En México, la libertad de expresión atraviesa un momento crítico. Mientras voces cercanas al poder sugieren castigar a la “prensa que se porta mal”, los tribunales se convierten en armas de censura contra periodistas y medios.
El último informe de Artículo 19 documenta 51 procesos legales abiertos en apenas siete meses de 2025: un hostigamiento judicial que revela cómo el aparato del Estado se usa para silenciar la crítica.
No se trata de frenar la difamación o la violencia digital —que sí requieren límites legales claros—, sino de un patrón faccioso que amenaza el ejercicio profesional del periodismo y revive prácticas autoritarias que el actual gobierno prometió erradicar.
Persecución disfrazada
Andrés A. Solis*
Hace unos días la escritora Sabina Berman, integrante de esta nueva élite de intelectuales orgánicos del nuevo régimen, tuvo una triste ocurrencia.
Se atrevió a decir que debe castigarse a la “prensa que se porta mal”.
Ciertamente la señora no miente cuando habla de que muchas personas desde los medios de prensa se dedican a ofender y acusar al actual gobierno, basándose sólo en su percepción de una parte de la realidad.
Es cierto, muchas personas que tienen espacios en la prensa, radio, TV y medios digitales, osan estas plataformas para mentir, ofender y discriminar a diversos personajes, especialmente a quienes forman parte del grupo que gobierna el país.
Claro que quienes usan los medios para denostar a quien se les antoje, en su mayoría no son periodistas, son personas opinadoras, sin criterios de verificación, documentación y confirmación de hechos y datos, sólo opinan.
En este espacio he reiterado constantemente que el derecho a la libertad de expresión no es ni puede ser un permiso anticipado para acusar en falso, descalifica ni ofender; el derecho a la libertad de expresión encuentra sus límites en los otros derechos.
Y aunque todas las personas tienen el derecho de contar con herramientas y recursos para defenderse de quienes usan los medios para atacarles sin sentido, ahora vemos que las pieles son cada vez más delgadas y los aparatos del Estado están favoreciendo el uso de las propias leyes para vulnerar y violentar un derecho fundamental como la libertad de expresión y el ejercicio libre del periodismo profesional.
La organización de derechos humanos Artículo 19 presentó un informe en el que documenta el acoso judicial en contra de medios y periodistas.
De acuerdo con el reporte “Las leyes como mecanismo de censura”, Del 1 de enero al 31 de julio de 2025, “se registraron 51 casos. En total, 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación han sido notificados de procesos legales en su contra. Esto equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo1 cada cuatro días, en promedio. Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en grave riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información”.
Los casos más preocupantes son los que hemos mencionado medios y periodistas en meses recientes. Dos recursos legítimos y necesarios para evitar la violencia política en razón de género y la violencia digital contra las mujeres, que son utilizados de manera facciosa para perseguir el periodismo libre, el periodismo profesional que documenta y difunde casos de corrupción y de excesos desde el poder.
Y ante esta andanada, el propio gobierno mexicano ha sido cómplice y hasta impulsor de acciones legales contra periodistas y aunque los que se autodenominan integrantes de la cuarta transformación lo nieguen, resultaron peores que los autoritarios y censuradores del PRI y el PAN.
¿Quién es?
Andrés A. Solis*
*Periodista, autor del “Manual de Autoprotección para Periodistas” y de la “Guía de buenas prácticas para la cobertura informativa sobre violencia”. Integrante del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Conduce el programa “Expedientes MN”, que se transmite los viernes a las 18:10 hrs., por la cadena de Meganoticias
Las ideas vertidas en la sección de Opinión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. La política editorial de en15dias.com promueve su difusión como contribución a la discusión acerca de los conflictos socioambientales y socioterritoriales, salud comunitaria, derechos humanos, política ambiental y periodismo.
Esto te puede interesar
EL (resumen) SEMANAL: Semana #46 del 9 al 15 de noviembre de 2026
Esta semana, las comunidades de Zirahuén volvieron a denunciar la contaminación del lago y el despojo territorial; mientras, el Gobierno reporta condiciones ambientales estables. También abordamos la crisis del agua, las presiones inmobiliarias en el Cerro Punhuato, conflictos mineros y petroleros, y la agenda ambiental nacional.
Presidenta, ¿vale algo su palabra? / Parte II
De los 22 compromisos que Claudia Sheinbaum firmó con Reporteros Sin Fronteras para proteger a periodistas y combatir la impunidad, cinco registran avances insuficientes. Andrés A. Solis revisa las promesas pendientes y señala las contradicciones entre el discurso presidencial y las decisiones de su gobierno.
Colectivo artístico denuncia violaciones a derechos humanos tras detención en Morelia y exige frenar uso privado de espacios culturales
Integrantes de un colectivo de artistas denunciaron presuntas violaciones a derechos humanos durante su detención por parte de la Policía de Morelia, luego de realizar una protesta simbólica contra el uso de espacios culturales públicos para eventos privados. Tras un juicio de nulidad, la sanción administrativa impuesta fue revocada y se ordenó el reintegro de…






