Exigen la participación en las decisiones, el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y el freno a la expansión industrial mientras no se reparen los daños a la salud y al medio ambiente.
Por: en15dias.com / Con información de Renacer
Ciudad de México.- Organizaciones comunitarias y redes territoriales de 18 regiones del país presentaron un pliego de seis demandas centrales dirigidas a los tres niveles de gobierno, ante lo que califican como una crisis ambiental y sanitaria provocada por el modelo de desarrollo industrial dominante.
Las comunidades afectadas denuncian que, pese a vivir en territorios impactados por contaminación del agua, aire y suelo, continúan siendo excluidas de las decisiones oficiales sobre proyectos, infraestructura y políticas ambientales.
Por ello, su primera exigencia es participar directamente en la toma de decisiones, con el fin de contribuir a la construcción de soluciones colectivas, públicas y orientadas al bien común.
En segundo lugar, demandan el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú, tratado internacional firmado por México que garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la justicia en asuntos ecológicos. Señalan que, en lugar de respetar este marco jurídico, las autoridades siguen imponiendo megaproyectos sin consulta ni transparencia.
Otra exigencia clave es que no se instalen nuevos corredores ni parques industriales mientras no se atiendan los problemas de salud ya existentes en las comunidades y no se remedien los daños ambientales acumulados.
“No aceptaremos más expansión industrial sobre territorios enfermos”, advierten.
Las redes comunitarias también cuestionan la política oficial de construir plantas de tratamiento de aguas residuales como solución principal. Exigen una reforma integral de las normativas de agua, aire y suelo, que reconozca las sustancias tóxicas y las dosis que generan enfermedades y muertes, con el objetivo de impedir los procesos de contaminación desde su origen y asegurar que cualquier infraestructura de control responda a la carga tóxica real.
Respecto a la calidad del aire, alertan que actualmente sólo se regulan contaminantes asociados al cambio climático, mientras que las sustancias tóxicas más peligrosas para la salud no se miden ni monitorean adecuadamente. Por ello, demandan sistemas de vigilancia completos sobre todas las emisiones industriales.
Las comunidades exigen la garantía plena de sus derechos humanos fundamentales: vivir en un medio ambiente sano, acceder al agua y a la salud, y contar con información oportuna sobre los niveles de contaminación y los proyectos que se pretenden desarrollar en sus territorios.
Las organizaciones anunciaron que mantendrán la movilización social y jurídica hasta que sus demandas sean escuchadas y atendidas. “Defender la vida y el territorio no es una opción: es una urgencia”.
“Todo esto que hemos denunciado y enumerado brevemente, solo es una muy pequeña muestra de la grave destrucción en la que se encuentra el territorio de México”, advirtieron en el pronunciamiento, explicando que por eso “nos organizamos primero localmente y ahora en la Renacer, para impedir que los procesos de envenenamiento, contaminación y enfermedad sigan multiplicándose por todo el país porque nos están matando”.
Renacer aclara que no se opone al desarrollo económico, sino que demanda un cambio de modelo: “Nos interesa el desarrollo de la economía e industria nacionales, así como el empleo para las mayorías, pero igualmente se requiere con urgencia de un plan general de justicia ambiental y de salud, para las comunidades afectadas y las personas trabajadoras que laboran y viven en los Sitios y Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (SESA y RESA) en México”.
La advertencia sobre las consecuencias de la inacción es contundente: “De no hacerlo, la tendencia al incremento de las enfermedades crónico-degenerativas asociables a la contaminación, así como la destrucción de nuestros ecosistemas, se extenderán cada vez más, hasta volverse técnicamente irreversibles, lo que provocará un descomunal colapso socio-ambiental y en el sistema de salud”.
La organización destaca un punto particularmente sensible: durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, “a través de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) financiados por el entonces Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) se acumuló una abundante y escandalosa evidencia científica sobre la presencia de todo tipo de procesos de contaminación, de agentes tóxicos y sus efectos, que detonan enfermedades graves dentro de las RESA”.
