La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) denunció que no ha recibido una respuesta formal sobre el futuro de “Lo Común”, espacio recuperado en Morelia. La organización exige frenar la venta de inmuebles públicos y abrir una mesa de diálogo. / CCAOS exige cancelar venta de inmuebles públicos y reconocer uso comunitario de “Lo Común”
CCAOS exige cancelar venta de inmuebles públicos y reconocer uso comunitario de “Lo Común”
Por: en15dias.com
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) informó que mantiene el resguardo del inmueble denominado “Lo Común”, ubicado en la colonia Obrera de Morelia, y demandó al gobierno estatal cancelar la venta de bienes públicos, reconocer el uso comunitario del espacio y abrir una mesa de diálogo con las organizaciones involucradas.
Bajo la consigna “Lo común no se vende, es del pueblo y se defiende”, la organización señaló, en conferencia de prensa, que el inmueble, localizado en la calle Héroes de Nacozari número 370, fue ocupado y rehabilitado por colectivos sociales, feministas, artistas, activistas ambientales y ciudadanía organizada desde el pasado 1 de mayo.
Según la CCAOS, el espacio permaneció abandonado durante varios años y actualmente funciona como un centro social dedicado a actividades de formación, cultura, agroecología y encuentro vecinal.
La organización aseguró que esta acción responde a la decisión del gobierno de Michoacán y del Congreso del Estado de desincorporar y poner en venta diversos inmuebles públicos. En el documento, cuestionan la necesidad de estas ventas y sostienen que los bienes estatales deben cumplir una función social.
Entre las principales demandas se encuentran la cancelación definitiva de la venta de inmuebles públicos; el reconocimiento del uso comunitario y social de los predios; la instalación de una mesa de diálogo con autoridades estatales y legislativas y garantías de no represión ni criminalización de la protesta social.
Dentro del posicionamiento, la CCAOS también respondió a las declaraciones realizadas por el gobernador durante la inauguración de la Casa de las Niñas y las Mujeres “Cuca García”, donde señaló que el predio frente al inmueble debía ser recuperado por el Estado debido a su estado de deterioro.
La organización afirmó que el inmueble fue limpiado, restaurado y habilitado para actividades comunitarias, por lo que rechazó ser considerada como un grupo de ocupantes ilegales. Asimismo, se sostuvo que “se trata de una acción de recuperación ciudadana de un espacio público que permaneció abandonado por años”.
NO HAY RESPUESTA OFICIAL SOBRE “LO COMÚN”; SE MANTIENE LA EXIGENCIA DE DIÁLOGO CON AUTORIDADES
Integrantes de la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) señalaron que, a más de una semana de haber presentado formalmente sus demandas ante instancias federales, estatales y organismos de derechos humanos, no han recibido una respuesta concreta sobre el futuro del espacio comunitario.
Durante una conferencia de prensa, voceros del movimiento explicaron que los únicos documentos recibidos hasta el momento corresponden a oficios mediante los cuales la Presidencia de la República remitió el caso al Gobierno de Michoacán para su atención, mientras que el Ejecutivo estatal turnó el asunto a la Dirección de Patrimonio Estatal.
Sin embargo, afirmaron que ninguno de los documentos establece fechas, mecanismos o mesas de trabajo para atender las solicitudes planteadas.
“Solamente dicen que se atienda el asunto; no dicen cuándo, cómo ni dónde”, señalaron.
El 25 de mayo, la CCAOS solicitó al gobierno estatal y al Congreso local detener la venta de inmuebles públicos, reconocer el uso comunitario de predios bajo resguardo ciudadano y abrir una mesa de diálogo para discutir el destino de estos bienes.
La petición fue presentada formalmente ante la Presidencia de la República, el Gobierno de Michoacán, el Congreso del Estado y organismos de derechos humanos, según consta en un documento sellado de recibido por diversas instancias gubernamentales y de derechos humanos.
En el escrito, la organización manifiesta su rechazo a la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal, de los cuales 24 estarían destinados a venta mediante el fideicomiso FIDEMICH. Los firmantes sostienen que esta medida favorece intereses privados y representa una privatización de bienes públicos que deberían conservar una función social.
Respecto a la intervención de Patrimonio Estatal, indicaron que hace aproximadamente dos semanas personal de la dependencia acudió al inmueble para realizar una inspección y tomar fotografías del lugar.
Los integrantes de la organización consideraron extraño que se realizara esta visita después de que el predio ya había sido incluido en un proceso de desincorporación para su eventual venta.
“Se supone que ya debían conocerlo antes de iniciar ese procedimiento”, comentaron.
Asimismo, recordaron que durante la visita del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a la inauguración de la Casa de las Niñas y las Mujeres “Cuca García”, funcionarios de la Secretaría de Gobierno intentaron gestionar el acercamiento con el mandatario y ofrecieron una posible reunión con autoridades de Patrimonio Estatal, encuentro que hasta el momento no se ha concretado.
RESPALDO VECINAL Y ACTIVIDADES COMUNITARIAS
Los integrantes de “Lo Común” afirmaron que durante el primer mes de funcionamiento del espacio han mantenido una relación positiva con habitantes de la colonia Obrera y zonas aledañas.
Destacaron que en la misma cuadra existe otro inmueble desincorporado que actualmente es habitado por una familia desde hace más de cuatro décadas, situación que, aseguraron, evidencia que los procesos de desincorporación no consideraron plenamente las condiciones sociales de los predios involucrados.
Según explicaron, vecinos han manifestado su respaldo a la recuperación del inmueble y consideran que el proyecto puede convertirse en un espacio útil para fortalecer la convivencia comunitaria y el desarrollo social.
Durante las últimas semanas, en el lugar se han realizado proyecciones de cine, mesas redondas, encuentros de análisis y actividades culturales. Entre ellas destacaron una discusión reciente relacionada con la huelga nacional de trabajadores y el debate sobre el sistema de pensiones y las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).
Los representantes del movimiento señalaron que han recibido muestras de solidaridad por parte de organizaciones sociales, comunidades indígenas y diversos sectores de la sociedad michoacana.
Aseguraron que este respaldo confirma que existe interés ciudadano por discutir el destino de los bienes públicos y por explorar modelos de uso social y comunitario de inmuebles estatales.
DENUNCIAN ACTOS DE HOSTIGAMIENTO Y COBERTURA PARCIAL
Durante la conferencia, los integrantes de la CCAOS denunciaron lo que consideraron actos de provocación en redes sociodigitales, luego de que circulara una fotografía del inmueble acompañada de mensajes críticos hacia el movimiento.
También expresaron inconformidad con parte de la cobertura mediática realizada durante la visita del gobernador al lugar, al considerar que algunos medios reprodujeron únicamente las declaraciones oficiales sobre la recuperación del predio sin incluir los argumentos de las organizaciones.
Los activistas reiteraron que el fondo del conflicto no es la ocupación del inmueble, sino la oposición a la venta de bienes públicos y la defensa de alternativas de uso social para estos espacios.
“Si algunos de los inmuebles fueron donados al IMSS, al Congreso o a municipios, entonces también es posible destinarlos a proyectos comunitarios sin necesidad de privatizarlos”, sostuvieron.
Finalmente, los representantes de “Lo Común” señalaron que mantienen disposición para participar en una mesa de diálogo con el Gobierno de Michoacán, aunque indicaron que primero esperan conocer una propuesta formal por parte de las autoridades.
Respecto a la posibilidad de constituirse legalmente bajo alguna figura jurídica, como asociación o cooperativa, explicaron que esa alternativa está siendo analizada, pero cualquier decisión dependerá de los planteamientos que eventualmente presente el gobierno estatal.
“Es una posibilidad que está contemplada, pero primero necesitamos ver qué hay realmente sobre la mesa”, concluyeron.
