Agosto de 2025 evidenció la profundización del modelo extractivo en México: acaparamiento del agua, polos de desarrollo para privados, urbanización desigual, greenwashing ambiental y criminalización de resistencias. Un mes donde el “bienestar” oficial contrastó con el despojo territorial y la violencia.
EL (resumen) ANUAL ¿Qué pasó en agosto de 2025?
Agosto de 2025 terminó de mostrar lo que ya venía gestándose desde meses atrás: el agua, el territorio y el desarrollo se administran como botín, mientras el discurso oficial insiste en llamarlo bienestar.
A lo largo del mes, Michoacán y el país ofrecieron una radiografía clara de un modelo que combina extractivismo, urbanización desigual, simulación institucional y una creciente criminalización de quienes resisten o informan.
El golpe más contundente se dio en el terreno del agua. La desaparición de la Junta Local de Aguas de las Colonias del Sur de Morelia no fue un trámite administrativo, sino la estocada final a una experiencia de gestión social construida desde 1998.
El OOAPAS avanzó en la absorción de juntas locales bajo el argumento de eficiencia, pero el resultado real es el debilitamiento de la organización comunitaria y la apertura del camino para el negocio inmobiliario. La concesión histórica quedó en un limbo jurídico conveniente para quienes ven el agua como insumo de expansión urbana.
En paralelo, el llamado “desarrollo” tomó forma en los Polos de Desarrollo para el Bienestar. El Parque Industrial Bajío, en Zinapécuaro, inauguró el modelo: tierra, agua, incentivos fiscales y mano de obra pública puestos al servicio de empresarios privados.
Citelis, vinculada a Organización Ramírez, se consolidó como urbanizador maestro sin arriesgar capital propio ni suelo público. El Estado se reservó el papel de facilitador, mientras el discurso social maquilló una operación de concentración económica.
Las grandes vialidades confirmaron esta lógica. El segundo anillo periférico y el Ramal Camelinas avanzaron entre conflictos, represión y opacidad. Nueve propietarios y ejidatarios de Jesús del Monte enfrentaron el uso desmedido de la fuerza para imponer una obra cuyos beneficios reales se alinean con intereses inmobiliarios y logísticos. No hay escrituras públicas claras, no hay cesiones inscritas, pero sí una decisión política de defender inversiones privadas a cualquier costo.
Agosto también dejó claro que el aguacate sigue siendo intocable. Aunque el gobierno federal incluyó la deforestación en las llamadas “medidas no arancelarias” del T-MEC y celebró certificaciones como Proforest Avocado, la realidad es otra: miles de hectáreas de bosque siguen cayendo, los mantos acuíferos se degradan y la violencia asociada al negocio permanece fuera del discurso oficial.
La narrativa del “aguacate sustentable” funciona más como greenwashing que como política ambiental efectiva.
En el campo, la tecnificación del riego fue presentada como solución mágica. Distritos como el 020 Morelia-Queréndaro recibieron anuncios millonarios, pero las dudas persisten. La eficiencia técnica no corrige la desigualdad estructural: los grandes productores amplían superficies y consumo, mientras las familias campesinas quedan atrapadas entre costos, exclusión y pérdida de autonomía.
La agroexportación, mientras tanto, continúa invadiendo tierras ejidales y comunales, profundizando el despojo.
La ciudad mostró su rostro más desigual. Proyectos como Esfera, de la familia Ramírez, la ampliación de Amalia Solórzano o el Parque Logístico de Occidente se justificaron con empleo y modernidad, aun cuando Morelia pierde hasta 60 por ciento del agua en fugas y decenas de colonias sobreviven con tandeos. Banquetas y ciclovías conviven con millones en plusvalía inmobiliaria; el “desarrollo” llega primero a donde ya hay capital.
La simulación institucional atravesó todo el mes. Desde una Semarnat que dialoga con organizaciones de escritorio mientras defensores territoriales enfrentan amenazas reales, hasta una Conagua incapaz de mostrar resultados claros en la clausura de pozos ilegales. Las Áreas Voluntarias de Conservación se entregaron como certificados de buena voluntad, pero sin garantías de financiamiento ni vigilancia sostenida. Papel pintado, por ahora.
La violencia fue el telón de fondo. Amenazas a líderes de San Miguel del Monte, agresiones contra personal del Guardián Forestal, presencia territorial del crimen organizado negada desde el discurso oficial. Y, como si no bastara, el aumento histórico de procesos judiciales contra periodistas confirmó que la censura ya no siempre necesita balas: basta con demandas, denuncias y desgaste legal. Para las mujeres periodistas, el riesgo se duplica.
Frente a este panorama, las resistencias no desaparecieron. Campesinos contra cañones antigranizo, pueblos cholultecas defendiendo su agua, comunidades indígenas afirmando el autogobierno, encuentros de resistencias y diálogos de saberes que insisten en construir alternativas desde abajo. Agosto dejó claro que la defensa del territorio no se delega y que el Estado, lejos de ser árbitro, suele ser parte del problema.
Y mientras tanto, el poder siguió administrando silencios, construyendo imágenes políticas, mercantilizando el patrimonio cultural y llamando progreso a lo que para muchos es despojo.
Agosto de 2025 no fue una excepción: fue la confirmación de un modelo. Uno que nombra bienestar a la acumulación, sostenibilidad a la simulación y gobernabilidad al control. Frente a eso, las comunidades siguen recordando que el agua, la tierra y la palabra no son mercancía.
ANUARIO 2025
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