Esta semana: la desaparición de un defensor ambiental en Michoacán, el conflicto por el agua en San Miguel del Monte, la suspensión del aguacate, las inundaciones en Pátzcuaro, la agenda comercial con China y debates nacionales sobre minería, medio ambiente, transparencia y la crisis en Gaza. / EL (resumen) SEMANAL: Semana #32 del 3 al 9 de agosto de 2026
**NOTA DEL EDITOR
“EL (resumen) SEMANAL”es una síntesis editorial semanal que recoge los eventos más importantes relacionados con conflictos socioambientales, territoriales y sociales desde una mirada crítica y analítica, incorporando contexto e interpretación política para explicar por qué esos hechos importan, y cómo se conectan con dinámicas más amplias de poder y extractivismo.
EL (resumen) SEMANAL: Semana #32 del 3 al 9 de agosto de 2026
Por: en15dias.com
ZIRAHUÉN: ENTRE EL BOSQUE Y LA EXPANSIÓN DEL AGUACATE
El paisaje de la cuenca muestra la creciente presión sobre los bosques: mientras amplias zonas de cobertura forestal permanecen en las laderas, también pueden observarse parcelas de cultivo de aguacate que avanzan entre el bosque y modifican el paisaje. La apertura de estas áreas implica la transformación de la cobertura vegetal y del uso del suelo, con posibles efectos sobre la retención de agua, la infiltración y la erosión. En una región donde el bosque y el lago forman parte de un mismo sistema hidrológico, la expansión agrícola no puede analizarse únicamente como un cambio productivo: también representa una transformación de la cuenca y de las condiciones que sostienen el agua de Zirahuén. Foto: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
AMNISTÍA INTERNACIONAL EXIGE LOCALIZAR CON VIDA A DEFENSOR AMBIENTAL DESAPARECIDO EN MICHOACÁN
Este 5 de agosto, Amnistía Internacional condenó la desaparición del defensor ambiental José Luis Silva Andrade, integrante de la comunidad de Agua Fría, Michoacán, quien permanece desaparecido desde el pasado 15 de julio de 2026, luego de acudir a verificar un reporte relacionado con tala ilegal.
La organización internacional advirtió que el caso ocurre en un contexto de alto riesgo para las personas defensoras de los bosques, el territorio y el medio ambiente en Michoacán, donde quienes realizan esta labor enfrentan de manera recurrente amenazas, agresiones y ataques.
Ante esta situación, Amnistía Internacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda y las autoridades de Michoacán para que desplieguen de manera inmediata y coordinada todos los recursos necesarios para localizar a Silva Andrade con vida.
— Amnistía Int. México (@amnistiamexico) August 5, 2026
La organización pidió además que la investigación considere como una de sus principales líneas la labor que desempeñaba como defensor ambiental, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales de protección para personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, solicitó al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas evaluar e implementar de inmediato las medidas necesarias para proteger a la familia de Silva Andrade y a las personas defensoras de la comunidad de Agua Fría, con el objetivo de prevenir nuevas agresiones.
Amnistía Internacional señaló que la desaparición de una persona defensora del medio ambiente representa también un ataque contra quienes protegen el territorio y contra el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano.
Finalmente, recordó que el Estado mexicano tiene la obligación de prevenir las agresiones, investigar los hechos con la debida diligencia, garantizar la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y proteger a quienes defienden los derechos humanos, para que puedan realizar su labor sin temor a represalias.
COMUNIDADES INDÍGENAS SE MOVILIZAN CONTRA LA AUTOPISTA DE LA AGROEXPORTACIÓN
Representantes de 13 comunidades indígenas de Michoacán se movilizaron el 4 de agosto en Morelia para expresar su rechazo a la construcción de la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora, proyecto impulsado por los gobiernos estatal y federal para fortalecer la conectividad carretera y el traslado de mercancías agrícolas.
Las comunidades señalaron que el proyecto podría afectar bosques, manantiales, zonas de recarga de agua y tierras de cultivo, además de modificar la comunicación y organización territorial de las localidades involucradas.
Uno de los principales reclamos fue la falta de consulta a las comunidades indígenas. Los representantes señalaron que no fueron informados ni consultados de manera amplia sobre el proyecto y cuestionaron que decisiones relacionadas con el trazo y las afectaciones territoriales se estén tomando sin la participación de todos los pueblos potencialmente involucrados.
Los manifestantes también pidieron conocer con detalle el trazo definitivo de la autopista, los estudios ambientales y las medidas de mitigación previstas para la obra. Su postura, señalaron, no implica necesariamente una oposición a la infraestructura carretera, sino la exigencia de que cualquier proyecto que atraviese sus territorios sea discutido con las comunidades y considere sus derechos.
Después del encuentro con autoridades estatales, los comuneros acordaron avanzar hacia mesas de trabajo para revisar el proyecto. Sin embargo, advirtieron que mantendrán la defensa de sus territorios y que podrían retomar las movilizaciones si no existen respuestas concretas a sus planteamientos.
La protesta ocurre mientras la Autopista de la Agroexportación Uruapan-Zamora avanza dentro del programa de infraestructura carretera para Michoacán. El proyecto ha sido planteado como una vía estratégica para conectar la región productiva del estado con otros corredores logísticos, particularmente hacia el Puerto de Lázaro Cárdenas y el occidente del país.
NUEVA SUSPENSIÓN DE EXPORTACIONES DE AGUACATE REAVIVA PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD EN MICHOACÁN
Esta semana, las exportaciones de aguacate de Michoacán hacia Estados Unidos fueron suspendidas temporalmente luego de que el Departamento de Agricultura de ese país (USDA) retirara de manera preventiva a sus inspectores por una alerta de seguridad.
La medida coincidió con una alerta fitosanitaria emitida por la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), tras la detección de una larva sospechosa de barrenador de ramas en un empaque incorporado al programa de exportación.
La suspensión impidió la certificación de nuevos embarques con destino al mercado estadounidense, principal destino del aguacate michoacano.
Ante ello, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla aseguró que la decisión respondió a un protocolo preventivo del gobierno estadounidense y afirmó que su administración mantiene coordinación con autoridades federales y con la Embajada de Estados Unidos para restablecer las inspecciones y garantizar las condiciones de seguridad para el personal del USDA.
No es la primera ocasión que la exportación se interrumpe por motivos de seguridad. En febrero de 2022, Estados Unidos suspendió durante una semana las inspecciones luego de que un inspector del USDA recibiera amenazas en Michoacán.
Dos años después, en junio de 2024, las certificaciones volvieron a detenerse tras la retención y agresión de dos inspectores durante un bloqueo en la comunidad de Aranza, municipio de Paracho, lo que derivó en nuevos protocolos de protección para el personal estadounidense.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que sostuvo una reunión con representantes de la APEAM para analizar la suspensión de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos.
Durante la conferencia del jueves 6 de agosto, señaló que existe coordinación entre productores, autoridades mexicanas y estadounidenses para restablecer las inspecciones del USDA, al tiempo que anunció un reforzamiento de la seguridad en Michoacán con el despliegue de 1,557 elementos del Ejército y la Guardia Nacional.
Aseguró que su gobierno reforzará la seguridad en Michoacán tras la suspensión de las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, con el despliegue de aproximadamente 1,500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional para proteger huertas, empacadoras y rutas de transporte.
La mandataria señaló que existe coordinación con las autoridades estadounidenses para restablecer cuanto antes las inspecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y reanudar las exportaciones.
Más tarde, la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) hizo un llamado formal al Gobierno de los Estados Unidos para concretar, a la brevedad y en coordinación con las autoridades mexicanas, la pronta reapertura del Programa de Exportación de Aguacate (PTO).
El pronunciamiento se da en el marco de las gestiones institucionales encabezadas por la Presidencia de la República para restablecer las operaciones comerciales hacia el mercado estadounidense.
El viernes 7 de agosto, El Gobierno de Estados Unidos anunció la reanudación parcial de sus actividades oficiales en Michoacán a partir de este 8 de agosto, luego de evaluar las condiciones de seguridad en el estado y los compromisos asumidos por el Gobierno de México.
La medida representa un avance para la relación entre ambos países, particularmente para el sector agroalimentario, que mantiene una estrecha vinculación comercial y productiva con Estados Unidos.
De acuerdo con la declaración de la Embajada de Estados Unidos en México, las actividades oficiales se reanudarán parcialmente en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y el corredor entre Morelia y Pátzcuaro.
En ese mismo sentido, APEAM emitió un nuevo comunicado en el que aseguraba que se reiniciarían las actividades a partir del 8 de agosto.
La APEAM reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas para fortalecer la seguridad en Michoacán y destacó que, a partir del 8 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos reanudará parcialmente sus actividades oficiales en Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona entre Morelia y Pátzcuaro.
La asociación señaló que este paso brinda mayor certeza al sector agrícola y reiteró su disposición para seguir colaborando con las autoridades en beneficio de Michoacán y de la relación comercial entre México y Estados Unidos.
MICHOACÁN FORTALECE AGENDA COMERCIAL CON CHINA Y APUESTA POR EL PUERTO DE LÁZARO CÁRDENAS
El gobierno de Michoacán reforzó esta semana su estrategia de vinculación económica con China mediante una agenda orientada a fortalecer el comercio, atraer inversiones y ampliar la cooperación institucional.
Durante reuniones encabezadas por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla con el embajador de China en México, Chen Daojiang, y representantes del sector empresarial, se planteó impulsar intercambios comerciales, proyectos de inversión y el hermanamiento con la provincia de Shandong.
Uno de los ejes de la agenda es el Puerto de Lázaro Cárdenas, considerado por la administración estatal como la principal plataforma logística para conectar a Michoacán con los mercados asiáticos y norteamericanos.
El gobernador destacó que las empresas Hutchison Ports y APM han invertido en conjunto mil millones de dólares durante los últimos dos años para ampliar la capacidad operativa del puerto, que pasará de cuatro a 6.5 millones de TEUs.
Además del fortalecimiento de la infraestructura logística, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) planteó ampliar la relación comercial con China mediante el desarrollo de cadenas de valor en la agroindustria.
La dependencia señaló que productos como aguacate, mango, berries y limón podrían incorporar procesos de transformación industrial antes de su exportación, al tiempo que se exploran oportunidades para incorporar tecnología, maquinaria y equipamiento destinados al sector productivo estatal.
Durante el encuentro, el embajador Chen Daojiang destacó la relevancia agrícola de Michoacán y el reconocimiento internacional de productos como el aguacate y el mango, además de señalar el potencial logístico y geográfico de la entidad para fortalecer los vínculos económicos entre ambos países.
La estrategia estatal confirma la apuesta por consolidar a Michoacán como un nodo del comercio transpacífico, aprovechando la infraestructura portuaria y la atracción de inversión extranjera.
En este proceso convergen intereses del gobierno estatal, empresas transnacionales dedicadas a la logística, organismos empresariales y capital internacional, que encuentran en Lázaro Cárdenas un punto estratégico para la reorganización de las cadenas globales de suministro.
Hasta ahora, los anuncios oficiales se concentran en los alcances económicos de la cooperación bilateral. No se informaron calendarios para los proyectos de inversión, mecanismos específicos de participación social ni evaluaciones sobre los efectos territoriales que podría implicar la expansión de la infraestructura logística y de las actividades agroexportadoras.
El seguimiento de esta agenda permitirá observar cómo evoluciona la inserción de Michoacán en los flujos comerciales entre México y Asia y las transformaciones territoriales asociadas a ese proceso.
¿REALMENTE SE ESTÁ RECUPERANDO EL LAGO DE PÁTZCUARO?
El Gobierno de Michoacán volvió a presentar cifras de jornales, obras y acciones como evidencia del “rescate” del lago de Pátzcuaro. Esta vez fueron 23 semanas de Empleo Temporal, 40 comunidades involucradas, 133 mil metros cúbicos de azolve retirados, 79 manantiales intervenidos y la meta de plantar 2.5 millones de árboles durante la temporada de lluvias. El problema es que ninguna de estas cifras, por sí sola, demuestra que el lago se esté recuperando.
El discurso oficial vuelve a confundir acciones realizadas con resultados ambientales. Retirar azolve de canales puede facilitar la navegación y mejorar temporalmente la circulación del agua; construir presas de morillos, presas de piedra y zanjas filtrantes puede contribuir a retener sedimentos y favorecer la infiltración.
Pero las pregunta siguen sin respuesta: ¿cuánto aumentó el volumen de agua del lago como resultado de estas acciones?, ¿cuánto se recuperó su profundidad?, ¿cuánto mejoró su balance hídrico y su condición ecológica?
El propio Gobierno reporta 280 presas de morillos, 78 presas de piedra acomodada, 400 zanjas filtrantes y 4 mil 500 metros de acordonamiento vegetal. Son números que sirven para medir trabajo ejecutado, pero no necesariamente recuperación. Incluso los 133 mil metros cúbicos de azolve retirado requieren un referente para dimensionarlos: ¿qué porcentaje representan de los sedimentos acumulados?, ¿cuánto tiempo tardará en volver a depositarse ese material?, ¿qué reducción en el aporte de sedimentos se consiguió en la cuenca?
La reforestación tampoco debería convertirse en una cifra propagandística. Plantar 2.5 millones de árboles no equivale automáticamente a recuperar una cuenca. El indicador relevante será cuántos sobreviven, dónde fueron plantados, qué especies se utilizaron, cuál es su tasa de supervivencia y qué superficie realmente quedó restaurada. Sin seguimiento, la cifra de árboles plantados dice mucho sobre el número de plantas colocadas y muy poco sobre la recuperación ecológica conseguida.
El problema es que rescatar el lago no significa únicamente mantener abiertos sus canales; el deterioro de Pátzcuaro está relacionado con la pérdida de cobertura forestal, el cambio de uso de suelo, la erosión, el azolve, la extracción de agua y las alteraciones en el funcionamiento hidrológico de su cuenca. Si esas presiones continúan, retirar sedimentos del lago y construir obras de retención puede convertirse en una carrera permanente contra el deterioro: se limpia por un lado mientras la cuenca continúa produciendo las condiciones que vuelven a degradarlo.
Por eso, el Gobierno de Michoacán debería dejar de medir el rescate únicamente en jornales, árboles plantados, presas construidas y metros cúbicos de azolve retirados y comenzar a publicar indicadores que permitan saber si el lago realmente está recuperándose como el volumen, profundidad, superficie inundada, aportaciones de agua, calidad del agua, recuperación de manantiales, reducción de sedimentos y supervivencia de las reforestaciones.
LLUVIAS EXHIBEN LA VULNERABILIDAD TERRITORIAL DE PÁTZCUARO
La intensa lluvia registrada el 3 de agosto en Pátzcuaro provocó inundaciones en calles, viviendas y comercios, además del desbordamiento del río Guani y del arroyo del Libramiento, dejando al descubierto la vulnerabilidad hidrológica de una de las principales cuencas lacustres de Michoacán.
Tras la emergencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció un proyecto integral para el rescate del río Guani, al señalar que la ocupación de la zona federal del cauce ha reducido su capacidad hidráulica y favorece los desbordamientos durante eventos de lluvia intensa.
Si bien la precipitación extraordinaria fue el detonante inmediato de la inundación, especialistas han documentado que estos fenómenos suelen agravarse cuando coinciden con procesos de transformación del territorio.
La pérdida de cobertura forestal, el cambio de uso de suelo, la expansión agrícola y el crecimiento urbano disminuyen la capacidad del suelo para infiltrar agua, incrementan la escorrentía superficial y aceleran el flujo hacia ríos y arroyos, elevando el riesgo de inundaciones.
En la cuenca del lago de Pátzcuaro, el deterioro ambiental ha sido reconocido por autoridades federales. Este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) pusieron en marcha un programa para restaurar 950 hectáreas con el objetivo de recuperar cobertura vegetal, reducir la erosión y mejorar la infiltración del agua.
Paralelamente, organizaciones civiles y especialistas han advertido sobre la expansión del cambio de uso de suelo asociado a desarrollos urbanos y cultivos comerciales, entre ellos las huertas de aguacate, procesos que modifican el funcionamiento hidrológico de la cuenca cuando no se acompañan de medidas de ordenamiento territorial.
Desde una perspectiva de ecología política, la inundación refleja que los desastres no responden únicamente a la intensidad de las lluvias, sino también a las condiciones acumuladas por décadas de intervención sobre el territorio.
La ocupación de cauces, la pérdida de ecosistemas y la presión sobre el suelo responden a decisiones públicas y privadas que reconfiguran la cuenca y aumentan la exposición de la población frente a fenómenos meteorológicos extremos.
El episodio vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de abordar la gestión del agua desde una perspectiva integral de cuenca.
Además de atender las emergencias, el reto consiste en recuperar los servicios ambientales, ordenar el crecimiento urbano y fortalecer la conservación de los bosques que regulan el ciclo hidrológico de la región, en un contexto donde se prevé una mayor frecuencia de eventos de lluvia intensa asociados a la variabilidad climática.
CONAGUA DETECTA 7.5 KILÓMETROS INVADIDOS EN EL RÍO GUANI; PREVÉ REUBICAR FAMILIAS
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Michoacán detectó 7.5 kilómetros de zona federal ocupados por asentamientos irregulares a lo largo del río Guani, en Pátzcuaro, tras realizar recorridos de reconocimiento, limpieza y desazolve posteriores a las inundaciones registradas esta semana.
El delegado de la dependencia, Luis Roberto Arias Reyes, informó que se elaborará un padrón de las familias que habitan en esa franja para gestionar su reubicación mediante el programa Vivienda para el Bienestar.
Recordó que la Ley de Aguas Nacionales establece una zona federal de 10 metros a cada lado del cauce, cuya ocupación representa un riesgo para la población ante posibles desbordamientos.
Días antes, Conagua anunció un proyecto integral para el rescate y saneamiento del río Guani, que contempla labores de limpieza, desazolve y acciones de recuperación a largo plazo.
La dependencia también atribuyó parte de las inundaciones a la reducción del cauce por la ocupación de la zona federal y a la acumulación de basura que obstruye el flujo del agua.
Las acciones se desarrollarán en coordinación con el Gobierno de Michoacán y el Ayuntamiento de Pátzcuaro, con el propósito de reducir el riesgo de nuevas inundaciones y recuperar las condiciones hidráulicas del río.
MICHOACÁN IMPULSA RESTAURACIÓN DE SUELOS EN 12 MUNICIPIOS TRAS INCENDIOS
La Comisión Forestal del Estado (Cofom) informó que mantiene trabajos de restauración de suelos forestales en 12 municipios de Michoacán afectados por incendios, plagas, tala ilegal y cambio de uso de suelo, con el objetivo de reducir la erosión y preparar las áreas para futuras jornadas de reforestación.
Entre las principales acciones destacan la construcción de 8 mil zanjas trinchera en zonas de las cuencas del lago de Pátzcuaro y del Cutzamala, 1.2 millones de terrazas individuales, 40 kilómetros de acordonamientos con material vegetal muerto, así como la instalación de más de 6 mil 800 presas de morillos, además de presas de piedra, franjas de protección y retiro de azolve.
Los trabajos se desarrollan en Cuitzeo, Erongarícuaro, Lázaro Cárdenas, Pajacuarán, Pátzcuaro, Purépero, Quiroga, Tangancícuaro, Tlazazalca, Tzintzuntzan, Tzitzio y Ziracuaretiro, con la participación de ejidos y comunidades.
De acuerdo con la Cofom, estas obras buscan conservar los nutrientes del suelo, favorecer la infiltración de agua y disminuir el riesgo de deslaves, creando condiciones adecuadas para la recuperación de los ecosistemas forestales afectados.
¡NO TIENEN MADRE! AUMENTA TARIFA DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN MICHOACÁN: DE $11 A $12 PESOS
El Instituto del Transporte del Estado de Michoacán de Ocampo (ITEM) publicó este viernes 7 de agosto de 2026, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el dictamen que autoriza un nuevo incremento a la tarifa del transporte público urbano y suburbano de media y baja capacidad, la cual pasará de $11.00 a $12.00 pesos.
De acuerdo con el documento, firmado por Heber García Castillo, Director General del ITEM, el ajuste se sustenta en el Estudio Técnico de Evaluación Tarifaria realizado por la dependencia, el cual tomó en cuenta la evolución histórica de las tarifas en Michoacán y otras entidades, el índice de inflación, el salario mínimo y el costo de vida en el estado.
El dictamen recuerda que el último incremento se autorizó el 16 de abril de 2025, cuando la tarifa pasó de $10.00 a $11.00 pesos. Con el nuevo ajuste, el gobierno estatal argumenta que busca garantizar el equilibrio entre los derechos de los usuarios y las condiciones necesarias para sostener el servicio, atendiendo el mandato constitucional del derecho a la movilidad.
A través de un comunicado conjunto, la Corporación Michoacana de Transporte de Pasaje Sub Urbano y Foráneo (COMIT) y el Servicio Urbano de Michoacán se dirigieron a la ciudadanía para explicar el ajuste de un peso, atribuyéndolo al alza en sus costos de operación: el precio del combustible, el encarecimiento de refacciones y mantenimiento, y el incremento en insumos como llantas, aceites y mano de obra especializada.
Según el gremio transportista, estas condiciones “han generado una presión económica que hace insostenible mantener la tarifa anterior sin afectar la operación y el servicio”.
El comunicado señala que el nuevo cobro tiene como objetivo garantizar unidades en mejores condiciones, brindar mayor seguridad a los usuarios y mantener la continuidad del servicio. Los transportistas cerraron su mensaje agradeciendo “la comprensión y confianza” de la ciudadanía, bajo los hashtags #SoyCOMIT y #TransportistasDeBien.
En contraste, el Observatorio Socioambiental de Morelia (OSAM) difundió un análisis crítico del aumento, al que calificó como un “incremento histórico”, señalando que el transporte en Michoacán “nunca había incrementado tanto en tan poco tiempo”, con base en una gráfica que documenta el alza de la tarifa desde 2001 (cuando costaba $3 pesos) hasta los $12 actuales.
El observatorio cuestionó además la opacidad en torno al estudio que sustentó el aumento previo, de 2025: afirmó que dicho documento “nunca se público por el gobierno” de manera proactiva, y que, al solicitarlo por transparencia, la autoridad tardó más de un mes en entregarlo y, según OSAM, con información faltante respecto al original.
Sobre el contenido de ese estudio de 2025, al que OSAM sí tuvo acceso, el observatorio destaca que el propio análisis reconocía que el incremento de esa fecha (de $10 a $11, equivalente a 10% en tres años, o 3.3% anual) se ubicaba por debajo de la inflación: la de 2024 fue de 4.21%, y la acumulada desde 2022 alcanzó 16.69%, es decir, muy por encima del ajuste tarifario autorizado.
OSAM también recordó que, conforme al artículo 294 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, debe mantenerse una tarifa preferencial de $10.00 para personas con discapacidad y adultos mayores, práctica que, señala, se ha sostenido en Michoacán y a nivel nacional.
El observatorio cerró su publicación con una pregunta directa a la ciudadanía: “¿Realmente será necesario el nuevo aumento?”, y adelantó que exigirá que la justificación técnica de este incremento 2026 sea pública desde un inicio, a diferencia de lo ocurrido en 2025.
Estudiantes organizados de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia, de la UNAM, se sumaron al rechazo al incremento tarifario mediante un posicionamiento fechado el mismo viernes 7 de agosto, dirigido a la opinión pública y a los gobiernos estatal y municipal.
El colectivo estudiantil argumentó que hasta el momento no existen argumentos oficiales ni transparencia real que justifiquen el aumento de $11 a $12 pesos, y advirtió que el golpe recae con mayor fuerza sobre quienes perciben el salario mínimo o menos, incluso dentro de la propia capital michoacana.
En su pronunciamiento, los estudiantes señalaron además que el alza sostenida de la tarifa no se ha visto acompañada de mejoras visibles en el servicio, como una mayor cobertura de unidades, mejor planeación de rutas o protocolos de género y rutas exclusivas para mujeres frente a la violencia en el estado.
Cuestionaron que obras como distribuidores viales o el proyecto de teleféfico no resuelven el abandono estructural del transporte público, y denunciaron que la decisión se tomó sin consulta ciudadana, en un contexto de crisis climáticas y desplazamiento por violencia que ya afecta a las familias michoacanas. Por ello, exigieron a las autoridades estatales y municipales desistir del incremento a $12 pesos.
EN INFORMACIÓN DE MORELIA…
ASESINAN A JEFE DE TENENCIA DE SANTIAGO UNDAMEO; HABÍA DENUNCIADO SAQUEO DE AGUA
Arturo Herrera Guzmán, jefe de tenencia de Santiago Undameo, fue asesinado la noche del viernes 7 de agosto en las canchas de futbol de la comunidad de La Maiza, al sur de Morelia.
Un grupo de hombres armados abrió fuego contra quienes se encontraban en el lugar. Herrera fue trasladado aún con vida a una clínica de Huiramba, donde murió. En el ataque también falleció otro hombre y una persona resultó herida. La Fiscalía General del Estado investiga el homicidio y hasta ahora no ha establecido públicamente el móvil.
La muerte de Herrera ocurre en un territorio donde durante años se acumularon conflictos alrededor del agua y el cambio de uso de suelo. El jefe de tenencia había denunciado públicamente la extracción ilegal de agua de las presas de Umécuaro, Cointzio y otros cuerpos de agua de la región.
En abril pasado afirmó que en sólo 22 días se habían identificado alrededor de 100 pipas extrayendo agua y sostuvo que las denuncias presentadas ante la Fiscalía no habían tenido avances. Incluso señaló que vecinos habían aportado fotografías donde aparecían los nombres de empresas presuntamente relacionadas con el saqueo.
Pero el conflicto no se limitaba a las pipas. Herrera también había advertido sobre la presión que ejercen el crecimiento de fraccionamientos, el cambio de uso de suelo y la expansión de la agricultura intensiva sobre la disponibilidad de agua.
En 2025 pidió a la Conagua mayor vigilancia de las presas y regulación de los cambios de uso de suelo; asimismo, se documentaron denuncias comunitarias sobre productores de berries y aguacate, construcción de ollas de agua y manipulación de ríos y arroyos en la zona.
¿Lo asesinaron por denunciar el saqueo de agua? Hoy no existe evidencia pública suficiente para afirmarlo. La Fiscalía debe determinar el móvil y establecer quién ordenó y ejecutó el ataque.
Sin embargo, las denuncias de Herrera forman parte del contexto que necesariamente debe ser investigado: había señalado extracción ilegal, presentado denuncias ante la autoridad ministerial y cuestionado intereses vinculados con el uso y apropiación del agua. Reducir el caso a un homicidio más sin investigar ese contexto sería dejar fuera una de las principales líneas que rodeaban la actividad pública de la víctima.
El asesinato también expone una contradicción en el discurso institucional. Mientras la violencia terminó con la vida de una autoridad comunitaria, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se refirió al hecho como un “fallecimiento”.
Vaya, vaya… la elección de esa palabra por parte del alcalde panista no es menor. Herrera no falleció por causas naturales ni murió en un accidente; fue asesinado durante un ataque armado.
Hablar de “fallecimiento” puede terminar minimizando la gravedad del homicidio y desdibujando la violencia que atraviesa al municipio, como si se tratara de una muerte más y no de un crimen contra una autoridad comunitaria.
¿Quién asesinó al jefe de tenencia y qué intereses había detrás de las denuncias que durante años puso sobre la mesa?
CONAGUA RETOMA DIÁLOGO CON SAN MIGUEL DEL MONTE; COMUNIDAD MANTIENE EXIGENCIA DE CANCELAR CONCESIÓN DE “LA MINA”
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que esta semana sostuvo una reunión con representantes de la comunidad indígena pirinda de San Miguel del Monte para revisar “el avance de proyectos y asuntos relacionados con las concesiones de agua de la comunidad”.
La dependencia federal señaló que, a través del Plan Michoacán, mantiene “un acompañamiento técnico y administrativo con comunidades para fortalecer el acceso y el uso responsable del agua”.
Pero en San Miguel del Monte, el encuentro ocurre en medio de un conflicto que lleva varios años y que tiene como uno de sus puntos centrales al manantial “La Mina”.
La comunidad indígena Pirinda ha exigido a Conagua cancelar o revocar la concesión otorgada a un particular para aprovechar y comercializar el agua de “La Mina”, manantial que históricamente ha abastecido a la población.
Hay que recordar, que en 2023 Conagua otorgó por diez años una concesión al priísta Miguel Ángel Prado Vera, vinculada a la empresa “Comercializadora Bicentenario”, para el aprovechamiento de agua del manantial.
La decisión generó inconformidad entre habitantes de San Miguel del Monte, quienes sostienen que la autoridad federal privilegió el aprovechamiento comercial de un manantial utilizado históricamente por la comunidad.
En mayo de 2024, la comunidad inició formalmente el procedimiento para solicitar la revocación de la concesión. Posteriormente, sus representantes reclamaron públicamente a Conagua que resolviera el procedimiento y señalaron que la extracción privada afectaba el abasto de agua de la población.
El reclamo también llegó a las calles. En 2024, habitantes de San Miguel del Monte y comunidades aledañas se manifestaron frente a las oficinas de Conagua para exigir claridad sobre la concesión y denunciar la extracción de agua del manantial La Mina.
La comunidad incluso creó la figura de “Guardianes del Agua” para defender el manantial y anunció acciones para impedir lo que consideraba una explotación indiscriminada del recurso.
El antecedente resulta relevante frente al anuncio realizado esta semana por Conagua. La dependencia habla de “acompañamiento técnico y administrativo” para atender los proyectos y concesiones de San Miguel del Monte, pero para la comunidad permanece una demanda de fondo: que se cancele la concesión privada de “La Mina” y se reconozca el derecho de la comunidad a gestionar el agua que históricamente ha utilizado.
Hasta agosto de 2026, la disputa continúa, la concesión privada permanece vigente mientras la solicitud de concesión comunitaria de San Miguel del Monte no había recibido una resolución definitiva.
Para la comunidad, el tema no se reduce a un trámite de concesión. Se trata del control de una fuente de agua que es parte de su territorio y de su historia comunitaria.
La reunión anunciada por Conagua será, por tanto, relevante en la medida en que pueda traducirse en una respuesta concreta a la demanda que San Miguel del Monte mantiene desde hace años: la cancelación de la concesión otorgada al particular y el reconocimiento de la gestión comunitaria del agua de “La Mina”.
GOBIERNO DE MICHOACÁN INTERVIENE EL DREN ITZÍCUARO PARA REDUCIR INUNDACIONES EN MORELIA
El Gobierno de Michoacán realiza trabajos de desazolve, limpieza y rehabilitación en 5.5 kilómetros del dren Itzícuaro, al poniente de Morelia, con el propósito de mejorar el desalojo de aguas pluviales y disminuir las inundaciones que afectan esta zona de la capital.
Durante un recorrido de supervisión, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que las labores se desarrollan en coordinación con el OOAPAS del Ayuntamiento de Morelia e incluyen la separación de los canales de aguas pluviales y de aguas residuales para evitar su mezcla y facilitar el flujo del agua durante la temporada de lluvias.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, indicó que la intervención registra un avance del 23 % y se ejecuta de manera paralela con la rehabilitación del camino de acceso a La Concepción, como parte de las acciones para mitigar los problemas derivados de la acumulación de agua pluvial en el poniente de Morelia.
EN INFORMACIÓN NACIONAL
Cherán K’eri cuestiona consulta sobre nueva Ley de Derechos Indígenas
Cherán K’eri hizo pública su postura frente a la convocatoria para la consulta de la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, al considerar que el procedimiento planteado vulnera el derecho de las comunidades a participar de manera previa, libre e informada.
La comunidad sostiene que resulta inviable analizar 453 artículos en un periodo tan reducido y advierte que el proceso podría convertirse en una simulación para legitimar una iniciativa ya definida.
Uno de los principales cuestionamientos está dirigido al Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, instancia que Cherán K’eri señala que no reconoce como representación de su comunidad. Por ello, considera que los trabajos, diálogos u opiniones realizados por dicho organismo no pueden presentarse como decisiones u opiniones de Cherán K’eri.
La comunidad también cuestionó que para la región purépecha se haya contemplado un solo día de consulta en Cheranástico, sin establecer con claridad si se tratará de mesas de trabajo, cuál será la metodología para discutir la propuesta o de qué manera se construirán acuerdos y consensos. Sobre todo, advierte que tampoco queda garantizado que las propuestas de las comunidades sean vinculantes y no simplemente utilizadas como un requisito para continuar con la iniciativa de ley.
Cherán K’eri reconoció que la propuesta busca reconocer y promover derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero sostuvo que el reconocimiento de derechos no puede construirse ignorando las formas propias de organización, decisión y defensa territorial de las comunidades. La comunidad anunció que realizará espacios internos de análisis de la iniciativa y, posteriormente, buscará compartir sus posicionamientos con pueblos originarios de Michoacán y del país.
El posicionamiento, fechado el 9 de agosto de 2026, concluye con un rechazo frontal al proceso de consulta convocado: Cherán exige “respeto y una real consulta que sea previa, libre e informada”.
“DOCE AÑOS, DOS PRIMERAS PIEDRAS”
Este 6 de agosto, se cumplieron doce años “de estar conviviendo con los efectos de un derrame minero provocado por la negligencia de Grupo México, que goza de impunidad crónica”, acusaron los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), durante la colocación, por segunda vez, de la primera piedra de un hospital “que representa una deuda enorme para las comunidades del Río Sonora”, pues el primer centro médico para los afectados quedó inconcluso.
El inicio de la construcción se realizó al mismo tiempo que en la comunidad de Naco, también en Sonora, la población enfrenta el derrame químico de más de 70 mil litros de hidrosulfuro de sodio que la empresa ferroviaria Ferromex, igualmente de Grupo México, cometió el pasado 25 de julio en el cauce de un arroyo.
“Es momento de revisar la forma en que hablamos de empresas como Grupo México. Nada de agradecerles a quienes causan tanto daño, ni ahora ni nunca, todavía hay mucho que reclamar”, expresaron los CCRS en la ceremonia que se llevó a cabo este miércoles, a un día de que se cumplieran 12 años de que Grupo México derramó 40 millones de litros de tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi.
Los integrantes de los CCRS asistieron a la ceremonia de colocación de la primera piedra de un nuevo hospital y aseguraron que la obra “no borra el daño acumulado ni resuelve la relación de poder que todos estos años ha favorecido a la empresa de Grupo México”.
Los pobladores afectados por el derrame señalaron que aún falta “dar certeza” de que será terminado el nuevo hospital, del cual advirtieron que en su primera fase “no tendrá la capacidad para atender a las más de sesenta mil personas que se busca sean beneficiadas”.
Finalmente, reiteraron que esperan que “también se coloque la primera piedra de otra cosa: una forma distinta de atender los desastres ambientales en este país”.
¡CAMBIÉMOSLA YA! CUESTIONA ESTRATEGIA DE MINERALES CRÍTICOS; BÁRCENA PROMETE CONSULTA
La elaboración de una Estrategia Nacional de Minerales Prioritarios y Críticos abrió esta semana un debate sobre el rumbo de la política minera federal. La colectiva ¡Cambiémosla Ya! cuestionó la falta de información pública sobre el proyecto y demandó que comunidades y pueblos indígenas participen en su construcción, mientras la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, aseguró que la estrategia todavía se encuentra en una etapa inicial y que no se tomarán decisiones sin consulta.
El 3 de agosto, Bárcena informó en su cuenta de X que la Semarnat trabaja junto con las secretarías de Economía, Hacienda y Crédito Público, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como con el Servicio Geológico Mexicano, en la nueva estrategia para impulsar el Plan México.
“La riqueza mineral de México es enorme y debe traducirse en bienestar, innovación y sostenibilidad”, escribió la funcionaria. Sin embargo, el anuncio no detalló qué minerales serán considerados prioritarios, qué territorios podrían involucrarse ni cuáles serán los mecanismos de participación social.
Dos días después, ¡Cambiémosla Ya! sostuvo que existe opacidad tanto en esa estrategia como en el Plan de Acción sobre Minerales Críticos entre México y Estados Unidos. La colectiva planteó que una política destinada a garantizar el suministro de minerales para cadenas industriales y tecnológicas puede generar nuevas presiones sobre territorios donde existen yacimientos, por lo que reclamó información y participación de las poblaciones potencialmente afectadas.
La organización también vinculó el debate con los pendientes derivados de la reforma a la Ley de Minería de 2023. Entre los cambios aprobados entonces se encuentran la eliminación del carácter preferente de la actividad minera, nuevas obligaciones para el cierre y poscierre de minas y restricciones relacionadas con disponibilidad de agua. La colectiva señaló que todavía falta completar disposiciones reglamentarias necesarias para la aplicación del nuevo marco.
El posicionamiento cuestionó además que sea la propia Semarnat una de las dependencias que encabezan la construcción de una política destinada al aprovechamiento de minerales estratégicos. Desde una perspectiva territorial, la discusión no se limita a definir qué minerales necesita la economía nacional: involucra quién decide sobre su extracción, bajo qué reglas y qué participación tendrán las comunidades que habitan los territorios donde se localizan esos bienes.
Bárcena respondió directamente al comunicado desde X. “Nada se hará sin consultar a las comunidades”, afirmó. Agregó que “apenas se están preparando los elementos y analizando lo que hacen otros países respecto a minerales críticos y tierras raras” y sostuvo que la participación ciudadana, el acceso a la información y la justicia ambiental son principios de su gestión.
La respuesta de Semarnat abre el compromiso de incorporar consulta y participación; el punto pendiente será conocer el contenido de la estrategia, los minerales y territorios involucrados y los mecanismos mediante los cuales ese compromiso se traduzca en decisiones públicas antes de autorizar o promover nuevos proyectos extractivos.
OHUIRA REABRE EL DIÁLOGO, PERO CONTINÚA EL CONFLICTO POR LA PLANTA DE AMONIACO
El conflicto socioambiental por la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, registró esta semana un nuevo episodio con la instalación de una primera mesa de diálogo entre representantes de comunidades mayo-yoreme y la empresa. El encuentro se produjo tras meses de movilizaciones y acciones de resistencia de habitantes que mantienen su rechazo al proyecto.
Las comunidades sostienen que la instalación de la planta representa riesgos para la pesca, los manglares y el sistema lagunar de Ohuira-Topolobampo-Santa María, un humedal de importancia internacional reconocido por la Convención Ramsar, además de cuestionar el proceso de consulta indígena y las autorizaciones ambientales otorgadas al proyecto.
Por su parte, la empresa presentó el diálogo como un mecanismo para construir acuerdos con las comunidades, mientras que la Semarnat ha señalado previamente que el proyecto mantiene vigente su autorización ambiental, aunque sujeto al cumplimiento de condicionantes y supervisión permanente.
El caso de Ohuira continúa siendo uno de los principales conflictos socioambientales del país al evidenciar la disputa entre la política de industrialización asociada a proyectos estratégicos y la defensa del territorio impulsada por comunidades indígenas y pesqueras.
El desarrollo de este proceso de diálogo será determinante para conocer si existen condiciones para reducir un conflicto que, durante más de una década, ha enfrentado intereses económicos, decisiones gubernamentales y derechos colectivos sobre el territorio.
CRECE LA MOVILIZACIÓN CONTRA EL PROYECTO INMOBILIARIO DUNAS DE CHUBURNÁ
La oposición al desarrollo inmobiliario Dunas de Chuburná, en la costa de Yucatán, escaló esta semana con la convocatoria a una marcha organizada por el colectivo Salvemos las Dunas, que busca detener las obras al considerar que amenazan uno de los sistemas de dunas costeras mejor conservados del estado.
Los manifestantes exigen la suspensión del proyecto, una revisión de las autorizaciones ambientales y una auditoría sobre el proceso de aprobación.
La movilización ocurre después de que se conociera el contenido del Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA) aprobado por la Semarnat en enero de 2024, el cual revela que el desarrollo autorizado contempla 14 torres, 138 departamentos y una zona comercial con 32 locales, una dimensión superior a la difundida en la promoción comercial del proyecto. La obra ocuparía alrededor de nueve hectáreas de dunas costeras mediante un desarrollo por etapas.
El Gobierno de Yucatán solicitó a la Semarnat y a la Profepa verificar el cumplimiento de las autorizaciones federales, mientras el Ayuntamiento de Progreso sostiene que el proyecto cuenta con los permisos correspondientes.
El caso ha reactivado el debate sobre la urbanización del litoral yucateco y el papel de las dunas como infraestructura natural frente a huracanes, erosión costera y aumento del nivel del mar, en un contexto de creciente presión inmobiliaria sobre los ecosistemas costeros.
GOBIERNO FEDERAL PRESENTA PROGRAMA PARA “FORTALECER” LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentó el Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (PNANP) 2026-2030, con el que buscará fortalecer la conservación de 232 Áreas Naturales Protegidas (ANP) federales y 623 Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación, que en conjunto abarcan más de 99 millones de hectáreas del territorio nacional.
Durante la presentación, la secretaria Alicia Bárcena destacó que el programa incorpora objetivos, estrategias e indicadores para fortalecer el manejo de las ANP, la participación de comunidades, pueblos indígenas y afromexicanos, así como la protección del patrimonio biocultural.
Además, recordó que el pasado 20 de julio entró en vigor el decreto que prohíbe las actividades de exploración y explotación minera dentro de las Áreas Naturales Protegidas, medida que busca reforzar la conservación de estos territorios.
El Gobierno de México señaló que el programa se alinea con la meta internacional de proteger el 30 % del territorio nacional hacia 2030, lo que implicaría incorporar alrededor de 49 millones de hectáreas adicionales entre superficies terrestres y marinas.
De acuerdo con la Conanp, el éxito de esta estrategia dependerá de la coordinación entre instituciones, comunidades, academia y organizaciones sociales para fortalecer la gobernanza ambiental y la conservación de los ecosistemas del país.
SEMARNAT SIMPLIFICA TRÁMITES PARA AUTORIZACIONES AMBIENTALES
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) simplificó los procedimientos para obtener autorizaciones en materia de impacto ambiental y forestal al reducir de 10 a 7 los trámites y de 12 a 4 los requisitos por procedimiento.
La medida, implementada junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, busca agilizar la evaluación de proyectos considerados estratégicos mediante la fusión de procedimientos y la digitalización de procesos administrativos.
Las modificaciones abarcan manifestaciones de impacto ambiental en modalidades particular y regional, solicitudes de exención, cambios de titularidad y modificaciones a proyectos previamente autorizados.
De acuerdo con la dependencia, la simplificación pretende facilitar el cumplimiento normativo para comunidades, empresas y dependencias públicas, sin modificar las obligaciones establecidas en la legislación ambiental ni los criterios técnicos de evaluación.
La decisión ocurre en un contexto en el que el Gobierno federal impulsa una política orientada a acelerar el desarrollo de infraestructura y proyectos prioritarios, al tiempo que mantiene el discurso de fortalecer la protección ambiental.
En ese escenario, los procedimientos de evaluación de impacto ambiental constituyen uno de los principales instrumentos del Estado para prevenir, mitigar o compensar los efectos de obras sobre ecosistemas, recursos naturales y comunidades.
Desde una perspectiva de ecología política, la simplificación administrativa reabre el debate sobre el equilibrio entre la agilización de inversiones y la capacidad institucional para garantizar evaluaciones ambientales rigurosas.
Su implementación permitirá observar si la reducción de cargas burocráticas fortalece el acceso a los trámites sin debilitar los mecanismos de prevención ambiental, particularmente en proyectos con incidencia territorial y forestal.
GOBIERNO FEDERAL CONVOCA A LA PRIMERA JORNADA NACIONAL DE REFORESTACIÓN
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Jornada Nacional de Reforestación 2026, que se realizará el próximo 9 de agosto con la meta de plantar 6.6 millones de árboles y plantas en los 32 estados del país.
La estrategia contempla acciones en 621 municipios, mil 632 núcleos agrarios y 32 mil 184 hectáreas, con la participación prevista de más de 235 mil personas, además de dependencias federales, gobiernos estatales, universidades, organizaciones sociales y comunidades.
El Gobierno de México informó que la jornada busca institucionalizar un día nacional dedicado a la restauración ambiental y fortalecer la participación social en la recuperación de ecosistemas.
La iniciativa se suma a las acciones del programa Sembrando Vida, con el que, de acuerdo con cifras oficiales, se han plantado mil 200 millones de árboles y reforestado un millón de hectáreas durante los últimos ocho años.
Durante la presentación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que México pierde cada año más de 1.1 millones de hectáreas por efectos de la deforestación, la tala ilegal, los incendios forestales y las plagas, procesos que comprometen la conservación de los bosques, la disponibilidad de agua y la biodiversidad.
En ese contexto, la jornada también busca reforzar la restauración de territorios forestales como una medida de adaptación frente al cambio climático y de recuperación de los servicios ambientales que sostienen a comunidades rurales y urbanas.
EN INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDIOS…
SHEINBAUM FIRMA DECRETO PARA AMPLIAR LA TRANSPARENCIA EN EL GOBIERNO FEDERAL
La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias del Gobierno de México mediante la ampliación de la información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
La medida busca establecer criterios específicos sobre qué información debe hacerse pública y limitar la discrecionalidad de las dependencias para reservar datos bajo argumentos de interés público o seguridad nacional.
El decreto contempla la publicación mensual de todos los contratos públicos del Gobierno federal, así como información sobre las filiales de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), incluyendo estados financieros, gobierno corporativo, políticas de operación e informes presentados ante agencias extranjeras. También incorpora la difusión de información adicional sobre auditorías, fiscalización y órganos internos de control.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que en un plazo de 30 días hábiles la Plataforma Nacional de Transparencia incorporará nuevos contenidos y herramientas para facilitar la consulta de información pública. Asimismo, el Ejecutivo federal convocó a gobiernos estatales, municipales y otros poderes públicos a adoptar criterios similares para fortalecer la rendición de cuentas.
El decreto forma parte de la reforma al sistema de transparencia impulsada por el Gobierno federal y anticipa cambios que serán incorporados a la nueva Ley General de Transparencia. Su implementación permitirá evaluar si las nuevas obligaciones de publicidad fortalecen efectivamente el acceso a la información y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio de los recursos públicos.
EN INFORMACIÓN INTERNACIONAL…
GAZA: CONTINÚA EL GENOCIDIO ISRAELÍ
La situación en la Franja de Gaza volvió a ocupar la agenda internacional esta semana tras una nueva escalada de ataques israelíes, mientras continúan las negociaciones para implementar un acuerdo de alto al fuego y desarme de Hamás impulsado por mediadores internacionales.
Aunque existen avances diplomáticos, los combates y los bombardeos no se han detenido, lo que mantiene el deterioro de las condiciones para la población civil. De acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza, desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, han muerto más de 73 mil personas.
En paralelo, organismos de Naciones Unidas advirtieron que la crisis alimentaria continúa siendo uno de los principales desafíos del territorio: 1.4 millones de habitantes, cerca de dos terceras partes de la población, enfrentan niveles de inseguridad alimentaria considerados de crisis o emergencia, pese a que el aumento de la ayuda humanitaria permitió una mejora parcial respecto al año pasado.
En el plano político, el enviado del denominado Board of Peace sostuvo reuniones con el gobierno israelí para impulsar la implementación del acuerdo de desarme de Hamás y solicitó el cese de los ataques mientras avanzan las negociaciones.
Sin embargo, Israel mantiene que cualquier avance depende de garantías de seguridad, mientras Hamás condiciona el proceso al retiro gradual de las fuerzas israelíes y al cumplimiento del alto al fuego.
La semana confirmó que, pese a los esfuerzos diplomáticos, el conflicto continúa definido por la tensión entre objetivos militares, negociaciones internacionales y una crisis humanitaria que sigue dependiendo del acceso sostenido a alimentos, servicios de salud y ayuda internacional para millones de personas en Gaza.
MUERE CARLOS GARFIAS MERLOS
Carlos Garfias Merlos, arzobispo emérito de Morelia, murió este jueves 6 de agosto en su natal Tuxpan, Michoacán, a los 75 años. La Arquidiócesis de Morelia confirmó el fallecimiento, sin que hasta ahora se haya informado públicamente la causa de su muerte.
Garfias Merlos estuvo al frente de la Arquidiócesis de Morelia desde noviembre de 2016 y dejó el cargo en enero de 2026, al cumplir la edad establecida por el Derecho Canónico para presentar su renuncia. Durante casi una década, uno de los principales ejes de su trabajo fue la supuesta “construcción de paz y el diálogo” frente a la violencia que atraviesa Michoacán.
Pero su paso por la Iglesia michoacana también estuvo marcado por episodios polémicos. Uno de los más controvertidos fue la entrega de camionetas durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, entonces gobernador de Michoacán.
En marzo de 2025, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se investigaba el destino de alrededor de 30 camionetas RAM de doble cabina que, durante la administración de Aureoles, fueron entregadas a la Arquidiócesis de Morelia, entonces encabezada por Garfias.
El gobernador sostuvo que las unidades habían sido adquiridas con recursos públicos y que se investigaba un posible desvío, pues vehículos de ese tipo eran utilizados normalmente para tareas gubernamentales, como seguridad y salud.
En febrero de 2026, el titular de la Contraloría estatal, Francisco Ramírez Flores, informó que la investigación continuaba abierta y que se buscaba reunir documentación para determinar si los vehículos fueron utilizados conforme al propósito para el que fueron adquiridos. En ese momento, la cifra señalada por la Contraloría ya era de más de 40 camionetas.
La controversia alcanzó directamente a Garfias. En marzo de 2025, el entonces arzobispo afirmó que no respondería a lo que calificó como “fantasías” y sostuvo que no había recibido una notificación oficial relacionada con alguna investigación.
La investigación, por su parte, continuó después de que Garfias dejó la Arquidiócesis. En enero de 2026, el gobierno estatal anunció que daría seguimiento al tema con el nuevo arzobispo, José Armando Álvarez Cano.
La investigación sobre las camionetas permanece como un episodio pendiente de esclarecer. La Contraloría estatal señaló este mismo año que todavía era necesario reunir pruebas para determinar si existió un uso indebido de recursos públicos.
