La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia documenta más de 60 “infiernos ambientales” donde convergen contaminación industrial sin control, despojo territorial y una crisis sanitaria que afecta principalmente a niños y jóvenes.
Exigen la participación en las decisiones, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el freno a la expansión industrial mientras no se reparen los daños a la salud y al medio ambiente.
Bajo el nombre de “polos de bienestar”, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha prometido impulsar 100 centros de desarrollo productivo en todo el país. Sin embargo, para académicos como el Dr. César Enrique Pineda Ramírez, investigador especializado en ecología política, estos proyectos representan una continuidad del modelo extractivista que caracterizó al neoliberalismo, ahora con un rostro progresista que hace más compleja su resistencia.
A un año de gobierno, la Semarnat presentó los resultados de una política ambiental que busca romper con el extractivismo y colocar a las personas y la naturaleza en el centro del desarrollo. Entre avances en agua, restauración y conservación, el informe también revela los límites presupuestales del nuevo paradigma.
El Senado aprobó la nueva Ley General de Aguas tras un debate acelerado y entre fuertes reclamos de productores y organizaciones civiles. La reforma redefine el régimen de concesiones, prohíbe su transferencia entre particulares y otorga a Conagua mayor control en la gestión del recurso.
Organizaciones civiles denunciaron que Conagua impuso la nueva Ley General de Aguas sin permitir cambios sustanciales ni incorporar propuestas ciudadanas surgidas en foros públicos, perpetuando un marco legal que favorece el acaparamiento y mantiene prácticas opacas en la gestión del agua.
La Cámara de Diputados aprobó en sesión maratónica la nueva Ley General de Aguas con 324 votos, en medio de protestas de agricultores. El dictamen fue enviado al Senado, donde se prevé una discusión “fast track” que ha encendido el debate nacional sobre la gestión y el acceso al agua.
El financiamiento climático volvió a ser el punto débil de la COP30 en Brasil. Aunque la cumbre lanzó nuevos mecanismos para acelerar la implementación de las NDC, la falta de compromisos claros de los países desarrollados dejó en duda la viabilidad real de las metas de mitigación y adaptación.
Esta semana, la Cámara de Diputados llevará al pleno la discusión de la reforma a la Ley General de Aguas. El dictamen, entregado a finales de noviembre, incorpora cambios solicitados por productores y genera posiciones encontradas entre autoridades, organizaciones y partidos políticos.
