miguel del Monte, Michoacán, comunidad indígena pirinda que desde hace años enfrenta el despojo de sus bosques y manantiales. En 2023, la Conagua entregó a un particular la concesión del manantial La Mina, el más importante de la zona y fuente histórica de abastecimiento comunitario. La concesión se destinó a la venta de agua en camiones cisterna.
El gobierno de la autollamada “Cuarta Transformación” avaló ese despojo en nombre de la legalidad. Una aberración frente al derecho humano al agua.
La respuesta de la comunidad ha sido resistencia. Pero esa defensa ha traído consigo hostigamiento y criminalización. San Miguel del Monte muestra, con crudeza, cómo el discurso oficial se convierte en despojo: agua para fraccionamientos de élite, escasez y represión para quienes la cuidan.
¿Por qué Claudia Sheinbaum eligió esta ruta?
Hay varias razones que podemos analizar. Una de ellas es la nula confrontación que quiere (y requiere) la presidenta con la élite empresarial en un contexto de “reindustrialización” del país, como lo han llamado.
Cancelar concesiones significaría choques directos con agroexportadores, mineras e industriales. También con gobernadores que dependen de ellos. Un pleito frontal podría paralizar inversiones y abrir frentes de batalla política.
Otra razón es mantener la gobernabilidad, al menos en la percepción. El agua es un terreno de poder. La idea de sentar a todos los empresarios y sectores en la mesa, aunque sea bajo condiciones desiguales, proyecta una imagen de gobernanza consensuada.
Además, se trata de conservar el modelo económico. El Estado mexicano sigue apostando a sectores intensivos en agua: minería, agroexportación, manufactura pesada. Romper con ellos implicaría redibujar el modelo económico. No hay voluntad para tanto.
Y es que Claudia Sheinbaum ha priorizado la estabilidad política y económica por encima de la justicia hídrica.
Si de verdad se quisiera convertir el agua en un derecho humano y no en un botín, habría que derogar la Ley de Aguas Nacionales y reemplazarla con un marco basado en justicia hídrica, límites a la concentración y protección de ecosistemas.
Además, se tendrían que revocar las concesiones que violan el interés público. Y es que no se trata de negociarlas, se trata de cancelarlas.
También habría que implementar consultas libres e informadas para todas las obras, que las comunidades puedan decir “no”. Otra medida que Claudia Sheinbaum podría tomar es priorizar el consumo humano y los ecosistemas por encima de la industria y la agroexportación. Sin esas medidas, el derecho humano seguirá siendo un eslogan.
Claudia Sheinbaum hizo algo políticamente astuto: cambió el lenguaje. Habló de derecho humano, habló de nación, habló de sustentabilidad y de regulación. Eso abre una narrativa distinta a la de gobiernos anteriores.
Pero no basta con cambiar las palabras si la estructura permanece. La trampa está en usar el lenguaje de los derechos para legitimar lo mismo: concesiones, pactos con élites, megaproyectos extractivistas.
El “Plan Hídrico” y el “Acuerdo Nacional” pintan de progresista lo que en el fondo sigue siendo neoliberalismo hídrico. Se negocia con quienes concentran, se construye para quienes consumen más, se margina a quienes menos tienen.
El dilema está planteado. El gobierno puede seguir maquillando el despojo con discursos progresistas, o puede asumir el costo político de transformar el modelo. Hasta ahora, la decisión está tomada: pacto con las élites, megaproyectos, continuidad neoliberal.
La pregunta es inevitable, y se la debemos hacer a la presidenta Claudia Sheinbaum: ¿Derecho humano al agua o negocio de élites?
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
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