La tensión marcó la cuarta sesión del Comité de Calidad Ambiental en San Matías, Michoacán. Entre reclamos por la falta de presupuesto gubernamental para estudios del agua y la urgencia de atender un brote de daño renal infantil, la comunidad exigió soluciones científicas concretas ante el desgaste oficial. / Crónica: Autoridades administran crisis ambiental y de salud renal en la región Oriente de Michoacán
Crónica: Autoridades administran crisis ambiental y de salud renal en la región Oriente de Michoacán
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
San Matías, región Oriente de Michoacán.- El ambiente en la cuarta Sesión del Comité Interinstitucional Calidad Ambiental y Salud Pública en Los Azufres, realizada en la comunidad de San Matías El Grande, municipio de Hidalgo al oriente michoacano, no se prestó a simulaciones: fue una reunión tensa.
Las palabras “burla”, “desgaste» y “falta de respeto” resonaron con fuerza en la comunidad de San Matías, donde las autoridades de los tres niveles de gobierno se presentaron ante una comunidad indígena que, apoyada en datos científicos propios, exigió pasar de las minutas a las resoluciones concretas frente a la crisis ambiental y de salud renal que padece la región Oriente de Michoacán.
Roque Martínez Hernández, integrante del Concejo Comunal de San Matías El Grande, dio la bienvenida y agradeció que las instituciones volvieran a la comunidad. Lo hizo con cortesía, pero con la reserva de quien ya ha repetido ese gesto muchas veces sin ver los resultados que espera.
La mesa reunió a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, que moderó la sesión, la Secretaría de Salud Estatal, representantes de INPS/IMSS Bienestar, de CONAGUA, de SEMARNAT, de PROFEPA desde oficinas centrales, del Gobierno Federal en la figura del coordinador regional de Occidente, Raúl Castellanos, de Bienestar Federal, y una representante de la Comisión Federal de Electricidad.
Del lado académico estuvo el doctor Pedro Corona, de la Universidad Michoacana. Del lado comunitario, además de Roque Martínez, tomaron asiento Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, intagrantes del Colectivo de Abogados y pobladores de las comunidades de la región Oriente.
Antes de entrar al primer punto, el moderador leyó los acuerdos de la reunión anterior, celebrada el 13 de abril en Morelia. Ocho compromisos que, revisados uno a uno a lo largo de la mañana, revelarían el ritmo real al que avanza el comité.
LA PREGUNTA SIN RESPUESTA: ¿QUIÉN PAGA?
El punto que encendió los ánimos de inmediato fue el monitoreo de la calidad del agua. El notario público con licencia y titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, expuso que ya contaban con una cotización del Instituto de Geofísica y Geología de la UNAM por un monto aproximado de 430,000 pesos para realizar un análisis multielemental en 23 sitios de muestreo (46 muestras totales).
Sin embargo, la tensión afloró cuando Méndez López admitió textualmente: “Me hace falta ver quién pueda pagar los estudios (…) yo no lo tengo en mi presupuesto”.
El acuerdo número uno del 13 de abril era técnico: convocar una reunión del grupo de trabajo de calidad del agua para acordar metodología y sitios de muestreo. Eso sí se hizo. Se reunieron CONAGUA, CFE, representantes comunitarios y personal de la mesa, y se definió que se analizarían 23 sitios de consumo humano, 46 muestras en total, con un laboratorio certificado ante la entidad mexicana de acreditación. Se revisaron propuestas de los laboratorios pero ninguna cubría todos los parámetros acordados.
La única cotización que los incluía era la del Laboratorio Nacional de Geoquímica de la UNAM, firmada por la Dra. Ofelia Morton Bermea, con un costo de 266,000 pesos para el análisis multielemental más 160,000 adicionales para cationes, aniones, fluoruro y alcalinidad total. El total de lo que se requiere es de 430,000 pesos. “La cotización llegó reciente”, según comentó Méndez López.
Pero el dinero, no. “Estamos viendo nada más cómo pagarlo, quién la pudiera pagar”, señaló el titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Michoacán con una franqueza que instaló el tono del resto de la mañana.
El doctor Pedro Corona tomó la palabra para añadir dos precisiones que le parecían fundamentales. La primera, técnica: de los 60 puntos de monitoreo que CFE presenta periódicamente, la mayoría corresponden a manantiales geotérmicos, pozos o sitios alejados de las comunidades. “Solo dos coinciden con fuentes de consumo humano”, explicó el especialista.
“Las comunidades son las que saben cuáles son los puntos de donde se abastecen”, señaló Corona, y propuso que el muestreo parta de esa realidad, no de los criterios de la planta.
La segunda precisión era estructural. El doctor Corona dejó en claro que este muestreo debería ser permanente, porque la calidad del agua puede cambiar entre temporada de lluvias y secas, y porque la operación de la geotérmica puede generar variaciones. “Y esa responsabilidad recae principalmente en CFE y PROFEPA”, sostuvo urante la reunión.
La representante de CFE respondió con claridad que los 60 puntos de monitoreo de la empresa fueron definidos por PROFEPA en el marco del proceso de aprovechamiento geotérmico, no para vigilar la salud comunitaria.
“No es que lo haya omitido es que no forma parte del proceso de generación de energía eléctrica”.
En cuanto al pago de los estudios, explicó que la empresa se rige por lineamientos normativos de adquisiciones que no permiten contratar laboratorios de la forma en que aquí se propone, es decir, eligiendo el laboratorio con participación de las comunidades, del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y con la voz técnica del doctor Corona.
“CFE licita y el presupuesto se programa con un año de anticipación”, respondió la representante de CFE a los comenarios que insistían acerca de la responsabilidad de CFE para costear los estudios.
Desde el inicio de las manifestaciones de las comunidades del oriente de Michoacán, la Comisión Federal de Electricidad ha operado bajo una lógica estrictamente corporativa y legalista, priorizando sus reglas internas de operación y sus metas anuales programadas sobre la emergencia sanitaria y ambiental de la región Oriente.
En las distintas reuniones interinstitucionales, ha insistido en deslindarse de los impactos en la salud de consumo humano bajo el argumento de que sus propios monitoreos (validados por Profepa) “no coinciden con los manantiales de la población”. Esto choca directamente con las demandas de la comunidad. Al negarse a financiar laboratorios externos o propuestas del consejo, la paraestatal se atrinchera en la burocracia, lo que es leído por los comuneros como opacidad y falta de responsabilidad social corporativa.
Roque escuchó y respondió sin rodeos: “Nuestra petición es muy clara. Pedimos que lo pague la Comisión Federal de Electricidad”. Y agregó que si la CFE no puede, que los gobiernos federal y estatal se pongan de acuerdo, pero que alguien diga quién y cuándo. “Si no, vamos a volver a reunirnos en tres meses. Y luego se molestan cuando tomamos carreteras”.
Y puso el dedo en el renglón: “cuando se quiere organizar un festival con un cantante, aparecen los millones. Para estudios de salud pública, no hay recursos”. La comparación resonó en el patio de la escuela donde se realizaba la reunión.
Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo, sumó un argumento de fondo “la minuta del 13 de abril tiene tres meses” y la cotización recién llegó y “nos preocupa mucho que a la fecha todavía no nos la entregan y el problema es que ya no podemos esperar más”.
Alejandro Méndez López, secretario de Medio Ambiente de Michoacán reconoció que ninguna dependencia presente tiene presupuestado este gasto porque se trata de una situación emergente, no programada.
“No tengo yo esas atribuciones, al igual que Segob, al igual que Bienestar”, exclamó. Y anunció que lo consultaría con el gobernador. Propuso enviar a todas las dependencias una solicitud formal de apoyo y esperar respuesta en 15 días, con una reunión del subcomité de calidad del agua el 2 de julio para tener una definición.
El ambiente tensó se solidificó con la intervención de Armando Cornelio, consejero de seguridad de San Matías, quien fue el más directo de la mañana: “La verdad, llevamos una hora hablando de dónde va a salir el recurso. Creo que eso ya lo hubieran acordado ustedes antes de empezar esta reunión”. Con micrófono en mano añadió: “si no podemos solucionar el tema de un estudio de calidad del agua, imagínense lo que estamos pidiendo cuando hablamos de una clínica de hemodiálisis”.
TAMIZAJE EN ESCUELAS, 30 POR CIENTO
Después de que se debatiera el financiamiento del muestreo de agua, el vocero de la comunidad en este tema, Roque Martínez Hernández tomó el micrófono para anunciar algo que cambió el peso de la reunión. La comunidad, ante la inacción institucional, realizó por su cuenta estudios de detección de daño renal en niños de las primarias de San Matías.
Lo hicieron el 8 de mayo, con apoyo de investigadores de la Universidad Michoacana y del Instituto Tecnológico, sin recursos gubernamentales. Los resultados fueron entregados durante la reunión al secretario de salud de Michoacán.
De 63 niños muestreados, 19 presentaron indicios de proteinuria; casi 30 por ciento. La proteinuria es la presencia de niveles anormalmente altos de proteínas en la orina. Normalmente, los riñones actúan como un filtro que retiene las proteínas en la sangre, por lo que su aparición en la orina es un indicador frecuente de daño renal.
La voz de Roque retumbó en el patio de la escuela: “son nuestros niños. Posiblemente, si no actuamos, van a ser los próximos enfermos que ocupen hemodiálisis”.
Y preguntó, sin ocultar la irritación, qué estaban haciendo las autoridades mientras la comunidad asumía el trabajo que a ellas les correspondía.
El doctor Elías Ibarra, secretario de Salud de Michoacán examinó los resultados mientras Roque hablaba. Observó que la concentración de hallazgos en la escuela José María Morelos, la más grande, con dos turnos y alrededor de 600 alumnos, frente a los pocos casos en la escuela Nicolás Romero requiere analizar variables: hora de toma de muestra, edad, antecedentes familiares, condición nutricional.
Aclaró que se trata de indicios, no de diagnósticos definitivos, y que la muestra no puede llamarse estudio en sentido estricto. Pero reconoció que los datos merecen atención.
Parte de otras comunidades en voz de Pedro Nieto informó que la Dra. Robinson había realizado estudios similares en esa comunidad y que el resultado también rondaba entre el 30 y el 35 por ciento de niños propensos a desarrollar ERC. El seguimiento, dijo, había quedado inconcluso.
“Estamos hablando de personas, de vidas humanas. Ya no solo son adultos, son niños de 10, de 12 años”.
Los asistentes coincidieron en la urgencia de realizar tamizajes a las niñas y niños de las comunidades para saber la dimensión de la crisis de salud pública que vive el oriente de Michoacán.
Sin emnbargo, el tiempo apremia: el ciclo escolar estaba a punto de terminar. Si no se hacía el tamizaje institucional antes de las vacaciones, habría que esperar meses más.
El subsecretario de Salud Estatal y el representante federal tomaron la palabra para proponer una salida concreta. El tamizaje institucional comenzaría el miércoles 24 de junio, con una meta inicial de 3,000 muestras en San Matías, comenzando con las escuelas.
La consejera de salud comunitaria, Alejandra Martínez García, quedaría designada como enlace para afinar la logística al día siguiente.
Se aclaró que la cifra de 3,000 es orientativa, no un límite, y que la idea es mantener una actividad diaria hasta agotar las necesidades. Se explicó también que se dotarán las unidades médicas rurales con insumos de tamizaje para que cualquier persona pueda solicitarlo en su visita normal al dispensario, no solo en jornadas especiales.
Roque Martínez Hernández, integrante del Concejo Comunal de San Matías El Grande aceptó pero añadió condiciones: que los casos detectados con anomalías tengan acceso directo a atención médica, sin quedarse en un papel; que la comunidad participe activamente en el proceso; y que el programa no se quede en una sola jornada sino que sea permanente, con al menos otra ronda antes de que termine el año.
Fue también Roque Martínez quien propuso que cada 11 de marzo, Día Internacional del Riñón, se realicen jornadas de tamizaje y prevención en todas las comunidades de la región Oriente. La propuesta fue bien recibida y quedó anotada en los acuerdos. Raúl Castellanos, de SEGOB Federal, se comprometió a explorar la posibilidad de llevarla al Congreso como iniciativa de decreto.
EL PESO DE LOS COMPROMISOS INCUMPLIDOS
Conforme avanzó la sesión, Pavel Ulianov, vocero del Consejo Supremo indígena de Michoacán fue listando los compromisos pendientes de minutas anteriores, algunas de ellas de febrero pasado.
La subsecretaria de PROFEPA se había comprometido desde el 11 de mayo a realizar una visita de inspección a la geotérmica y no vino; finalmente la explicación recibida en su momento fue que CFE no había dado permiso. Ulianov Guzmán preguntó directamente al representante federal presente qué había pasado con esa visita.
Raúl Castellanos reconoció el pendiente. Explicó que la subsecretaria no había tenido conocimiento de esta sesión hasta el día anterior y que en la próxima reunión estaría presente.
La delegación de PROFEPA que sí asistió, llegada desde oficinas centrales, presentó tres modalidades de visita posibles: un recorrido externo con pobladores, una visita técnica al interior de instalaciones CFE sujeta a las condiciones que imponga la propia empresa, y una visita de inspección formal solo para inspectores federales. Ofrecieron disponibilidad inmediata para cualquier fecha.
Tras negociación, se acordó una secuencia: el 26 de junio, SEMARNAT entregará la información de transparencia al Consejo Supremo y al doctor Corona. El 29 de junio, reunión virtual entre PROFEPA, SEMARNAT, la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo para analizar esa información y definir los puntos a visitar. El 6 de julio, la visita técnica a la zona geotérmica.
Pavel dejó en claro que esperan la presencia de la subsecretaria. “Ella dijo que venía. Queremos que cumpla”.
También estaba pendiente la disculpa pública de PROFEPA comprometida en una sesión anterior. La representante la había hecho de manera virtual pero la comunidad la pedía de manera presencial. Quedó sin resolución definitiva.
Otro pendiente señalado: el Secretario de Salud Federal se comprometió a realizar tamizajes en siete municipios y a la fecha, nada. Castellanos, el representante de gobernación tomó la tarea.
EL CIERRE Y LAS QUEJAS A DERECHOS HUMANOS
Antes de leer los acuerdos finales, Pavel Ulianov informó que presentarán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos una queja por violación al derecho a un medio ambiente sano.
Se anunció que presentará quejas adicionales para robustecer el expediente. Alejandro Méndez López tomó nota y señaló que “todos los mexicanos tienen ese derecho”, después procedió a leer los acuerdos.
La próxima reunión plenaria del Comité Interinstitucional quedó fijada para el martes 21 de julio, a las 11 horas, en Morelia, en el salón de Casa de Gobierno. Con la invitación expresa a la Subprocuradora de PROFEPA, al delegado de Bienestar Federal, Roberto Pantoja, y a los titulares que aún no han asistido.
