El 2025 nos dejó cicatrices, aprendizajes y claridad. Caminamos territorios, acompañamos luchas y apostamos por un periodismo socioambiental más lento, riguroso y comprometido. Un año de fortalecimiento que confirma que hacer periodismo independiente en Michoacán es un acto de resistencia cotidiana.
El periodismo científico vive una crisis silenciosa: lejos de cuestionar el poder, suele reproducirlo. Entre comunicados oficiales, papers financiados y agendas corporativas, la ciencia se presenta como neutral mientras legitima modelos extractivos. Urge repensar la relación entre ciencia, prensa y territorio.
La afirmación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre tener “al mejor secretario de Medio Ambiente en la historia de Michoacán” contrasta con el legado de omisiones, impunidad y greenwashing que rodea a Alejandro Méndez López. Un repaso a sus decisiones revela daños, inconsistencias y simulación oficial.
La comunicación social en México y Michoacán dejó de ser puente y se convirtió en muro. Hoy, coordinadores y jefes de prensa operan como guardianes del poder: controlan la narrativa, bloquean información pública, manipulan redes y erosionan la democracia mediante opacidad, burocracia y propaganda digital.
San Miguel del Monte revela el vacío legal del sistema hídrico en México: un manantial comunitario concesionado para vender agua dejó a miles sin acceso. El caso expone la urgencia de una reforma que reconozca derechos colectivos y ponga fin al despojo legal del agua.
El Plan Michoacán reabre el debate sobre seguridad, territorio y modelo de desarrollo. Entre militarización, inversión e impactos socioambientales, el programa define quién controla el estado, cómo se ordena el territorio y qué futuro se construye para las comunidades.
El modelo aguacatero en Michoacán genera 3,500 millones de dólares al año, pero mantiene al 45% de su población en pobreza. La “geografía del poder aguacatero” revela un sistema que acumula riqueza y erosiona bosques, agua y derechos laborales. ¿Puede el Plan Michoacán cambiarlo?
El acuerdo del 24 de octubre sobre el aguacate promete sostenibilidad y justicia ambiental, pero al fijar 2019 como punto de partida para medir la deforestación, convierte la devastación previa en legalidad. Es una amnistía ambiental disfrazada de política verde y progreso institucional.
Bernardo Bravo Manríquez denunció lo que muchos callaron: la extorsión que somete al campo limonero de Michoacán. Lo hizo frente al poder, frente al gobernador y frente al miedo. Su voz fue una advertencia ignorada. Hoy, su asesinato revela que la omisión institucional también mata. Esta es la historia completa de cómo el Estado escuchó, pero no actuó.
