Durante la semana 5, del 26 de enero al 1 de febrero de 2026, la agenda pública estuvo marcada por proyectos de infraestructura, discursos ambientales oficiales y acciones institucionales que contrastan con conflictos territoriales, extractivismo, criminalización de defensores y presiones inmobiliarias que siguen sin resolverse.
EL (resumen) SEMANAL #05: 26 de enero al 1 de febrero de 2026
Incendio en La Mintzita: comunidad frente al fuego y a la ambición territorial
Un incendio consumió amplias zonas del humedal La Mintzita, Área Natural Protegida y uno de los principales sistemas de recarga hídrica de Morelia. El fuego afectó la parte oriente y sur del espejo de agua, dañando vegetación, fauna y funciones ecológicas esenciales. La emergencia ocurre al inicio de la temporada seca, periodo históricamente marcado por incendios recurrentes en esta zona de alto valor ambiental.
La Comunidad Ecológica Jardines de la Mintsita advirtió que detrás de estos siniestros operan intereses de especulación inmobiliaria sobre territorios estratégicos. Desde hace años, habitantes organizados realizan labores de monitoreo, denuncia y contención frente a intentos de apropiación irregular de tierras alrededor del manantial. Su trabajo comunitario ha sido clave para mantener visible la defensa de un ecosistema que abastece de agua a amplios sectores de la ciudad.
La Mintzita se mantiene en pie, en gran medida, por la acción colectiva de quienes la defienden. El incendio vuelve a colocar una pregunta estructural: si el territorio es protegido por la comunidad, ¿quién asume la responsabilidad jurídica de impedir que la ambición inmobiliaria siga avanzando sobre uno de los ecosistemas más estratégicos de Morelia?
Lago de Pátzcuaro recupera 500 hectáreas de agua, pero aún falta 95% para su restauración total
El gobierno de Michoacán anunció la recuperación de 500 hectáreas de superficie del lago de Pátzcuaro tras dos años de intervención ambiental. Sin embargo, la cifra —presentada como logro histórico— requiere contexto: el lago ha perdido más del 40% de su superficie en las últimas décadas, producto de la sobreexplotación de acuíferos, el cambio de uso de suelo y la expansión urbana desordenada en su cuenca. En ese escenario, la recuperación anunciada representa apenas una fracción del deterioro acumulado.
Las 500 hectáreas recuperadas —equivalentes a 5 kilómetros cuadrados o aproximadamente 700 campos de fútbol— representan un respiro para este cuerpo de agua que enfrenta una de las peores crisis hídricas de su historia.
Sin embargo, el dato debe contextualizarse: el lago de Pátzcuaro contaba históricamente con entre 10,000 y 12,000 hectáreas de superficie, lo que significa que la recuperación actual apenas alcanza el 4-5% de su extensión original.
La recuperación de 500 hectáreas marca un primer paso positivo, pero el camino hacia la restauración completa será largo.
En este contexto, bajo el discurso del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobierno estatal dio el banderazo la limpieza de canales estratégicos. Sin embargo, la intervención sigue centrada en acciones de mantenimiento hídrico sin atender de fondo las causas estructurales del deterioro: descargas contaminantes, expansión urbana sin control y presión turística creciente.
La restauración se presenta como logro gubernamental, pero sin un esquema integral de ordenamiento territorial y corresponsabilidad comunitaria, el rescate del lago corre el riesgo de quedarse en una política de contención más que de transformación ecológica real.
Eleva Park: corredor industrial, concentración de beneficios y nuevos presiones territoriales
El gobierno de Michoacán presentó el parque industrial Eleva Park, en Tarímbaro, como una apuesta para generar hasta cinco mil empleos formales y consolidar un corredor industrial en la zona metropolitana de Morelia.
El proyecto, impulsado por Organización Ramírez y Grupo Citelis, ya alberga 35 empresas y se articula con otros desarrollos logísticos en Álvaro Obregón y Zinapécuaro. La narrativa oficial lo coloca como motor económico regional, aunque sin detallar los costos territoriales y ambientales asociados a su expansión.
Eleva Park se suma a una serie de proyectos estratégicos promovidos por el actual gobierno estatal y vinculados directamente a la familia Ramírez, uno de los grupos empresariales con mayor presencia en el sector inmobiliario e industrial del estado.
La reiterada asignación de proyectos de alto impacto a un mismo conglomerado empresarial abre interrogantes sobre la concentración de beneficios, los criterios de selección de inversionistas y los mecanismos de transparencia en la política de atracción de capital privado.
La proyección de miles de empleos formales es presentada como argumento central de legitimación del proyecto. Sin embargo, queda pendiente conocer la calidad de esos empleos, la proporción de mano de obra local incorporada y los compromisos ambientales asumidos por las empresas instaladas.
En ausencia de estos datos, Eleva Park se perfila no solo como un nuevo nodo económico, sino como un reordenamiento territorial cuyos beneficios y riesgos aún no se distribuyen con claridad pública.
Segundo Anillo Periférico: infraestructura rápida, territorio en reconfiguración
El gobierno estatal informó la supervisión del primer segmento del Segundo Anillo Periférico de Morelia, una autopista libre de cuota tipo A2 que conectará la salida a Pátzcuaro con la salida a Quiroga a lo largo de 19.7 kilómetros, permitiendo velocidades de hasta 110 kilómetros por hora. La obra se presenta como solución de movilidad regional, aunque el anuncio oficial omite información sobre los impactos territoriales y ambientales asociados a una vialidad de alta velocidad en una zona de transición urbano-rural.
La construcción de nuevas infraestructuras periféricas suele inducir procesos de expansión urbana acelerada, cambio de uso de suelo y especulación inmobiliaria en las áreas adyacentes.
En la franja sur-poniente de Morelia, donde se ubica este trazo, persisten suelos agrícolas, zonas forestales y microcuencas que alimentan sistemas hídricos regionales, incluidos aquellos vinculados al lago de Pátzcuaro. Sin medidas de ordenamiento territorial, la autopista puede convertirse en un nuevo eje de urbanización dispersa.
El proyecto se anuncia como autopista “libre de cuota”, pero no se transparentan los esquemas de financiamiento, los costos públicos involucrados ni los contratos de obra. Tampoco se han hecho públicos estudios de impacto ambiental detallados ni planes de mitigación frente a fragmentación de ecosistemas, incremento de escorrentías y presión sobre acuíferos, efectos recurrentes en obras viales de alta capacidad.
La prioridad otorgada a infraestructura para movilidad motorizada contrasta con la ausencia de estrategias integrales de transporte público metropolitano o movilidad sustentable.
Apostar por corredores de alta velocidad sin fortalecer alternativas colectivas refuerza un modelo territorial dependiente del automóvil, con implicaciones directas en consumo energético y emisiones.
El Segundo Anillo Periférico avanza como pieza clave del reordenamiento espacial de la zona metropolitana de Morelia.
Y tendríamos que estar reflexionando en que no es solo cuántos kilómetros se construyen, sino qué tipo de ciudad y región se está configurando alrededor de esta infraestructura, y quiénes asumirán los costos ambientales de esa transformación.
Fiscalía ambiental: nuevas mesas de trabajo sobre una estructura que sigue sin reformarse
La Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán anunció su incorporación a una mesa de trabajo con autoridades federales y estatales y la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna, con el objetivo de fortalecer carpetas de investigación y judicializar denuncias ambientales. La iniciativa se presenta como un paso para combatir la criminalidad ambiental, aunque en los hechos replica esquemas de coordinación interinstitucional que han existido en administraciones anteriores sin traducirse en sanciones efectivas contra los principales responsables de la devastación ecológica.
La propuesta de crear una Mesa de Seguridad Ambiental, con grupos operativos y técnicos para atender denuncias y robustecer pruebas legales, busca acelerar procesos que hoy se encuentran rezagados. Sin embargo, el anuncio no aborda el problema estructural de fondo: una Fiscalía que históricamente ha mostrado baja capacidad investigativa en delitos ambientales y que, en casos recientes, ha sido señalada por criminalizar a defensores del territorio antes que a quienes operan redes de tala ilegal, cambio de uso de suelo o extracción clandestina de agua.
La estrategia anunciada tampoco hace públicos los criterios de transparencia que regirán la nueva mesa: cómo se seleccionarán los casos prioritarios, qué mecanismos de seguimiento ciudadano existirán o cómo se evitará que las denuncias ambientales queden archivadas sin resolución.
Sin estos elementos, la coordinación interinstitucional corre el riesgo de convertirse en un ejercicio administrativo más, sin capacidad real de disuasión frente a los delitos ambientales.
La persecución efectiva de la criminalidad ecológica no depende únicamente de crear nuevas mesas de trabajo, sino de reformar de fondo una Fiscalía que requiere controles externos, rendición de cuentas y garantías de no criminalización a quienes defienden el territorio. Sin esa transformación estructural, la justicia ambiental seguirá siendo una promesa recurrente en comunicados oficiales.
Aguacate y política ambiental: promoción global de un modelo aún sin límites territoriales
El gobernador de Michoacán anunció que más de 120 mil toneladas de aguacate serán exportadas a Estados Unidos con motivo del Super Bowl, presentando el hecho como resultado de una política ambiental responsable. El 90 por ciento de la producción, aseguró, cuenta con certificación ProForest Avocado que acredita huertas libres de deforestación. La difusión internacional del fruto se integra así al discurso oficial de sostenibilidad, colocando al gobierno estatal como promotor de una agroindustria que busca legitimarse ambientalmente.
Sin embargo, la expansión aguacatera en Michoacán continúa sin una delimitación pública y vinculante de la franja productiva autorizada. La ausencia de un ordenamiento territorial claro ha permitido durante años el avance del cultivo sobre zonas forestales y de recarga hídrica.
En ese contexto, la certificación de huertas individuales no sustituye la necesidad de establecer límites territoriales precisos que definan dónde sí y dónde no puede expandirse la agroindustria.
La estrategia de promoción oficial omite además que el modelo aguacatero sigue siendo altamente demandante de agua y energía en regiones donde comunidades rurales enfrentan estrés hídrico creciente.
La narrativa de “huertas libres de deforestación” no incorpora aún una evaluación integral de la huella ecológica del cultivo ni de los impactos acumulados sobre cuencas y acuíferos.
La política ambiental estatal aparece así alineada con la lógica de apertura comercial y posicionamiento internacional del producto, más que con la regulación estricta de sus límites ecológicos.
En los hechos, es el mercado global el que continúa marcando el ritmo de la expansión aguacatera, mientras los instrumentos de control ambiental avanzan con menor velocidad y menor capacidad de supervisión.
El desafío pendiente no es solo certificar huertas, sino definir una frontera agrícola clara, transparente y socialmente acordada. Sin esa delimitación, la sostenibilidad seguirá operando como discurso de legitimación comercial, mientras el territorio continúa ajustándose a las exigencias del mercado antes que a los límites de sus ecosistemas.
Ciencia y política ambiental: cuando la academia legitima el discurso de la sostenibilidad
La directora del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán participó en el conversatorio “Ecología para la resiliencia: ciencia y tecnología al servicio de las decisiones ambientales”, junto con autoridades de la UNAM y funcionarios ambientales estatales.
El encuentro fue presentado como un espacio clave para fortalecer la toma de decisiones ambientales desde la ciencia y promover la formación de nuevas generaciones en carreras vinculadas a la sostenibilidad.
Sin embargo, la creciente presencia de instituciones científicas en foros convocados o articulados con dependencias gubernamentales también cumple una función política: dotar de legitimidad técnica a políticas públicas ambientales que, en la práctica, han sido cuestionadas por sus resultados limitados o por operar más como estrategias de imagen que como transformaciones estructurales.
La alianza entre ciencia y gobierno, aunque necesaria, puede convertirse en un dispositivo de validación simbólica de agendas oficiales.
En un contexto donde el gobierno estatal promueve certificaciones “verdes”, rescates parciales de ecosistemas y expansión de infraestructura con altos impactos territoriales, el discurso de “decisiones basadas en ciencia” corre el riesgo de operar como marco de greenwashing institucional.
La presencia de figuras académicas de alto perfil otorga credibilidad pública, aun cuando los conflictos socioambientales de fondo —agua, bosque, suelo y criminalidad ambiental— permanecen sin resolución integral.
El conversatorio también fue presentado como plataforma de orientación vocacional para jóvenes, destacando la importancia de formar profesionistas ambientales. No obstante, la promoción de carreras científicas no sustituye la necesidad de garantizar que el conocimiento producido por las instituciones académicas tenga capacidad real de incidir en decisiones públicas, más allá de su uso como respaldo discursivo.
La relación entre ciencia y política ambiental es indispensable para enfrentar la crisis ecológica, pero exige independencia crítica, transparencia y capacidad de cuestionamiento. Sin estos elementos, los espacios de diálogo corren el riesgo de convertirse en vitrinas de consenso, donde la ciencia termina validando narrativas oficiales de sostenibilidad sin alterar las estructuras que producen el deterioro territorial.
T-MEC en revisión: cadenas de suministro sí, límites al extractivismo no
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo reuniones en Washington con autoridades comerciales de Estados Unidos para avanzar en la revisión del T-MEC prevista para este año. En los encuentros se destacó la cooperación en industria automotriz, comercio bilateral, aranceles y, de manera particular, en “minerales críticos” y fortalecimiento de las cadenas de suministro.
La agenda oficial coloca así el acento en competitividad regional y seguridad económica compartida.
Sin embargo, en el comunicado no aparece una sola referencia a los impactos territoriales, sociales o ambientales de la creciente extracción de minerales estratégicos en México. La cooperación en “minerales críticos” —clave para la transición energética y la industria tecnológica— se presenta como oportunidad comercial, sin que se mencionen estándares vinculantes de protección ambiental, consulta comunitaria o límites al avance extractivo sobre territorios rurales e indígenas.
Desde una perspectiva de ecología política, esta omisión no es menor. El T-MEC regula flujos comerciales, propiedad intelectual y cadenas productivas, pero mantiene fuera de su marco obligatorio la regulación de los conflictos socioambientales derivados del extractivismo.
En la práctica, los acuerdos garantizan certidumbre a las inversiones, mientras las comunidades afectadas por minería, megaproyectos energéticos o explotación de agua siguen dependiendo de legislaciones nacionales débiles y sistemas de justicia ambiental frágiles.
La revisión del tratado ocurre en un momento de alta presión internacional por asegurar minerales para baterías, semiconductores y energías renovables. México se posiciona como territorio estratégico en esa cadena, pero sin que se discuta públicamente qué mecanismos impedirán que la carrera por abastecer mercados norteamericanos profundice despojos territoriales, degradación ecológica o violencia contra defensores ambientales.
El diálogo comercial avanza con lenguaje de “resiliencia” y “competitividad”, pero sin integrar compromisos verificables sobre límites ecológicos y derechos territoriales.
Así, el T-MEC continúa consolidando una arquitectura donde el comercio tiene reglas claras y exigibles, mientras la dimensión ambiental del extractivismo permanece, una vez más, fuera del tratado.
Yucatán: clausura después del desmonte, justicia ambiental cuando el daño ya está hecho
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró temporalmente una granja avícola en Hoctún, Yucatán, tras detectar el cambio ilegal de uso de suelo en terrenos forestales donde se removió la vegetación en 8.9 hectáreas para construir naves industriales y caminos de acceso. La medida responde a la falta de autorización ambiental, pero llega después de que la selva mediana caducifolia ya fue desmontada y el ecosistema fragmentado de manera irreversible en el corto plazo.
El caso no es aislado. En municipios cercanos, la misma empresa ha sido señalada por desmontes ilegales adicionales y violación de sellos de clausura, sin que hasta ahora se reporten sanciones ejemplares o reparación integral del daño. La reiteración de estas prácticas expone una debilidad estructural en la vigilancia ambiental y una permisividad institucional frente a la expansión agroindustrial sobre territorios forestales.
La intervención de Profepa evidencia un patrón recurrente: la autoridad actúa cuando el ecocidio ya ocurrió. Sin ordenamiento territorial vinculante, sin monitoreo preventivo y bajo fuerte presión inmobiliaria y agroindustrial, los espacios naturales continúan perdiéndose a una velocidad mayor que la capacidad institucional de protegerlos.
La clausura administrativa detiene momentáneamente la obra, pero no recupera la selva talada ni restituye las funciones ecológicas perdidas.
El avance de megaproyectos productivos en la península de Yucatán se inserta en una lógica de ocupación acelerada del territorio, donde el valor del suelo para inversión pesa más que su valor ecológico. En este contexto, las áreas forestales se convierten en reservas de expansión económica, mientras la regulación ambiental opera de manera reactiva y fragmentada.
La clausura en Hoctún confirma que la ley ambiental existe, pero se aplica tarde y sin capacidad disuasiva suficiente. Sin una política de ordenamiento territorial estricta, transparencia en autorizaciones y sanciones ejemplares, la protección ambiental seguirá llegando después del incendio, después del desmonte y después de que el daño ya se volvió paisaje permanente.
Lago de Texcoco: el regreso de los pelícanos después de frenar un megaproyecto
Más de 40 pelícanos blancos americanos fueron avistados en el Lago Nabor Carrillo, dentro del Área de Protección de Recursos Naturales Lago de Texcoco. El hecho, que no se registraba desde hace más de 15 años, fue presentado por autoridades ambientales como resultado de acciones de monitoreo comunitario y restauración ecológica en la zona.
El retorno de estas aves ocurre tras la cancelación del proyecto aeroportuario que, hasta 2018, contemplaba la urbanización masiva de la antigua cuenca lacustre de Texcoco. Aquel megaproyecto implicaba la desecación permanente de humedales, la desviación de ríos y la sustitución de ecosistemas por infraestructura de concreto. Su suspensión abrió una disputa territorial que, con el tiempo, derivó en una política de restauración ambiental inédita en el valle de México.
Desde 2022, instituciones federales, comunidades y organizaciones sociales han impulsado la recuperación de cuerpos de agua y el restablecimiento del cauce de siete de los nueve ríos que habían sido desviados durante las obras aeroportuarias. Estas acciones han permitido el retorno paulatino de especies y la recomposición de hábitats que habían sido fragmentados durante décadas de intervención hidráulica intensiva.
El caso de Texcoco contrasta con otros territorios donde megaproyectos continúan avanzando sin mecanismos equivalentes de restauración. Aquí, el rescate ambiental ocurre después de una confrontación política y social que frenó una obra de gran escala, evidenciando que la recuperación ecológica no fue un punto de partida, sino una consecuencia de revertir un modelo de ocupación territorial altamente extractivo.
El regreso de los pelícanos es un indicador biológico relevante, pero también un recordatorio de que los ecosistemas pueden recuperarse cuando se detiene la presión urbanizadora. La experiencia de Texcoco plantea una pregunta de fondo para la política territorial en México: ¿cuántos otros paisajes necesitan primero ser liberados de megaproyectos para tener oportunidad de ser restaurados?
“¡Asesino!” en París: Calderón frente a la memoria de una guerra que Michoacán aún padece
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado en París por estudiantes que interrumpieron su conferencia con gritos de “¡asesino, lárgate!”, en rechazo a su presencia como expositor sobre seguridad internacional. La protesta aludió directamente a la estrategia militar que lanzó en 2006 bajo el nombre de “guerra contra el narcotráfico”, política que transformó el mapa de la violencia en México y cuyos efectos persisten hasta hoy.
Durante su sexenio, México registró más de 120 mil homicidios vinculados al conflicto armado contra los cárteles, además de un crecimiento exponencial de las desapariciones, que organizaciones civiles sitúan en decenas de miles desde el inicio de la militarización de la seguridad pública.
La confrontación directa fragmentó a los grupos criminales, expandió las disputas territoriales y normalizó la presencia permanente de fuerzas armadas en tareas civiles, sin que se construyera una institucionalidad de justicia capaz de contener la violencia.
En Michoacán, esa guerra no es una estadística abstracta. Aquí se inauguró el despliegue militar federal, se intensificaron los conflictos entre organizaciones criminales y se abrió un ciclo de violencia que aún estructura la vida cotidiana de amplias regiones del estado.
Desplazamientos forzados, desapariciones, control territorial armado y economías ilegales siguen siendo parte del paisaje social heredado de aquella estrategia.
La protesta en París expuso que la responsabilidad de Calderón no pertenece solo al pasado. La arquitectura de seguridad que instauró —militarización, confrontación frontal y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas— continúa moldeando la política de seguridad nacional. Aunque gobiernos posteriores modificaron el discurso, el modelo de contención armada permanece, mientras las víctimas siguen esperando verdad y justicia.
Que el expresidente sea interpelado fuera del país revela que la memoria de su guerra ya es global. Pero en territorios como Michoacán, esa memoria no solo se recuerda: se vive todavía.
ICE y la frontera extendida: el regreso del castigo migratorio y las presiones sobre México
No puede dejarse de lado, desde América Latina, lo que ocurre en Estados Unidos y su histórica ambición de proyectar control más allá de sus fronteras. En ese marco, la agenda migratoria ha vuelto al centro del escenario político estadounidense con el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como brazo operativo de una política de contención territorial. Redadas ampliadas, detenciones masivas y nuevas facultades de deportación marcan un endurecimiento institucional que acompaña el retorno del trumpismo como fuerza estructurante del discurso público.
El entorno político que rodea a Donald Trump —incluidos sectores militares, agencias de seguridad interior y asesores que impulsan una visión de “frontera como zona de guerra”— ha reactivado una narrativa donde la migración es tratada como amenaza a la seguridad nacional. ICE no opera solo como institución administrativa: funciona como dispositivo de control geopolítico, extendiendo la frontera estadounidense hacia el sur mediante acuerdos de contención y presión diplomática sobre países de tránsito.
México vuelve a ocupar un lugar central en esta estrategia. Las advertencias de imponer sanciones comerciales o restricciones económicas si no se frena el flujo migrante colocan al Estado mexicano como muro externo de contención. La política migratoria estadounidense se exporta como obligación regional, trasladando los costos humanitarios y operativos a territorio mexicano, sin asumir corresponsabilidad sobre las causas estructurales de la migración.
Este esquema se reproduce en América Latina, donde crisis económicas, violencia territorial y colapso ambiental expulsan poblaciones enteras. Sin embargo, la respuesta estadounidense privilegia el control policial por encima de estrategias de cooperación para el desarrollo o estabilización regional. La migración se castiga, pero no se atiende el modelo económico y extractivo que continúa generando expulsión social.
El fortalecimiento de ICE y la reactivación de la agenda trumpista consolidan una frontera cada vez más militarizada, donde los derechos humanos quedan subordinados a la lógica de seguridad. Para México, el desafío no es solo diplomático: es territorial y social. Convertirse en contenedor de la crisis migratoria hemisférica implica asumir costos crecientes, mientras las decisiones estratégicas siguen tomándose al norte del río Bravo.
Ausencia prolongada del alcalde de Morelia reaviva críticas por viaje internacional sin agenda clara
Desde hace más de una semana, el alcalde panista de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, se encuentra en Madrid, España, sin que hasta ahora exista información pública precisa sobre su agenda oficial ni sobre las razones de su permanencia prolongada en el extranjero. La ausencia del edil comienza a generar cuestionamientos, especialmente porque desde el domingo pasado concluyó la Feria Internacional de Turismo (FITUR), evento al que originalmente se vinculó su viaje.
La FITUR, celebrada del 22 al 26 de enero, suele ser utilizada por autoridades locales como escaparate para promover destinos turísticos; sin embargo, una vez terminado el encuentro, el alcalde no ha regresado a Morelia ni ha informado sobre reuniones, acuerdos o resultados concretos derivados de su estancia en Europa. Tampoco se ha explicado si el viaje continúa siendo de carácter institucional o si responde a intereses de otra naturaleza.
El viaje ocurre en un contexto político sensible, marcado por la proximidad de definiciones electorales y por una agenda local cargada de problemas estructurales: inseguridad, deterioro de servicios públicos, presión inmobiliaria y conflictos territoriales en zonas ambientales del municipio. La prolongada ausencia del presidente municipal contrasta con la necesidad de conducción política y administrativa en la capital michoacana.
Desde distintos sectores se ha comenzado a interpretar la estancia en Madrid como una gira de posicionamiento personal, más asociada a proyección política que a una estrategia clara de gobierno. La falta de transparencia sobre costos, beneficios y responsabilidades delegadas durante su ausencia refuerza la percepción de un viaje desconectado de las prioridades inmediatas de la ciudad.
Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido un comunicado detallando quién encabeza formalmente las decisiones ejecutivas ni cuándo se prevé el regreso del alcalde. En un escenario donde la rendición de cuentas resulta indispensable, la permanencia del edil en el extranjero, una vez concluido el evento que justificó su viaje, deja más preguntas que resultados visibles para Morelia.
