La venta de inmuebles públicos impulsada por el Gobierno de Michoacán y el aseguramiento del espacio comunitario Lo Común reabrieron una discusión de fondo: ¿el patrimonio del Estado debe convertirse en un activo para financiar obras o priorizar su uso social? Más allá del conflicto jurídico, el caso evidencia la falta de diálogo y transparencia. / “Lo Común” y la discusión de lo público
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“Lo Común” y la discusión de lo público
Foto: Antonio García Ahumada / CCAOS
La desincorporación de inmuebles públicos aprobada por el Congreso de Michoacán y el aseguramiento del espacio “Lo Común” por parte de la Fiscalía no son episodios aislados. Son dos momentos de una misma discusión: ¿qué debe hacer el Estado con el patrimonio que pertenece a todos?
El origen es concreto: el Congreso del Estado aprobó la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal, de los cuales 24 serían vendidos. El gobierno sostiene que existen inmuebles subutilizados que pueden convertirse en recursos para financiar infraestructura, salud o proyectos estratégicos. Desde esa lógica, mantener edificios abandonados representa un costo para el erario y una oportunidad perdida para el desarrollo.
La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) respondió con una pregunta distinta: ¿por qué la primera opción es vender? Desde el 1 de mayo, el colectivo ocupó un inmueble abandonado en la calle Héroes de Nacozari 370, colonia Obrera, y en apenas un par de meses lo rehabilitó para operar una biblioteca comunitaria, talleres y actividades abiertas al vecindario. El mensaje fue sencillo: antes de ponerle precio al patrimonio público, habría que preguntarse si puede ponerse al servicio de la sociedad.
El conflicto escaló la noche del 9 de julio, cuando elementos de la Guardia Civil y personal de la Fiscalía General del Estado llegaron al inmueble, colocaron sellos de aseguramiento y dejaron una custodia permanente. Hasta ahora, la explicación pública ha sido insuficiente.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla justificó la medida por un presunto riesgo de derrumbe y remitió el tema a Protección Civil, sin embargo durante ese tiempo no se generó inguna acción.
Los colectivos, por su parte, denunciaron que el operativo se ejecutó de madrugada, sin orden judicial visible y sin notificación previa a sus representantes legales y lo calificaron como una ruptura unilateral de la mesa de diálogo que el propio gobierno había ofrecido semanas antes.
Más allá de la disputa jurídica sobre el inmueble, el episodio exhibe una constante en la relación del gobierno estatal con organizaciones sociales: la dificultad para sostener procesos de diálogo cuando surgen conflictos. En lugar de agotar los mecanismos de negociación anunciados públicamente semanas antes, la controversia terminó resolviéndose mediante una intervención policial y ministerial.
En15días considera que experiencias como “Lo Común”, independientemente de su situación legal, aportan elementos para discutir el destino social del patrimonio público y merecían que ese debate se desarrollara con transparencia, argumentos y canales institucionales, no mediante hechos consumados.
El problema es que la ciudadanía sigue sin conocer con claridad el sustento jurídico de una actuación realizada por una institución encargada de procurar justicia.
Ese vacío alimenta la desconfianza. En un Estado democrático, las decisiones sobre el patrimonio público no pueden descansar únicamente en una votación legislativa o en declaraciones de prensa. Requieren expedientes abiertos, criterios claros y rendición de cuentas. Saber ¿qué inmueble público se le entrega a qué particular? Ese es el gran debate.
¿Por qué Michoacán no cuenta con un inventario público, actualizado y accesible de sus inmuebles? ¿Cuántos están abandonados? ¿Cuáles cumplen una función social? ¿Cuáles representan una carga para el erario? ¿Existe un mecanismo para que universidades, municipios, cooperativas o asociaciones civiles puedan solicitar el uso temporal de edificios públicos antes de que sean vendidos? Esas preguntas deberían ocupar el centro del debate.
En distintas ciudades del mundo se han desarrollado modelos que permiten conservar la propiedad pública mientras los inmuebles generan valor social: comodatos, concesiones de uso comunitario, centros culturales autogestionados o proyectos de innovación social supervisados por el Estado.
Quizá “Lo Común” no sea el modelo ideal. Es posible que el inmueble presente riesgos estructurales o existan cuestiones legales pendientes, el propio gobernador lo reconoció al hablar de un “riesgo inminente de colapso”. Pero reducir el caso a un operativo de desalojo o a una confrontación política sería perder de vista el problema de fondo.
El patrimonio público no es un inventario de edificios; es una herramienta para construir bienestar colectivo. La pregunta no es únicamente qué inmuebles deben venderse y cuáles conservarse. La pregunta es quién decide su destino, bajo qué reglas y con qué nivel de transparencia.
Si esas respuestas no existen, cualquier decisión de vender, ocupar o asegurar un inmueble deja de parecer una política pública y comienza a percibirse como un acto de poder.
