La autollamada “Cuarta Transformación” protege los intereses del capital

La autollamada “Cuarta Transformación” puede reivindicarse de izquierda, ampliar los programas sociales y redistribuir ingresos. Pero mientras el Estado siga garantizando las condiciones de la acumulación, los conflictos socioterritoriales y socioambientales seguirán reproduciéndose. / La autollamada “Cuarta Transformación” protege los intereses del capital

Uitzume, el perro del lago
La autollamada “Cuarta Transformación” protege los intereses del capital

La autollamada “Cuarta Transformación” se define a sí misma como un proyecto de izquierda y progresista. Buena parte de su legitimidad descansa en esa identidad, en la ampliación de los programas sociales y en un discurso de justicia social. Más allá de discutir la etiqueta ideológica, conviene preguntar qué cambia en la estructura del Estado cuando un gobierno se declara de “izquierda” pero conserva las condiciones económicas y políticas que permiten la reproducción del capital.

Los conflictos socioambientales y socioterritoriales que atraviesan el país dan elementos para responder. En distintas regiones, comunidades indígenas, organizaciones campesinas, pescadores y habitantes se enfrentan a megaproyectos industriales, energéticos, inmobiliarios, turísticos, carreteros y agroindustriales.

Las disputas por el agua, los bosques y las costas evidencian la contradicción entre las formas de vida de las comunidades y el modelo económico capitalista que necesita del territorio, de sus recursos naturales, de infraestructura y fuerza de trabajo para sostener la acumulación del capital.

En ese mismo sentido, la llamada “prosperidad compartida” funciona como una narrativa que acompaña los megaproyectos y presenta sus beneficios como si fueran a distribuirse entre las comunidades. Sin embargo, el anuncio de inversiones, empleos y crecimiento regional no demuestra que la población local vaya a recibir esos beneficios, ni que los costos ambientales, sociales y territoriales se distribuyan de manera justa.

Y es que el problema no es que un gobierno otorgue apoyos sociales. Los programas pueden significar ingresos, derechos y condiciones materiales relevantes para millones de personas, y tampoco se trata de borrar las diferencias entre gobiernos. Lo que está en cuestión es que esas medidas no modifican, por sí solas, las relaciones de propiedad, producción y poder que sostienen al sistema económico.

Un Estado puede ampliar programas sociales, aumentar el gasto público, reivindicar la soberanía nacional y presentarse como “progresista”, mientras facilita inversiones, concesiones y obras que subordinan territorios y bienes naturales a las necesidades del capital.

Puede redistribuir una parte de la riqueza y, al mismo tiempo, mantener las condiciones para que esa riqueza siga produciéndose mediante la explotación del trabajo y de la naturaleza. La prosperidad que se anuncia alrededor de los megaproyectos no necesariamente es la prosperidad de quienes habitan los territorios donde se construyen.

Ahí aparece una de las contradicciones del autonombrado “Segundo Piso de la Cuarta Transformación”, la política social convive con una política económica que mantiene la presión sobre los territorios. No son procesos necesariamente excluyentes. El Estado puede atender necesidades sociales y, al mismo tiempo, asegurar las condiciones institucionales, jurídicas y materiales para la expansión empresarial.

El discurso del “desarrollo”, “crecimiento” y “progreso” que el Gobierno de México impulsa presenta estas intervenciones en los territorios como necesarias para generar empleo, inversión y crecimiento, pero pocas veces coloca en el centro cómo se reparten los beneficios, cuáles son los impactos acumulativos y qué derechos tienen quienes habitan esos lugares.

Por eso los conflictos en el territorio difícilmente cederán mientras el Estado priorice la acumulación de capital sobre los derechos colectivos y las condiciones ecológicas que sostienen la vida.

Y aquí hay que ser muy francos y precisos, pueden cambiar los gobiernos, los discursos y los mecanismos de negociación pero si la relación estructural se conserva, los conflictos reaparecerán en nuevos territorios y bajo otras formas.

Las mesas de diálogo, las consultas, los estudios de impacto ambiental y las compensaciones pueden ser necesarios, pero no resuelven la contradicción de fondo. Cuando las decisiones estratégicas ya están orientadas a asegurar la viabilidad de una inversión, la participación comunitaria corre el riesgo de volverse un trámite para administrar el desacuerdo y no una posibilidad real de modificar el proyecto.

La defensa del territorio, entonces, no se reduce a oponerse al desarrollo ni a negociar mejores compensaciones, cuestiona el modelo de desarrollo, la distribución del poder y la capacidad de las comunidades para decidir sobre sus bienes comunes.

En muchos casos, lo que está en juego es la continuidad de formas de organización colectiva que no responden a la lógica de la propiedad privada, la rentabilidad y la mercantilización de la naturaleza.

La Cuarta Transformación puede llamarse de izquierda, ampliar derechos y beneficiar a amplios sectores. Pero mientras el Estado siga asegurando las condiciones para la expansión del capital, las contradicciones territoriales seguirán abiertas.

Entonces, ¿qué intereses sigue defendiendo el Estado?


*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.

Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.

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