En Michoacán, el agua, el territorio y el clima revelan una crisis estructural: mientras comunidades indígenas y rurales se organizan para gestionar sus propios sistemas ante la ausencia del Estado, la agroindustria de exportación expande la frontera agrícola sobre bosques y acuíferos, agravando la deforestación y la desigualdad. / El (resumen) Semanal: Semana #44: del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
El control del agua se concentra en grandes concesionarios y el suministro urbano depende cada vez más de pipas privadas. Paralelamente, la violencia y el crimen organizado amenazan la autonomía de los pueblos originarios, y el crecimiento turístico y agrícola se sostiene sobre la degradación ambiental.
A una década del Acuerdo de París, los compromisos climáticos siguen sin cumplirse, reflejando un modelo de desarrollo que privilegia la rentabilidad sobre la sostenibilidad y deja a las comunidades cargando el costo ecológico y social del progreso.
El (resumen) Semanal: Semana #44: del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
Por: en15dias.com
Este es el resumen de las notas de temas socioambientales más importantes de la semana al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #44: del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
El (resumen) Semanal: Semana #44: del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
¿Qué pasa en Michoacán?
Vaya, vaya… el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, volvió a colocar a Michoacán en el centro del mapa nacional de la violencia política.
Y es que este primero de noviembre, lo mataron en plena celebración del Día de Muertos, entre velas, música y ofrendas, mientras encabezaba un festival en el centro de la ciudad.
Y es que Manzo no era un político cualquiera. Había llegado al gobierno municipal tras romper con Morena, apostando por un discurso confrontador, que mediáticamente mostraba valentía frente a los cárteles. El alcalde patrullaba las calles, desafiaba en redes sociodigitales a quienes lo amenazaban, denunciaba públicamente la captura criminal del territorio.
En una región donde la línea entre Estado y crimen se ha vuelto casi imperceptible, su postura resultaba tan incómoda como peligrosa.
Manzo había dicho que no “transaba con el narco” y desafió, bien o mal, una estructura de poder mucho más amplia: una alianza entre intereses, redes criminales y sectores del Estado que, por acción u omisión, sostienen la maquinaria de la violencia.
Este asesinato no es solo un ajuste de cuentas; es una advertencia a quien pretenda gobernar fuera de ese pacto tácito.
El asesinato de Carlos Manzo, junto con el de Bernardo Bravo y la inseguridad y asedio permanente que viven las comunidades de Tierra Caliente en Michoacán, evidencia la falta de gobernabilidad en materia de seguridad.
El gobierno estatal prometió investigaciones y la federación envió refuerzos, pero la historia reciente muestra que la impunidad es la norma.
En lo que va del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla 13 funcionarios municipales han sido asesinados sin que los casos se esclarezcan. En el mejor de los escenarios, se detiene a los sicarios; en el peor, ni eso. Vaya, vaya…
Turismo, tradición y extractivismo en Michoacán
Vaya, vaya… el Día de Muertos en Michoacán ya no es solo una tradición cultural; se ha convertido en un fenómeno económico de gran escala. Lo que nació como una ceremonia comunitaria y espiritual en las comunidades purépechas hoy funciona como uno de los principales motores turísticos del estado. Sin embargo, detrás de las cifras récord de visitantes y derrama económica, se esconde un proceso de apropiación cultural y de extractivismo turístico que modifica el sentido original de la celebración.
Y es que el gobierno de Michoacán generalmente cacarea cuantos visitantes llegaron al estado, cual fue su derrama económica, cuál fue la ocupacion hotelera. Como ejemplo, tan solo el año pasado durante el periodo del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2024, el estado recibió 565 mil visitantes y una derrama económica de aproximadamente 629 millones de pesos.
Pero hay que decir, y poner a debate, que en términos estructurales, el modelo turístico de Michoacán reproduce una lógica de extractivismo cultural: las tradiciones son convertidas en mercancías y su valor se mide por su rentabilidad.
Las comunidades que las originaron son relegadas a ser proveedoras de “mano de obra” o decoración escénica, mientras el grueso de las ganancias se concentra en hoteles, touroperadores y plataformas externas.
Hay que leer al doctor e historiador Jorge Amos quien ha comenzado a investigar este fenómeno. Y es que lo que se presenta como “rescate cultural” se traduce, en la práctica, en pérdida de control sobre el patrimonio inmaterial.
Y es que si el Día de Muertos continúa orientado por el mercado y no por las comunidades, corre el riesgo de transformarse en un evento deslocalizado, donde la tradición sobreviva sin contexto ni sentido.
La política turística debería incorporar una dimensión de sostenibilidad cultural y territorial: regular hospedajes, limitar la saturación en zonas sensibles, fortalecer la participación comunitaria y garantizar que los beneficios económicos permanezcan en los pueblos. Veremos…
El agua, los títulos y el espejismo de la legalidad hídrica
Vaya, vaya… resulta que en Michoacán hay mil cuatrocientas concesiones que se encuentran fuera de la ley.
Y es que esta semana, la Conagua acaba de reconocer, en una conferencia de prensa, que al menos 1,450 concesiones de agua otorgadas a particulares, empresas y agricultores están vencidas y, aun así, continúan extrayendo el recurso como si nada.
En otras palabras: el 5 % del uso oficial del agua en el estado opera en la irregularidad, con permiso caducado y la complicidad silenciosa del sistema.
Y es que el campo michoacano —ese que produce aguacate, guayaba, jitomate, berries y limones para la exportación— se ha vuelto también escenario de la disputa más invisible: la del agua.
No es casualidad que la mayoría de los títulos vencidos se concentren en regiones como la Tierra Caliente, el Bajío y el Oriente. Zonas donde el acaparamiento de agua es una constante, mientras los monocultivos avanzan, las hoyas se multiplican y el Estado apenas toma nota.
Hay que decirlo fuerte y claro: desde hace tiempo el agua se ha vuelto un bien privatizado, concesionado, mercantilizado por la agroindustria de exportación, y no se ve que cambie con las reformas a la ley neoliberal ni tampoco con la propuesta de una Ley General de Aguas.
El agua comunal frente a la ley del tubo
Vaya, vaya… estos días se cumplieron 15 días de que comuneros de San Miguel del Monte bloquearan el paso de pipas de la empresa Comercializadora Bicentenario, sospechando —con razón— que el líquido se extrae de más del manantial “La Mina”.
La Conagua, respondió esta semana que que todo está en regla: “sólo” se han extraído entre 14 y 16 mil metros cúbicos de los 25 mil concesionados. Y como siempre, la medición se vuelve el argumento para calmar la sed política.
Y es que detrás del número y la norma, lo que arde es una disputa mucho más profunda: quién decide sobre el agua y para qué. Los comuneros reclaman su derecho a gestionar un recurso que brota de su propio bosque, de sus manantiales, mientras la autoridad repite que “la ley no permite otorgar concesiones a comunidades”.
Y es que es curioso: las empresas privadas sí pueden tenerlas, pero los pueblos originarios no. Hay que recordar que los representantes de la empresa Comercializadora Bicentenario, acapararon el manantial de La Mina para montar un negocio de pipas de agua, toda una ilegalidad.
San Miguel del Monte no es un caso aislado. Es el síntoma de un conflicto nacional donde la legalidad sirve más para administrar el despojo que para proteger los bienes comunes. ¿Dónde está la justicia hídrica?
El padrón de pipas
Y mientras continúa el conflicto en San Miguel del Monte, en el manatial La Mintzita, la extracción desmedida de las pipas de agua continúa.
Y es que esta semana, la Conagua Michoacán decidió pedir al Ayuntamiento de Morelia un padrón de todos los camiones que extraen agua, preocupada —dice— por La Mintzita, ese humedal cada vez más exprimido entre la sed urbana y el descontrol del mercado hídrico.
El padrón llevará el nombre del chofer, placas y número de serie. La poca burocracia del agua se pondrá en marcha para tratar de domesticar lo que lleva años desbordado.
Y es que cuando el modelo de gestión se sostiene en la extracción, el “padrón real” que se busca no es sólo una lista de pipas, sino una manera de legitimar quién puede sacar agua y quién no. Acotar el negocio, en el que hay políticos entrometidos.
En pocas palabras se regula el camión, pero no el saqueo.
Mientras tanto, el manantial La Mintzita sigue agonizando. Años de sobreexplotación, urbanización desmedida y omisiones institucionales han reducido su caudal y su capacidad de recarga.
La Conagua promete vigilancia, pero preguntamos ¿vigilancia sin política ambiental? Es apenas una forma elegante de mirar cómo se acapara y seca un manantial.
Los pueblos originarios ante el crimen organizado
Vaya, vaya… Cuando el Estado falla, los pueblos vuelven a hablar el lenguaje que mejor conocen: el de la defensa colectiva.
Y es que esta semana, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) advirtió que sus comunidades podrían levantarse frente al crimen organizado, cansadas de esperar una seguridad que nunca llega.
Su vocero, Pável Uliánov Guzmán Macario, no lo dijo en tono de amenaza, sino de diagnóstico: la violencia se ha vuelto el pan diario, y la omisión gubernamental, su cómplice más constante.
Y es que la expansión del crimen en territorios indígenas no es nueva ni marginal. Lo que alguna vez se justificó como una disputa de rutas o sierras, hoy es una invasión silenciosa sobre la vida comunal, los bosques, el agua, las tierras y los caminos.
De Jarácuaro a Santa Fe de la Laguna, de Sevina a Ocumicho discuten, argumentan, deciden y se organizan. En algunos casos, la ronda comunitaria intenta suplir la función que ni la Guardia Nacional ni las Bases de Operaciones Interinstitucionales logran cumplir.
El discurso oficial repite la palabra “coordinación”, pero la realidad habla de abandono. Ni los acuerdos pactados con el gobierno estatal ni las promesas federales de seguridad integral se han materializado. Mientras tanto, las comunidades vuelven a organizarse, conscientes de que la legalidad no protege si no se ejerce desde abajo.
Cuando Pável Uliánov habla de una “defensa legítima y decidida por las Asambleas Generales”, no invoca la violencia, sino el derecho colectivo a organizarse y a la vida, esa que la Constitución reconoce pero el Estado no garantiza.
El limón amargo de la Tierra Caliente
Vaya, vaya… Esta semana, el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se reunieron en la 43 Zona Militar de Apatzingán sin productores limoneros que viven bajo extorsión y amenaza permanente.
El asesinato del líder agrícola Bernardo Bravo Manríquez, ocurrido el 20 de octubre, evidenció lo que todo el Valle ya sabía, que el negocio del limón se ha convertido en una economía del miedo.
Y es que en Tierra Caliente, el limón dejó de ser fruto para convertirse en frontera de poder. Entre cobros de piso, control del transporte, amenazas a empacadoras y secuestros de productores, el crimen ha tejido su propia política agraria.
Frente a eso, las reuniones de “alto nivel” lucen como rituales de contención: generales, fiscales y gobernadores tras puertas cerradas, mientras afuera los jornaleros esperan saber si el Estado volverá a existir.
Y es que los seis detenidos por extorsión apenas rozan la superficie de un sistema donde la violencia es estructura económica. El asesinato de Bravo Manríquez no fue un hecho aislado, sino un mensaje: nadie que denuncie puede sentirse seguro.
Y es que la Tierra Caliente, ese corazón agrícola de Michoacán, hoy late entre la renta criminal y la simulación institucional. La reunión de Apatzingán busca recomponer la confianza, pero los productores ya no piden promesas, sino protección real.
Michoacán, destino millonario… y desigual
Vaya, vaya… Michoacán presume la llegada de más de mil 700 millones de dólares en inversiones privadas, prometiendo empleos, infraestructura y desarrollo “equilibrado” entre 2025 y 2026.
Según la Secretaría de Desarrollo Económico, el capital fluye hacia sectores productivo, logístico, forestal y energético, consolidando al estado como un destino confiable para el dinero nacional y extranjero.
La narrativa oficial pinta un cuadro de prosperidad, pero hay que recordar que el supuesto “crecimiento económico” no siempre se traduce en bienestar real para los territorios y comunidades.
Y es que la expansión de puertos, plantas industriales y proyectos energéticos refuerza un modelo de desarrollo centrado en el capital, más que en las personas o los ecosistemas.
La ampliación del Puerto de Lázaro Cárdenas, la planta de tableros en Zitácuaro y las inversiones agroindustriales y energéticas lucen como símbolos de progreso, pero también como instrumentos que moldean el territorio según la lógica de la rentabilidad, dejando a un lado la sostenibilidad social y ambiental.
Y es que, la gobernanza estatal promete innovación y bienestar, pero el desafío real no está en atraer capital, sino en equilibrar el desarrollo con la justicia social y la preservación de los ecosistemas que sostienen la vida de las comunidades…. Vaya, vaya…
Promesas de desarrollo en tiempos de extractivismo elegante
Y mientras los discursos del progreso vuelven a resonar con entusiasmo tecnocrático, Michoacán se apunta otro logro en su ruta hacia la reindustrialización: la instalación del Comité de Evaluación Técnica del Parque Bajío, su primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar.
Vaya, vaya… con esto, el estado presume ser el primero del país en cumplir los requisitos federales para consolidar este modelo de desarrollo, presentado como el nuevo rostro del crecimiento y la atracción de capital.
Pero detrás del lenguaje aséptico de los boletines oficiales —“vehículos de propósito específico”, “potencial logístico”, “sinergias productivas”— asoma una vieja historia conocida: la promesa del desarrollo como puerta a la dependencia.
Y es que el Parque Bajío, que abarca 342 hectáreas, busca atraer inversiones en sectores de transformación y agroindustria, justo en una región donde los monocultivos, la especulación de suelo y la presión hídrica ya dibujan el mapa del futuro conflicto territorial.
Y es que este tipo de polos llamados “para el bienestar” suelen llegar con carreteras, gasoductos y zonas industriales que modifican no solo el paisaje, sino también las relaciones de poder.
Vaya, vaya… La autollamada “Cuarta Transformación” ha decidido que las decisiones ya no pasen por los ejidos o los municipios, sino por los comités y los consejos empresariales que traducen las políticas públicas en instrumentos de atracción de capital.
Y es que lo que en el papel se presenta como modernización, en la práctica puede significar la profundización de un modelo extractivista con otro nombre: infraestructura para el despojo elegante.
Así, Michoacán celebra su primer paso hacia la consolidación del Parque Bajío mientras la pregunta de fondo, que sigue intacta es ¿desarrollo para quién y a costa de qué?
¿Qué ordenan? A la agroindustria no
Vaya, vaya… Esta semana en Purépero se celebró la Cuarta Sesión del Comité de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Duero, presidida por el secretario de Medio Ambiente y notario público con licencia, Alejandro Méndez López.
El acto prometía fortalecer el “ordenamiento territorial” y asegurar que el desarrollo económico se acomode a la naturaleza: proteger acuíferos, cuidar la calidad del agua y conservar la biodiversidad. Todo muy correcto en el discurso, con su correspondiente fotografía institucional y sus diapositivas de rigor.
Y es que mientras las dependencias —SADER, SEDATU, CONAGUA, presidentes municipales— repiten la liturgia del “orden territorial”, en el territorio la realidad sigue otra lógica: la expansión descontrolada de la frontera agrícola.
Ya lo habíamos contado a través de la voz del investigador José Luis Pimentel Equihua, hace unos años: los monocultivos de fresa, aguacate y zarzamora, convertidos en cultivos de alta rentabilidad, están trepando por los cerros y borrando la vegetación nativa.
De acuerdo con el libro Saneamiento integral de una cuenca hidrográfica, de Rodrigo Moncayo-Estrada y José Alberto Zarazúa, en la subcuenca del Duero se han deforestado cerca de 30 mil hectáreas para dar paso a cultivos frutícolas y hortícolas.
Aun así, el Comité se reúne y delibera sobre “ordenar” las actividades productivas. Pero, ¿qué regulan realmente? ¿A quién alcanzan esas normas? Porque mientras las comunidades y pequeños productores enfrentan restricciones, la agroindustria sigue expandiendo su dominio.
La contención de la frontera agrícola —clave para frenar la deforestación y el colapso hídrico— no parece estar en la agenda de los grandes. Así, el ordenamiento se queda en papel, mientras la tierra se desordena con cada nuevo huerto de exportación que avanza.
Estas fueron las noticias más importantes de temas socioambientales en México, Michoacán y Morelia al estilo de en15dias.com: crítico, analítico y con contexto. El (resumen) Semanal: Semana #44: del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2025
¡Hasta la próxima semana!
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