El Resumen Semanal #04 analiza del 19 al 24 de enero de 2026 la detención de “El Botox” en Michoacán, la deforestación bajo Guardián Forestal, la agroindustria exportadora, conflictos por agua y energía, y los impactos de la desigualdad global en un contexto de políticas ambientales y económicas estratégicas.
EL (resumen) SEMANAL #04: del 19 al 24 de enero de 2026
Vaya, vaya con los tiempos y las obras. En San Miguel del Monte, la rehabilitación de caminos rurales comenzó a leerse menos como una política pública tardía y más como el arranque visible de una campaña anticipada.
Yankel Benítez, hoy operador político del gobierno municipal de Morelia, aparece encabezando recorridos, midiendo apoyos y construyendo presencia territorial en una comunidad que durante años fue relegada por el propio ayuntamiento. La pregunta no es si hay obras, sino por qué ahora y con qué objetivo político.
El antecedente es clave. El año pasado, Yankel intervino de manera directa en el proceso comunitario para impulsar el “No” al autogobierno indígena Pirinda, una decisión que fracturó a la comunidad y desactivó una ruta de autonomía reconocida legalmente. Desde entonces, su presencia no ha sido neutral ni circunstancial. Lo que hoy se presenta como eficiencia institucional forma parte de una estrategia más amplia: reordenar políticamente el territorio, construir lealtades y sentar las bases de una estructura electoral rumbo a 2027.
Las obras municipales, anunciadas como resultado de la “visión de gobierno”, funcionan en los hechos como moneda de cambio político en una comunidad históricamente olvidada.
Caminos rehabilitados, recorridos oficiales y fotografías cuidadosamente producidas no aparecen de manera espontánea; llegan después de años de abandono y justo cuando se comienza a perfilar una disputa por el poder local y, eventualmente, por la alcaldía de Morelia.
El territorio no solo se pavimenta, también se administra políticamente, y el acceso a infraestructura se convierte en herramienta para alinear apoyos.
Este respaldo que hoy se busca en San Miguel del Monte no es coyuntural. Forma parte del proyecto inmobiliario que avanza en la zona, donde el control político de la comunidad resulta estratégico para facilitar cambios de uso de suelo, obras y desarrollos futuros. No es casual quiénes aparecen en las imágenes: son los mismos actores que han impulsado estos proyectos desde dentro de la comunidad, articulando intereses privados con gestión pública y capital político.
Yankel parece tenerlo claro si aspira a escalar políticamente en Morelia: construir base electoral desde las periferias, aunque eso implique profundizar divisiones internas, desactivar procesos de autonomía indígena y subordinar el interés comunitario a un proyecto urbano-inmobiliario de largo plazo.
Mientras tanto, San Miguel del Monte carga con las consecuencias. La comunidad no solo fue fragmentada políticamente; fue convertida en territorio de ensayo para una estrategia que mezcla obras, control y campaña anticipada.
EMPLEO TEMPORAL EN EL LAGO DE PÁTZCUARO
Y es que el rescate del Lago de Pátzcuaro vuelve a colocarse en el centro del discurso público, ahora con el relanzamiento del Programa de Empleo Temporal anunciado para marzo de 2026. El gobierno de Michoacán informó que, en los últimos dos años, más de 2 mil familias de la cuenca han participado en acciones de restauración ambiental, en un esfuerzo que combina política social, manejo ambiental y presencia institucional en uno de los territorios más frágiles del estado.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente (Secma), entre 2024 y 2025 el programa tuvo impacto en 75 comunidades de la cuenca del lago, principalmente a través del mantenimiento y rehabilitación de manantiales, una de las fuentes históricas que alimentan el sistema lacustre. El titular de la dependencia, Alejandro Méndez López, señaló que estas acciones se realizaron en coordinación con Compesca y la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, en un contexto marcado por el abatimiento del nivel del lago y la presión creciente sobre el recurso hídrico.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció que este año se habilitarán mil empleos temporales adicionales, con una inversión de 40 millones de pesos, como parte de la continuidad del programa. Según datos oficiales, durante 2025 se retiraron más de 376 mil metros cúbicos de azolve, combinando mano de obra comunitaria y maquinaria pesada aportada por diversas dependencias estatales y federales, incluidas Sader, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Compesca y la Marina.
Además del saneamiento físico del lago, el gobierno estatal reportó acciones complementarias en restauración de suelos, agricultura sustentable, reforestación y control de plagas forestales, realizadas junto con la Comisión Forestal del Estado.
En el ámbito ecológico, también se liberaron crías de pez blanco y acúmara, especies emblemáticas del lago, y se avanzó en la conformación del Corredor Biocultural del Lago de Pátzcuaro, así como en un corredor de Áreas Voluntarias de Conservación en la parte alta de la cuenca, que suma más de 8 mil hectáreas.
El programa representa un esfuerzo relevante de intervención comunitaria, pero también deja abiertas preguntas estructurales. El empleo temporal mitiga impactos sociales inmediatos y genera participación local, pero no sustituye la necesidad de atender las causas profundas del deterioro del lago: la sobreexplotación del agua, el crecimiento urbano desordenado, el cambio de uso de suelo y las actividades económicas que presionan la cuenca.
A ello se suman los operativos para frenar la extracción ilegal de agua, implementados por las secretarías de Gobierno y Seguridad Pública, que evidencian que el conflicto hídrico en Pátzcuaro es también un problema de control territorial y gobernanza.
Así, el rescate del Lago de Pátzcuaro avanza entre avances ambientales, empleo comunitario y una estrategia estatal que busca mostrar resultados, pero que sigue enfrentando el desafío de pasar del programa coyuntural a una política integral de cuenca, donde la restauración ecológica no dependa solo del esfuerzo temporal de las comunidades, sino de una transformación profunda en la relación entre desarrollo, agua y territorio.
¿CONTRADEMANDA?
Vaya, vaya… después de dos años de silencio institucional, la justicia federal volvió a poner el dedo en la llaga. Un nuevo fallo ordenó a la Secretaría de Economía responder de manera clara, fundada y puntual a la Demanda Colectiva Maíz, que desde 2023 solicitó activar los mecanismos del TMEC frente a Estados Unidos por el impacto del maíz genéticamente modificado en la soberanía alimentaria y la biodiversidad de México.
El tribunal fue explícito: no responder, o hacerlo de forma evasiva, constituye una violación al derecho constitucional de petición.
En la sesión pública del 21 de enero de 2026, la magistrada en funciones María Alejandra Suárez Morales, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, determinó que la Secretaría de Economía incumplió el estándar constitucional al no explicar si la petición de la Colectividad es procedente o improcedente, ni justificar por qué sus argumentos encuadran —o no— en los supuestos del TMEC.
La sentencia obliga a la autoridad a pronunciarse de fondo, no solo a emitir oficios administrativos que eluden el contenido sustantivo de la solicitud.
Lo que la Colectividad del Maíz ha pedido no es menor: contrademandar a Estados Unidos por privar a México de los beneficios del TMEC en materia de biotecnología agrícola, con base en los artículos 31.2.b y 31.2.c del tratado.
El planteamiento se sostiene en dos ejes centrales: la inexistencia de análisis de riesgo y estudios científicos que demuestren que el maíz transgénico estadounidense es seguro para la ingesta de la población mexicana y para la biodiversidad de los maíces nativos; y el trato discriminatorio de autoridades y empresas de biotecnología de EEUU, que evalúan riesgos a partir de patrones de consumo estadounidenses, profundamente distintos a los de México, donde el maíz es base alimentaria cotidiana.
Desde la ecología política, el caso revela una tensión estructural entre comercio internacional, poder corporativo y territorios campesinos. La omisión de la Secretaría de Economía no es solo administrativa: expresa una disputa sobre quién define qué se come, cómo se produce y qué riesgos se consideran aceptables. Activar el TMEC no es un tecnicismo legal, sino una decisión política que confronta el modelo agroindustrial dominante con la defensa de la milpa, la biodiversidad y los derechos colectivos.
Con esta resolución, la Demanda Colectiva Maíz suma cuatro sentencias favorables —dos en juicios de amparo y dos en recursos de revisión— en una lucha sociojurídica que ha insistido en que la soberanía alimentaria no se negocia en silencio.
La sentencia reafirma que el derecho de petición no se satisface con respuestas formales, sino con argumentos de fondo, y que la defensa de los maíces nativos pasa también por obligar al Estado a asumir su responsabilidad frente a los tratados comerciales y al poder agrobiotecnológico.
RAMÍREZ BEDOLLA, EL GESTOR DE INTERESES
Vaya, vaya con el entusiasmo oficial. Michoacán es presentado como “nuevo polo de desarrollo industrial” tras la inauguración de Eleva Park en Morelia, un parque industrial de “clase mundial” que promete inversión, empleo y confianza, con nombres que pesan en el imaginario del progreso: Amazon, Oxxo, Mercado Libre.
El guion es conocido y se repite casi sin variaciones: infraestructura privada, aval gubernamental y la promesa de que la llegada de grandes corporaciones resolverá históricas desigualdades regionales.
¿Qué tipo de desarrollo se impulsa cuando el territorio se ordena para la logística, el almacenamiento y la circulación acelerada de mercancías? ¿Quién gana y quién asume los costos cuando el suelo, el agua y la energía se ponen al servicio de cadenas corporativas globales?
Y es que, como si fuera poco, este “polo de desarrollo” se inscribe en una lógica extractiva ampliada: ya no solo se extraen minerales o madera, sino territorio, fuerza de trabajo, infraestructura pública y bienes comunes para sostener modelos de negocio intensivos en consumo energético, uso de suelo y presión hídrica.
Morelia y su zona conurbada no son un espacio vacío esperando inversión; son un territorio con conflictos socioambientales latentes, acuíferos sobreexplotados, crecimiento urbano desordenado y comunidades que rara vez participan en la toma de decisiones.
El riesgo es que Eleva Park no sea un motor de desarrollo territorial equilibrado, sino otro nodo de una economía que centraliza beneficios y dispersa impactos, reforzando una geografía del poder donde Michoacán pone el territorio y las corporaciones se llevan la renta.
En ese contexto, la relación del gobierno estatal con el sector privado aparece marcada por una lógica de concesión permanente.
La administración de Alfredo Ramírez Bedolla ha apostado por ofrecer certidumbre, facilidades administrativas, suelo, infraestructura y respaldo político a los grandes inversionistas, bajo la premisa de que atraer capital justifica casi cualquier condición.
El problema es que esta cercanía se ha traducido en un esquema donde el Estado actúa más como gestor de intereses empresariales que como garante del interés público, otorgando prácticamente todo lo que el sector privado solicita, mientras las exigencias ambientales, territoriales y sociales quedan relegadas o se presentan como obstáculos al “desarrollo”.
Ricardo Salinas Pliego.
EL DEUDOR FISCAL SE NIEGA A PAGAR
Ricardo Salinas Pliego mantiene adeudos fiscales con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) que se arrastran desde hace más de una década y que han sido confirmados en distintas instancias judiciales. Los créditos fiscales corresponden principalmente a ejercicios entre 2008 y 2013, e involucran a empresas de Grupo Salinas, como TV Azteca.
De acuerdo con información oficial del SAT y resoluciones judiciales, el monto reclamado supera los 50 mil millones de pesos, considerando impuestos omitidos, recargos y multas. En varios de estos casos, los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación han negado amparos a las empresas del grupo, dejando firmes los créditos fiscales.
Durante 2024 y 2025, el SAT estableció plazos para que Salinas Pliego y sus empresas cubrieran los adeudos, incluso con esquemas de pago que incluían reducciones en recargos y multas si se liquidaban de manera voluntaria. Estos plazos vencieron sin que se hiciera público un pago total de las cantidades reclamadas.
El propio Salinas Pliego ha reconocido públicamente la existencia de litigios fiscales, pero ha rechazado el monto total que exige el SAT, afirmando que solo reconoce una parte de la deuda y acusando a la autoridad fiscal de actuar con criterios políticos. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que haya pagado los más de 50 mil millones de pesos reclamados.
Ante la falta de pago, el SAT está legalmente facultado para iniciar procedimientos de cobro forzoso, que incluyen el embargo de cuentas, bienes y activos de las empresas involucradas. El caso se ha convertido en uno de los conflictos fiscales más relevantes entre el Estado mexicano y un gran empresario, y sigue abierto a la espera de acciones concretas de cobro o nuevos recursos legales.
Queda abierta la duda sobre si el gobierno federal avanzará hasta el embargo efectivo de bienes y activos, no por falta de herramientas legales, sino por el costo político y mediático que implicaría hacerlo contra uno de los empresarios más visibles del país, con control de medios de comunicación y alta capacidad de confrontación pública.
Ejecutar el cobro forzoso significaría enviar una señal de autoridad fiscal, pero también asumir una disputa abierta en la arena mediática y empresarial, donde el Estado no solo cobra impuestos, sino que enfrenta narrativas de persecución, libertad de expresión y poder económico concentrado.
LA DETENCIÓN DE “EL BOTOX” Y LA ADMINISTRACIÓN DEL GOLPE
Esta semana, las autoridades estatales y federales informaron la detención de un objetivo criminal identificado como “El Botox”, presentada como un golpe relevante a las estructuras delictivas que operan en Michoacán. El anuncio se incorporó rápidamente a la narrativa gubernamental de contención de la violencia y recuperación del control territorial.
El hecho fue comunicado como resultado de labores de inteligencia y coordinación interinstitucional, sin que se acompañara, al menos de inicio, de información detallada sobre el impacto territorial de la detención ni sobre las dinámicas locales que sostienen a estos grupos más allá de sus liderazgos visibles.
Desde una lectura de seguridad y territorio, la captura se inscribe en una estrategia recurrente: neutralizar figuras clave y capitalizar políticamente el resultado. Sin embargo, la experiencia reciente en el estado muestra que estas detenciones no siempre se traducen en reducción sostenida de la violencia ni en desarticulación de las economías ilegales.
La microhistoria regional indica que las estructuras criminales tienden a reacomodarse con rapidez, especialmente en zonas donde confluyen disputas por recursos, control de rutas y economías extractivas legales e ilegales.
Así, esta semana, la detención de “El Botox” fue presentada como avance en materia de seguridad, aunque el reto de fondo sigue siendo el mismo: que el golpe no se quede en el parte oficial y tenga efectos reales en los territorios que viven la violencia de forma cotidiana.
GUARDIÁN FORESTAL: MIL PREDIOS DENUNCIADOS Y EL BOSQUE REDUCIDO A REQUISITO DE EXPORTACIÓN
Esta semana, a dos años de su puesta en marcha, el sistema Guardián Forestal volvió al centro del discurso oficial al informarse que ha derivado en la denuncia de alrededor de mil predios por deforestación o cambio ilegal de uso de suelo en Michoacán.
El dato fue presentado por la Secretaría del Medio Ambiente como un avance en la vigilancia ambiental, en un estado donde la pérdida de cobertura forestal lleva décadas normalizándose bajo distintas formas de legalidad simulada.
El mismo reporte señala que cerca de dos mil huertas de aguacate, de un total de 58 mil registradas, fueron bloqueadas para exportar a Estados Unidos por no cumplir con la certificación Pro Forest Avocado, construida a partir del monitoreo satelital. El hecho revela que la deforestación no es marginal ni clandestina: es lo suficientemente extendida como para afectar una porción relevante del corazón agroexportador del estado.
El dato no habla solo de vigilancia tecnológica, sino de un reordenamiento territorial subordinado al mercado internacional. No se protege el bosque por su valor ecológico o comunitario, sino porque su destrucción interfiere con los estándares exigidos por la cadena global del aguacate. El satélite no cuida el territorio: regula el acceso al comercio.
Mil predios denunciados no equivalen a mil predios restaurados, ni a justicia ambiental para las comunidades que han visto secarse manantiales, erosionarse suelos y desaparecer montes enteros. El procedimiento administrativo avanza más rápido que la reparación del daño, cuando esta última ocurre.
Así, esta semana Guardián Forestal volvió a confirmar una paradoja ya conocida: el Estado observa mejor, documenta más y sanciona selectivamente, pero el modelo que impulsa la deforestación —extractivo, agroindustrial y orientado a la exportación— permanece intacto. Se vigila el desastre, sin desmontar sus causas.
DEL SATÉLITE AL TRATADO: MICHOACÁN COLOCA LA DEFORESTACIÓN EN LA MESA DEL T-MEC
Esta semana, tras difundirse los primeros saldos del sistema Guardián Forestal, el gobierno de Michoacán dio el siguiente paso: llevar ese dispositivo de vigilancia y su certificación asociada al terreno del comercio internacional. En Ciudad de México, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, comenzaron a perfilar una propuesta para incorporar una certificación obligatoria contra la deforestación en la renegociación del T-MEC.
El movimiento se inscribe en una lógica de anticipación a los criterios ambientales que ya presionan al intercambio agroalimentario en América del Norte. La reunión, que da continuidad a conversaciones previas con la Semarnat, buscó articular una respuesta institucional que traduzca el control territorial —vía monitoreo satelital— en garantías comerciales aceptables para Estados Unidos y Canadá.
En ese marco, el sistema de vigilancia ambiental dejó de presentarse solo como herramienta de fiscalización interna y comenzó a operar como credencial ante el mercado internacional. La certificación ProForest Avocado aparece así como puente entre la política ambiental estatal y las exigencias del tratado, en un contexto donde el aguacate concentra tanto valor económico como conflictividad socioambiental.
El problema ya no es únicamente la deforestación en el territorio, sino su impacto en la estabilidad de las exportaciones. El bosque entra a la negociación no por su deterioro histórico, sino por su capacidad de generar fricciones comerciales en la cadena global.
Así, esta semana quedó delineado un reordenamiento discursivo: la vigilancia ambiental se convierte en argumento de política exterior y el conflicto socioambiental en variable de negociación. El reto pendiente —una vez más— es que esta lógica no reduzca el territorio a un anexo del tratado, ni la protección ambiental a una condición para vender
MICHOACÁN IMPULSA LA AGROINDUSTRIA DE EXPORTACIÓN BAJO EL PROGRAMA AGROSANO
Esta semana, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán, encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, arrancó la fase operativa del programa #Agrosano, un esfuerzo que, más que reforzar el campo local, se centra en consolidar los cultivos estratégicos con miras a la exportación.
Durante un taller regional, 30 técnicos especialistas fueron capacitados en prácticas agroecológicas orientadas a incrementar productividad y reducir costos, incluyendo la elaboración de caldos minerales, compostas vegetales y lombricomposta. La capacitación se presentó como un fortalecimiento técnico del sector, pero el énfasis en cultivos de alto valor exportable evidencia que la prioridad sigue siendo la agroindustria y los mercados internacionales.
En paralelo, la Sader, FIRA y Sí Financia Michoacán revisaron el esquema de atención integral para cultivos estratégicos, asegurando financiamiento y acompañamiento técnico a productores que cumplan con estándares de producción competitivos.
Este enfoque técnico-económico resalta cómo las políticas estatales concentran recursos y capacitación hacia los sistemas productivos con mayor potencial de venta al exterior, mientras que los pequeños productores orientados al consumo local o a la seguridad alimentaria rural permanecen en segundo plano.
La directora de Agricultura, Nora Vázquez Villanueva, subrayó la importancia de fortalecer capacidades locales mediante prácticas sostenibles, aunque el contexto muestra que estas acciones se integran a un modelo de desarrollo agroexportador, donde la sostenibilidad se vuelve funcional a la competitividad y la inserción en cadenas internacionales, más que a la conservación ambiental per se.
Con Agrosano, Michoacán pretende consolidar un perfil de producción agroindustrial moderno y tecnificado, pero la lectura política y socioambiental indica que este fortalecimiento está diseñado para alimentar mercados externos y mantener el estado como proveedor de materias primas de alto valor, mientras las desigualdades internas del campo permanecen.
El programa refleja así una continuidad de la estrategia estatal: vincular sostenibilidad técnica y ambiental con rentabilidad exportadora, asegurando que los recursos públicos y la capacitación se concentren en productores que puedan integrarse a la agroindustria global, reforzando la lógica de mercado sobre las necesidades locales del campo.
LOS AZUFRES: ENERGÍA “LIMPIA”, TERRITORIOS CONTAMINADOS
Esta semana, mientras el discurso oficial colocaba la vigilancia ambiental como carta de presentación internacional, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) irrumpió para recordar lo que queda fuera del radar satelital. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el CSIM responsabilizó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por daños a la salud y al medio ambiente en comunidades indígenas del oriente del estado, asociados a la operación de la Central Geotérmica de Los Azufres.
El señalamiento no es nuevo, pero sí persistente: según el vocero del CSIM, Pavel Ulianov Guzmán, la planta ha contaminado agua, subsuelo y entorno natural en localidades de los municipios de Hidalgo, Zinapécuaro y Maravatío. Más de tres décadas de operación sostienen la denuncia, en una región donde los impactos se han vuelto parte del paisaje cotidiano y del desgaste comunitario.
El caso exhibe otra forma de extractivismo, menos visible que el agroindustrial pero igual de profunda. La geotermia, etiquetada como energía “limpia”, se despliega sobre territorios indígenas sin resolver los costos socioambientales que deja a su paso, ni garantizar procesos efectivos de reparación o consulta.
La microhistoria de Los Azufres revela cómo el desarrollo energético estatal ha operado bajo una lógica de sacrificio territorial: comunidades que soportan contaminación y riesgo sanitario en nombre de una transición energética que rara vez las incluye como sujetos de decisión.
Así, esta semana, mientras se negocian certificaciones y tratados, el CSIM recordó que el problema ambiental en Michoacán no se limita al cambio de uso de suelo. También se expresa en infraestructuras que, bajo el sello de lo sustentable, siguen reproduciendo viejas relaciones de poder sobre territorios indígenas.
PROFEPA REFUERZA VIGILANCIA A TRANSPORTE; NO LA MADERA
Esta semana, la Profepa informó operativos de inspección en Michoacán que derivaron en el aseguramiento de 76.5 metros cúbicos de madera en rollo y dos vehículos en distintas carreteras del estado, principalmente en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. Las acciones se realizaron como parte del Plan Michoacán y se enfocaron en verificar la documentación del transporte de productos forestales.
Los aseguramientos ocurrieron en filtros carreteros y revisiones al traslado de madera, no en sitios de aprovechamiento forestal. En Angangueo se detuvo un camión que transportaba 23.8 metros cúbicos de madera sin documentación válida, y en la carretera Morelia–Indaparapeo se aseguró un tráiler con 52.7 metros cúbicos de pino con documentos vencidos o con volúmenes inconsistentes.
El hecho confirma que la estrategia federal se concentra en la fase de comercialización de la madera y no en la prevención directa de la tala. La intervención ocurre cuando los árboles ya fueron derribados y el producto se encuentra en tránsito hacia centros de almacenamiento o transformación.
En paralelo a los operativos, la Profepa impartió capacitación a transportistas y propietarios de centros forestales sobre el llenado de remisiones, reembarques y la correcta cubicación de la madera conforme a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. El énfasis estuvo en la regularización administrativa del sector.
Así, esta semana, la política de combate a la tala ilegal mostró un enfoque centrado en el control del comercio de madera ya extraída. La vigilancia prioriza la legalidad del traslado y la documentación, más que la contención del cambio de uso de suelo o la pérdida forestal en origen.
MESAS, PROMESAS Y TERRITORIO
Esta semana, en medio de señalamientos públicos por daños socioambientales y exigencias históricas de justicia territorial, el gobierno de Michoacán abrió una mesa de trabajo con representantes de 40 comunidades indígenas agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El encuentro con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se presentó como un ejercicio de revisión de proyectos y acciones para 2026 en rubros clave como salud, seguridad, educación e infraestructura.
Entre los anuncios destacó la rehabilitación del tramo carretero Turícuaro–Arantepacua, con una inversión de 14 millones de pesos provenientes del Faeispum regional. El proyecto fue colocado como prioridad, mientras otras propuestas comunitarias quedaron sujetas a evaluación técnica por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, bajo el argumento del cumplimiento de reglas de operación y tiempos administrativos.
En materia de salud, el compromiso se tradujo en futuras reuniones con delegaciones del IMSS y del ISSSTE, así como en el seguimiento a casos de enfermedades renales en la comunidad de San Matías. La atención vuelve a canalizarse a comités interinstitucionales, una ruta conocida para comunidades que llevan años documentando afectaciones sin respuestas estructurales.
En seguridad, se planteó revisar la instalación de bases interinstitucionales en Opopeo y Sevina, además de fortalecer la coordinación entre Kuárichas y la Guardia Civil. La prevención del delito aparece así como otro eje de diálogo, aunque sin detallar cómo se integran las autoridades comunitarias en el diseño de estas estrategias.
Leída en continuidad con lo ocurrido esta semana, la reunión confirma una constante: mientras el CSIM denuncia impactos ambientales y sanitarios de proyectos estatales, la respuesta gubernamental se articula en mesas, obras y procedimientos. El diálogo existe, pero el territorio sigue esperando algo más que promesas calendarizadas.
Pueblos originarios exigen cumplimiento de compromisos al gobierno de Michoacán
Integrantes del Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, conformado por comunidades purépechas, nahuas y otomíes, sostuvieron este miércoles una mesa de diálogo con el gobernador y su gabinete. Las comunidades exigieron que se cumplan los acuerdos firmados el año pasado antes de asumir nuevos compromisos.
Durante la reunión, el gobierno se comprometió a entregar 50 ambulancias equipadas y con personal capacitado para todas las comunidades con autogobierno. El Frente destacó que seguirá promoviendo reformas y programas en beneficio de los pueblos originarios, como el Fondo Fortapaz y las Obras por Cooperación, y anunció la continuidad de mesas de trabajo permanentes para dar seguimiento a temas de seguridad, salud, educación, obras y medio ambiente.
El Frente reafirmó su lema: “¡Vivan la seguridad comunal y la autonomía indígena!”, subrayando la importancia de la autogestión y el respeto a sus derechos históricos.
SAN MIGUEL DEL MONTE: UN ACUERDO QUE DEJA DUDAS SOBRE EL AGUA COMUNITARIA
Tras un año y medio de lucha contra la explotación privada de sus manantiales, la comunidad indígena Pirinda firmó un acuerdo con CONAGUA para iniciar el proceso de obtención de su concesión de agua potable. El documento establece tres fases, desde estudios técnicos hasta la obra necesaria para garantizar el suministro.
El conflicto se originó en 2023, cuando un empresario comenzó a comercializar el agua comunitaria, generando desabasto en zonas altas. La comunidad rechazó la oferta inicial de 5,000 metros cúbicos, insuficiente frente a sus necesidades reales.
Aunque el acuerdo abre una vía legal, la desconfianza persiste: como afirma su líder, “hasta no ver, no creer”. Este caso evidencia que, incluso con acuerdos oficiales, las comunidades siguen en guardia frente a intereses privados y promesas gubernamentales que tardan en materializarse.
Por su parte, la dirección de la Comisión Nacional del Agua Michoacán, difundió en sus redes sociodigitales un post informando acerca de la reunión.
«Junto con integrantes de la comunidad indígena de San Miguel del Monte, platicamos la posibilidad de aterrizar proyectos y obras que les garantice a la brevedad el acceso al agua», se señala en la comunicación.
Por su parte, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán informó en sus redes sociofigitales que se llevó a cabo una reunión de trabajo con el Director General de la Comisión Nacional del Agua en Michoacán y las autoridades civiles, comunales y tradicionales de la comunidad Matlatzinca o Pirinda de San Miguel del Monte, con el objetivo de atender la problemática del acceso al agua en la región.
PRESAS, RIEGO Y CONTROL
Esta semana, mientras el Estado reconocía vacíos de servicios en comunidades con autogobierno, la Conagua anunció la conclusión de obras de conservación en las presas que integran el Distrito de Riego 020 Morelia–Queréndaro. Con una inversión federal cercana a los 12 millones de pesos, se reforzó la infraestructura que garantiza agua para más de 20 mil 500 hectáreas agrícolas en el centro del estado.
El anuncio se enmarcó en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una etiqueta que vuelve a vincular seguridad, producción y control territorial. El agua aparece así no como derecho humano, sino como soporte estratégico del orden agroproductivo regional, beneficiando directamente a más de cinco mil 700 habitantes de municipios clave del corredor Morelia–Bajío.
La rehabilitación de presas no es un hecho neutro: fortalece un modelo agrícola intensivo que concentra agua en determinadas zonas y actividades, mientras otras comunidades siguen enfrentando escasez, contaminación o abandono institucional.
Grandes obras para asegurar productividad, pocas respuestas para los conflictos socioambientales que genera ese mismo reparto desigual del agua.
Esta semana, el mensaje fue claro: la paz también se construye con presas, aunque no todos tengan la misma llave.
ESFERA MORELIA, EL DESARROLLO DE DISCURSOS
Esta semana, mientras se abría la consulta del ordenamiento territorial metropolitano, el Ayuntamiento de Morelia celebró públicamente el proyecto Esfera Morelia como motor de desarrollo urbano y económico. Desde la voz del secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, el complejo impulsado por el grupo Citelis fue presentado como una oportunidad para generar empleo y dinamizar una zona “atractiva y comercial” de la ciudad.
El énfasis estuvo puesto en el corto y mediano plazo: dos o tres años de obra, empleos temporales, derrama económica y una expectativa de beneficios sostenidos una vez concluido el proyecto. El crecimiento aparece nuevamente como promesa, casi como reflejo automático de la inversión privada, sin mayor problematización sobre su impacto territorial.
El mensaje adquiere otra lectura cuando se superpone con la planeación metropolitana en curso. El proyecto se da por hecho, mientras el ordenamiento apenas entra en consulta. Primero se construye, luego se ordena; primero se autoriza, luego se explica. La planeación parece llegar para acomodar lo ya decidido.
El Ayuntamiento subrayó que el proyecto cumple con todos los permisos, incluida la factibilidad del servicio de agua. En una semana marcada por anuncios sobre presas, riego y control hídrico, la afirmación no es menor: el agua vuelve a ser presentada como requisito administrativo, no como límite ecológico en una ciudad que crece sobre cuencas cada vez más presionadas.
Así, esta semana, Esfera Morelia se suma al patrón que atraviesa el resumen: desarrollo, infraestructura y crecimiento avanzan con aval institucional, mientras el territorio se ajusta después. El empleo se promete; el impacto socioambiental, otra vez, queda fuera del discurso.
CONSULTAR, DESPUÉS DE DECIDIR
Esta semana, con la ciudad creciendo entre obras privadas, presas rehabilitadas y tensiones por el agua, el Gobierno de Michoacán formalizó el inicio de la consulta pública del Programa de Ordenamiento Territorial de la Zona Metropolitana de Morelia. El ejercicio abre una ventana institucional que llega cuando buena parte de las decisiones urbanas ya están en marcha.
La consulta, que se extenderá hasta finales de marzo, se apoya en un diagnóstico técnico voluminoso y en canales digitales pensados para recibir observaciones de especialistas y población interesada. En el papel, el proceso promete incorporar miradas metropolitanas; en la práctica, el acceso y la comprensión del documento siguen siendo una barrera para amplios sectores periurbanos.
La escala metropolitana no es solo un marco técnico, sino un campo de disputa por el suelo, el agua y el riesgo. Los municipios conurbados cargan con los impactos de la expansión moreliana —inundaciones, presión hídrica, fragmentación territorial— sin que siempre participen en la definición del modelo urbano.
Las consultas suelen legitimar trayectorias ya trazadas por el mercado inmobiliario y la infraestructura, más que reorientarlas. El ordenamiento aparece como ajuste fino, no como cambio de rumbo.
Así, esta semana, la consulta se suma al pulso general del resumen: se invita a opinar mientras el territorio se transforma. El reto no es abrir formularios, sino permitir que la participación tenga capacidad real de alterar el mapa del poder urbano.
ALFONSO JESÚS, TURISMO POLÍTICO
Esta semana, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar, protagonizó la presencia de la capital michoacana en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 en Madrid, el principal foro mundial de la industria turística, con México como país invitado y la expectativa de reunir a más de 150 000 asistentes y casi 9 500 empresas del sector. Morelia buscó consolidarse como destino competitivo para viajeros internacionales, promoviendo sus atractivos culturales, artísticos y gastronómicos ante tour operadores y autoridades globales.
El gobierno municipal presentó a FITUR una agenda que no solo enfatiza la belleza arquitectónica y el Patrimonio Cultural de la ciudad, sino también su posicionamiento creciente en índices de ocupación y derrama económica del turismo. Datos recientes muestran que la afluencia turística a Morelia se ha más que duplicado entre 2021 y 2025, pasando de cerca de 3.4 millones de visitantes a más de 7 millones, con un crecimiento paralelo de los ingresos vinculados al sector.
Para Martínez Alcázar, la participación en el encuentro europeo no fue solo una vitrina promocional, sino una extensión de su estrategia municipal para “construir paz y seguridad” mediante la atracción de visitantes y la proyección internacional de la ciudad. Estas palabras, repetidas en distintas conferencias de prensa, muestran cómo el discurso del turismo se entrelaza con narrativas de gobernanza y desarrollo local, como si el flujo de viajeros pudiera sustituir a políticas estructurales más amplias.
La presencia de Morelia en FITUR incluyó además la participación de la Comisión Fílmica municipal en actividades que buscan convertir la ciudad en sede regular para productoras internacionales, una apuesta que amplía la lógica del turismo cultural hacia industrias creativas con impacto económico.
Sin embargo, la apuesta por FITUR y por métricas de crecimiento turístico refleja una administración municipal que prioriza la promoción internacional y la competitividad económica como pilares de su gestión, incluso ante la ausencia de diagnósticos públicos integrales sobre impactos ambientales, presión sobre servicios urbanos o las condiciones reales de comunidades receptoras.
La estrategia de Martínez Alcázar pone a Morelia en los principales foros del turismo global, pero abre preguntas sobre si ese enfoque atiende las necesidades locales más allá del branding y la derrama económica.
ALICIA BARCENA Y EL GREENWASHING
Esta semana, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, centró su agenda internacional en la promoción del Plan México y de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, donde sostuvo encuentros con empresarios y actores financieros globales.
El énfasis del discurso oficial estuvo puesto en atraer inversiones al país bajo conceptos como economía circular, transición energética y restauración ecológica. Sin embargo, el contenido y el contexto de las reuniones confirman una orientación extractivista del modelo económico que se impulsa desde el Gobierno federal, en el que el territorio y los recursos naturales se presentan como activos disponibles para el capital privado.
La participación de Bárcena junto con representantes del sector empresarial refuerza lo señalado previamente por 15dias.com: el uso del “ecologismo humanista” como narrativa de acompañamiento para un esquema de desarrollo que prioriza megaproyectos, relocalización industrial y polos productivos, sin un cuestionamiento estructural al modelo de explotación de bienes naturales.
En paralelo, la exposición internacional de Bárcena ocurre en un momento en el que su perfil se proyecta hacia espacios multilaterales, particularmente en el sistema de Naciones Unidas, lo que añade un componente político a su activismo en foros globales y a la construcción de consensos con actores económicos de alto nivel.
Así, esta semana, mientras el discurso ambiental insiste en dejar atrás el extractivismo, los hechos muestran que la principal preocupación de la titular de Semarnat ha sido posicionar a México como destino de inversión, incluso a costa de profundizar un modelo que diversos sectores califican como greenwashing institucional.
GOBIERNO REDEFINE LA POLÍTICA AMBIENTAL SIN MODIFICAR EL MODELO PRODUCTIVO
La expedición de la Ley General de Economía Circular, publicada el 19 de enero de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, consolida el nuevo marco ambiental del gobierno federal bajo un discurso de sostenibilidad que no altera de fondo el modelo económico dominante. La norma, presentada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), establece mecanismos para prolongar la vida útil de los productos, valorizar residuos y coordinar atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno, pero deja intactos los pilares extractivos que sostienen la política de desarrollo nacional.
La ley crea el Sistema Nacional de Economía Circular, integrado por dependencias clave del gabinete económico —Semarnat, Economía, Hacienda, Energía, Sedatu, Infraestructura, Educación y Ciencia—, lo que confirma que la política ambiental queda subordinada a los objetivos de crecimiento, relocalización industrial y atracción de inversiones. Entre sus disposiciones centrales se encuentran la inscripción de empresas en un Registro de Economía Circular, la aplicación de mecanismos “directos e indirectos” de circularidad y el impulso a la responsabilidad extendida del productor, sin que se establezcan límites claros a actividades altamente contaminantes o de alto consumo de territorio y agua.
La Semarnat también anunció que, a través de la Profepa, promoverá auditorías ambientales voluntarias, una figura ya conocida en la política ambiental mexicana por su bajo impacto regulatorio y su carácter no vinculante. En los hechos, la ley privilegia esquemas de autorregulación empresarial y distintivos oficiales antes que instrumentos coercitivos, sanciones efectivas o criterios estrictos de reducción del daño ambiental.
La promulgación de esta ley ocurre en paralelo a la intensa agenda internacional de la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena, quien en foros como el Foro Económico Mundial ha promovido el llamado Plan México y los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar como oportunidades de inversión “verde” y de economía circular. Estos planteamientos, sin embargo, han sido señalados por organizaciones y medios independientes como parte de una estrategia de greenwashing, que reempaqueta el extractivismo, la expansión industrial y la mercantilización del territorio bajo un lenguaje de transición ecológica.
Aunque la Ley General de Economía Circular se presenta como un avance normativo, su contenido refuerza una visión tecnocrática del ambiente, centrada en la eficiencia de los residuos y no en la reducción del consumo, la protección efectiva de los bienes comunes o el respeto a los derechos de las comunidades afectadas por megaproyectos. En ese sentido, la economía circular funciona más como un dispositivo discursivo para legitimar el modelo de desarrollo vigente que como una herramienta de transformación ecológica profunda.
¿NEW GAZA?
Y mientras tanto, Gaza vuelve a ser reducida a plano, maqueta y oportunidad de negocio.
En medio de un genocidio, una devastación humanitaria sin precedentes, fue presentado un proyecto inmobiliario para la reconstrucción y reordenamiento urbano de la Franja, impulsado desde despachos internacionales y respaldado por actores políticos y económicos externos, bajo el discurso de la “regeneración”, la “modernización” y la “oportunidad histórica” para transformar el territorio.
La propuesta habla de vivienda vertical, zonas comerciales, corredores logísticos y frentes turísticos, como si el problema central de Gaza fuera el diseño urbano y no el bloqueo, la ocupación y la violencia estructural que han marcado su historia reciente.
El proyecto no puede leerse como una simple iniciativa de reconstrucción, sino como una operación de reconfiguración territorial profundamente política.
Gaza no es un espacio vacío esperando inversión: es un territorio densamente habitado, con memoria, tejido social, arraigo y relaciones comunitarias que han sobrevivido a décadas de asedio. Pensar su “renovación” desde oficinas lejanas, sin participación efectiva de la población local, implica convertir la tragedia humanitaria en una ventana de oportunidad para la especulación inmobiliaria, el control espacial y la reorganización del territorio conforme a intereses geopolíticos ajenos.
El plan propone una ciudad funcional al comercio regional, la logística y los flujos de capital, lo que desplaza el eje de la reconstrucción desde la reparación social hacia la rentabilidad económica.
En lugar de priorizar vivienda digna, servicios básicos, soberanía alimentaria, acceso al agua y reconstrucción del tejido comunitario, el énfasis se coloca en infraestructura para la inversión extranjera, zonas de alto valor inmobiliario y circuitos de consumo.
Es la traducción urbana del extractivismo contemporáneo: no se extraen minerales ni petróleo, sino suelo, ubicación estratégica, control territorial y renta urbana.
El riesgo es evidente: una Gaza rediseñada para otros, donde la población palestina quede confinada a espacios cada vez más reducidos, vigilados y precarizados, mientras el frente costero y las zonas estratégicas se integran a circuitos económicos globales.
Se trata de una geografía del despojo, donde la reconstrucción se convierte en un nuevo capítulo de la disputa por el territorio, ahora bajo el lenguaje del desarrollo, la innovación y la inversión.
En este escenario, la pregunta no es cómo reconstruir Gaza, sino para quién y bajo qué modelo. Si la reconstrucción no parte del derecho al retorno, la autodeterminación, la justicia espacial y la reparación integral, el proyecto inmobiliario corre el riesgo de consolidar una forma sofisticada de ocupación: una ciudad moderna edificada sobre la ruina social, donde el urbanismo sirve para normalizar la exclusión y el despojo.
Y es que, como tantas veces, el territorio no es un lienzo en blanco, sino un campo de disputa donde se juega el futuro político, social y humano de millones de personas.
ONU ALERTA SOBRE «QUIEBRA HÍDRICA GLOBAL»
Esta semana, la Universidad de las Naciones Unidas advirtió que el planeta ha entrado en una era de “quiebra hídrica global”. Según el informe, la humanidad no solo ha consumido el flujo anual de ríos y lluvias, sino que ha vaciado los ahorros milenarios almacenados en glaciares, humedales y acuíferos, dejando ecosistemas sin capacidad de recuperación. Los impactos son visibles: acuíferos colapsados, lagos que desaparecen, deltas que se hunden y millones de personas en riesgo de inseguridad hídrica.
El informe revela que 75% de la población mundial vive en países con escasez o inseguridad de agua, más de la mitad de los grandes lagos se están secando, y 2 mil millones de personas habitan sobre territorios donde el exceso de extracción ha hundido el suelo. La agricultura, responsable del 70% del consumo de agua dulce, aparece como epicentro de la crisis, trasladando la escasez a la seguridad alimentaria y a los precios globales de los alimentos.
Expertos señalan que el problema trasciende fronteras: lo que se pierde en un país impacta en cadenas comerciales y mercados internacionales. Kaveh Madani, autor principal del informe, enfatiza que la quiebra hídrica es un riesgo sistémico que refleja un modelo de desarrollo que sobreexplota recursos y sacrifica resiliencia ambiental por productividad económica.
La ONU llama a “gestionar la quiebra, no la crisis”: propone renegociar la relación con la naturaleza, transformar prácticas agrícolas, distribuir equitativamente un recurso menguante y proteger los ecosistemas que aún generan agua. La Conferencia del Agua 2026 se perfila como el escenario crítico para iniciar este rescate, aunque los plazos para evitar daños irreversibles se acortan de manera alarmante.
Este reporte, enmarcado en la creciente evidencia de colapsos ambientales globales, confirma lo que la ecología política ha señalado: los discursos de sostenibilidad y economía circular chocan con un mundo que sigue extrayendo recursos a ritmos insostenibles. La escasez de agua no es solo un problema técnico; es un reflejo de un modelo económico global que ignora los límites del planeta y pone en riesgo la vida de millones de personas.
LOS MÁS RICOS DEL MUNDO ACUMULAN RIQUEZA RÉCORD MIENTRAS LA MAYORÍA EMPOBRECE, SEGÚN OXFAM
Esta semana, Oxfam publicó un nuevo informe sobre desigualdad global que revela que la riqueza de los milmillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025. Según el documento “Resisting the Rule of the Rich”, la fortuna conjunta de los más de 3 000 milmillonarios del planeta creció más del 16 % el año pasado, llegando a unos 18.3 billones de dólares, un ritmo tres veces superior al promedio de los últimos cinco años. Esta acumulación ha sido tan intensa que representa un crecimiento del 81 % desde 2020.
El informe pone en contraste ese salto de riqueza con la vida de la mayoría: una de cada cuatro personas no come adecuadamente y casi la mitad de la población mundial vive en pobreza. Oxfam subraya que el incremento de 2.5 billones de dólares en la riqueza de los súperricos en un solo año equivale aproximadamente a la riqueza total combinada de los 4.100 millones de personas más pobres del mundo.
Oxfam también advierte que el poder político de esta élite económica ha crecido de manera desproporcionada: los milmillonarios tienen ahora 4 000 veces más probabilidades de ocupar cargos públicos que la ciudadanía común, lo que les permite influir en las reglas económicas y sociales a su favor y debilitar derechos y libertades colectivas.
El informe atribuye parte de este fenómeno a políticas fiscales y regulatorias favorables a las grandes fortunas, incluida la reducción de impuestos a los muy ricos y el debilitamiento de controles sobre monopolios y mercados financieros. Oxfam reclama planes nacionales para reducir la desigualdad, impuestos a la riqueza extrema y medidas que limiten la influencia del dinero en la política.
