La política cultural en México vuelve al centro del debate. Mientras el gobierno anuncia nuevos estímulos al cine, trabajadores de Radio Educación y otros medios públicos denuncian atrasos, recortes y decisiones unilaterales. Una revisión crítica sobre presupuesto, derechos laborales y gestión cultural.
A casi nueve meses del asesinato de dos personas cercanas a la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, el caso sigue sin esclarecerse. La discusión se trasladó al terreno mediático, luego de que la mandataria cuestionara a la prensa por la percepción de inseguridad y reabriera el debate sobre la cobertura de la violencia.
Investigar delitos contra periodistas sigue siendo una deuda del Estado. Un nuevo protocolo federal promete enfoque de derechos humanos y combate a la impunidad, pero sin adopción obligatoria en fiscalías estatales, la protección a la libertad de expresión continúa atrapada entre buenas intenciones y vacíos estructurales.
La decisión de no transmitir una entrevista reabre un debate clave: ¿dónde termina la libertad de expresión y dónde comienzan los límites éticos del periodismo? Entre discursos de odio, derechos de las audiencias y responsabilidades editoriales, el caso Verástegui obliga a matizar.
De nuevo, errores desde el poder. La presidenta y la secretaria de Gobernación exhiben desconocimiento y omisiones sobre el Mecanismo de Protección a Periodistas. Andrés A. Solís desmenuza fallas legales, responsabilidades institucionales y el peligroso hábito de culpar a las víctimas.
No es un exceso ni una paranoia: la censura vuelve a caminar de la mano del poder. Desde despidos silenciosos hasta acusaciones absurdas, el periodismo crítico enfrenta una ofensiva sistemática. Este testimonio no es una queja personal, es una advertencia colectiva.
El periodismo puede ser una herramienta clave contra la impunidad. La experiencia en un taller internacional mostró cómo el trabajo periodístico riguroso puede documentar graves violaciones a derechos humanos y convertirse en evidencia para la justicia internacional.
Del discurso a la realidad hay un abismo. A ocho años de promesas oficiales, los mecanismos de protección a periodistas siguen fallando en los estados. Presumen avances, pero entre recortes, omisiones y complicidades, la violencia contra la prensa continúa sin freno.
El desmantelamiento de la Policía Federal y las fallas del Servicio de Protección Federal han dejado a periodistas y personas defensoras expuestas a riesgos graves. Incumplimientos, falta de recursos y omisiones oficiales agravan la vulnerabilidad de quienes deberían estar protegidos.
