Organizaciones civiles denunciaron que Conagua impuso la nueva Ley General de Aguas sin permitir cambios sustanciales ni incorporar propuestas ciudadanas surgidas en foros públicos, perpetuando un marco legal que favorece el acaparamiento y mantiene prácticas opacas en la gestión del agua.

Agua para Todos denuncia que Conagua impuso la Ley de Aguas y rechazó propuestas ciudadanas
Por: en15dias.com / Con información de Agua para Todos
La Coordinadora Nacional Agua para Todos y las Contralorías Autónomas del Agua denunciaron que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso la aprobación de una nueva Ley General de Aguas sin permitir modificaciones sustanciales y rechazando las propuestas ciudadanas generadas en foros de participación pública.
Las organizaciones alertaron que el proyecto legislativo, actualmente en la Cámara de Diputados, perpetúa el marco legal salinista de hace 33 años y carece de mecanismos efectivos para enfrentar el acaparamiento del agua, la sobreexplotación de acuíferos y garantizar el derecho humano al agua para poblaciones marginadas.
Propuestas rechazadas por Conagua
A pesar de haberse organizado 16 foros de Parlamento Abierto y más de 500 propuestas ciudadanas en audiencias públicas en las zonas norte, centro y sur del país, la Conagua rechazó siete propuestas clave presentadas por legisladores de la Comisión de Recursos Hidráulicos:
- Prohibir la privatización de obras hidráulicas y sistemas de agua y saneamiento.
- Reconocer los derechos de los pueblos indígenas al agua en la legislación.
- Ampliar la representación en los Consejos de Cuenca para incluir a pueblos indígenas, núcleos agrarios, comunidades afectadas por contaminación, investigadores y defensores.
- Tipificar la contaminación del agua como delito.
- Extinguir volúmenes de agua de uso industrial cuyos titulares no han pagado derechos.
- Proteger a usuarios agropecuarios familiares de perder sus derechos por no comprobar uso durante dos años.
- Reconocer y proteger territorios y acuíferos kársticos por su vulnerabilidad.
- Sin mecanismos contra la corrupción

Las organizaciones señalaron que el proyecto no contiene disposiciones para combatir prácticas de corrupción documentadas en el manejo de concesiones, como la falta de transparencia en las listas de solicitudes, la opacidad sobre notificaciones de concesiones aprobadas y el bajo cobro de derechos. Actualmente, Conagua solo recauda el 20% de los derechos que deben los usuarios industriales y de servicios.
Además, denunciaron que el nuevo Fondo de Reservas del Agua permite la reasignación de volúmenes sin reducir el sobreconcesionamiento y que no existe obligación alguna para garantizar la distribución prioritaria del agua a poblaciones sin acceso.
“La legislación que se está aprobando dista mucho del mandato constitucional de equidad, sustentabilidad y participación”, señalaron en su comunicado. Las organizaciones se comprometieron a continuar su lucha por el buen gobierno del agua, a pesar de lo que califican como verticalidad y opacidad en el sector.
Esto te puede interesar
Organizaciones condenan asesinato de Roberto Chávez y exigen acciones urgentes en Michoacán
Organizaciones académicas y de derechos humanos, entre ellas la Universidad Iberoamericana, condenaron el asesinato de Roberto Chávez y exigieron acciones urgentes para proteger a defensores ambientales en Michoacán, ante un contexto creciente de violencia e impunidad.
Gobierno abre análisis científico sobre fracking en México ante dependencia del gas de Estados Unidos
El gobierno federal abrió el análisis sobre la posible explotación de gas no convencional en México, apoyado en un grupo científico interdisciplinario. La discusión ocurre en medio de la alta dependencia energética del exterior, los riesgos ambientales del fracking y la apuesta paralela por energías renovables.
A Roberto lo mató la indolencia de las instituciones
El ambientalista Roberto Chávez Bedolla fue despedido el 15 de abril en Madero, Michoacán, tras ser asesinado días antes. Durante años participó en acciones comunitarias para denunciar tala ilegal, cambio de uso de suelo y extracción irregular de agua en la región.






