Colectivos y organizaciones sociales de Michoacán alzaron la voz contra la desincorporación de 38 inmuebles públicos, denunciando opacidad y posible beneficio a intereses privados. En Morelia, anunciaron la toma de un espacio para defender su carácter comunitario. / Colectivos denuncian despojo de bienes públicos en Michoacán y ocupan inmueble en Morelia como forma de resistencia
Colectivos denuncian despojo de bienes públicos en Michoacán y ocupan inmueble en Morelia como forma de resistencia
Por: en15dias.com / Con información de CCAOS
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) lanzó un pronunciamiento en el que expresa su rechazo a lo que considera una política creciente de privatización y mercantilización de espacios públicos en el estado, con especial énfasis en el municipio de Morelia.
La alerta surge ante el proceso de desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal, una medida que, advierten, abre la puerta a la transferencia de bienes públicos hacia manos privadas.
De acuerdo con el posicionamiento, aunque algunos de estos inmuebles serían destinados a instituciones públicas, al menos 24 predios pasarían al Fideicomiso del Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH), con el objetivo de ser vendidos a particulares.
La CCAOS sostiene que este mecanismo presenta inconsistencias, opacidad en los criterios de asignación y un posible favorecimiento a intereses privados, lo que, aseguran, pone en riesgo el carácter social de estos espacios.
Uno de los puntos centrales del conflicto es el inmueble ubicado en Héroes de Nacozari 370, en Morelia. Las organizaciones firmantes exigieron la cancelación inmediata de cualquier proceso de licitación o transferencia de este espacio, al considerarlo patrimonio colectivo.
En un acto de resistencia, informaron que han decidido ocupar y resguardar el inmueble, con el objetivo de impedir su privatización y transformarlo en un centro de organización social bajo el nombre de “Lo Común”.
Según detallaron, este espacio buscará convertirse en un punto de encuentro para la formación política, el impulso de prácticas agroecológicas, así como actividades culturales, artísticas y comunitarias.
La iniciativa se plantea desde una perspectiva crítica al modelo económico vigente, incorporando enfoques anticapitalistas, antipatriarcales, antifascistas y antimperialistas.
Además de la defensa de este inmueble, la CCAOS presentó una serie de exigencias dirigidas a las autoridades estatales. Entre ellas destaca la solicitud de una auditoría exhaustiva sobre la administración y uso de espacios públicos emblemáticos como el Palacio Clavijero y la Casa de la Cultura, particularmente en lo referente a su arrendamiento para eventos privados entre los años 2022 y 2025. Consideran que estos espacios han sido utilizados de manera discrecional, priorizando intereses económicos sobre su función pública.
Asimismo, demandaron la instalación de una contraloría ciudadana que supervise el proceso de desincorporación de los 37 predios restantes, con el fin de garantizar transparencia, rendición de cuentas y participación social en la toma de decisiones sobre el patrimonio estatal.
Las organizaciones también hicieron un llamado a priorizar el uso público de estos espacios, asegurando su acceso para la población en general y evitando su conversión en bienes sujetos a lógicas de mercado.
En este sentido, advirtieron sobre el riesgo de que la privatización de inmuebles públicos profundice las desigualdades sociales y limite el acceso a espacios de convivencia, cultura y organización comunitaria.
Finalmente, la CCAOS exigió el cese de cualquier forma de represión o criminalización contra quienes participan en la defensa de estos espacios, subrayando que la protesta social es un derecho legítimo.
