En México, 35 especialistas de universidades públicas y organizaciones civiles elaboraron la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración.
Los autores de cada capítulo explican cómo los procesos de deterioro ambiental obedecen a dinámicas complejas en las que destacan tres factores: la desigualdad económica que se traduce en desigualdad ambiental; la captura por parte de las élites económicas y las corporaciones de las instituciones que toman las decisiones de gestión de los recursos ambientales y la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora, pese a que con frecuencia sus impactos son gravísimos y los padecen en mayor medida las poblaciones en condición de pobreza.
Plantean académicas de la UNAM agenda socioambiental en México
Por: en15dias.com / Con información de Agenda socioambiental 2024
En México, 35 especialistas de universidades públicas y organizaciones civiles elaboraron la Agenda socioambiental 2024, que analiza nueve temas de atención urgente para la futura administración.
La Agenda socioambiental 2024, coordinada por Leticia Merino, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Cecilia Navarro, integrante de la Colectiva Cambiémosla Ya, plantea “que si bien hay algunos pasos positivos en la administración que concluye este año, la tendencia de degradación ambiental que venía de administraciones pasadas se mantiene y se profundiza por diversos factores, entre ellos el cambio climático y el debilitamiento institucional”.
En la elaboración de esta agenda participaron 35 autoras y autores, procedentes de distintas facultades e institutos de la UNAM, de otras instituciones de educación superior y de organizaciones civiles, quienes compartimos el compromiso de promover la defensa de los recursos naturales y de los derechos humanos y la preocupación por las tendencias de degradación y destrucción de los ecosistemas en nuestro país y las implicaciones de este proceso.
Los autores de cada capítulo explican cómo los procesos de deterioro ambiental obedecen a dinámicas complejas en las que destacan tres factores: la desigualdad económica que se traduce en desigualdad ambiental; la captura por parte de las élites económicas y las corporaciones de las instituciones que toman las decisiones de gestión de los recursos ambientales y la prioridad concedida a megaproyectos y a la economía exportadora, pese a que con frecuencia sus impactos son gravísimos y los padecen en mayor medida las poblaciones en condición de pobreza.
Para cada uno de los temas se ofrece una ruta crítica, viable, razonada para revertir los procesos de deterioro con una visión de bien común y largo plazo.
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AGUA
Dentro del informe, se señala que el tema del agua es “uno de los mayores pendientes de la administración saliente”.
“Los grandes intereses económicos enquistados en la Conagua se opusieron a reemplazar la Ley de Aguas Nacionales por una Ley General de Agua centrada en el derecho humano al agua y al saneamiento”, señala el documento.
“La Conagua, creada por el gobierno de Salinas de Gortari para mercantilizar los bienes hídricos del país, ha obstaculizado los cambios estructurales necesarios para el aprovechamiento de las fuentes de agua de manera equitativa y justa, ha favorecido el otorgamiento de concesiones de dotación de agua y descargas sin considerar la disponibilidad real o los impactos ecohidrológicos, mantiene una lógica de toma de decisiones por desastre y ha dejado exacerbar la contaminación en los ríos principales del país”.
AVANCES
Las investigadoras destacan algunos de los avances de la actual administración:
- Identificación de las Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental y la atención inicial a algunas de ellas.
- La aprobación de la NOM-127-SSA1-2021, que establece los límites de la calidad del agua y la NOM-001-SEMARNAT-2021, que enmarca los límites permisibles para descargas residuales.
- Rehabilitación de plantas de tratamiento.
- Cobertura de servicios de agua potable en zonas vulnerables y la infraestructura hídrica en el sureste.
- Atención a conflictos sociohídricos, como el caso de la Presa El Zapotillo o la reapertura del caso del derrame de contaminantes mineros en el Río Sonora.
PENDIENTES
Entre las medidas pendientes que las investigadoras destacan se encuentran:
- Reemplazar la LAN por la LGA
- Terminar con el concesionamiento del agua
- Reconocer los derechos de núcleos agrarios y sistemas comunitarios
- Priorizar el uso personal doméstico y la conservación ecológica de zonas de recarga
- Democratizar los distritos de riego
- Diseñar y aplicar una política de restauración ecohidrológica en los ríos del centro occidente.
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REGIONES FORESTALES
Los territorios forestales experimentan presiones y amenazas crecientes: el aumento alarmante de plagas e incendios asociados al cambio climático; la tala ilegal, que alcanza el 120% de las extracciones legales; la presencia del crimen en gran parte de los territorios forestales.
“Esto ocurre en un contexto de caída drástica del presupuesto oficial para la protección y apoyo al manejo sustentable de los bosques, a cargo de la CONAFOR, y de una sobrerregulación e hipercentralización de la gestión de los aprovechamientos por parte de una SEMARNAT con recursos insuficientes para operar”.
El informe señala que “en estas condiciones críticas, la permanencia de los bosques y las comunidades que los habitan está en grave riesgo. Revertir estas amenazas es vital para el país y debe ser una prioridad de la política pública”.
PENDIENTES
Para ello es importante:
- Restablecer, a lado de las comunidades, el estado de derecho en las regiones forestales
- Incrementar el presupuesto para las actividades protección y apoyo de las comunidades forestales
- Impulsar la economía forestal legal, combatiendo la competencia injusta de la tala ilegal y las importaciones favorecidas por la sobrevaluación del peso
- Desarrollar y apoyar financieramente estrategias nacionales y estatales para la prevención y combate de plagas e incendios.
- Flexibilizar y agilizar la gestión de los aprovechamientos forestales, promoviendo la descentralización de facultades y recursos.
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BIODIVERSIDAD Y PUEBLOS ORIGINARIOS
Según se destaca en el informe, la conservación de la biodiversidad “es un tema relegado o incluso ignorado en el discurso político porque no se entiende ni se reconoce su importancia crucial”.
“La pérdida de biodiversidad, causada por la destrucción de hábitats, la sobreexplotación de recursos forestales y pesqueros, la degradación de suelos y cuerpos de agua, la contaminación y otros factores, tiene graves consecuencias para la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua, la salud humana, la vulnerabilidad a desastres o las posibilidades de adaptación al cambio climático”, se destaca en la comunicación.
Las autoras destacan que la conservación “implica no sólo fortalecer las áreas naturales protegidas, sino también incorporar principios, criterios y buenas prácticas de conservación en los sistemas de producción agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros, y reconocer que existe un estrecho vínculo de la conservación con la política social, ya que las regiones con mayor biodiversidad son también las más pobres, marginadas y amenazadas por megaproyectos desarrollistas, despojo de recursos, injusticias y conflictos socioambientales”.
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ENERGÍA
En el tema energético, el informe señala que “en México los combustibles fósiles representan el 85% de la oferta bruta de energía: predomina un modelo energético obsoleto que acentúa la crisis climática”.
“El pico del petróleo fue alcanzado hace veinte años y desde entonces, se mantiene el declive de la producción petrolera. La productividad por pozo ha disminuido 67%, mientras que los costos de extracción se han quintuplicado”.
El análisis destaca “los esfuerzos por aumentar la producción petrolera no han tenido el éxito esperado, pese a que se duplicó el presupuesto de PEMEX. Y, mientras el país sufre de estrés hídrico, técnicas para extraer hidrocarburos que demandan grandes cantidades de agua como el fracking, no han sido prohibidas”.
“La próxima administración no puede continuar apostando a un sistema energético donde predomine el uso de combustibles fósiles”, concluye el informe en este tema.
PENDIENTES
Según la información, “la transición energética debe consolidarse, centrar las bases para que el sector eléctrico sea confiable, resiliente y sustentable”.
- Debe construirse una matriz energética mediante fuentes renovables locales, impulso a la biomasa y la generación solar distribuida.
- Impulsar políticas agresivas de ahorro de energía.
- Prohibir la obsolescencia programada.
- Aumentar la movilidad sustentable, el transporte público y generalizar una transición agroecológica y energética para el campo.
“El financiamiento para estas propuestas puede venir del Fondo Mexicano del Petróleo y de una redistribución del Presupuesto de Egresos de la Federación”, se destaca.
MINERÍA
Durante más de 30 años, la Ley Minera de 1992 impactó territorios de maneras diversas, provocando conflictos socioambientales. Aunque esta ley fue modificada el año pasado, persisten los territorios devastados por la megaminería, se mantienen las concesiones mineras en áreas naturales protegidas, se hace minería con técnicas peligrosas como la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre.
Actualmente, se permite el uso de aguas de laboreo para la minería, siempre y cuando se informe a la autoridad correspondiente. Persiste la opacidad y la escasa contribución de la minería al empleo, al desarrollo local y a las finanzas públicas del país.
PENDIENTES:
- Prohibir la minería a cielo abierto, los pozos de carbón y las cuevas de arrastre.
- Incorporar de manera expedita el consentimiento previo, libre e informado antes de otorgar concesiones mineras, que ya se establece en la ley.
- Exhortar a que las empresas mineras presenten sus planes de cierre de minas, acortar la duración de las concesiones mineras a 15 años.
- Establecer un límite de la superficie a concesionar menor a 2000 hectáreas, limitar el uso de agua.
- Incrementar considerablemente la transparencia, el acceso a la información y la presentación en datos abiertos.
- Impulsar una reforma fiscal al sector minero, que permita mejorar considerablemente la recaudación.
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SISTEMA AGROALIMENTARIO
Según el análisis realizado, “la autosuficiencia alimentaria es uno de los grandes retos para la seguridad del país”.
“Este gobierno ha iniciado algunos pasos en esa dirección al cambiar la estructura de los subsidios para beneficiar a los pequeños y medianos productores, quienes detentan más del 70% de las unidades de producción, mantienen la agrobiodiversidad en el país, y son los principales productores de maíz y frijol; aunque al mismo tiempo son quienes no cuentan con sistemas de riego, acceso a mercados, asistencia técnica ni créditos. Asimismo, son los más vulnerables a los efectos de la sequía y el cambio climático”, se destaca.
Otro cambio importante ha sido iniciar una transición agroecológica que promueve una agricultura sustentable.
PENDIENTES:
- Implementar política de Estado que asegure a estos productores el agua (lo cual requiere cambios de Ley), infraestructura, créditos, articulación con institutos tecnológicos y de investigación.
- Mayor regulación de las grandes corporaciones transnacionales, que controlan la producción, comercialización y distribución de los principales productos agropecuarios, al tiempo que ejercen presión y coerción para mantener una agricultura industrializada, que ocasiona graves problemas de salud pública (obesidad, diabetes, cáncer, leucemia, etc.).
- Repensar programas como la entrega de fertilizantes, cuya aplicación generalizada sin información previa de la calidad de los suelos constituye un obstáculo para la transición agroecológica.
PLAGUICIDAS ALTAMENTE PELIGROSOS
El uso continuo de plaguicidas, especialmente los “plaguicidas altamente peligrosos” (PAP), tiene un alto costo para los agroecosistemas al disminuir la diversidad biológica, haciéndolos más vulnerablesn a plagas, enfermedades y variaciones climáticas; además de afectar de manera considerable la salud humana, principalmente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Como resultado de las políticas regulatorias neoliberales que privilegiaron a las empresas y simplificaron los trámites para el registro de plaguicidas, y a pesar de los avances en la decisión de prohibir el glifosato, en el 2023 hay 204 PAP autorizados para ser utilizados en México (151 de los cuales están prohibidos en otros países), entre ellos los insecticidas que están causando alta mortalidad de polinizadores.
PENDIENTES:
- Una política con dos objetivos estratégicos articulados: la prohibición gradual de PAP con un enfoque de derechos humanos y una estrategia nacional de transición agroecológica de los sistemas agrícolas que amplíe la escala y mejore la coordinación territorial.
- Elaborar una Ley General de Plaguicidas.
- Crear un sistema nacional de información y vigilancia integral sobre el uso de plaguicidas con suficiente apoyo presupuestal.
- Prohibir el uso de PAP en campañas de salud pública y apoyar una estrategia integral de control de vectores con participación ciudadana.
- Fortalecer la capacidad analítica de las instituciones de enseñanza e investigación, el acceso a la justicia y la reparación de los daños causados por el uso de los PAP; incluir a los PAP en la agenda de cooperación internacional.
RESIDUOS
La gestión integral de residuos en México es un asunto pendiente. Pese a que la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos tiene más de 20 años de publicada, en ninguno de los tres tipos de residuos (sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos) se cumple la reducción, el aprovechamiento y la disposición final.
Según el analisis de las investigadoras, “no se logra el supuesto de Economía Circular para un Desarrollo Sostenible, como el Plan Nacional de Desarrollo propone. Por el contrario, la gestión es fragmentada, desigual y objeto de una captura institucional”.
Destacaron que es “fragmentada en la medida en que no hay una armonización en los instrumentos normativos, hay superposición de roles y dificultades en la atribución de responsabilidades”.
Indicaron que es “desigual porque su implementación ha generado rezago e injusticias socioambientales para algunas poblaciones y territorios y porque pese a que la privatización se ha planteado como una estrategia para solventar carencia de recursos y capacidades gubernamentales, su desempeño es cuestionable en términos de transparencia, control de la contaminación, reducción en la generación, entre otros”.
Las investigadoras señalaron que “está capturada institucionalmente porque se identifica una influencia privada en acuerdos y proyectos normativos como el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico, que derivaron en el Proyecto de Decreto para reformar la LGPGIR en materia de plásticos de un solo uso, y el en Proyecto de Decreto para expedir la Ley General de Economía Circular, ambos con vicios de origen que se alejan del bien común y protegen los intereses de sectores privados, y crean falsas promesas sobre tecnologías que no resuelven el problema, como el coprocesamiento y la termovalorización”.
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GOBERNANZAS AGRARIAS
La dimensión ambiental de la cuestión agraria siempre se olvida, siendo fundamental. La mitad del territorio nacional terrestre se encuentra bajo la forma de tenencia ejidal o comunal.
En esta superficie se encuentran 80% de los bosques y selvas, más de 60% de las ANP, 58% de las reservas del agua, 65% de las tierras que requerirán las ciudades para extenderse y 60% de las concesiones mineras.
“Frente a mayores eventos climáticos extremos, la pérdida de la biodiversidad y la erosión de los recursos naturales, la preservación de ejidos y comunidades se torna un asunto crucial en la medida en que éstos fungen como red de seguridad, en términos de alimentación, vivienda y otros ‘servicios’ ambientales para la población rural más marginada y vulnerable del país. No obstante, los ejidos y comunidades en su mayoría están en crisis”.
Entre los principales problemas destacan: “procesos ilegales para desincorporar o privatizar la propiedad ejidal, los cuales implican, en muchos casos, deforestación; control empresarial o del narco de las asambleas ejidales, las cuales, en muchos casos, carecen de una gobernanza interna democrática; exclusión de las mujeres y jóvenes que viven en los ejidos y comunidades. Frente a los grandes retos para la cuestión agraria hoy, no existe una política agraria con propuestas y presupuesto para generar un cambio”.
Se destacó que “desde 1992 persiste una visión liberal centrada en la seguridad jurídica de los derechos individuales y una visión productivista que concibe la tierra como mercancía. Se ignoran las propuestas que desde las luchas campesinas e indígenas apuestan por una visión integral de la tierra como territorio”.
Descarga la Agenda Socioambiental 2024 en: https://agendasocioambiental2024.mx/
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