En su primer año, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró un evento masivo al estilo del viejo PRI, destacando logros pero omitiendo pérdidas. Críticas señalan que su gobierno mantiene una relación tensa con la prensa, limita la libertad de expresión y refuerza el control sobre medios públicos.
La diputada Ruth Salinas propone un “registro voluntario de periodistas” en el Estado de México, pero especialistas y colegas cuestionan su utilidad y riesgos sobre la protección de datos personales. Andrés A. Solis analiza la iniciativa y sus fallas en Entre Periodistas.
El asesinato ocurrido en el CCH Sur expone dos problemáticas urgentes: la manera en que los medios criminalizan sin pruebas a los adolescentes involucrados en hechos de violencia, y la ausencia de políticas públicas sólidas en torno a la salud mental juvenil. Este caso muestra cómo una cobertura deficiente puede reforzar estigmas, mientras que la falta de atención integral a estudiantes en etapa vulnerable deja a miles en riesgo.
Cuando un funcionario público le dice a un periodista “ya no te voy a contestar”, no sólo evade la rendición de cuentas: también erosiona la libertad de prensa. De Javier Corral a Claudia Sheinbaum, los desplantes contra reporteros revelan un patrón de poder que incomoda frente al escrutinio público.
El Día Internacional de las y los Periodistas, cada 8 de septiembre, no solo recuerda la memoria de Julius Fucik, asesinado por el régimen nazi, sino que también subraya la importancia de la libertad de prensa frente a los embates del poder y las precariedades que enfrentan quienes ejercen el oficio.
El periodista Andrés A. Solís critica la petición del senador Alejandro Moreno de incorporarse al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas tras un enfrentamiento con Gerardo Fernández Noroña.
En México, la libertad de expresión atraviesa un momento crítico. Mientras voces cercanas al poder sugieren castigar a la “prensa que se porta mal”, los tribunales se convierten en armas de censura contra periodistas y medios.
A ocho años de distancia, poco se ha avanzado y muchas entidades han sido omisas en cumplir estos acuerdos institucionales, que crearon responsabilidades de gobiernos, no de partidos.
Lo grave no es que estas figuras políticas quieran imponer candados al periodismo y la crítica pública, lo realmente grave es que haya personas juzgadoras que se compren ese argumento y estén imponiendo sanciones que están más cerca de la censura y el autoritarismo, que la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.
