La Comunidad Otomí de San Matías el Grande formalizó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la principal responsable de una crisis de salud pública y ambiental que afecta el agua, el suelo y el aire de la región del oriente de Michoacán. / La Comunidad Otomí de San Matías el Grande denuncia a la CFE ante la CNDH por contaminación y enfermedad renal
La Comunidad Otomí de San Matías el Grande denuncia a la CFE ante la CNDH por contaminación y enfermedad renal
Por: en15dias.com
El 30 de junio de 2026, la Comunidad Otomí de San Matías el Grande, respaldada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), formalizó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
La denuncia señala a la Geotermoeléctrica «Los Azufres» como la principal responsable de una crisis de salud pública y ambiental que afecta el agua, el suelo y el aire de la región.
Evidencia científica de una tragedia ambiental De acuerdo con informes técnicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el CONAHCYT, la situación es crítica: los manantiales en los municipios de Hidalgo y Zitácuaro presentan niveles de toxicidad de entre el 35% y el 50% debido a la presencia de metales pesados.
Esta contaminación tiene un impacto directo y devastador en la población infantil. La comunidad denuncia que, tras 44 años de operación, la CFE ha incumplido sistemáticamente con las normas ambientales.
Según informes de la propia paraestatal entregados a PROFEPA, de las 33 presas de enfriamiento existentes, 36.3% carece de cualquier tipo de recubrimiento, permitiendo que fluidos altamente tóxicos se filtren directamente al subsuelo y a los acuíferos.
Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, enfatizó que la paraestatal “no ha sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques”, lo que constituye una transgresión directa al derecho constitucional a un medio ambiente sano.
NUEVOS TAMIZAJES EN NIÑOS
Los estudios realizados en comunidades de la región Oriente de Michoacán han encendido las alertas por posibles afectaciones a la salud infantil.
Informes técnicos previos elaborados por instituciones como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el CONAHCYT señalaron que el 32.79% de los niños de entre 10 y 12 años evaluados en escuelas de San Matías el Grande presentaban los primeros signos asociados a enfermedad renal, mientras que un primer muestreo detectó alteraciones en la mitad de los alumnos examinados, quienes requieren estudios especializados para determinar si existe daño permanente.
Ante esta situación, Alejandra Martínez García, consejera de salud, informó que recientemente se realizó un nuevo tamizaje a 150 estudiantes de una escuela de San Matías el Grande, cuyos resultados aún estaban pendientes al 30 de junio de 2026 para compararlos con los estudios anteriores y conocer la evolución del problema.
La comunidad ha expresado preocupación por la transparencia de los datos y exige que los resultados sean verificables, sin intervención que pueda minimizar o modificar la relación entre la contaminación ambiental y las afectaciones detectadas.
También denunciaron que los estudios sobre toxicidad y salud han sido financiados con recursos comunitarios debido a la falta de acuerdos entre autoridades estatales y federales sobre los laboratorios responsables y el financiamiento de nuevos análisis de agua y población.
Mientras las autoridades han señalado factores como alimentación o consumo de refrescos como posibles explicaciones, habitantes de la zona sostienen que la presencia de afectaciones en menores de corta edad apunta a un problema asociado con la contaminación por metales pesados.
“Siguen con sus argumentos de que es la mala alimentación […] pero ya les demostramos que son de menor edad, no pueden argumentar nada más eso”, destacó Alejandra Martínez García.
MESAS DE TRABAJO SIN SOLUCIONES
A pesar de haber mantenido múltiples reuniones con representantes del gobierno estatal y federal, los líderes comunitarios denuncian una alarmante falta de avances. “Son compromisos que quedan inconclusos”, señaló Martínez García.
La inconformidad contra la planta geotermoeléctrica en la región Oriente de Michoacán ha sumado a seis comunidades afectadas: San Matías el Grande, San Pedro Jácuaro, San Isidro Altahuerta, San Lucas, San Bartolo y Jeráguaro.
Hasta ahora, San Isidro Altahuerta y San Matías el Grande han presentado quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó Alejandra Martínez García, consejera de salud, quien señaló que las comunidades de San Bartolo, San Pedro, San Lucas y Jeráguaro aún están pendientes de iniciar sus procedimientos.
Además, la CEDH ya había remitido previamente dos quejas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con la operación de la geotermoeléctrica, identificadas con los expedientes CEDH/24448/2025-Q y CEDH/5719/2026-ACT.
La desatención ha llegado al punto de que el gobierno estatal y las dependencias federales no han logrado acordar qué laboratorios realizarán los nuevos muestreos de agua por disputas sobre quién cubrirá los costos.
Ante esta parálisis, la propia comunidad de San Matías el Grande ha tenido que costear con sus propios recursos los estudios científicos necesarios para demostrar la toxicidad en su entorno, asumiendo una responsabilidad que corresponde al Estado.
Dejaron en claro a la prensa, nuevamente, que la demanda central no es el cierre de la planta, sino una revisión profunda bajo normas internacionales, la aplicación de nuevas tecnologías para mitigar el impacto y la reparación del daño a las familias afectadas.
Actualmente, solo en San Matías el Grande se reportan cerca de 10 nuevos casos graves de pacientes que requieren hemodiálisis en lo que va del año.
Los representantes advirtieron que, de no obtener una respuesta efectiva por parte de la CNDH y las autoridades competentes, recurrirán a la movilización social.
