La afirmación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre tener “al mejor secretario de Medio Ambiente en la historia de Michoacán” contrasta con el legado de omisiones, impunidad y greenwashing que rodea a Alejandro Méndez López. Un repaso a sus decisiones revela daños, inconsistencias y simulación oficial.
Uitzume, el perro del lago
“El mejor secretario de Medio Ambiente de la historia de Michoacán” ¿en serio, gobernador?
El jueves 4 de diciembre durante la presentación de reformas constitucionales en materia ambiental, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla declaró que “Alejandro Méndez López es el mejor secretario de Medio Ambiente en la historia de Michoacán”.
Seamos honestos: no podemos hacer una comparación exhaustiva del trabajo de todos los secretarios de Medio Ambiente que han pasado por Michoacán porque, sin duda, ninguno se salva de una crítica severa. La política ambiental en el estado ha sido históricamente débil, reactiva y subordinada a intereses económicos.
Treinta años de impunidad ante la deforestación no son responsabilidad de un solo funcionario, sino de generaciones enteras de administraciones que miraron hacia otro lado mientras los bosques se talaban ilegalmente. En ese sentido, hablar del “mejor” secretario es como elegir al menos malo de una historia de omisiones y complicidades. Y hasta eso está en duda.
Pero la afirmación no sólo es un insulto a la inteligencia de los michoacanos, sino una bofetada a las comunidades que han padecido directamente la destrucción ambiental de la que este funcionario es responsable directo.
Pero hay algo peor que la hipocresía: el greenwashing institucionalizado. Méndez López no solo es un notario público que ocupa el cargo de guardián ambiental. Es el arquitecto de un sistema perfecto de simulación que usa tecnología satelital, certificados internacionales y reformas constitucionales para pintar de verde la impunidad de 30 años de devastación forestal.
EL DESTRUCTOR DEL RÍO BELLO EN EL GABINETE
Como hemos documentado exhaustivamente desde en15dias.com, Méndez López no es un ambientalista su mayor oficio es el de notario público. Fue copropietario del proyecto inmobiliario “Campestre Puerta del Bosque” (él señala que ya no es parte de él, pero no hay evidencia de ello) y es responsable de la destrucción del río Bello en la comunidad del mismo nombre en el pueblo pirinda de Jesús del Monte.
En enero de 2021, con maquinaria pesada, ampliaron un camino de terracería que la gente usaba para pasear a su ganado. El daño más grave fue la destrucción del cauce del río Bello, un afluente federal, durante la construcción del camino para acceder al fraccionamiento de lujo.
Hablamos de una zona que representa el último pulmón ambiental de Morelia, con bosque mesófilo que alberga al menos cinco especies de vegetación en condición especial de conservación. Una zona fundamental para la microcuenca del río Chiquito, que alimenta al Río Grande de Morelia y la cuenca del Lago de Cuitzeo.
La Comisión Nacional del Agua confirmó en octubre de 2021 que existe daño a bienes de la nación e inició un procedimiento administrativo. Pero como hemos denunciado reiteradamente, Conagua, Profepa y la Semarnat han sido omisas y el responsable ha utilizado amparos para evadir la justicia. El caso es un ejemplo perfecto de impunidad ambiental.
Lo más cínico es que Méndez López, quien tramitó los permisos como copropietario, utilizó su cargo como notario público para certificar un convenio privado ilegal con algunos ejidatarios, sin el respaldo de una asamblea ejidal.
En sus propias palabras a en15dias.com en febrero de 2021, describió este arreglo como “una coperacha”. Así de frívolo fue al referirse a la destrucción de un río.
LA IMPUNIDAD HISTÓRICA: EL PERIODO DE COFOM (2008-2012)
La ironía se vuelve obscena cuando recordamos que Méndez López fue titular de la Comisión Forestal de Michoacán (COFOM) de 2008 a 2012, durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel.
Fue precisamente en ese periodo cuando la industria aguacatera expandió su huella destructiva sobre los bosques michoacanos sin consecuencias reales.
El actual director de PROAM y exdirector de la COFOM, Rosendo Caro Gómez, lo ha dicho con claridad a en15dias.com: el problema fundamental es la impunidad de los últimos treinta años. Datos de COFOM señalan que de las casi 50 mil hectáreas de bosque perdidas por deforestación desde 1999, el 80 por ciento corresponde a cambios ilegales de uso de suelo para crear huertas de aguacate. Ninguno de estos cambios fue autorizado formalmente.
¿Y dónde estaba el actual secretario de Medio Ambiente cuando esa depredación ocurría bajo su gestión en COFOM?
Tramitando permisos para su propio proyecto inmobiliario en un área natural protegida. Cuando Méndez López obtuvo la licencia de uso de suelo en 2009, era funcionario estatal y copropietario del fraccionamiento que hoy destruyó el río Bello.
GUARDIÁN FORESTAL: LA MÁQUINA PRIVADA SIN JUSTICIA
Ahora desde la Secretaría de Medio Ambiente, Méndez López presume su programa estrella: el sistema de vigilancia satelital “Guardián Forestal”. En el papel suena impresionante: monitoreo de 6 millones de hectáreas, tecnología satelital de punta, una plataforma de consulta pública, generación automática de denuncias con coordenadas y códigos QR. Todo manejado por una empresa privada.
Los números que presumen son llamativos: 327 denuncias presentadas en 2024 por deforestación de 5,491 hectáreas en más de 30 municipios. Méndez López ha declarado que «nunca antes se atendía la problemática» y que ahora hay un sistema revolucionario.
Pero hay un detalle que no mencionan: ¿cuántas sentencias ha producido este sistema revolucionario? ¿Cuántos responsables de esas 5,491 hectáreas deforestadas están en la cárcel? La respuesta es demoledora: cero sentencias confirmadas, cero detenidos, cero consecuencias reales.
Las 327 denuncias van a la Fiscalía General del Estado, donde mueren de impunidad. El sistema detecta, genera reportes con tecnología de primer mundo, hace denuncias automáticas… y ahí se acaba todo. Es una máquina perfecta de generar papel sin justicia.
Más revelador aún: de las 160 hoyas de agua ilegales para aguacate detectadas por el sistema, solo se han clausurado nueve. Eso es el 5.6 por ciento. Hay otras 500 denuncias “en proceso” pero sin información de avances. Hay que decirlo, detectar no sirve de nada si no hay consecuencias.
PRO-FOREST AVOCADO: EL CERTIFICADO DE LA AMNISTÍA
La segunda joya de la corona del greenwashing de Méndez López es la certificación Pro-Forest Avocado (PFA), el sello de aguacate «libre de deforestación» que exportan a Estados Unidos.
En mayo de 2024, Méndez López presumió que el 70 por ciento del aguacate exportado a Estados Unidos estaba certificado. Es mentira. Las cifras más recientes de febrero 2025 hablan del 31 por ciento del aguacate exportado certificado (391 mil toneladas). También presumió que hay 19 empacadoras certificadas. Otra mentira. En realidad son solo 6: Calavo, Mission, Boka, Avoköm, West Park y Gamex.
Pero el problema no es solo que inflen las cifras. El problema de fondo es qué certifica exactamente este programa y qué convenientemente no certifica.
Pro-Forest Avocado solo certifica huertas que no presentan deforestación desde 2018 y que están libres de incendios desde 2012. Son fechas muy convenientes, ¿no? 2012 marca justo el año en que Méndez López dejó la dirección de COFOM. 2018 es seis años después de que terminara la peor oleada de deforestación.
La pregunta obvia: ¿y todo lo que deforestaron antes de esas fechas? ¿Los miles de hectáreas que cayeron durante los 30 años de impunidad que menciona el director de COFOM? ¿Las hectáreas que se perdieron cuando Méndez López era funcionario? Respuesta: amnistía total.
Es como si un ladrón de bancos prometiera no robar más desde 2018 y le dieran un certificado de «ciudadano honesto» sin devolución del dinero robado, sin cárcel, sin consecuencias. El certificado perdona el pasado y solo mira hacia adelante.
Pero hay más problemas con Pro-Forest: Es voluntario. Solo participan las empacadoras que quieren. Fresh Del Monte y otros gigantes siguen sin certificarse. Muchos aguacateros se resisten activamente. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) se opone abiertamente a que la certificación sea obligatoria en la reforma constitucional.
Y es reactivo, no proactivo. Este programa no nació de la convicción ambiental del gobierno de Michoacán. Nació de la presión internacional. Han presentado 2 quejas en el T-MEC por el impacto ambiental del aguacate mexicano. Organizaciones han demandado ante gobiernos de Estados Unidos, Asia y Europa. Hay lawsuits por greenwashing contra importadores como Calavo, Mission y Del Monte, acusándolos de falsamente mercadear el aguacate mexicano como sustentable.
El programa Pro-Forest es una respuesta desesperada para evitar sanciones comerciales, no un compromiso genuino con el medio ambiente.
El certificado protege a Méndez López. Su período en COFOM (2008-2012) permitió la peor deforestación aguacatera. El certificado está diseñado precisamente para que su generación quede impune mientras se pintan de verde.
Climate Rights International, organización que ha investigado el aguacate mexicano, señala que muchas certificaciones dependen de auto-reporte sin accountability real y pueden ser greenwashing “a alto costo para productores”. Reconocen que Pro-Forest “evita algunos problemas” de otras certificaciones, pero subrayan que sigue siendo voluntario.
Y para coronar el absurdo: en febrero 2025, Michoacán recibió la certificación ISO 37001 por parte de Global Bureau Certification, que supuestamente valida que el proceso de Pro-Forest Avocado “reduce riesgos de soborno y corrupción”. Es decir, certificaron que no hay corrupción en un programa diseñado por quien fue funcionario durante la peor deforestación del estado.
LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL COEECO
Pero hay otra pieza fundamental en la estrategia de Méndez López que no puede ignorarse: la cooptación y neutralización del Consejo Estatal de Ecología de Michoacán (COEECO), el órgano ciudadano que debería ser el contrapeso crítico de la Secretaría de Medio Ambiente.
El COEECO, creado en 2001, es por ley un órgano ciudadano de consulta permanente, concertación social y de asesoría al Poder Ejecutivo del estado y los ayuntamientos. Está integrado por 32 consejeros ciudadanos de distintos sectores: sociedad civil, academia, empresarial y representantes gubernamentales. Su función principal es emitir recomendaciones sobre políticas ambientales.
En abril de 2022, el Congreso de Michoacán designó como nuevo presidente del COEECO a Vicente Estrada Torres, después de la muerte de Gilberto López. Desde entonces, algo cambió radicalmente. La presidencia de Vicente Estrada Torres se ha destacado por infringir sistemáticamente el marco legal del COEECO.
Ahora, bajo Estrada Torres, el COEECO es un cascarón institucional que legitima las políticas de Méndez López sin cuestionarlas. Es la fragmentación perfecta de la lucha ambiental ciudadana: el espacio de participación social existe formalmente, pero está neutralizado operativamente.
Cuando Méndez López fue designado secretario en enero de 2022, organizaciones ambientalistas constituidas en la Organización en Defensa de la Loma advirtieron públicamente que su biografía garantizaba que los negocios particulares se priorizarían sobre el cuidado del medio ambiente. Tenían razón.
El gobernador, sin embargo, desestimó las acusaciones diciendo que «no tienen sustento» y que Méndez López contaba con el respaldo del Consejo Estatal de Ecología.
Tres años después, el río Bello sigue destruido. Los aguacateros que deforestaron antes de 2018 quedaron en impunidad con certificado verde. Las 327 denuncias de Guardián Forestal no produjeron ni una sentencia. Y el responsable directo de todo esto es alabado como el mejor funcionario ambiental del estado.
Merecemos que nos dejen de tomar por tontos. Porque llamar a Alejandro Méndez López el mejor secretario de Medio Ambiente de la historia no es solo falso, es un insulto a nuestra inteligencia, a las comunidades que siguen esperando justicia.
El caso de Río Bello no debe olvidarse. Es la prueba viviente de que en Michoacán, la impunidad ambiental no solo está viva: está sentada en el gabinete estatal. El notario público con licencia, Alejandro Méndez López, lejos de rendir cuentas por su responsabilidad directa como copropietario y como funcionario durante la peor deforestación, es felicitado por el gobernador como “el mejor secretario en la historia de Michoacán”.
*Uitzume, el perro de lago es la editorial de en15dias.com.
Está escrito a tres manos por las editoras y editores. Este espacio analiza, desde una visión crítica aguda, ácida y siempre profunda, las problemáticas socioambientales, de derechos humanos y de salud comunitaria en Michoacán.
Este espacio pone énfasis en lo que se pregunta, pero no se cuestiona; en lo que se observa, pero no se escribe, y en lo que se habla, pero no se escucha.
Editoriales anteriores:
Esto te puede interesar
EL (resumen) SEMANAL Semana #14: del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
Conflictos por el agua, disputas territoriales, autonomías indígenas y crisis de derechos humanos marcan la semana en Michoacán y México. Entre tensiones locales y alertas internacionales, se revela un mismo fondo: la lucha por el control del territorio, los recursos y la legitimidad del poder. Semana 14
Amenazan a comunidad indígena de Agua Fría en Michoacán; sufre defensor ambiental desplazamiento forzado
La comunidad indígena de Agua Fría, en Michoacán, enfrenta amenazas del crimen organizado por la defensa de su territorio forestal. El defensor Rolando Silva Andrade fue desplazado forzosamente tras intimidaciones, mientras organizaciones internacionales alertan sobre riesgo de violencia y desaparición.
Comunidad indígena de Zirahuén exige mesa interinstitucional para salvar su lago de la grave crisis ambiental
La comunidad indígena de Zirahuén exige al gobierno federal y de Michoacán instalar una mesa interinstitucional para atender la crisis ambiental del lago. Denuncian extracción ilegal de agua, contaminación y cambio de uso de suelo, y advierten movilizaciones si no hay respuesta.