A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la investigación ha sumado detenciones, cateos y nuevas líneas sobre la colusión de funerarias y autoridades locales, aunque el paradero de los jóvenes sigue sin esclarecerse. En ese tiempo han fallecido dos madres y seis padres sin saber dónde están sus hijos. / A 12 años de Ayotzinapa, redes de funerarias, autoridades judiciales y detenciones
A 12 años de Ayotzinapa, redes de funerarias, autoridades judiciales y detenciones
Ciudad de México.- A doce años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, la investigación ha sumado detenciones, cateos y nuevas líneas sobre la colusión de funerarias y autoridades locales, aunque el paradero de los jóvenes sigue sin esclarecerse. En ese tiempo han fallecido dos madres y seis padres sin saber dónde están sus hijos.
Los hechos ocurrieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando los estudiantes acudieron a conseguir autobuses para la marcha del 2 de octubre. Durante el operativo se registraron asesinatos, lesionados, ataques armados y retenes policiales.
La llamada «verdad histórica», presentada el 27 de enero de 2015 por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, sostenía que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río San Juan. Esa versión fue desestimada científicamente por el peritaje de José Torero y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Además, una sentencia de mayo de 2018 liberó a 65 integrantes de Guerreros Unidos y policías municipales bajo el argumento de presunta tortura. De 142 personas procesadas en esa etapa, 77 recuperaron su libertad, aunque la CNDH determinó después, con el Protocolo de Estambul, que solo siete dieron positivo a tortura.
Para reorientar el caso se creó el 4 de diciembre de 2018 la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) y, el 26 de junio de 2019, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). Esta ha sido encabezada por Omar Gómez Trejo (2019-2022), Rosendo Gómez Piedra (2022-2025) y, actualmente, Mauricio Pasarán Álvarez. La unidad maneja 162 expedientes: 60 averiguaciones previas, 42 carpetas de investigación y 60 causas penales. El expediente, de unos cinco millones de fojas en 3,000 tomos, tiene 90% de avance en su digitalización.
En cuanto a los archivos militares, entre 2019 y 2023 se entregaron a las familias 121,288 hojas de la SEDENA. Tras la solicitud de 866 folios del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (SURFI), se entregaron 33 folios y 70 documentos relacionados en 2023 y 2024.
En diciembre de 2024, luego de una revisión instruida por la Presidencia, la Sedena confirmó por escrito que no existe información adicional en sus acervos. Por otra parte, el 14 de junio de 2024 se reformó la Ley de Amnistía para incentivar la aportación de información comprobable sobre el paradero de los estudiantes.
Uno de los ejes recientes es el análisis de más de 80,000 cruces telefónicos de 2014 y 2015, que permitió identificar a 17 personas antes no investigadas y precisar el uso posterior de los teléfonos de varios normalistas. El aparato de Jorge Antonio Tizapa Legideño fue utilizado del 23 al 25 de octubre de 2014 por Mauro «N», exservidor público de Iguala, contra quien el 25 de agosto de 2026 se dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada.
El de Jorge Aníbal Cruz Mendoza fue operado el 30 de septiembre de 2014 por un policía municipal en activo la noche de los hechos y luego por su pareja. El de Israel Caballero Sánchez lo usó la esposa de un exservidor público asignado a la Barandilla de Iguala, dato que contradice la versión de José Ulises Bernabé, quien sostenía que solo seis detenidos ingresaron a ese sitio; la línea se apoya en siete declaraciones. El equipo de Julio César Mondragón Fontes fue utilizado el 4 de octubre de 2014 por Rodolfo «N», propietario de la Funeraria El Ángel.
Esa última pista condujo a una red de colusión operada desde 2010 por la familia Rueda Amazón, que administraba la Funeraria El Ángel, Funerales Económicos Rueda, la concesión del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y el panteón municipal. Registros telefónicos confirmaron llamadas la noche del crimen entre mandos de Guerreros Unidos, como «La Gabi», «El Chucky» y «El Gusano», y Rodolfo «N» padre, así como con Irving «N», nutriólogo y entonces estudiante, quien habló ocho veces con él.
En octubre de 2025, un cateo a la Funeraria El Ángel permitió asegurar el inmueble, dos hornos crematorios y un horno clandestino sin registro. Ahí se halló un resto óseo en un cajón, un arma de uso exclusivo del Ejército y formatos oficiales en blanco, firmados y sellados, de certificados de defunción y oficios de traslado e inhumación. El 8 de diciembre de 2025, en el SEMEFO de Iguala, se encontraron cuerpos con carpetas duplicadas, restos sin registro y restos calcinados con piezas dentales sobre un colchón. En un predio, hasta junio de 2026, se recuperaron 23 indicios con cientos de fragmentos óseos, prótesis dentales y casquillos, junto con el EAAF.
Un resto enterrado en la parte trasera del SEMEFO, localizado el 26 de marzo de 2026, coincidió genéticamente con un fragmento hallado el 17 de diciembre de 2021, a 123 kilómetros, en el camino a Mescaltepec, Taxco. Este último correspondía a una fosa clandestina ajena a los normalistas. Rodolfo «N» padre y Rodolfo «N» hijo fueron vinculados a proceso e ingresados al penal del Altiplano.
El 17 de junio de 2026 se dictaron siete órdenes de aprehensión: cuatro contra la familia Rueda Amazón (Rodolfo padre, Violeta, Rodolfo hijo y Helen) por desaparición forzada, y tres contra exservidores públicos: César Manuel «N», exdirector del SEMEFO estatal; Ben «N», exsecretario de Salud de Iguala, y Julio César «N», médico legista de Barandilla.
Otro avance es el de un testigo identificado en octubre de 2025, quien en 2014 tenía 14 años y actuaba como «halcón» de Guerreros Unidos. Fue detenido en abril de 2026 y desde julio aporta información sobre la estructura criminal y puntos de búsqueda.
La investigación también alcanzó al ámbito judicial. Tras la detención de Lambertina «N», expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y de Blanca «N», exvisitadora, ambas se acogieron a esquemas de colaboración. Con base en sus declaraciones, el 6 de agosto de 2026 se ejecutó orden de aprehensión contra Ángel «N» por desaparición forzada, vinculada al ocultamiento de las grabaciones de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. Fue vinculado a proceso el 11 de agosto, con prisión preventiva en El Altiplano.
En cifras globales, hay 168 personas sujetas a proceso: 130 en prisión preventiva y 38 con medidas cautelares diversas. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se detuvo a nueve expolicías municipales, ocho presuntos integrantes o colaboradores de grupos criminales, siete exservidores públicos (entre ellos el exgobernador de Guerrero, la exmagistrada presidenta del TSJ, la exvisitadora y un médico legista), dos empresarios y cuatro civiles.
En el plano internacional, Estados Unidos deportó a Edgar Damián «N» el 26 de junio de 2025 y a Juan Alberto «N» el 5 de noviembre de 2025. Sigue en trámite la extradición de José Ulises Bernabé, cuyo caso la presidenta Claudia Sheinbaum expuso al secretario de Estado, Marco Rubio, en septiembre de 2025, mientras que la de Abraham «N» está en evaluación ante el Departamento de Estado. Tomás Zerón de Luco, ubicado en Israel y requerido por tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos, ha sido objeto de 22 teleconferencias, tres videoconferencias, 60 comunicaciones y más de 6,000 cuartillas traducidas al inglés y hebreo. En mayo de 2025, Sheinbaum envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, sobre el tema.
En materia de búsqueda, desde 2019 se han intervenido 1,931 sitios en nueve municipios de Guerrero. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 fueron 1,028 sitios en seis municipios (Cocula, Cuetzala del Progreso, Eduardo Neri, Iguala, Taxco y Tepecoacuilco), en 36 jornadas de campo. Participaron peritos del Centro Federal Pericial Forense (arqueólogos, antropólogos, biólogos y espeleólogos), con georradares, drones y binomios caninos, además de representantes de las familias.
Tras concluir las operaciones del GIEI, el Gobierno formalizó un esquema con la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para integrar nuevos expertos independientes. Finalmente, la presidenta ha sostenido ocho reuniones presenciales con madres y padres, y se han realizado 12 reuniones de seguimiento institucional y atención directa a 35 núcleos familiares en 16 localidades de Guerrero y Morelos.
