Fernando Bejarano, director de RAPAM, exige una política de Estado para eliminar progresivamente los agrotóxicos y transitar hacia la agroecología
México enfrenta el reto de prohibir 200 plaguicidas altamente peligrosos aún autorizados
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
México tiene actualmente autorizados 200 ingredientes activos de plaguicidas considerados altamente peligrosos, cuyo uso representa un riesgo gradual para la salud de la población, advirtió Fernando Bejarano, director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM).
“Hemos identificado 200 ingredientes activos de plaguicidas que están todavía autorizados”, señaló Bejarano, quien precisó que aunque no se tiene certeza de cuántos se utilizan realmente, “muchos de ellos no sabemos si todavía se usan realmente, pero están autorizados, legalmente se podrían hacer”.
El director de RAPAM explicó que tanto en las aplicaciones terrestres como aéreas con drones, “estamos expuestos a una mezcla de plaguicidas altamente peligrosos, en partes por millón que no vamos a tener una percepción por los sentidos, pero que poco a poco van a podernos causar un daño a corto o mediano plazo”.
La necesidad de un cambio de modelo
“Esto requiere un cambio en las políticas de estado, una política de estado que lleve a la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos”, afirmó Bejarano, quien propone “al mismo tiempo amplíe los apoyos alternativas sobre todo en un enfoque agroecológico”.
El especialista plantea una transformación profunda: sistemas agrícolas independientes de agrotóxicos, “que usen bioinsumos y que puedan tener una diversificación con rotación de cultivos con intercalados que puedan afectar insectos benéficos”, alejándose del modelo de revolución verde “que trataba de imitar a la agricultura estadounidense”.
Balance de la 4T: avances limitados
Sobre el periodo de Andrés Manuel López Obrador, Bejarano reconoció que “se empezó a tomar medidas precisamente para iniciar la prohibición de ciertos plaguicidas. Todo se concentró en el glifosato” y se brindó apoyo a programas de agroecología.
Sin embargo, fue crítico con los resultados del decreto presidencial que prohibió 35 plaguicidas: “Esos 35 plaguicidas en realidad pues no afectan los intereses de la industria porque la lista se negoció con ellos. Se prometen nuevos productos”.
Respecto a los programas actuales de agroecología, consideró que “continúan programas de apoyo a la agroecología, aunque, en mi opinión, requieren aumentar la escala y mejor coordinación”, destacando el trabajo de la Dirección de Agroecología de Sader, Sembrando Vida y las áreas naturales protegidas.
Mencionó también que “Michoacán ha hecho un esfuerzo también de coordinaciones estatal, muy interesante que debía ser limitado y profundizado”.
Demandas para el nuevo gobierno
Bejarano exige que el grupo de trabajo coordinado por Sader —donde participan las secretarías de Economía, Semarnat y Cofepris— incorpore “la opinión informada de expertos y de organizaciones campesinas y de productores que incluso están dentro de la agricultura orgánica que han prescindido totalmente de esto”.
Esto, explicó, es para cumplir con “una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que no se ha cumplido, que es los programas sectoriales para la reducción de uso y la prohibición progresiva de plaguicidas altamente peligrosos”.
El director de RAPAM señaló una contradicción: “México se ha pronunciado en los foros internacionales a favor de una iniciativa mundial” para formar una alianza sobre plaguicidas altamente peligrosos, pero “estos pronunciamientos progresistas que ha hecho en México en la esfera internacional tienen que tener coherencia con las políticas nacionales aumentando los recursos para que estas acciones se puedan lograr y tener alimentos realmente sanos, libres de agrotóxicos y de organismos genéticamente modificados”.
Participación social, clave del cambio
Sobre cómo equilibrar desarrollo económico con la reducción de agrotóxicos, Bejarano fue enfático: “Tenemos que cambiar nuestra concepción de lo que es el desarrollo económico”.
Alertó sobre las experiencias de otros países: “Tenemos gobiernos muy progresistas que se quedaron a medias en el cumplimiento de esfuerzos de transformación”, por lo que consideró fundamental que el gobierno “trate de fortalecer la participación pública, la participación de organizaciones sociales para no solamente tener canales privilegiados de diálogo con la industria y con los grupos empresariales”.
Concluyó señalando que “hay un acuerdo regional, el acuerdo de Escazú sobre derecho a la participación y acceso a la justicia debe ser reflejado, pues en estos espacios institucionales de participación donde todavía hay mucho que construir en nuestro país”.
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