La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció hostigamiento y ataques por parte de autoridades federales, estatales y municipales en tierras recuperadas en el Caracol 8, Dolores Hidalgo, Chiapas. Según la organización, las acciones incluyen destrucción de viviendas, robo de cultivos y amenazas a las bases de apoyo zapatistas, a pesar de que las tierras fueron adquiridas formalmente desde 1996.
Bases zapatistas bajo amenaza: denuncian destrucción de viviendas y robos en predio comunitario
Por: en15dias.com / Con información de Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas
La Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (ACGAZ) denunció este miércoles el “ataque, hostigamiento y manipulación” contra las bases de apoyo zapatistas asentadas en un predio recuperado en el poblado Belén, región campesina del Caracol 8 Dolores Hidalgo, jurisdicción de Ocosingo.
En el documento público que difundió la organización, se indica que entre el 18 y el 22 de septiembre personas se posicionaron nuevamente en el predio y que el 20 de septiembre llegaron al lugar vehículos del Ejército Federal, la policía municipal de Ocosingo y de la Fiscalía General del Estado.
La ACGAZ afirma que, durante estos operativos, destruyeron y quemaron viviendas de encargados y bases de apoyo zapatistas y cometieron robos en la zona.
La asamblea documenta además episodios previos de confrontación ocurridos los días 22 de abril, 12 de mayo, 12 de julio y 29 de agosto, cuando —según el comunicado— 30 personas del municipio de Huixtán, encabezadas por Emilio Bolom Álvarez, Miguel Bolom Palé, Miguel Vázquez Sántiz y David Seferino Gómez, llegaron al predio acompañadas por fuerzas del orden.
La ACGAZ denuncia que durante esas visitas destruyeron letreros, midieron la tierra y amenazaron a las familias que trabajan la milpa comunitaria, advirtiéndoles que se alejaran “por las buenas o por las malas”.
La organización señala que recuperó el predio en 1994 y acusa al gobierno de entregarlo a terceros. Afirma que la supuesta entrega formal de la tierra ocurrió en 1996, durante el gobierno de Manuel Camacho Solís, y asegura que las recientes acciones obedecen a un plan coordinado por los tres niveles de gobierno para favorecer a terratenientes y empresarios.
La ACGAZ dice que intentó dialogar, pero que los esfuerzos resultaron infructuosos, por lo que la asamblea decidió retirarse temporalmente del predio para planear su defensa. Agrega que organizaciones de derechos humanos poseen fotografías y videos que prueban los hechos denunciados.
En su mensaje dirigido a los pueblos de México y del mundo, la Asamblea llama a la precaución de sus redes y confirma que mantendrá comunicación sobre futuros pasos, al tiempo que reprocha la actuación gubernamental y la presunta colusión con intereses privados.
El comunicado finaliza con una advertencia sobre el riesgo de escalada y con una llamada a la solidaridad internacional La ACGAZ responsabiliza a los tres niveles de gobierno por las acciones y omisiones en el caso.
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