La Evaluación de Impacto Ambiental debería ser el principal filtro para evitar daños ecológicos, pero en México suele quedar reducida a un trámite que legitima megaproyectos. Entre vacíos técnicos, estudios incompletos y presión política, el artículo 28 se vuelve más promesa que garantía.
El artículo 48 de la LGEEPA define cómo deben protegerse las reservas de la biosfera en México, con zonas núcleo intocables y actividades reguladas en amortiguamientos. Sin embargo, en la práctica estas áreas enfrentan turismo masivo, tala, proyectos extractivos y falta de inspección ambiental.
El Artículo 46 de la Ley General de Vida Silvestre promete un sistema nacional para conservar la biodiversidad a través de las UMAs. Pero en la práctica, muchas funcionan como negocios de caza o criaderos, más cerca del lucro que de la conservación que la ley presume.
El artículo 39 de la Ley Minera promete responsabilidad ambiental y respeto a las comunidades, pero en México esa promesa se diluye entre derrames, despojos y contaminación. La ley ordena preservar y restaurar; la realidad minera hace lo contrario, amparada en su propio discurso de sustentabilidad.
El Artículo 8 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable ordena que las zonas rurales con mayor rezago social sean atendidas primero. Sin embargo, en Michoacán los apoyos siguen concentrándose en regiones con más infraestructura, dejando fuera a las comunidades indígenas y campesinas que más los necesitan.
El Artículo 28 de la Ley Ambiental de Michoacán obliga a publicar e inscribir los ordenamientos ecológicos territoriales, pero en la práctica, pocos municipios lo hacen. Sin esta transparencia, el desarrollo urbano avanza sin control, poniendo en riesgo ecosistemas y comunidades.
El Artículo 28 de la LGPGIR obliga a productores y grandes generadores a formular planes de manejo para residuos peligrosos y especiales. Sin embargo, su aplicación es débil: la falta de supervisión y sanciones permite que toneladas de residuos terminen en vertederos o en cadenas informales.
El cambio de uso de suelo en bosques mexicanos es un tema crítico para la conservación ambiental y la lucha contra la deforestación. Aunque la Ley Forestal establece reglas estrictas para proteger la biodiversidad, los suelos, el agua y la captura de carbono, en la práctica estas normas suelen ser ignoradas o manipuladas para favorecer proyectos agroindustriales y urbanos.
El Artículo 8 del Acuerdo de Escazú reconoce el derecho a una justicia ambiental efectiva: tribunales especializados, procesos rápidos, medidas cautelares y reparación integral. Sin embargo, en México este derecho enfrenta enormes obstáculos: juicios largos y costosos, falta de apoyo jurídico y una legitimación limitada que excluye a comunidades indígenas y grupos vulnerables.
