Las Colonias Unidas del Sur defienden el sistema de agua que construyeron hace 30 años ante la extinción de su Junta Local por el Ayuntamiento de Morelia. Testimonios revelan despojo, desvíos de agua y un desmantelamiento institucional que pone en riesgo el acceso equitativo al recurso.
El Despojo silencioso: Colonias del Sur luchan por el agua que les arrebataron
Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com
Hace tres décadas, personas de escasos recursos llegaron a terrenos baldíos en el sur de Morelia con un sueño: construir un hogar digno para sus familias. Con casas de cartón y madera, sin servicios básicos, iniciaron una de las luchas sociales más significativas de la ciudad.
Después de un proceso social de lucha urbana por el acceso a la vivienda popular, entre 1994 y 1995, las Colonias Unidas del Sur —Trinchera de Morelos, Lomas del Durazno, Lomas de los Encinos, Torrecillas, Trinidad Bido, Sara Malfavón, Cayetano Andrade y otras dos comunidades— se organizaron para traer agua por gravedad desde lugares como Huertitas, Chilarcillo y San Miguel del Monte.
“Fue un despojo”, afirma Ana María Ayala, fundadora de la colonia Trinchera de Morelos, quien recuerda que en 1994-1995, nueve colonias de escasos recursos se organizaron en el movimiento “Colonias Unidas del Sur” para construir desde cero su infraestructura básica. “Llegamos a terrenos limpios, hicimos casas de cartón y madera. Fueron días difíciles de organización y de sufrimiento”, relata.
Los testimonios recogidos por en15dias.com describen condiciones de trabajo extremas: mujeres embarazadas que enfrentaron complicaciones por el esfuerzo físico de excavar; obreros heridos en explosiones provocadas por el uso de dinamita; jornadas extenuantes sin alimentos, trabajando a pico y marro sobre suelo rocoso, con excavaciones que alcanzaban profundidades de hasta 2.50 metros; faenas que se prolongaban durante meses, asignando entre 3 y 6 metros de cepa por persona; y brigadas que avanzaban simultáneamente a lo largo de kilómetros.
“Mujeres perdieron sus criaturas por andar escarbando. Hubo personas que perdieron la vida con la dinamita. Y ahora el ayuntamiento simplemente se lo llevó”, denuncia Aurelia, encargada del orden de la colonia Trinchera de Morelos. Ella relata el testimonio que le transmitieron sus padres y abuelos sobre la construcción del sistema de abastecimiento: “Se organizaban por faenas. A cada persona le daban 6 metros para que escarbara. Iban hombres, mujeres y niños a pico y pala”.
“Cada quien llevaba pala, pico, cemento, arena para ir edificando el tanque de almacenamiento”, recuerda Aurelia sobre la construcción comunitaria que no recibió apoyo gubernamental.
José Reséndiz Mora relata cómo se organizaron las faenas cuando se fundaron las Colonias Unidas del Sur: “Éramos bastantes grupos. Nos daban 3 metros a cada quien. Imagínese, abarcamos más lejos que de aquí al templo”, describe sobre las extensas brigadas que trabajaban simultáneamente. Participaban personas de todas las edades —adultos mayores y jóvenes— excavando las cepas, quitando monte y dejando el terreno limpio para que pudieran pasar las máquinas con los tubos. “Todos trabajaban”, enfatiza.
Un colono de 76 años de Torrecillas relata que las faenas se extendieron desde su colonia hasta San Miguel del Monte, pasando por Chilarcillo, en jornadas que duraron aproximadamente dos meses. “En San Miguel del Monte nos daban 5 metros de tarea, como de 2.50 de hondo porque ahí era sementerío”, explica sobre las excavaciones en terreno rocoso.
El trabajo se organizaba en ciclos: completaban tareas de 8 días y luego regresaban por más. Su dedicación iba más allá de la obligación: “Aunque me tocara o no me tocara, yo iba a hacer mis faenas”, recuerda con orgullo.
Las condiciones de trabajo eran precarias. “Había veces que no llevamos ni almorzar. No llevamos ni qué comer. Y así andábamos con el pico y el marro en las piedras, haciendo las faenas”, relata el septuagenario. Bastantes familias participaban en las brigadas, todas enfrentando las mismas carencias mientras excavaban las cepas que permitirían el paso de la tubería desde la sierra.
“Nos rajamos la madre en traer, en marros, en picos, en palas para poder hacer las cepas, traer el agua”, expresa con una crudeza que refleja la magnitud del esfuerzo físico invertido.
Fueron días de lucha y de esfuerzo comunitario. El ayuntamiento nunca aportó materiales ni tampoco el gobierno del Estado de Michoacán. Fue Pemex quien finalmente donó la tubería cuando las colonias gestionaron directamente el apoyo, después de ser rechazadas en múltiples instancias gubernamentales.
“Hicimos zanjas hombres y mujeres, gestionamos tubos en Pemex. Fueron kilómetros de tubería”, recuerda Ana María Ayala. El esfuerzo tuvo un alto costo: durante las excavaciones con explosivos en Los Encinos, murieron compañeros de trabajo. Gracias a esta organización comunitaria lograron traer escuelas primarias, kínder, secundaria, centro de salud, drenaje, pavimento y escrituración de terrenos.
Aurelia señala que los colonos acudieron a múltiples instancias del ayuntamiento y oficinas gubernamentales solicitando tubería para el sistema. “Nunca nos ayudaron”, afirma. Fue Pemex quien finalmente donó los tubos cuando las nueve colonias fundadoras gestionaron directamente el apoyo. “Gracias a ellos es que nosotros tenemos agua por esos tubos y al esfuerzo de todas las personas que también perdieron la vida”, reconoce Aurelia.
A pesar de este esfuerzo comunitario, habitantes de estas históricas nueve colonias del Sur mantienen tomada la tenencia de Santa María en protesta por la desaparición de su sistema de agua que operaba desde hace más de 30 años.
La movilización permanente se mantiene con representantes de Lomas del Durazno, Trinchera de Morelos y otras colonias del sur que han acordado intensificar las acciones de protesta y buscar respaldo legal y técnico para revertir la decisión municipal.
Representantes de las colonias han interpuesto una demanda de amparo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y presentaron solicitudes formales al presidente municipal Alfonso Martínez, exigiendo la nulificación del decreto que extinguió el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (APAS) de la zona.
Además, se han movilizado ante el OOAPAS sin que se solucione su problemática. “No nos consultaron. El patrimonio que nosotros invertimos ahí es nuestro, no se lo pueden robar”, se han escuchado las voces dentro de las asambleas ciudadanas.
Los afectados denuncian un desmantelamiento de la Junta Local del Agua que inicio desde 2019 y que hoy vive su momento más crítico para lo que fue en algún momento el movimiento urbano más importante de a ciudad. ¿Cuál es la historia?
LA CREACIÓN DE LA JUNTA LOCAL
La Junta Local Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Colonias del Sur de Santa María fue creada el 25 de diciembre de 1995 y fue formalizada en el Periódico Oficial del Estado mediante la publicación de sul reglamento de creación.
La Junta fue constituida para operar y administrar el sistema hidráulico de nueve colonias: Torrecillas, Sara Malfavón, Lomas del Durazno, Unidos Santa Cruz, Cayetano Andrade, Trincheras de Morelos, Los Encinos, Ampliación Los Encinos y la Comunidad El Durazno.
El reglamento le otorga personalidad jurídica, capacidad administrativa y un Consejo Directivo integrado por representantes de cada colonia, así como una Gerencia Técnico-Administrativa encargada de la operación cotidiana del sistema.
Una de las características destacadas del reglamento es su enfoque participativo. Un ejemplo de ello fue el Consejo Directivo que se integraba por nueve vocales, uno por cada colonia, elegidos en asambleas generales entre los ciudadanos con mayor ascendencia en sus comunidades.
Los cargos se determinaban como honoríficos y con una duración de tres años con posibilidad de reelección, lo que garantizaba la rotación y participación ciudadana en la toma de decisiones.
El reglamento establecía que la Junta Local debía rendir informes semestrales sobre sus actividades y difundir cada cuatro meses, mediante boletines y asambleas generales, información sobre ingresos y egresos del sistema.
Entre sus principales obligaciones estaba mantener actualizado el padrón de usuarios, operar eficientemente el sistema y salvaguardar los manantiales de abastecimiento, dando prioridad al suministro de estas nueve colonias.
El reglamento prohibía expresamente el otorgamiento gratuito del servicio. Todos los usuarios están obligados al pago de derechos según tarifas autorizadas por el Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (OOAPAS).
La falta de pago de dos o más períodos facultaba a la Junta para cortar o restringir el servicio, previa notificación al usuario.
Además, el documento contempla sanciones para quienes hagan uso clandestino del agua, realicen derivaciones no autorizadas o den un uso distinto al contratado. Las infracciones se califican según la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia.
El reglamento también establece límites claros para las autoridades de la Junta Local, prohibiéndoles obtener créditos sin autorización del Ayuntamiento, realizar obras sin supervisión del Comité Estatal, aplicar tarifas distintas a las legalmente establecidas o desviar recursos a gastos no relacionados con la prestación del servicio.
Este marco normativo, aprobado en 1995, buscó garantizar un servicio eficiente y transparente en el suministro de agua potable, alcantarillado y saneamiento para los habitantes de estas comunidades del sur de Morelia.
Tres años después, la Junta Local de Agua Potable de las Colonias del Sur de Santa María cuenta con un título de concesión vigente otorgado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la descarga de aguas residuales de origen público urbano.
El título de concesión 08MCH105915/12HDGE97, registrado el 13 de mayo de 1998 ante la Dirección Local de Michoacán de CONAGUA, autoriza a esta junta local para realizar descargas de aguas residuales provenientes de servicios públicos urbanos.
Según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el organismo está autorizado para descargar un volumen de 1,034.03 metros cúbicos por día, lo que equivale a 377,420.95 metros cúbicos al año.
Las aguas residuales son descargadas mediante tubería libre hacia el Arroyo La Higuera y El Guayabito, con destino final en el Arroyo Santa María, ubicados en la región hidrológica Lerma-Santiago.
El título no incluye concesiones para extracción de aguas superficiales o subterráneas, ni aprovechamiento de zonas federales, limitándose exclusivamente a la descarga de aguas residuales, según la propia concesión.
DE LA AUTOGESTIÓN AL DESPOJO SILENCIOSO
Las fuentes consultadas dentro de la comunidad aseguran que la primera década (1995-2005) de funcionamiento y administración de la Junta local se realizó de manera eficiente y no había registros de corrupción ni falta de agua. “Corría el agua sin problema”, señalan.
Sin embargo, a partir de la administración del MVZ Carmen Méndez Gómez se reportaron irregularidades en la administración que coinciden con la disminución del agua en las casas de las colonias del Sur, según los propios testimonios.
Carmen Méndez Gómez estuvo 15 años como administrador del APAS. El Expediente: PRA-001/2019-IV de la Cuarta Sala Especializada en Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, fechada el 8 de noviembre de 2019, así lo confirma.
“A partir del 28 de febrero del 2003 y hasta el 14 de octubre del 2018, el MVZ Carmen Méndez Gómez, estuvo comisionado por parte de este OOAPAS, como Gerente Administrativo de la Junta Local Municipal para la Operación del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de las Colonias del Sur (APAS)”, se destaca en el documento.
En este documento la Titular del Órgano Interno de Control del OOAPAS informó que mediante oficios requirió a Carmen Méndez Gómez información sobre los estados financieros de la Junta Local correspondientes al ejercicio 2017 y del periodo enero-mayo 2018, sin obtener respuesta.
El OOAPAS acusó a Carmen Méndez Gómez de cometer desacato según el artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, al no responder a los requerimientos de información.
Sin embargo, el Tribunal resolvió absolver al servidor público Carmen Méndez Gómez, al concluir que la autoridad investigadora no logró acreditar la falta administrativa de desacato prevista en el artículo 63 de la ley aplicable.
De acuerdo con la resolución, para que exista desacato deben cumplirse cuatro requisitos: que la persona señalada sea servidora pública, que exista un requerimiento emitido por autoridad competente, que dicho requerimiento no sea atendido y que previamente se hayan impuesto medidas de apremio —como multas, auxilio de la fuerza pública o arresto—. Este último elemento no se cumplió, lo que resultó determinante para el fallo absolutorio.
El Tribunal destacó el principio de tipicidad, que obliga a que todas las faltas administrativas se configuren únicamente cuando se cumplen la totalidad de los elementos previstos por la ley. Asimismo, recordó que la carga de la prueba corresponde a la autoridad investigadora, que en este caso no demostró haber aplicado medidas coercitivas previas a la servidora pública.
La resolución también señala que Méndez Gómez sí entregó la información solicitada, aunque lo hizo de manera posterior, durante los meses de febrero, marzo y abril de 2019.
Al no acreditarse los elementos necesarios para configurar el desacato, el Tribunal determinó que no procede sanción alguna en contra de Carmen Méndez Gómez.
La presión municipal en contra de la Junta, justificando las faltas administrativas e irregularidades en el manejo de recursos, se dio meses antes en una reunión de cabildo.
En agosto de 2019, la Junta de Gobierno del OOAPAS aprobó por unanimidad una reforma al reglamento interno de la Junta Local de Santa María, “tras detectarse múltiples irregularidades administrativas y financieras”, se señala en la transcripción de la sesión de cabildo.
El funcionario municipal, Julio César Orantes Ávalos, entonces Director General del organismo, expuso ante los integrantes de la Junta de Gobierno la “grave situación” que prevalecía.
Las irregularidades detectadas incluían falta de transparencia en el ejercicio de los recursos económicos, nula rendición de cuentas y ocultamiento de información oficial. El Coordinador de Juntas Locales, licenciado César Pedraza, reveló que el gerente técnico administrativo había sido designado hacía 16 años y que los usuarios no estaban pagando el consumo de agua.
Por la falta de recursos no se había cubierto el pago de energía eléctrica, lo que imposibilitó la operación de las bombas y provocó la suspensión del suministro.
En septiembre de 2019, la Comisión Federal de Electricidad suspendió el suministro eléctrico a los pozos de la junta por falta de pago, provocando desabasto en múltiples colonias.
Según documentos oficiales, la infraestructura original fue creada para nueve colonias, pero actualmente el registro municipal contabilizaba 91 asentamientos adscritos, un crecimiento del 1,037.5%. Autoridades señalaron que hasta el 40% de los usuarios mantenía adeudos por el servicio.
La modificación aprobada en 2019 representó un giro significativo en la estructura de poder dentro de la Junta local. La facultad de designar al gerente técnico administrativo fue transferida del Consejo Directivo de la Junta Local a la Junta de Gobierno del OOAPAS, quien actuaría a propuesta del Presidente Municipal.
DEL 2019 AL 2025: EL DESMANTELAMIENTO
Durante 2019, se realizaron señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en la operación de la junta.
Según declaraciones de autoridades municipales de ese periodo, existían denuncias de venta de permisos de agua a fraccionamientos en Jesús del Monte y Atécuaro por sumas millonarias sin registro de ingresos correspondientes en la cuenta bancaria de la junta.
También se señaló que los consejales se habían otorgado privilegios como la exención del pago del servicio de agua potable.
En este contexto, y a partir de los cambios dentro del Reglamento de la Junta Local, el gobierno de Morelia inició un desmantelamiento de la organización social, a pesar de que, de acuerdo con el documento publicado el 25 de diciembre de 1995, el reglamento no establece ningún procedimiento para su extinción.
El documento describe funciones, obligaciones, sanciones, estructura y facultades de la Junta, pero no incluye artículos sobre disolución, terminación o mecanismos de sustitución institucional.
Debido a ello, según abogados consultados por en15dias.com, cualquier proceso de extinción tendría que realizarse mediante los mismos pasos que dieron origen a la Junta: acuerdo del Cabildo de Morelia, dictamen técnico-jurídico, transferencia de funciones al organismo operador correspondiente y publicación en el Periódico Oficial para que tenga validez legal.
Además, al tratarse de un órgano comunitario con vocales electos por Asamblea General en cada colonia, su modificación o desaparición implicaría procesos de consulta y formalización interna, así como la entrega-recepción de bienes, cuentas y el padrón de usuarios.
Sin embargo, esto no se dio así. Los cambios continuaron dentro de la Junta Local sin que los pobladores de las nueve colonias del Sur conocieran las nuevas disposiciones dentro de su reglamento.
Para mayo de 2022, Edgar Isachar del Río Barajas rendía protesta como titular de la junta. En ese momento, funcionarios del OOAPAS declaraban que la junta carecía de información sobre número de usuarios, colonias abastecidas, datos financieros, horarios de servicio e infraestructura.
En 2023, para finiquitar el desmantelamiento de la Junta Local, el Gobierno de Morelia, designó a Carlos Hernández Lovera como gerente técnico administrativo del APAS.
Hernández Lovera se ha distinguido por la cercanía a los deseos del ayuntamiento. Desde la Junta Local comenzó a administrar los recursos y la operatividad de la junta para llevar a la extinción de la junta y la administración total del OOAPAS.
El 28 de abril de 2025, el Cabildo capitalino aprobaba por unanimidad la extinción de la Junta Local en sesión ordinaria.
La regidora panista Marissa Celeste Trujillo, integrante de la Junta de Gobierno del OOAPAS, argumentaba que “de acuerdo a la dirección del OOAPAS, las juntas no han rendido cuentas claras en sus administraciones”.
Según información oficial, la decisión se tomó tras detectar que las juntas tenían al menos tres años sin proporcionar información sobre estados financieros, cifra de cuentas y tomas en operación, recaudación efectiva y saldos insolutos.
El director general del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez, explicaba a la prensa en octubre de 2025 que la extinción responde al crecimiento urbano descontrolado: “Originalmente la junta se conformó para dar servicio a nueve colonias; sin embargo, con los años se fueron adhiriendo más colonias, y al día de hoy son más de cien las que dependen de este organismo, el cual ya está rebasado en su capacidad”.
en15dias.com buscó al director del OOAPAS, Adolfo Torres Ramírez. Pese a insistir en diversas ocasiones con su equipo de comunicación social, no fue posible obtener una postura oficial del director del OOAPAS. También se contactó a Carlos Hernández Lovera, gerente técnico administrativo del APAS, quien evitó y se negó a dar una entrevista.
Pobladores de las nueve colonias fundadoras se enteraron por redes sociales que el Cabildo de Morelia había votado la extinción de la Junta Local del Agua Potable sin consultar a ninguno de los habitantes. La votación fue aprobada, incluso por regidores de Morena, sin ninguna asamblea comunitaria ni consenso con los colonos.
Ana María Ayala señala que el conflicto comenzó cuando el Cabildo de Morelia votó la extinción de la Junta Local del Agua sin consenso con los colonos. Según Ayala, la propuesta fue presentada por una regidora apellidada Magaña y aprobada incluso por regidores de Morena.
“Eso nos duele más porque es traición al pueblo. No nos representan”, señala la fundadora, quien asegura que el ayuntamiento conectó casi 100 colonias más al sistema diseñado originalmente para nueve, provocando desabasto crónico. “Colonias duraron meses sin agua. El ayuntamiento nunca le dio mantenimiento a los pozos”, denuncia.
En declaraciones a la prensa, el presidente municipal Alfonso Jesús Martínez Alcázar justificó la medida argumentando “malos manejos” y que “el agua ya no alcanzaba”.
Los colonos reconocen que hubo problemas administrativos, pero señalan que el ayuntamiento nunca dio mantenimiento ni perforó más pozos pese a conectar decenas de colonias adicionales.
“El ayuntamiento no nos ayudó en lo más mínimo, ni tubos ni nada. Lo hicieron mis padres, mis abuelos, todos los que vienen detrás de nosotros. No lo vamos a dejar perder”, advierte Aurelia. Ella señala que la zona donde se ubican las colonias es “muy privilegiada porque hay bastante agua” de buena calidad, lo que explica el interés de otras comunidades por acceder al recurso. “Se quieren llevar la mejor agua y de mejor calidad que hay”, denuncia.
Los colonos señalan que mientras ellos tienen tres pozos para más de 100 colonias, se comenta que Altos de Zano cuenta con 15 pozos. “Los ricos sí tienen agua. Nos están violando el derecho humano al agua”, sostiene Ana María Ayala.
Para inicios de octubre de 2025, Torres Ramírez reportaba, a la prensa, un avance del 60% en el proceso de extinción. Indicaba que está en curso el análisis de las redes de distribución de agua y las fuentes de abastecimiento.
El funcionario explicó que se requiere que el Cabildo emita un reglamento para la continuidad del procedimiento, mediante el cual el OOAPAS absorberá definitivamente la junta de agua.
El 23 de octubre de 2025, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, dialogaba con vecinas y vecinos de las Colonias Unidas del Sur, quienes solicitaron información sobre la transición del servicio.
Y el 31 de octubre el director del OOAPAS conversó con los manifestantes.
Se estableció una mesa de trabajo entre autoridades municipales y representantes de las colonias con el objetivo de informar sobre los avances en el proceso. Sin embargo, hasta el momento no se han resuelto las demandas.
Según la información del OOAPAS se espera la publicación de la determinación del Cabildo en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán para proceder formalmente a la absorción de las juntas en un plazo de tres a cuatro meses.
El proceso se prevé que concluya durante el primer semestre de 2026, marcando el fin de la gestión local del agua en estas colonias y su integración formal al sistema centralizado municipal.
EL “HUACHICOLEO” DEL AGUA
José Reséndíz Mora acusa directamente al presidente municipal Alfonso Martínez y a la jefa de tenencia de desviar ilegalmente el agua. Según su denuncia, cortaron el suministro más arriba de donde se conectan las colonias fundadoras, instalaron una toma en la sierra específicamente para llenar pipas, están “ordeñando” los manantiales en múltiples puntos, y los tubos originales ya no se llenan porque extraen agua antes de que llegue a las colonias.
“Un huachicoleo completo”, sentencia el colono sobre lo que considera una extracción ilegal del recurso.
“No tiene caso que otros sin darle de comer a la vaca vengan y le ordeñen, y el que le da de comer ni siquiera le saca una gota de leche”, expresa con indignación Reséndiz, uno de los colonos que hace décadas excavó con pico y pala para traer agua desde la sierra hasta las Colonias Unidas del Sur.
El resultado del desvío, acusa Reséndiz, es un lucrativo negocio: “Los señores tienen el privilegio de llenar pipas para vendérnoslas a precio de oro. Eso es lo que quieren, que la gente les compre las pipas muy caras”.
José Resendíz cuestiona la legalidad del desvío argumentando que “el agua no debe tener desvío de la vía federal. Los ríos son federales”. Relata que cuando su hermano desvió agua de un arroyo en su rancho, las autoridades le advirtieron que “quien desvía agua de la vía federal tiene que pagar”.
La pregunta inevitable surge: «”¿Por qué desviaron el agua? ¿Por órdenes de Alfonso o por la jefa de tenencia? ¿Cómo ellos pudieron desviar el agua?”.
Reséndiz explica que inicialmente el agua llegaba bien a las colonias, pero conforme creció el caserío de Altozano, el suministro comenzó a disminuir. “El agua empezó a bajar, hasta llegar ahorita en el tiempo que estamos que ya no hay”, señala. Aunque reconoce que sí hay agua en la fuente original, el problema es que “la cortaron más arriba” y la están extrayendo en múltiples puntos antes de que llegue a quienes la trabajaron.
Además, acusa Ana María Ayala, la tubería que instalaron fue cortada y permanece abandonada en una escuela de San Miguel del Monte.
Las tuberías a las que se refieren los pobladores de las colonias del Sur, son las que se encontraban entre los bosques de San Miguel del Monte y que pertenecen al caso de despojo de un particular al manantial de la comunidad pirinda. en15dias.com ha dado seguimiento a este caso.
UNA LUCHA QUE CONTINÚA
Tres décadas después de llegar a terrenos baldíos, las colonias Unidas del Sur se encuentran nuevamente organizados, esta vez no para construir, sino para defender. Mantienen tomadas las instalaciones de la tenencia con la determinación de no abandonar hasta recuperar lo que consideran suyo por derecho.
La resistencia comenzó en Trinchera de Morelos con apenas cuatro personas que decidieron convocar a la comunidad tras enterarse de la extinción de la junta.
“Empezamos a informar a la gente y se fue uniendo”, explica Aurelia. Hace 15 días, tras enterarse por redes sociales de que funcionarios de OAPAS y concejales se reunirían en la tenencia, los colonos tomaron las instalaciones a las 7 de la mañana para impedir lo que consideran la entrega definitiva del sistema. “Todo se está haciendo ilegalmente”, aclara Ana María Ayala, quien explica que cuentan con el apoyo de profesionistas y especialistas en temas de agua que surgieron de estas mismas colonias.
Actualmente mantienen tomadas las instalaciones de la tenencia, exigiendo que las autoridades los tomen en cuenta antes de tomar decisiones sobre un recurso que consideran les pertenece por derecho propio. “Allí fue donde se inició, allí fue donde empezó el movimiento”, enfatiza Aurelia con orgullo sobre el papel de su colonia en la organización actual.
“Si tenemos que seguir luchando, lo vamos a seguir hasta que alguien nos voltee a ver”, advierte Aurelia. “Vamos a seguir luchando para que las futuras generaciones tengan agua. No pensamos abandonar la lucha hasta que nos regresen lo que por derecho es de nosotros”.
Aurelia hace un llamado a todas las personas beneficiarias del sistema de agua de La Paz para que se sumen a la lucha. “El agua es un derecho, a nadie se le niega, pero que nos tomen en cuenta primero para poder hacer esta clase de trabajo, que nos pregunten si nos conviene o no nos conviene”.
Para el colono de 76 años, cuando debería estar descansando, se encuentra defendiendo el sistema de agua que ayudó a construir cuando tenía entre 30 y 38 años. “Sufrimos demasiado para poderla traer. Para que ahora ya que ya está aquí, ahora ya se la lleven. No es justo”, reclama con la voz cargada de indignación.
Cuatro décadas después de aquel sacrificio, observa con amargura cómo el agua que él ayudó a traer beneficia a quienes nunca trabajaron por ella. “Para que otros aquí en Altozano nomás lleguen y les den el agua. No, no es justo”, sentencia.
Su indignación lo ha llevado a sumarse al movimiento de resistencia que mantiene tomadas las instalaciones de la tenencia. “Eso es lo que estamos aquí, apoyando a las compañeras también”, explica sobre su participación en la lucha actual.
Con una mezcla de resignación y determinación, reflexiona: “Creo yo que ya es justo para descansar un rato”. Sin embargo, en lugar de disfrutar su retiro, se encuentra nuevamente en pie de lucha, esta vez no con pico y pala, sino defendiendo con su testimonio y presencia el legado de su generación.
Son voces de distintas generaciones —fundadores septuagenarios, líderes de mediana edad, jóvenes herederos de la lucha— unidas por una convicción: el agua que excavaron, que costó vidas, sudor y lágrimas, no puede ser despojada sin resistencia.
Sus testimonios no solo documentan un conflicto de servicios públicos; son el registro vivo de cómo la organización comunitaria puede construir lo que el gobierno niega, y cómo esa misma organización debe defender lo construido cuando el poder intenta apropiárselo.
Las estimaciones sobre el número de colonias servidas por la Junta de Santa María varían según las fuentes consultadas. Mientras que funcionarios del OOAPAS mencionaron al menos 25 colonias en 2022, documentos municipales de 2019 registraban 91 colonias, y según padrón de los propios operadores de la junta, la cifra ascendía a 130 colonias. Según las últimas cifras oficiales, la extinción de la junta local afecta a 106 colonias.
DEMANDAS Y RECHAZOS
Las asambleas comunitarias están solicitando la destitución de la jefa de tenencia, quien según los colonos se negó a asumir su responsabilidad como presidenta de la Junta Local. También preparan un proceso de revocación de mandato.
Los colonos exigen mesa de diálogo con el presidente municipal, destitución de la jefa de tenencia por omisión de responsabilidades, proceso de revocación de mandato, respeto al trabajo de generaciones, reconocimiento del agua como derecho humano con equidad, e investigación sobre desvíos ilegales y venta de concesiones.
Rechazan las propuestas de OOAPAS que solo ofrecen mantener tarifas bajas sin garantizar volumen de agua adecuado. Los colonos rechazaron la propuesta del director de OOAPAS , quien ofreció no instalar medidores y respetar las tarifas actuales, pero sin garantizar volumen de agua suficiente.
“De antemano sabíamos que agua diario no íbamos a tener”, explica Ana María Ayala, quien desconfía de que los acuerdos se mantengan cuando cambie la administración municipal. “Tal vez se comprometen porque ya van de salida, pero el acuerdo se va a terminar cuando entre la nueva administración”, advierte.
Los colonos exigen sentarse en una mesa de diálogo con el presidente municipal y que se respete el trabajo de tres décadas. “Si nosotros estamos pidiendo respeto, también nosotros debemos poner el ejemplo”, concluye la fundadora, comprometida con actuar dentro del marco legal pese a la indignación comunitaria.
Para José Reséndiz, el agravio va más allá de lo material: es una falta de respeto al esfuerzo colectivo. “Ellos sin trabajar y sin nada dan órdenes. No es justo”, reclama. El colono exige que se respete a quienes trabajaron y a la gente que necesita el agua que tanto esfuerzo costó traer.
“Deben parar todo eso”, sentencia sobre el sistema de desvíos y venta de pipas. Su metáfora resume el sentimiento de los colonos: aquellos que nunca alimentaron la vaca ahora la ordeñan, mientras quienes la cuidaron no reciben ni una gota de leche. Una injusticia que, advierten, no están dispuestos a tolerar.
El testimonio del colono de 76 años pone rostro humano a un conflicto que trasciende lo administrativo. No se trata solo de una Junta Local del Agua extinta o de tubería cortada; se trata de una generación que excavó sin comer, que trabajó voluntariamente más allá de sus obligaciones, que “se rajó la madre” construyendo infraestructura para sus familias.
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