Comunidades indígenas de Michoacán denuncian que defender los bosques, el agua y el territorio ha cobrado vidas. El CSIM acusa que el nuevo Certificado de Libre Deforestación de SEMARNAT podría regularizar daños ambientales sin reparación ni justicia para los pueblos. / CSIM alerta por “legalización de la impunidad ambiental”
CSIM alerta por “legalización de la impunidad ambiental”
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) denunció que la defensa de los bosques, el agua y el territorio continúa cobrando vidas en las comunidades originarias, y advirtió que las nuevas disposiciones federales en materia ambiental podrían convertirse en un mecanismo para regularizar años de devastación ecológica sin reparación ni justicia.
A través de un pronunciamiento dirigido a los pueblos originarios, al pueblo de México y a los medios de comunicación, el CSIM, integrado por 80 comunidades p’urhépecha, otomí o hñahñú, matlazinca o pirinda, nahua y afromexicanas, señaló que durante más de una década han denunciado el cambio ilegal de uso de suelo, la tala clandestina, el robo de agua y la presencia del crimen organizado en sus territorios.
La organización indígena afirmó que en los últimos cuatro años al menos 20 integrantes de los cuerpos de seguridad tradicional, conocidos como Rondas Comunales, han sido asesinados, y señaló que los grupos criminales operan como “el brazo armado de la deforestación”, al buscar el control de los recursos naturales, la explotación ilegal del agua y la expansión de cultivos como el aguacate.
El CSIM sostuvo que son las comunidades quienes han mantenido la conservación de los ecosistemas frente a una industria exportadora que, acusaron, ha generado impactos ambientales y sociales sin asumir los costos de la degradación territorial. Señalaron que grandes empresarios nacionales y trasnacionales adquirieron superficies forestales a precios bajos, las transformaron ilegalmente y no han enfrentado consecuencias.
La organización cuestionó el acuerdo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del pasado 26 de mayo, mediante el cual se establece el denominado “Certificado de Libre Deforestación”. De acuerdo con el CSIM, esta medida representa una contradicción porque la propia dependencia ha reconocido que durante las últimas dos décadas no autorizó cambios de uso de suelo forestal a frutícola en Michoacán.
Para las comunidades indígenas, este mecanismo podría significar que la deforestación ocurrida antes de 2019 quede sin sanción y que los daños posteriores puedan regularizarse mediante procesos administrativos, sin garantizar restauración ambiental, reparación a las comunidades afectadas ni responsabilidad por los impactos ocasionados.
Ante este escenario, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán anunció que analiza presentar recursos jurídicos para impedir que la regulación del aguacate se convierta en una vía para borrar los abusos cometidos contra los territorios indígenas y consolidar la impunidad ambiental.
