Entregan carta de respaldo a Ostula en la Suprema Corte

Proceso judicial irregular podría despojar a la comunidad indígena nahua de 2 mil 760 hectáreas de su territorio y cederlas a privados. La Suprema Corte tiene la oportunidad de hacer justicia y reconocer el territorio ancestral.

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Entregan carta de respaldo a Ostula en la SCJN

Por: Organizaciones sociales y en15dias.com
4 septiembre 2024

La Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), organizaciones nacionales como la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH), la Red Solidaria de Derechos Humanos, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, (IMDEC); e internacionales como  el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International (IPRI) en México y Front Line Defenders (FLD) presentaron cartas de respaldo en favor de la comunidad indígena nahua de Santa María Ostula, Michoacán, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En las cartas manifiestan su preocupación por las persistentes irregularidades del proceso judicial que pretende arrebatarle 2 mil 760 hectáreas de su territorio a Santa María Ostula.

Estas inconsistencias han sido señaladas por la comunidad indígena que desde 2023 emitió el amparo directo 463/2023 para el reconocimiento de la titularidad de sus tierras ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del décimo primer circuito de Morelia, Michoacán.

Esta es la última instancia a la que Ostula puede acudir para resolver el conflicto agrario que permanece desde el año 2004. El sistema judicial ha emitido resoluciones desfavorables hacia la comunidad, dando la pauta para que los “pequeños propietarios” tengan la posibilidad de despojar de su territorio a sus dueños ancestrales. A

Ante la resolución desfavorable más reciente, la comunidad de Santa María Ostula promovió un juicio de amparo ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito en Morelia, Michoacán, del cúal se espera una respuesta en las próximas semanas.

“Se han identificado, en el marco del proceso legal, múltiples violaciones al debido proceso: en particular, la negativa a contar con su propio perito y el incumplimiento de términos legales. Indebida notificación a las partes: La comunidad no fue debidamente notificada, lo que afecta su capacidad de defensa así como el incorrecto estudio y evaluación de pruebas que incluyen títulos, trabajos técnicos, resoluciones del caso, planos y actas, que no fueron correctamente valoradas” señala la carta entregada por las organizaciones nacionales.

Por su parte, las organizaciones que integran el Grupo Núcleo de Indigenous Peoples Rights International en México, señalan que los derechos a la libre determinación, a la autonomía, al autogobierno y a las tierras, territorios y recursos,  están íntimamente relacionados entre sí. Por lo tanto la violación a uno de ellos, implica  la vulneración del resto.

Reconocen su preocupación sobre las inconsistencias en el proceso: desde el abuso de autoridad de funcionarios del tribunal por la falta de traductores y mecanismos culturalmente apropiados para notificar a las autoridades indígenas, así como de engaños para obligarles a firmar documentación que les afectaba en el proceso judicial.

Finalmente le recordaron a la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal que las relatorías Especiales en materia de Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus dos visitas oficiales a México han señalado que “la preservación y protección de las tierras, territorios y recursos de los pueblos y comunidades indígenas, debe tener prioridad por encima de cualquier otro interés en la solución de los conflictos agrarios.”

Y que “los tribunales, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, deben agilizar los mecanismos existentes para asegurar la implementación de las sentencias dictadas a favor de los pueblos indígenas”.

Así, las agrupaciones exhortan a los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en la Ciudad de Morelia, Michoacán y a la SCJN a que impartan justicia y que se reparen las graves violaciones cometidas en contra de la comunidad: “La pérdida de estas tierras tendría un impacto devastador en la comunidad, afectando su sustento económico, sus prácticas culturales y su cohesión social y más preocupante, sentaría un precedente de despojo avalado a favor de pequeños propietarios y en contra de las comunidades indígenas que son el sustento de nuestro país”.

Las organizaciones firmantes señalan que esta es la última oportunidad para que el sistema judicial haga justicia y reconozca la posesión de las tierras ancestrales de Ostula, pues sus habitantes dependen de ellas para el mantenimiento de sus costumbres, tradiciones, autonomía y autodeterminación.

El Estado tiene la obligación y la oportunidad de generar condiciones de paz y seguridad para la población. Los grupos delincuenciales y de “pequeños propietarios” buscan despojar al Pueblo de su territorio de Xayakalan para apropiarse de la riqueza natural con la que cuentan, lo que además generaría el desplazamiento de cientos de familias que habitan en este terreno en disputa y se sumaría a la larga lista de agravios de los cuales la comunidad es víctima, entre los que destacan los 42 asesinatos y 5 desapariciones en contra de los y las comuneras de Ostula.”

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