El Centro Cultural Popular Universitario de Morelia denunció que el inmueble que ocupa desde 1991 fue incluido en el decreto de desincorporación de bienes del gobierno de Michoacán sin previo aviso. La organización acusa irregularidades legales, recuerda que existe un convenio firmado en 2025 que reconoce su posesión y advierte que analiza acciones jurídicas y políticas para defender el espacio cultural. / Centro Cultural Popular Universitario denuncia desincorporación ilegal de su inmueble; acusa al gobierno de Michoacán de actuar sin notificarles
Centro Cultural Popular Universitario denuncia desincorporación ilegal de su inmueble; acusa al gobierno de Michoacán de actuar sin notificarles
Por: en15dias.com
El profesor Marcial Rodríguez, representante del Centro Cultural Popular Universitario de Morelia, denunció públicamente que el inmueble que ocupa esta organización desde 1991 fue incluido en la desincorporación de bienes del patrimonio estatal aprobada el pasado 4 de marzo por el Congreso de Michoacán, sin que sus integrantes recibieran notificación previa ni fueran convocados a ningún proceso de diálogo con las autoridades.
“En lo absoluto, nunca recibimos nosotros una notificación o que se nos haya invitado a un diálogo para platicar respecto a lo que ellos pretendían, al proyecto que ellos tenían”, declaró Rodríguez en conferencia de prensa realizada en las propias instalaciones del Centro Cultural, donde la organización reunió a varios medios de comunicación para dar a conocer su postura.
EL DECRETO QUE ENCENDIÓ LAS ALARMAS
El 4 de marzo, el Congreso del Estado aprobó el dictamen impulsado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para desincorporar 38 bienes inmuebles del patrimonio estatal, parte de los cuales serán destinados al Instituto Mexicano del Seguro Social y el resto transferidos al Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán, Fidemich.
La desincorporación representa un monto total de 519.7 millones de pesos conforme al valor catastral de los inmuebles, ubicados en 18 municipios del estado.
En entrevista con en15dias.com, el profesor Rodríguez narra que la medida tomó por sorpresa a todas las organizaciones que ocupan espacios en condiciones similares.
“Esto es un acto en donde en forma gubernamental se determina esa desincorporación sin notificar a ninguno de los misionarios, porque existen un sinfín de inmuebles, de terrenos y áreas que están a disposición de comunidades y de organizaciones”, explicó.
El representante fue categórico al calificar el procedimiento: “Lo consideramos que es anticonstitucional, que no lleva absolutamente ningún proceso legado el hecho de que no se haya notificado y llegar a un convenio previo para que se llevara a cabo esa desincorporación”.
UN CONVENIO QUE CONTRADICE LA DESINCORPORACIÓN
El punto más delicado del caso radica en la existencia de un convenio firmado en 2025 con la propia Secretaría de Patrimonio del Estado, que reconoció expresamente la posesión que la organización ejerce sobre el inmueble.
Ese documento fue el resultado de un proceso administrativo interno de reversión, a través del cual Patrimonio actualizó el instrumento legal que regula el uso del espacio. en15dias.com solicitó el documento, sin embargo se argumentó que en ese momento no se tenía.
“En el año de 2025 se nos mandó llamar por patrimonio del Estado y después de haberse llevado un proceso interno, administrativo de reversión con la finalidad de regular el espacio al estado en una incorporación ya total o seguir dando en las mociones con las que hemos estado trabajando”, señaló el profesor a en15días.
“Se hizo un nuevo convenio con patrimonio del Estado, se firmó, se selló y bueno, pues estábamos en esa situación y condición estatutaria”.
Destacó que “lo importante ahí (del documento) de la autoridad y de patrimonio del estado es que reconocen la posesión. Es el reconocimiento de la posesión”.
“Ese documento es importantísimo porque ahí está el hecho, ahí está el hecho que procedieron en forma ilegal. Si nos reconocen a nosotros la posesión, que es un derecho, ¿para qué actuaron de esa manera?”.
El inmueble fue restituido a la organización en 1991 por el gobierno del Estado, en compensación por otro espacio donde operaban previamente frente al Colegio de San Nicolás.
“A partir de 1991 estamos aquí en este lugar que nos da en restitución, se nos da en comodato y ese comodato es indefinido y solidariamente nos define cuáles son nuestras funciones”, recordó el representante.
“Nunca se nos notificó, nunca se nos mandó a tener un diálogo y a decirnos que se iba a llevar a cabo este proceso”, reiteró, añadiendo que la medida afecta directamente el trabajo que han desarrollado por más de tres décadas.
“Nosotros tenemos funciones aquí de toda índole: cultural, social, política. Toda la participación de las organizaciones ha sido para apoyo, nunca jamás se ha tratado de tener una función de lucro”.
LAS VÍAS QUE EXPLORAN
El Centro Cultural Popular Universitario analiza dos rutas de acción. “Nosotros hemos visto que podemos proceder a solicitar la donación del espacio», explicó Rodríguez.
La segunda vía, de no obtener respuesta favorable, implica escalar el conflicto: “En el caso de que encontremos justificaciones por parte del gobierno del Estado, pues también nosotros tendríamos que activar nuestros derechos, ya sea en el campo jurídico o a través de la política”.
El representante advirtió, sin embargo, que la coyuntura electoral complica la interlocución. “Se van a llevar a cabo el proceso electoral para nombrar el nuevo gobernante de Michoacán, los nuevos integrantes del Congreso y las autoridades municipales. Y esto es delicado porque vamos a ir ante las instituciones gubernamentales y por lo que se está presentando hoy en día, no va a haber oportunidad de que nos escuchen. Así es que tenemos que implementar todos los recursos que tuviéramos a la mano”.
Un espacio con historia de defensa social
Desde 1991, se han realizado más de 1500 actividades en el Centro Cultural, donde confluyen más de un centenar de organizaciones en distintas actividades.
“Como siempre se ha tenido aquí el espacio para pronunciarnos en contra de anomalías, en contra de situaciones políticas gubernamentales o lo que acontece a la ciudadanía, nosotros hacemos eco en ello porque ya es de conciencia, una política de conciencia.”
